Opinión
LA Semanal, ¿conviene a Abinader?
Por Oscar López Reyes
LA Semanal con la Prensa relumbró en la cercanía de la silueta de un toque de queda y tuvo más impacto socio-colectivo que las campañas publicitarias del Gobierno, a un bajísimo costo financiero. En diciembre de 2025, cuando fue puesta en pausa, la valoración del desempeño del presidente Luis Abinader era de un 63% y 58.4%, según las firmas encuestadoras Sondeos y Red Estelar, y en mayo de 2026 un 51.7% juzgó que Abinader “ha sido un buen presidente”, según otro estudio de Gallup/ Diario Libre. Esa reducción, ¿acaso ha sido por la opacidad ante el receso aparentemente temporal de La Semanal?
El descenso de un promedio de 10 puntos del porcentaje de favorabilidad, en la muralla de la credibilidad, no ha sido tan pronunciado en comparación con la volatilidad económico-financiero e inflacionaria enroscadas por las turbulencias internacionales. Ha sido el reflejo, según se infiere de los indicios más concordantes, de su sostenida alta apreciación de honestidad y la evidente preocupación en sus funciones presidenciales.
Las estadísticas antes citadas ratifican que a menor visibilidad, menor aceptabilidad, y retrotraen las teorías del comportamiento humano de que en la aprobación de un sistema o producto inciden la utilidad conocida y la facilidad de uso percibida. Por esa premisa, el Ministerio de Turismo, el más publicitado del Gobierno, arroja la más alta acogida en encuestas de diferentes compañías especializadas.
¿Hace falta LA Semanal? ¡Hola mamá! ¡Hola papá! Voces opositoras están de pláceme con la consumación de un proyecto de canalización mediática gubernamental visible, que ahora le ha permitido colocarse a la ofensiva, para atizar el fuego proveniente de Ucrania e Irán. Sin LA Semanal se evade la extensa matriz explicativa del conflicto social, en contravención con la imponente mega-tendencia universal de la transparencia interactiva.
Para abrigarse con la prudencia ultraconservadora y descansar ante el presunto desgaste de LA Semanal, se acudió a la fuga y, en ese pozo, el Gobierno ha reducido o eliminado el interaccionismo simbólico -o cara a cara- en el espejo de la sinceridad. En esa encrucijada temática, con ausencia de sonido, se entrecruzan la mudez terapéutica (personal) y la información del silencio (social).
La suspensión referida ha agravado, sin ton ni son, la inconsciente, vieja y visceral política defensiva estatal y estaría acumulando neumáticos incendiarios para que el jefe de Estado actúe en peligrosa improvisación de apagafuego comunicacional tardío, en crisis situacionales. ¿Riesgo contingente?
En esa tónica, conviene al presidente de la República: ¿callar o conversar, mucho o poco?
En el análisis dimensional, se asoman tres escenarios: el accionar extrovertido y reservado de los últimos jefes de Estado: Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader.
Hipólito Mejía: dialogaba con los periodistas dos y tres veces en un solo día, en una sobreexposición, con una desventaja psicolingüística muy contradictoria y perjudicial. Amortiguaba ligeramente con la jocosidad de sus mensajes. Preserva una singular simpatía.
Danilo Medina: aplicaba la espiral del silencio absoluto y suministraba la información a través de su Dirección de Comunicación Estratégica, en evasivas y prolongadas pausas intencionales que se tendían como una autocensura presidencial, sin un rendimiento eficaz y a la vez contraproducente. ¿Qué le ha pasado…?
Luis Abinader: LA Semanal se patentó como el epicentro de su estrategia comunicativa gubernamental más impactante, útil y económica que cualquier campaña publicitaria. La voz presidencial no lineal, sino horizontal, en un tubo de análisis espontáneo, empujó en la construcción noticiosa y compartió su lenguaje en tiempo real del ecosistema digital, sin exceso de exposición. En cuatro y cinco actividades diarias, el mandatario no divulgaba datos clave ni concedía entrevistas, porque los aguardaba para LA Semanal.
Abinader se delineó en un punto intermedio entre Hipólito Mejía y Danilo Medina, y se acerca –en un tercer lugar- a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en mayo de 2026 lidera el ranking de popularidad de América Latina, con un 67,8%, conforme con la última encuesta de CB Global Data. A Sheinbaum le ha ayudado sustancialmente “La Mañanera del Pueblo”, en la cual diariamente hace un buen ejercicio para la evitación y responder las preguntas incómodas. Sus narrativas le permiten dominar la agenda pública y mantener envidiables niveles de aprobación, que ha fluctuado entre 70 y 85%.
Esta época de geolocalización y sensores, registrada por las evolutivas Web 2.0 para la interacción social y la Web 4.0 o Inteligencia Artificial como push y pulll, obliga a la comunicación bidireccional, centrada en las generaciones humanas y demográficas Millennials o Y (nacidos entre 1981 y 1996, en el advenimiento de internet), Z o Zoomers (entre 1997 y 2012, llegada de smartphones y redes sociales) y Alpha (2013-2026, nativos digitales de la pantalla táctil interactiva), que representan el 70% de la población total. ¿A ellos llegan los discursos apresurados, sin tiempo ni aclaraciones en eventos breves y encuentros con élites mediáticas?
Estas generaciones son mucho más exigentes que sus antecesoras: la Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) y la X (entre 1965 y 1980), y para convencerlas y fidelizarlas en sus dispositivos móviles se invita a la aplicación del neuromarketing, en un mapa de empatía, como la interacción en El Café, la Tertulia o LA Semanal, y no con información a través de terceros inexpresivos y sin reconocimiento colectivo.
Y, en la conexión con las audiencias clásicas y los nuevos ciudadanos para la brillantez reputacional y observar el Derecho a la Información, sin jugar a escondidas en la mediación tecnológica ni huir a los peligros de la cámara lúcida en la semántica textual, cinco son los recetarios:
1.- Escuchar y ser escuchado, y dar respuesta inmediata, en el tú a tú, a los reclamos, sugerencias y quejas masivas.
2.- Desarticular a tiempo incertidumbres y rumores, y no como información pasiva en el inmediatismo de la difusión tanto presencial como digital.
3.- Maximizar la transparencia pública, en el ángulo estratégico gubernamental.
4.- Mostrar ser proactivo, en un acceso directo y social media emocional con los destinatarios de interés.
5.- Alimentar noticiosamente a los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, sin la presunción del escaparate de la mordaza ni el monopolio de jerarcas mediáticos.
Después de dos años, tres meses y 10 días de productiva existencia, LA Semanal se deslizó como una urgencia mediática y colectiva, lógicamente con la pertinencia en este instante de su perfeccionamiento para una mayor eficacia, soportada en la medición.
Por las predichas conceptualizaciones sugerimos, con el permiso de sabios y notables expertos, la recontextualización de LA Semanal, para su relanzamiento detrás del fortalecimiento de la información y el debate, en la incertidumbre gestada por cohetes que piruetean en ultramar. ¡Ah!, y a la puerta de un certamen comicial en que sobre el Gobierno caerán todas las cruces, manipuladas por judas y renegados que pérfidamente medran en todos los gobiernos, sin lealtad.
Proponer como experto, en un periquete crucial, el acomodo en un rincón desolado -¡Adiós, irrevocablemente, a LA Semanal!- huele a una invitación funesta, que abre trochas para la estampida en el escondrijo de saltarines con sobradas habilidades para impresionar. En la congruencia y filosofía comunicativa, bajar la presencia mediática desajusta más la tuerca que anunciar, a destiempo, la no jugada electoral, sembrando implícitamente la percepción de que han terminado los días de gloria gubernamental.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep).
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Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?