Opinión
LA Semanal, ¿conviene a Abinader?
Por Oscar López Reyes
LA Semanal con la Prensa relumbró en la cercanía de la silueta de un toque de queda y tuvo más impacto socio-colectivo que las campañas publicitarias del Gobierno, a un bajísimo costo financiero. En diciembre de 2025, cuando fue puesta en pausa, la valoración del desempeño del presidente Luis Abinader era de un 63% y 58.4%, según las firmas encuestadoras Sondeos y Red Estelar, y en mayo de 2026 un 51.7% juzgó que Abinader “ha sido un buen presidente”, según otro estudio de Gallup/ Diario Libre. Esa reducción, ¿acaso ha sido por la opacidad ante el receso aparentemente temporal de La Semanal?
El descenso de un promedio de 10 puntos del porcentaje de favorabilidad, en la muralla de la credibilidad, no ha sido tan pronunciado en comparación con la volatilidad económico-financiero e inflacionaria enroscadas por las turbulencias internacionales. Ha sido el reflejo, según se infiere de los indicios más concordantes, de su sostenida alta apreciación de honestidad y la evidente preocupación en sus funciones presidenciales.
Las estadísticas antes citadas ratifican que a menor visibilidad, menor aceptabilidad, y retrotraen las teorías del comportamiento humano de que en la aprobación de un sistema o producto inciden la utilidad conocida y la facilidad de uso percibida. Por esa premisa, el Ministerio de Turismo, el más publicitado del Gobierno, arroja la más alta acogida en encuestas de diferentes compañías especializadas.
¿Hace falta LA Semanal? ¡Hola mamá! ¡Hola papá! Voces opositoras están de pláceme con la consumación de un proyecto de canalización mediática gubernamental visible, que ahora le ha permitido colocarse a la ofensiva, para atizar el fuego proveniente de Ucrania e Irán. Sin LA Semanal se evade la extensa matriz explicativa del conflicto social, en contravención con la imponente mega-tendencia universal de la transparencia interactiva.
Para abrigarse con la prudencia ultraconservadora y descansar ante el presunto desgaste de LA Semanal, se acudió a la fuga y, en ese pozo, el Gobierno ha reducido o eliminado el interaccionismo simbólico -o cara a cara- en el espejo de la sinceridad. En esa encrucijada temática, con ausencia de sonido, se entrecruzan la mudez terapéutica (personal) y la información del silencio (social).
La suspensión referida ha agravado, sin ton ni son, la inconsciente, vieja y visceral política defensiva estatal y estaría acumulando neumáticos incendiarios para que el jefe de Estado actúe en peligrosa improvisación de apagafuego comunicacional tardío, en crisis situacionales. ¿Riesgo contingente?
En esa tónica, conviene al presidente de la República: ¿callar o conversar, mucho o poco?
En el análisis dimensional, se asoman tres escenarios: el accionar extrovertido y reservado de los últimos jefes de Estado: Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader.
Hipólito Mejía: dialogaba con los periodistas dos y tres veces en un solo día, en una sobreexposición, con una desventaja psicolingüística muy contradictoria y perjudicial. Amortiguaba ligeramente con la jocosidad de sus mensajes. Preserva una singular simpatía.
Danilo Medina: aplicaba la espiral del silencio absoluto y suministraba la información a través de su Dirección de Comunicación Estratégica, en evasivas y prolongadas pausas intencionales que se tendían como una autocensura presidencial, sin un rendimiento eficaz y a la vez contraproducente. ¿Qué le ha pasado…?
Luis Abinader: LA Semanal se patentó como el epicentro de su estrategia comunicativa gubernamental más impactante, útil y económica que cualquier campaña publicitaria. La voz presidencial no lineal, sino horizontal, en un tubo de análisis espontáneo, empujó en la construcción noticiosa y compartió su lenguaje en tiempo real del ecosistema digital, sin exceso de exposición. En cuatro y cinco actividades diarias, el mandatario no divulgaba datos clave ni concedía entrevistas, porque los aguardaba para LA Semanal.
Abinader se delineó en un punto intermedio entre Hipólito Mejía y Danilo Medina, y se acerca –en un tercer lugar- a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en mayo de 2026 lidera el ranking de popularidad de América Latina, con un 67,8%, conforme con la última encuesta de CB Global Data. A Sheinbaum le ha ayudado sustancialmente “La Mañanera del Pueblo”, en la cual diariamente hace un buen ejercicio para la evitación y responder las preguntas incómodas. Sus narrativas le permiten dominar la agenda pública y mantener envidiables niveles de aprobación, que ha fluctuado entre 70 y 85%.
Esta época de geolocalización y sensores, registrada por las evolutivas Web 2.0 para la interacción social y la Web 4.0 o Inteligencia Artificial como push y pulll, obliga a la comunicación bidireccional, centrada en las generaciones humanas y demográficas Millennials o Y (nacidos entre 1981 y 1996, en el advenimiento de internet), Z o Zoomers (entre 1997 y 2012, llegada de smartphones y redes sociales) y Alpha (2013-2026, nativos digitales de la pantalla táctil interactiva), que representan el 70% de la población total. ¿A ellos llegan los discursos apresurados, sin tiempo ni aclaraciones en eventos breves y encuentros con élites mediáticas?
Estas generaciones son mucho más exigentes que sus antecesoras: la Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) y la X (entre 1965 y 1980), y para convencerlas y fidelizarlas en sus dispositivos móviles se invita a la aplicación del neuromarketing, en un mapa de empatía, como la interacción en El Café, la Tertulia o LA Semanal, y no con información a través de terceros inexpresivos y sin reconocimiento colectivo.
Y, en la conexión con las audiencias clásicas y los nuevos ciudadanos para la brillantez reputacional y observar el Derecho a la Información, sin jugar a escondidas en la mediación tecnológica ni huir a los peligros de la cámara lúcida en la semántica textual, cinco son los recetarios:
1.- Escuchar y ser escuchado, y dar respuesta inmediata, en el tú a tú, a los reclamos, sugerencias y quejas masivas.
2.- Desarticular a tiempo incertidumbres y rumores, y no como información pasiva en el inmediatismo de la difusión tanto presencial como digital.
3.- Maximizar la transparencia pública, en el ángulo estratégico gubernamental.
4.- Mostrar ser proactivo, en un acceso directo y social media emocional con los destinatarios de interés.
5.- Alimentar noticiosamente a los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, sin la presunción del escaparate de la mordaza ni el monopolio de jerarcas mediáticos.
Después de dos años, tres meses y 10 días de productiva existencia, LA Semanal se deslizó como una urgencia mediática y colectiva, lógicamente con la pertinencia en este instante de su perfeccionamiento para una mayor eficacia, soportada en la medición.
Por las predichas conceptualizaciones sugerimos, con el permiso de sabios y notables expertos, la recontextualización de LA Semanal, para su relanzamiento detrás del fortalecimiento de la información y el debate, en la incertidumbre gestada por cohetes que piruetean en ultramar. ¡Ah!, y a la puerta de un certamen comicial en que sobre el Gobierno caerán todas las cruces, manipuladas por judas y renegados que pérfidamente medran en todos los gobiernos, sin lealtad.
Proponer como experto, en un periquete crucial, el acomodo en un rincón desolado -¡Adiós, irrevocablemente, a LA Semanal!- huele a una invitación funesta, que abre trochas para la estampida en el escondrijo de saltarines con sobradas habilidades para impresionar. En la congruencia y filosofía comunicativa, bajar la presencia mediática desajusta más la tuerca que anunciar, a destiempo, la no jugada electoral, sembrando implícitamente la percepción de que han terminado los días de gloria gubernamental.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep).
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Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026