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El comunicado insensato de embajada de E.U implica una intromisión en los asuntos internos de R.D.
La Situación Haitiana Detona en la República Dominicana con un Encontronazo Público entre la Embajada de Los Estados Unidos y el Gobierno Nacional.
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A pesar de los aires de democracia que soplan en el mundo, los Estados Unidos continúa con su política represiva en contra de los países que manejan como si fueran sus colonias y ello también deja claro que el problema haitiano pica y se extiende y que el país más sacrificado será la Republica Dominicana.
La embajada de los Estados Unidos acaba de hacer público un comunicado que amplios sectores de la vida nacional consideran como una exageración y una mentira para producir algún tipo de represión, incluso económica, en contra de la República Dominicana a través de su principal renglón de la economía nacional como lo es el turismo.
Es un golpe bajo de una nación que siempre pregona lo que no práctica, porque si hay un país que usa el poder que tiene para someter a las demás naciones es precisamente los Estados Unidos, donde nadie puede negar que internamente son respetuosos de los derechos de los demás, pero igual no ocurre en términos de su política exterior.
E incluso debe decirse que no se ha visto una primera denuncia de como maneja los Estados Unidos el otorgamiento de visados, los cuales son también un instrumento de humillación y de agresión a la dignidad de mucha gente, aunque al final de cuentas éste tiene la plena facultad de otorgarlo o negarlo, pero no así con otros permisos para que algunos ciudadanos puedan ingresar a su territorio.
El asunto tiene que ver con aquellos visados que son el resultado de una convención de Ginebra que estableció un acuerdo de reciprocidad entre los países para el otorgamiento de permisos de entrada a sus territorios a los periodistas, de cuyo convenio es signatario los Estados Unidos, pero el abuso llega a un nivel que esta potencia del norte no cumple con lo firmado por ella y somete a muchos profesionales de la comunicación a cuestionamientos inaceptables e insensatos por el sólo hecho de haber emitido una opinión que sirve de punto de referencia para ponerlos en la lista negra que tienen las embajadas norteamericanos en los diferentes lugares del mundo.
El asunto haitiano ha provocado que la embajada de los Estados Unidos haya colocado en su lista negra a aquellos periodistas que han expresado mediante artículos de opinión o reportajes interpretativos su posición en torno, no a la ayuda que se pueda ofrecer a través de la comunidad internacional para resolver el problema haitiano, sino de una posible intervención armada, cuya medida también se contrapone con los principios que dan sentido a las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y la de Estados Americanos (OEA).
Pero su compromiso con una serie de convenciones internacionales le sabe a nada a los Estados Unidos y en violación del principio de autodeterminación e independencia de los pueblos se entromete en los asuntos internos de naciones como la República Dominicana, mientras promueven el rechazo de la grosera e inaceptable invasión armada de Rusia en Ucrania.
La cuestión tiene su desenlace cuando la embajada de los Estados Unidos emite un comunicado lleno de manipulaciones groseras al momento de decir que en el país se persigue a ciudadanos norteamericanos por su color de piel, que se traduce en una acusación racial en contra de la República Dominicana, la cual ha sido calificada por la cancillería como infundada, extemporáneo e infeliz.
Los términos del comunicado, subraya la cancillería dominicana, “contradicen la excelente relación bilateral que existe entre República Dominicana y Estados Unidos” en los ámbitos político, económico, militar, social y de cooperación, sea en materia de narcotráfico, trata de personas, contrabando de armamentos y municiones, corrupción o lucha contra la impunidad.
Que se recuerde hace muchos años que no se producía una confrontación de este tipo, con los términos que intervienen en el comunicado y la consecuente respuesta de la Cancillería, lo que ha llevado a las autoridades nacionales a puntualizar que es el primer socio comercial de Estados Unidos en el Caribe y el sexto en Latinoamérica.
“Hemos sido uno de los aliados más confiables de Estados Unidos en el mantenimiento de un sistema internacional libre, abierto, próspero y seguro para todas las naciones”, agrega el Ministerio de Exteriores, recordando que “fundamos la Alianza para el Desarrollo en Democracia, para promover los valores democráticos y los derechos humanos”.
Y añade: “Desde el inicio del presente gobierno, hemos denunciado ante la comunidad internacional de manera reiterada y sistemática la alarmante situación en Haití, agravada desde el magnicidio del presidente Moise, sin que ésta haya tomado las medidas apropiadas para enfrentar la explosiva realidad humanitaria, social y política en el vecino país, que afecta gravemente la seguridad nacional de República Dominicana”.
Desde hace varios lustros, precisa, “el grueso de la carga ha recaído, en particular en términos migratorios, sobre nuestro país”, y “una parte importante del presupuesto de salud dominicano actual se dedica, de manera gratuita, a la población extranjera, primordialmente haitiana”.
A seguidas apunta que ese aporte en los gastos de salud a esta población se manifiesta en el 32,4% de las camas de maternidad de los hospitales públicos; el 10,3% de las emergencias; el 14,9% de los internamientos; el 9,8% de las cirugías y el 8,3% de las consultas.
“Sin el apoyo de la comunidad internacional, hemos hecho un esfuerzo extraordinario por mantener abierta la frontera para permitir a la población haitiana el acceso a alimentos vitales, medicamentos, combustibles y agua”, añade, y “hemos mantenido abierto el flujo comercial, a pesar del número de secuestros de dominicanos, incluyendo un diplomático de nuestra embajada en Haití”. Por su parte, dice, “nuestras fuerzas armadas cargan de manera unilateral con el alto costo de brindar seguridad a la totalidad de la frontera entre los dos países, manteniendo unos 9,000 efectivos en dicho lugar”.
De inmediato la cancillería agrega “Así como todo país soberano que repatria a la población extranjera en situación migratoria irregular”, incluyendo a Estados Unidos, “República Dominicana se ha visto forzada a deportar a un alto número de migrantes haitianos que no toleran más la situación en ese país y que avasallan las posibilidades dominicanas: República Dominicana no aguanta más”.
A título de contraste, “la misma administración Biden ha deportado a Haití, entre febrero de 2021 y febrero de 2022, más de 20,000 migrantes haitianos”, dice la Cancillería.
El Gobierno de Estados Unidos no ha aportado prueba alguna, más allá de casos anecdóticos sin verificación independiente, “de que exista un patrón sistemático de violaciones de los derechos de los migrantes, ordenado por las autoridades dominicanas”, sostiene el Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Podrían ocurrir casos aislados, como en cualquier parte del mundo, que, de ser denunciados a las autoridades pertinentes, serían investigados y sancionados debidamente, si se comprobara su veracidad”, advierte.
El Gobierno dominicano, “jamás hubiera imaginado insinuaciones tan graves sobre nuestro país, cuya población evidencia “en su color de piel” un amplio crisol de razas; mucho menos de un aliado que ha sido sujeto de numerosas acusaciones de trato xenófobo y racista a migrantes e inclusive a sectores de su propia población”.
Afirma que el país brinda un trato hospitalario a “millones de turistas que nos visitan anualmente desde todo el planeta, en particular Estados Unidos”.
“El comunicado del 19 de noviembre podría impactar negativamente a miles de trabajadores dominicanos, así como a nuestra economía, aunque éste no haya sido su objetivo”, agrega. En consecuencia, “esperamos que Estados Unidos considere el retiro de los términos sin verificar de este ambiguo comunicado, a la mayor brevedad posible”.
La realidad es que se ha montado toda una campaña internacional en contra de la República Dominicana mediante la cual se quiere presionar al país a que acoja en su territorio una migración haitiana desordenada e incontrolable como pretende que sea los Estados Unidos.
Sin embargo, amplios sectores de la vida nacional rechazan que el control migratorio por parte del Gobierno dominicano no rebase el respeto de los derechos humanos porque de ocurrir seria una forma de vulnerar el derecho convencional en esta materia que incluso tiene rango constitucional.
El asunto es que los Estados Unidos no da lo que pide y ahora se dedica a unos ataques y manipulaciones en contra del país, lo cual es una doble moral que proyecta a esta potencia como una promotora del colonialismo en todas sus vertientes y de violación y atropello de todos los acuerdos internacionales que mandan el respeto de la soberanía, la autodeterminación y la independencia nacionales.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.