Opinión
LA Semanal, ¿conviene a Abinader?
Por Oscar López Reyes
LA Semanal con la Prensa relumbró en la cercanía de la silueta de un toque de queda y tuvo más impacto socio-colectivo que las campañas publicitarias del Gobierno, a un bajísimo costo financiero. En diciembre de 2025, cuando fue puesta en pausa, la valoración del desempeño del presidente Luis Abinader era de un 63% y 58.4%, según las firmas encuestadoras Sondeos y Red Estelar, y en mayo de 2026 un 51.7% juzgó que Abinader “ha sido un buen presidente”, según otro estudio de Gallup/ Diario Libre. Esa reducción, ¿acaso ha sido por la opacidad ante el receso aparentemente temporal de La Semanal?
El descenso de un promedio de 10 puntos del porcentaje de favorabilidad, en la muralla de la credibilidad, no ha sido tan pronunciado en comparación con la volatilidad económico-financiero e inflacionaria enroscadas por las turbulencias internacionales. Ha sido el reflejo, según se infiere de los indicios más concordantes, de su sostenida alta apreciación de honestidad y la evidente preocupación en sus funciones presidenciales.
Las estadísticas antes citadas ratifican que a menor visibilidad, menor aceptabilidad, y retrotraen las teorías del comportamiento humano de que en la aprobación de un sistema o producto inciden la utilidad conocida y la facilidad de uso percibida. Por esa premisa, el Ministerio de Turismo, el más publicitado del Gobierno, arroja la más alta acogida en encuestas de diferentes compañías especializadas.
¿Hace falta LA Semanal? ¡Hola mamá! ¡Hola papá! Voces opositoras están de pláceme con la consumación de un proyecto de canalización mediática gubernamental visible, que ahora le ha permitido colocarse a la ofensiva, para atizar el fuego proveniente de Ucrania e Irán. Sin LA Semanal se evade la extensa matriz explicativa del conflicto social, en contravención con la imponente mega-tendencia universal de la transparencia interactiva.
Para abrigarse con la prudencia ultraconservadora y descansar ante el presunto desgaste de LA Semanal, se acudió a la fuga y, en ese pozo, el Gobierno ha reducido o eliminado el interaccionismo simbólico -o cara a cara- en el espejo de la sinceridad. En esa encrucijada temática, con ausencia de sonido, se entrecruzan la mudez terapéutica (personal) y la información del silencio (social).
La suspensión referida ha agravado, sin ton ni son, la inconsciente, vieja y visceral política defensiva estatal y estaría acumulando neumáticos incendiarios para que el jefe de Estado actúe en peligrosa improvisación de apagafuego comunicacional tardío, en crisis situacionales. ¿Riesgo contingente?
En esa tónica, conviene al presidente de la República: ¿callar o conversar, mucho o poco?
En el análisis dimensional, se asoman tres escenarios: el accionar extrovertido y reservado de los últimos jefes de Estado: Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader.
Hipólito Mejía: dialogaba con los periodistas dos y tres veces en un solo día, en una sobreexposición, con una desventaja psicolingüística muy contradictoria y perjudicial. Amortiguaba ligeramente con la jocosidad de sus mensajes. Preserva una singular simpatía.
Danilo Medina: aplicaba la espiral del silencio absoluto y suministraba la información a través de su Dirección de Comunicación Estratégica, en evasivas y prolongadas pausas intencionales que se tendían como una autocensura presidencial, sin un rendimiento eficaz y a la vez contraproducente. ¿Qué le ha pasado…?
Luis Abinader: LA Semanal se patentó como el epicentro de su estrategia comunicativa gubernamental más impactante, útil y económica que cualquier campaña publicitaria. La voz presidencial no lineal, sino horizontal, en un tubo de análisis espontáneo, empujó en la construcción noticiosa y compartió su lenguaje en tiempo real del ecosistema digital, sin exceso de exposición. En cuatro y cinco actividades diarias, el mandatario no divulgaba datos clave ni concedía entrevistas, porque los aguardaba para LA Semanal.
Abinader se delineó en un punto intermedio entre Hipólito Mejía y Danilo Medina, y se acerca –en un tercer lugar- a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en mayo de 2026 lidera el ranking de popularidad de América Latina, con un 67,8%, conforme con la última encuesta de CB Global Data. A Sheinbaum le ha ayudado sustancialmente “La Mañanera del Pueblo”, en la cual diariamente hace un buen ejercicio para la evitación y responder las preguntas incómodas. Sus narrativas le permiten dominar la agenda pública y mantener envidiables niveles de aprobación, que ha fluctuado entre 70 y 85%.
Esta época de geolocalización y sensores, registrada por las evolutivas Web 2.0 para la interacción social y la Web 4.0 o Inteligencia Artificial como push y pulll, obliga a la comunicación bidireccional, centrada en las generaciones humanas y demográficas Millennials o Y (nacidos entre 1981 y 1996, en el advenimiento de internet), Z o Zoomers (entre 1997 y 2012, llegada de smartphones y redes sociales) y Alpha (2013-2026, nativos digitales de la pantalla táctil interactiva), que representan el 70% de la población total. ¿A ellos llegan los discursos apresurados, sin tiempo ni aclaraciones en eventos breves y encuentros con élites mediáticas?
Estas generaciones son mucho más exigentes que sus antecesoras: la Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) y la X (entre 1965 y 1980), y para convencerlas y fidelizarlas en sus dispositivos móviles se invita a la aplicación del neuromarketing, en un mapa de empatía, como la interacción en El Café, la Tertulia o LA Semanal, y no con información a través de terceros inexpresivos y sin reconocimiento colectivo.
Y, en la conexión con las audiencias clásicas y los nuevos ciudadanos para la brillantez reputacional y observar el Derecho a la Información, sin jugar a escondidas en la mediación tecnológica ni huir a los peligros de la cámara lúcida en la semántica textual, cinco son los recetarios:
1.- Escuchar y ser escuchado, y dar respuesta inmediata, en el tú a tú, a los reclamos, sugerencias y quejas masivas.
2.- Desarticular a tiempo incertidumbres y rumores, y no como información pasiva en el inmediatismo de la difusión tanto presencial como digital.
3.- Maximizar la transparencia pública, en el ángulo estratégico gubernamental.
4.- Mostrar ser proactivo, en un acceso directo y social media emocional con los destinatarios de interés.
5.- Alimentar noticiosamente a los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, sin la presunción del escaparate de la mordaza ni el monopolio de jerarcas mediáticos.
Después de dos años, tres meses y 10 días de productiva existencia, LA Semanal se deslizó como una urgencia mediática y colectiva, lógicamente con la pertinencia en este instante de su perfeccionamiento para una mayor eficacia, soportada en la medición.
Por las predichas conceptualizaciones sugerimos, con el permiso de sabios y notables expertos, la recontextualización de LA Semanal, para su relanzamiento detrás del fortalecimiento de la información y el debate, en la incertidumbre gestada por cohetes que piruetean en ultramar. ¡Ah!, y a la puerta de un certamen comicial en que sobre el Gobierno caerán todas las cruces, manipuladas por judas y renegados que pérfidamente medran en todos los gobiernos, sin lealtad.
Proponer como experto, en un periquete crucial, el acomodo en un rincón desolado -¡Adiós, irrevocablemente, a LA Semanal!- huele a una invitación funesta, que abre trochas para la estampida en el escondrijo de saltarines con sobradas habilidades para impresionar. En la congruencia y filosofía comunicativa, bajar la presencia mediática desajusta más la tuerca que anunciar, a destiempo, la no jugada electoral, sembrando implícitamente la percepción de que han terminado los días de gloria gubernamental.
……………………………..
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep).
………………………………………
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
(1 de 3)
El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.