Opinión
La Simulación Peledeísta
Por José Cabral
La metamorfosis sufrida por los miembros y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se observa abajo, en el medio y las altas instancias de esa organización política, cuyo lenguaje no está divorciado de los niveles de corrompimientos que lo afectan.
Hace algunos años fuí al local del PLD en Nueva York y dirigentes y miembros del partido creado por Juan Bosch exhibían un nivel de criticidad hacia el gobierno de Leonel Fernández muy alto, pero cuando aprobé la misma de inmediato éstos ripostaron con la aclaración que su queja no era por otra cosa que no fuera porque no los habían tomado en cuenta para ocupar algunas posiciones pùblicas.
Exactamente lo mismo que se escucha en el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano, cuyos seguidores sólo hacen política con una agenda muy personal.
De manera, que la gran mayoría de los peledeístas, perredeístas y reformistas están alineados con una de las corrientes que existen a lo interno de esas organizaciones, las cuales sólo creen en el mal uso del patrimonio pùblico.
Por esta razón, nunca se debe creer en el discurso moralista de muchos peledeístas en el gobierno, porque para llegar a la posición que ocupan primero tuvieron que identificarse con una de las corrientes que operan a lo interno de esa organización política.
El mejor ejemplo de esta afirmación tiene que ver con la reciente aspiración del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, quien solicitó la reapertura del expediente del senador Félix Bautista.
Siempre atribuí esa decisión de Domínguez Brito a razones políticas, es decir, que este funcionario buscaba parecer gracioso frente a los amplios sectores de la sociedad dominicana que cuestionan la fortuna del hombre de confianza del ex-presidente Leonel Fernández y de ese modo ganar un capital político que le permita en el futuro ser un buen por lo menos pre-candidato presidencial peledeísta.
Esto quedó evidenciado con las declaraciones del propio Domínguez Brito en el sentido de que él es un hombre de Leonel Fernandez, lo que no lo diferencia de Bautista, en virtud de que son peces de las mismas aguas.
Lo dicho por Domínguez Brito de inmediato le quitó credibilidad para perseguir a Félix Bautista, porque enjuiciar al senador por San Juan de la Maguana es lo mismo que buscar el encarcelamiento de Fernández, porque si se produce la sanción del discípulo también debe alcanzar a su profesor y mentor.
Una cosa sin la otra no tiene legitimidad y se convierte en un contrasentido, por lo que no se puede colegir que se puede perseguir a Bautista y ser al propio tiempo admirador o seguidor de Leonel.
En tal virtud, la intención de Domínguez Brito no fue más que una jugada política que desde que fue concebida el procurador sabía que no tendría éxito y él también estaba interesado que no surtiera ningún efecto en el orden legal.
Para llegar a ser senador o procurador en un gobierno peledeísta hay que ser parte de los grupos que detengan el poder apoyándose en la corrupción y muy concretamente no tener una posición critica con el despilfarro del patrimonio público.
Lo de Domínguez Brito no fue más que un ejercicio político para beneficiarse de la simpatía de amplios sectores nacionales que se sienten lastimados con la corrupción leonelista y que se convirtió en la principal razón para que el senador Bautista sea hoy uno de los hombres más ricos de la República Dominicana.
Por esa razón, la acción de Domínguez Brito se desvaneció y él probablemente no hable jamás del asunto, porque incluso éste no ha sido sacado de la Procuraduría General de la República, debido a que el presidente Danilo Medina iniciar una sanción en contra de ese funcionario, que planteó públicamente que busca perseguir a Bautista y que al propio tiempo se considera un hombre de Leonel Fernández, un ex-mandatario que no debía estar en la calle, sino en una de las cárceles del sistema penitenciario nacional, tendría una peligrosa repercusión social y política que tiraría por el suelo el discurso del actual mandatario.
Se es corrupto por comisión o por omisión y precisamente en ese contexto está Domínguez Brito, quien políticamente siempre se ha cobijado en el mismo techo de su líder, Leonel Fernández.
Así de clara es la doble moral en un partido como el PLD, en el que cualquier cosa, no importa cuan bajo sea, es perfectamente posible.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!