Opinión
LA Semanal, ¿conviene a Abinader?
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5 meses agoon
Por Oscar López Reyes
LA Semanal con la Prensa relumbró en la cercanía de la silueta de un toque de queda y tuvo más impacto socio-colectivo que las campañas publicitarias del Gobierno, a un bajísimo costo financiero. En diciembre de 2025, cuando fue puesta en pausa, la valoración del desempeño del presidente Luis Abinader era de un 63% y 58.4%, según las firmas encuestadoras Sondeos y Red Estelar, y en mayo de 2026 un 51.7% juzgó que Abinader “ha sido un buen presidente”, según otro estudio de Gallup/ Diario Libre. Esa reducción, ¿acaso ha sido por la opacidad ante el receso aparentemente temporal de La Semanal?
El descenso de un promedio de 10 puntos del porcentaje de favorabilidad, en la muralla de la credibilidad, no ha sido tan pronunciado en comparación con la volatilidad económico-financiero e inflacionaria enroscadas por las turbulencias internacionales. Ha sido el reflejo, según se infiere de los indicios más concordantes, de su sostenida alta apreciación de honestidad y la evidente preocupación en sus funciones presidenciales.
Las estadísticas antes citadas ratifican que a menor visibilidad, menor aceptabilidad, y retrotraen las teorías del comportamiento humano de que en la aprobación de un sistema o producto inciden la utilidad conocida y la facilidad de uso percibida. Por esa premisa, el Ministerio de Turismo, el más publicitado del Gobierno, arroja la más alta acogida en encuestas de diferentes compañías especializadas.
¿Hace falta LA Semanal? ¡Hola mamá! ¡Hola papá! Voces opositoras están de pláceme con la consumación de un proyecto de canalización mediática gubernamental visible, que ahora le ha permitido colocarse a la ofensiva, para atizar el fuego proveniente de Ucrania e Irán. Sin LA Semanal se evade la extensa matriz explicativa del conflicto social, en contravención con la imponente mega-tendencia universal de la transparencia interactiva.
Para abrigarse con la prudencia ultraconservadora y descansar ante el presunto desgaste de LA Semanal, se acudió a la fuga y, en ese pozo, el Gobierno ha reducido o eliminado el interaccionismo simbólico -o cara a cara- en el espejo de la sinceridad. En esa encrucijada temática, con ausencia de sonido, se entrecruzan la mudez terapéutica (personal) y la información del silencio (social).
La suspensión referida ha agravado, sin ton ni son, la inconsciente, vieja y visceral política defensiva estatal y estaría acumulando neumáticos incendiarios para que el jefe de Estado actúe en peligrosa improvisación de apagafuego comunicacional tardío, en crisis situacionales. ¿Riesgo contingente?
En esa tónica, conviene al presidente de la República: ¿callar o conversar, mucho o poco?
En el análisis dimensional, se asoman tres escenarios: el accionar extrovertido y reservado de los últimos jefes de Estado: Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader.
Hipólito Mejía: dialogaba con los periodistas dos y tres veces en un solo día, en una sobreexposición, con una desventaja psicolingüística muy contradictoria y perjudicial. Amortiguaba ligeramente con la jocosidad de sus mensajes. Preserva una singular simpatía.
Danilo Medina: aplicaba la espiral del silencio absoluto y suministraba la información a través de su Dirección de Comunicación Estratégica, en evasivas y prolongadas pausas intencionales que se tendían como una autocensura presidencial, sin un rendimiento eficaz y a la vez contraproducente. ¿Qué le ha pasado…?
Luis Abinader: LA Semanal se patentó como el epicentro de su estrategia comunicativa gubernamental más impactante, útil y económica que cualquier campaña publicitaria. La voz presidencial no lineal, sino horizontal, en un tubo de análisis espontáneo, empujó en la construcción noticiosa y compartió su lenguaje en tiempo real del ecosistema digital, sin exceso de exposición. En cuatro y cinco actividades diarias, el mandatario no divulgaba datos clave ni concedía entrevistas, porque los aguardaba para LA Semanal.
Abinader se delineó en un punto intermedio entre Hipólito Mejía y Danilo Medina, y se acerca –en un tercer lugar- a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en mayo de 2026 lidera el ranking de popularidad de América Latina, con un 67,8%, conforme con la última encuesta de CB Global Data. A Sheinbaum le ha ayudado sustancialmente “La Mañanera del Pueblo”, en la cual diariamente hace un buen ejercicio para la evitación y responder las preguntas incómodas. Sus narrativas le permiten dominar la agenda pública y mantener envidiables niveles de aprobación, que ha fluctuado entre 70 y 85%.
Esta época de geolocalización y sensores, registrada por las evolutivas Web 2.0 para la interacción social y la Web 4.0 o Inteligencia Artificial como push y pulll, obliga a la comunicación bidireccional, centrada en las generaciones humanas y demográficas Millennials o Y (nacidos entre 1981 y 1996, en el advenimiento de internet), Z o Zoomers (entre 1997 y 2012, llegada de smartphones y redes sociales) y Alpha (2013-2026, nativos digitales de la pantalla táctil interactiva), que representan el 70% de la población total. ¿A ellos llegan los discursos apresurados, sin tiempo ni aclaraciones en eventos breves y encuentros con élites mediáticas?
Estas generaciones son mucho más exigentes que sus antecesoras: la Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) y la X (entre 1965 y 1980), y para convencerlas y fidelizarlas en sus dispositivos móviles se invita a la aplicación del neuromarketing, en un mapa de empatía, como la interacción en El Café, la Tertulia o LA Semanal, y no con información a través de terceros inexpresivos y sin reconocimiento colectivo.
Y, en la conexión con las audiencias clásicas y los nuevos ciudadanos para la brillantez reputacional y observar el Derecho a la Información, sin jugar a escondidas en la mediación tecnológica ni huir a los peligros de la cámara lúcida en la semántica textual, cinco son los recetarios:
1.- Escuchar y ser escuchado, y dar respuesta inmediata, en el tú a tú, a los reclamos, sugerencias y quejas masivas.
2.- Desarticular a tiempo incertidumbres y rumores, y no como información pasiva en el inmediatismo de la difusión tanto presencial como digital.
3.- Maximizar la transparencia pública, en el ángulo estratégico gubernamental.
4.- Mostrar ser proactivo, en un acceso directo y social media emocional con los destinatarios de interés.
5.- Alimentar noticiosamente a los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, sin la presunción del escaparate de la mordaza ni el monopolio de jerarcas mediáticos.
Después de dos años, tres meses y 10 días de productiva existencia, LA Semanal se deslizó como una urgencia mediática y colectiva, lógicamente con la pertinencia en este instante de su perfeccionamiento para una mayor eficacia, soportada en la medición.
Por las predichas conceptualizaciones sugerimos, con el permiso de sabios y notables expertos, la recontextualización de LA Semanal, para su relanzamiento detrás del fortalecimiento de la información y el debate, en la incertidumbre gestada por cohetes que piruetean en ultramar. ¡Ah!, y a la puerta de un certamen comicial en que sobre el Gobierno caerán todas las cruces, manipuladas por judas y renegados que pérfidamente medran en todos los gobiernos, sin lealtad.
Proponer como experto, en un periquete crucial, el acomodo en un rincón desolado -¡Adiós, irrevocablemente, a LA Semanal!- huele a una invitación funesta, que abre trochas para la estampida en el escondrijo de saltarines con sobradas habilidades para impresionar. En la congruencia y filosofía comunicativa, bajar la presencia mediática desajusta más la tuerca que anunciar, a destiempo, la no jugada electoral, sembrando implícitamente la percepción de que han terminado los días de gloria gubernamental.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep).
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Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
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6 días agoon
octubre 8, 2026Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.Opinión
La Relación de la Corte Penal Internacional y los Estados
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6 días agoon
octubre 8, 2026Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.
