SANTO DOMINGO. Cuando el Presidente del Tribunal Constitucional dominicano impone el sello majestuoso de la justicia a la Sentencia No.168/13, lo hace desde la premisa jurídica de que «un hecho ilegitimo no puede producir uno legítimo»‘.

Se refería a las demandas de nacionalidad interpuestas por los extranjeros y sus descendentes, que entran ilegalmente a nuestro territorio, como son en su mayoría los nacionales haitianos.

No obstante, es importante destacar aquí, que dicha ilegalidad es estructural, porque permea, el hecho que sanciona la Sentencia, relativo a la migración haitiana en su versión ilegal, desde sus orígenes, hasta sus efectos más mediatos, como es, por ej., el que motivo dicho dictamen.

Decimos esto, porque el citado flujo migratorio fue el resultado de una acción incuestionablemente ilegítima: la pérdida de la soberanía de Haití y RD, en el marco de la 1ra. Intervención norteamericana a la isla, en 1915 y l916, respectivamente. Injerencia que estuvo ligada a las necesidades expansivas del neocolonialismo norteamericano, a inicios del siglo pasado, creadas por la 1ra. Guerra Mundial, entre las que se destaca el desabastecimiento de azúcar de remolacha procedente de Polonia; razón por la cual los EUA se vieron precisados a buscar su provisión del dulce en países ubicados en su área de influencia, como fueron los arriba citados. En especial el primero, donde desde los tiempos de la colonización francesa, y en razón del modelo de explotación colonial basado en la «esclavitud americana», donde la rentabilidad iba acorde con la ferocidad de la utilización de la mano de obra esclava, factor que entre otros, fue el que más incidió en el notable desarrollo de la economía de plantaciones, en especial las azucareras; proceso demostrado científicamente, en nuestra obra «Las Relaciones Domínico-Haitianas: Geopolítica y Migración». L995.

Además, en la documentación original de dicha publicación extraída de los archivos de Washington, se podrá apreciar entre otras informaciones al respecto, que el Proyecto azucarero norteamericano se frustro en Haití, justamente por otra de las razones de su «éxito» desde la perspectiva de la metrópoli, como fue que la eficacia productiva del suelo sucumbió en más de un siglo de la invocada explotación colonial gala, junto al problema que significaba el sistema de tenencia de la tierra basado en el minifundio, que contrariaba la del latifundio, ya que éste, dada su gran amplitud, es el más apto para el desarrollo de las plantaciones cañeras. Tal convicción fue la que llevó al Gobierno de Ocupación al despojo masivo de los campesinos-propietarios de la tierra; para utilizarlas en el cultivo de la caña, hecho que los obligó a emigrar por millares a Cuba, donde ya existía un incipiente polo atracción de ese tipo, y más adelante a otras islas del Caribe; tal como lo registra la destacada historiadora haitiana Sucy Castor, en su obra «La Ocupación Norteamericana en Haití».

Pero, en ese contexto de la intervención en Haití, los haitianos no emigraron hacia nuestro país, como se puede observar aquí, lo que es muy importante destacar, sino a partir de que la Ocupación llegó aquí hacia el este, antes de ella, reiteramos, los vecinos no emigraban hacia RD. Aquí fueron traídos por los «marines», luego que dicha invasión fracasó en el oeste, para obtener lo que no encontraron allí: la pródiga fertilidad de los latifundios del este, donde la tierra hasta ese momento, había mantenido su virginidad intacta, en un proceso invertido al de Haití, basado en el atraso de una España, que había sido incapaz de asumir sus responsabilidades metropolitanas. Pero aquí el problema sería otro: el dominicano, decía Hostos, no tenía tradición de cortar caña, ni tampoco quería, en razón de los bajos salarios que recibían.

Por eso fue que en tiempos de la industria azucarera moderna, allá por el 1879, se tuvo que importar los obreros de la caña desde las islas cercanas de San Martín, St. Kitts, entre otras, conocidos con el mote de «cocolos».

Sobre tal precedente, y en el marco de la dependencia proyectada en toda la isla, de nuevo unificada, pero esta vez bajo el cetro norteamericano, el Gobierno interventor diseñó su política migratoria, en base a la importación masiva de trabajadores desde el lado oeste de la frontera. Dicha política se aplicaría a través de las llamadas Órdenes Ejecutivas, que disponían las cuestiones relativas a la fecha, forma y lugares, por donde ingresarían dichos obreros, proceso que se inició con la Orden Ejecutiva, #259, de junio de 1919, a través de la cual los mismos penetraron a nuestro país por la población Las Lajas, Comendador, entonces municipio de la provincia Azua.

En lo adelante hubo una inflación de Órdenes, acompañadas de una eficacia tal, que un año después de la llegada de esta oleada de mano de obra extranjera, el primer Censo Nacional realizado en 1920, por la entonces USD, ahora UASD; reportaba la existencia de 29,000 o 30,000 haitianos, cifra que por primera vez alertó a la opinión pública llamando «invasión pacifica» a dicho flujo, inquietud recogida entonces, en un editorial del «Listín Diario», reproducido en nuestra obra citada.

Por tanto, fue la intervención norteamericana la que le enseñó a los haitianos, que el «Masacre se Pasa a Pie». También a caballo, en motor, en bicicleta, en lo que fuera. Pero eso fue después; luego que el viento borrara las huellas de las botas imperiales. Porque en los inicios, los «marines» los reclutaban donde los encontraran, y en una demostración forzosa y vejatoria de la condición humana, los entraban a empujones a los camiones donde eran tirados como bestias de carga; se daba inicio al proceso de pérdida de su identidad; al reducirlos a la categoría de animales.

El otro paso sería despojarlos de sus documentos, ya que sin ellos no tenían nombre, ni domicilio, ni edad; ningún indicio de esas particularidades atribuibles a los seres humanos, porque de haberlo sido, desnaturalizaba el marco utilitario de todo régimen de fuerza, donde el objetivo es lo que cuenta; tanto, que incluso la muerte es rentable.

Así lo describía Bertold Brecht, el gran escritor alemán, al referirse al fascismo que imperó en su país, en la metáfora desgarradora de un verso: «Dejad que los huesos de los niños crezcan hasta el cielo; se pueden emplear en la industria de botones».

De ahí es que se deduce que no sólo el surgimiento de la migración haitiana fue obra de la Intervención, sino también de sus características deshumanizantes, las cuales se edificaron, lo vimos aquí, sobre la obra devastadora del colonialismo francés en Haití en los siglos VXII y XVIII; en virtud de los intereses vitales de ambas potencias.

Esta aseveración es la que nos llevó a investigar y a descubrir, como lo veremos en otro trabajo, porque los gobiernos de las mismas junto a otros aliados, mantienen una actitud despiadadamente injerencista y crítica ante la misma, así como el ejercicio de una especie de rectoría moral, frente a las decisiones, que en el orden interno toman países soberanos como el nuestro, en función del interés nacional, como lo hacen y lo hicieron ellos; frente a las cuales se puede o no tener reservas, pero eso es un asunto de nosotros; tal como sucede con la reciente Sentencia del TC dominicano.

Porque si en el vientre de este veredicto hay un «maco», como perciben algunos, el pueblo lo desenmascarara reinvirtiendo el proceso en su favor; como es la de apoyar la disposición que del mismo emana, relativa a la regulación de la migración haitiana, una de las secuelas negativas que van dejando a su paso las grandes potencias, en el ejercicio enajenante de su política exterior, como también apoya, que dicha aspiración se haya colocado en el centro del debate; que dormía en la mullida complicidad del «laisez faire».

Porque, a pesar de la partida escalonada de los «marines» en las fechas arriba indicadas, la misma tan sólo implicó un salto de la injerencia directa a la indirecta, por lo cual el cambio en la política migratoria en la isla, sólo se reflejó en la forma y no en el fondo, pues Washington tomó la previsión de dejar gobernando a sus capataces, dictadores de nuevo cuño, que tenían el encargo de preservar los intereses adquiridos durante la intervención. Por tanto, la diferencia en este contexto estribó en que la importación de braceros, se siguió haciendo, pero de gobierno a gobierno, a través de un contrato, en el que la determinación de la cantidad de obreros a importar era vital, ya que de ella dependía la suma de dólares que en dicha operación recibía el Gobierno haitiano. Este último que jamás, ni entonces, ni ahora, ha cumplido con la obligación que como Jefe de Estado le corresponde de dotar de documentos a sus nacionales, como los que traen o vienen a trabajar aquí, por lo cual tampoco, y a simple vista, se entienden sus airados reclamos sobre la preservación de los derechos humanos de sus nacionales radicados aquí en RD.

De ahí que, la necesidad de impulsar un proceso en que se pueda dotar a esos extranjeros de un documento que le devuelva la identidad que le fue arrebatada desde sus ancestros en el ámbito alienante de una intervención extranjera, hace casi un siglo, que parece impulsar dicho veredicto entra en el contexto de la humanización del proceso de desplazamiento, y del interés patrio. Porque con esa medida se cae el pretexto más esgrimido por las referidas instancias extranjeras que viven interviniendo en los asuntos internos de nuestro país, en pos de la materialización de los proyectos enajenantes que genera y estimula la migración haitiana, coherentes con sus orígenes, surgidos como vimos aquí, en el marco de la dependencia. Porque es en ese punto donde las estrategias de dominación coinciden con aquellas unificadoras concebidas secularmente por los antiguos y emblemáticos líderes del oeste en la primera mitad del siglo XIX, que en los últimos tiempos están siendo manipuladas por los poderes fácticos en función de sus intereses neoexpansionistas, que son los que entran en conflicto con dicha Sentencia; verdadera razón por la cual, junto a sus aliados internos, se les oponen ferozmente; tema a abordar en otra entrega.

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