Análisis Noticiosos
La sociedad civil decide impulsar un proceso electoral transparente
Por Juan Bolívar Díaz
Uno de los acontecimientos más positivos tras el inicio de la campaña electoral para las elecciones municipales de febrero ha sido el surgimiento de una concertación de organizaciones y personalidades de los ámbitos religiosos, académicos y sociales para promover un proceso electoral transparente que fortalezca la institucionalidad democrática,
En una reunión con partidos políticos, los propulsores comenzaron el miércoles a presentar los lineamientos de su “Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente, y ya tienen cita para entregarlo la próxima semana a la Junta Central Electoral (JCE), mientras tratan de incorporar las organizaciones empresariales.
Una iniciativa ciudadana
El Manifiesto es una iniciativa de la Mesa de Justicia y Transparencia del Foro Ciudadano, constituido por cientos de organizaciones y redes sociales, ahora bajo coordinación del Centro Juan XXIII, que es un agrupamiento de intelectuales, académicos y profesionales católicos. Fue dado a conocer en rueda de prensa el 4 de diciembre en el local de esta entidad, que en la parroquia Santísima Trinidad.
El primer encuentro del núcleo tuvo efecto el pasado miércoles 11 con dirigentes de partidos políticos en un salón de la Universidad Católica Madre y Maestra, cuyo rector, reverendo Alfredo de la Cruz Balderas, es parte de los promotores, al igual que el rector de la Universidad Católica Santo Domingo, monseñor Jesús Castro, quien además es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo.
Aunque fueron invitados formalmente todos los partidos, no asistieron los del bloque que encabezan el Partido de la liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, que postulan a Gonzalo Castillo para la presidencia. Si estuvieron representados los principales de la oposición, los del bloque que encabeza el Partido Revolucionario Moderno, postulando a Luis Abinader, y el bloque que lidera el nuevo partido La Fuerza del Pueblo y el Reformista Social Cristiano, que impulsan la candidatura presidencial de Leonel Fernández. También la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional. Se informó que predominó un pleno respaldo a la iniciativa.
Una Comisión de Seguimiento ya tiene cita para entregar el Manifiesto el miércoles a la JCE, y con la meta de hacer lo mismo con el Tribunal Superior Electoral y las autoridades del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público. Esperan lograr la firma de un compromiso entre los partidos para alcanzar un proceso electoral transparente y competitivo en enero, antes de las elecciones municipales del 16 de febrero.
Objetivos del Manifiesto
El Manifiesto Ciudadano comienza planteando que “La democracia es la obra de todos. El derecho ciudadano a elegir y alternar sus autoridades a través del voto libre, personal, directo y secreto en un estado de derecho es el principal mecanismo de legitimación popular de los gobernantes”. Plantean que, no obstante, los procesos electorales dominicanos se caracterizan por “prácticas ilícitas y antidemocráticas que procuran distorsionar y manipular la expresión soberana de la voluntad popular”.
Es por eso que han decidido “convocar a todas y todos los dominicanos sin excepción, a no escatimar esfuerzos y sacrificios para rescatar la credibilidad de las elecciones nacionales previstas en el año 2020 y así salvaguardar nuestra democracia y la indispensable legitimización de sus instituciones y representantes”. Dicen estar conscientes de que la manipulación de las elecciones “facilita esa misma corrupción que impunemente roba y malversa el erario y el patrimonio público”.
La convocatoria señala las responsabilidades que corresponden a la JCE, el TSE, al Poder Ejecutivo y en particular al Ministerio Público, a los partidos y movimientos políticos, a los medios y redes de comunicación, así como a la sociedad civil. A la JCE le pide hacer cumplir los planteamientos constitucionales y legales para la transparencia y equidad de los procesos electorales, con una serie de disposiciones específicas.
Principales propulsores
Además de, Foro Ciudadano y los rectores de las dos universidades católicas capitalinas, entre los propulsores aparece también el Obispo de Baní-San Cristóbal, Víctor Masalles, el obispo emérito episcopal Julio César Holguín, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, la Asociación Dominicana de Profesores, el Comité Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Metropolitano de Mujeres, Participación Ciudadana, el Centro Montalvo, Centro de Investigación y Promoción Social, Consejo de Desarrollo Cívico Social, Ciudad Alternativa, Santiago Somos Todos y las fundaciones Masada, Solidaridad, Testimonio y Trópico. Así mismo entidades de bases como Acción Comunitaria para el Progreso, Articulación Nacional Campesina, Cooperativa de Producción Social del Habita y la Vivienda, Comité para Defensa de los Derechos Barriales, Movimiento de Mujeres Trabajadoras y el Comité para Defensa de los Derechos Barriales.
Un vocero del movimiento indicó que sua Comisión de Seguimiento está constituida por el rector Alfredo de la Cruz Baldera, el reverendo Fidel Lorenzo, el empresario Franklin Báez Brugal, los académicos Rafael Toribio, Fernando Ferrán y Fernando Peña, Jaime González, del Centro Juan XXIII, los comunicadores María Asela Alvarez y Huchi Lora, Mario Fernández, de Santiago Somos Todos, la sindicalista Eulogia Familia y Ricardo González, del Foro Ciudadano.
Volver a la concertación
A los propulsores del Manifiesto Ciudadano les mueve el objetivo de fortalecer la credibilidad de los partidos y la ciudadanía en los órganos rectores del proceso electoral, en especial la JCE, partiendo de que la misma necesita un fuerte apoyo para organizar un proceso electoral como dispone la Constitución y las leyes del Régimen Electoral y de Partidos Políticos.
Partieron de los conflictos en que devino el proceso de la elección primaria hasta el punto de haber provocado la división del partido gobernante y dejando incertidumbres sobre el voto automatizado y la credibilidad en los resultados electorales. Sólo el mercado de compra y venta de votos que operó públicamente en las primarias, ha sido señalado como suficiente para motivar la presencia activa de la sociedad civil en el seguimiento al proceso electoral de febrero y mayo, más allá del trabajo de observación electoral que hace 25 años realiza el movimiento cívico Participación Ciudadana.
Estarían procurando levantar una participación como el proyecto de Iniciativas Democráticas que movilizaron a la sociedad civil por la limpieza de las elecciones de 1996, 2000 y hasta el 2004, y que apoyaron firmemente a la JCE y contribuyeron al mejoramiento de esos procesos después del traumático fraude electoral de 1994 que llevó al Pacto por la Democracia, reduciendo a dos años el período gubernamental.
Aunque el Partido de la Liberación Dominicana no asistió a la convocatoria del “Manifiesto Ciudadano” el miércoles en la PUCMM, al día siguiente el coordinador de su Comisión de Estrategia de Campaña Electoral”, Francisco Javier, emplazó al PRM y su candidato Luis Abinader “a que diga que él está dispuesto a firmar un pacto por una campaña decente. Eso tras denunciar que en enero se pondría en práctica una “campaña negativa” contra su candidato Gonzalo Castillo.
La demanda peledeista podría canalizarse en el marco de la iniciativa ciudadana, donde podrían precisarse los términos de campaña negativa y de campaña sucia, porque negativo puede ser todo lo que denuncie hasta errores, limitaciones y actitudes de un partido o candidato. Campaña sucia es la que se fundamenta en mentiras, inventos o manipulaciones o distorsiones.
Abinader y los también candidatos presidenciales Leonel Fernández y Guillermo Moreno, así como dirigentes opositores han dicho que no están dispuestos a permitir inequidades y abusos del poder del Estado, como los denunciados en las últimas elecciones generales, cuando incluso la oposición no reconoció la legitimidad de la reelección del presidente Danilo medina, y en las primarias de octubre pasado.
Más de 800 incendios forestales que están activos en muchas partes de Canadá han generado alertas por mala calidad del aire en ese país y varios estados de Estados Unidos.
Canadá.-La situación afecta a Nueva York, donde el domingo se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Pero hasta el momento no hay ninguna restricción para el partido.
Según el programa Índice de Calidad del Aire de EE.UU., la situación es «peligrosa» en gran parte de los estados de Michigan y Minnesota, en el norte del país, por lo que se recomienda a la población permanecer en interiores.
Las alertas abarcan la región del Alto Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el noreste de EE.UU., según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) en una actualización publicada este jueves.
En Canadá, un incendio en el norte de Ontario obligó a evacuar a los residentes de los pueblos nativos locales, mientras que la jefa de uno de ellos afirmó que su comunidad quedó «reducida a cenizas».
Actualmente hay 858 incendios activos en Canadá, incluyendo 30 nuevos registrados este jueves, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales. La gran mayoría están fuera de control.
El gran conjunto de fuegos que afectan a las zonas noroccidentales de Ontario es responsable de que densas columnas de humo y una mala calidad del aire se extiendan por Thunder Bay y Toronto.
Esta última ciudad registró en un momento la peor calidad de aire del mundo este jueves, según el monitoreo de la firma suiza IQAir. Pero en el ránking también están entre las primeras cinco las estadounidenses Chicago, Detroit y Nueva York.
En Ontario, Canadá, se esperan tormentas eléctricas bastante generalizadas durante los próximos días, pero es posible que la lluvia no sea suficiente para marcar una gran diferencia.
Fuente de la imagen,Getty Images
Nueva York afectada previo a la final del Mundial
En tanto, concentraciones más bajas de humo en las capas altas de la atmósfera se desplazan sobre los Grandes Lagos y sobre Nueva York, con cielos brumosos y amaneceres y atardeceres probablemente más rojizos.
En las regiones occidentales del estado de Nueva York, la calidad del aire este jueves se consideraba «muy insalubre», mientras que en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York la calidad del aire es «insalubre».
Nueva York ha ampliado sus planes de emergencia por calor y ha activado sus protocolos de emergencia por la calidad del aire, poniendo a disposición de toda la ciudad cientos de centros de refrigeración y mascarillas KN95.
El partido de la final del Mundial 2026 está programado para el domingo a las 15:00 hora local, un momento de mucha radiación solar. Pero aún no hay indicaciones de que la situación de este jueves pueda prolongarse hasta el día del partido.
Los vientos del noroeste seguirán arrastrando el humo hacia los estados del norte de Estados Unidos durante el resto de esta semana y hasta el fin de semana, lo que genera preocupación de que el humo llegue a Nueva Jersey, donde está el estadio sede de la final.
Un cambio en la dirección del viento para el lunes significa que el humo tenderá a desplazarse a través de Quebec, con una mejora en la calidad del aire más al sur, en Estados Unidos.
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Los legisladores republicanos del estado de Michigan han escrito una carta abierta al primer ministro de Canadá, Mark Carney, solicitando una mejor gestión de los incendios forestales del país y expresando su frustración por tercer año consecutivo.
«Ha pasado un año, la temporada ha vuelto y nada ha cambiado, salvo que nuestra paciencia se ha agotado», decía la carta, firmada por cuatro legisladores de la Cámara de Representantes estatal.
Pete Hoekstra, embajador de Estados Unidos en Canadá, adoptó un tono más diplomático en un comunicado emitido el miércoles, en el que elogió los esfuerzos de ambos países para combatir los incendios forestales.
En respuesta a las críticas de los legisladores estadounidenses, Carney declaró el jueves que ambos países tienen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático.
Añadió que su gobierno está «en estrecha comunicación» con las provincias y las comunidades locales.
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Incendios cada vez más frecuentes
Los incendios forestales forman parte del ciclo natural de la vasta selva boreal de Canadá, pero se han vuelto más frecuentes desde 2015, afirmó Laura Chasmer, profesora de geografía y medio ambiente en la Universidad de Western Ontario.
«Esto está relacionado con algunos de los casos de calentamiento climático extremo que hemos estado observando y con el secado de la superficie atmosférica», indicó.
Según Chasmer, en el pasado los incendios eran más frecuentes en el oeste de Canadá, pero en los últimos años esa tendencia se ha desplazado hacia el este, con grandes incendios que ahora arden en Ontario, Quebec y las provincias atlánticas, lo que hace que el humo sea más visible en ciudades densamente pobladas como Toronto y Nueva York.
La profesora añadió que esto ha puesto a prueba los esfuerzos de extinción de incendios en Canadá, cuyo principal objetivo es evitar que las llamas se propaguen a las poblaciones cercanas.
Extinguir los incendios por completo es «muy difícil», señaló la experta, debido a su magnitud e intensidad.
Fuente de la imagen,AFP via Getty Images
Mientras tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, desestimó las críticas a la gestión de su gobierno ante los incendios, señalando que más de 150 equipos de bomberos se encuentran sobre el terreno combatiendo las llamas.
«Gastaremos lo que haga falta», dijo Ford.
Además del humo peligroso, los incendios forestales en el norte de Ontario han obligado a decenas de personas de las comunidades indígenas locales a evacuar, y algunos videos han mostrado a personas huyendo de la remota zona en embarcaciones.
La jefa de la Primera Nación Namaygoosisagagun, Helen Paavola, declaró al medio de comunicación local CityNews en una entrevista que un sobrevuelo aéreo mostró que su comunidad ha quedado «reducida a cenizas».
«Todas las casas han desaparecido», dijo este jueves. «No queda nada».
Fuente de la imagen,Reuters
Por José Cabral
Se ha vuelto un cliché en los tribunales de la República Dominicana las decisiones que toman los jueces referentes a las acciones de amparo, cuya figura casi siempre tiene como destino la inadmisibilidad.
Regularmente los jueces se acogen a lo que dispone el artículo 70 de la Ley 137-11 para declarar inadmisible las acciones de amparo.
Pero el destino de esta figura jurídica, que sirve para restablecer la violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos o particulares, es el de renegar de las razones que los originaron.
La tendencia con la acción de amparo ha creado la impresión en el ciudadano de que la misma sirve de poco, porque sea por el argumento que ahora se ha hecho muy general de que el sistema de justicia está saturado de tantas demandas de este tipo o porque es más fácil inclinarse por la inadmisibilidad para los juzgadores.
El artículo 72 de la Constitución de la República habla muy claro de las características del amparo y de igual modo la Ley 137-11, que es por la que se rige la figura jurídica, pero como se puede observar ya el mismo no cumple ni se ajusta espíritu de la figura, dado que más que proteger los derechos fundamentales se ha vuelto una vía para negar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
La inadmisibilidad del amparo crea tanta decepción en el justiciable que apoyarse en esta figura implica perder el tiempo, porque es la opcion más común de los jueces, aunque no haya razon para ello, tanto a nivel de primera instancia o de la jurisdiccion contenciosa administrativa y lo propio debe decirse del Tribunal Superior Electoral.
Lo que ocurre con el amparo también pasa con los recursos de casación, cuyos jueces después de la entrada en vigencia de la Ley 2-23 se inclinan por la vía mas fácil que es declarar inadmisible el mismo, a los fines de eliminar la desgraciada mora judicial.
La acción de amparo recorre el mismo camino de la crisis que se produce en todo el sistema de justicia nacional, en el que los jueces se van regularmente por la vía más fácil, porque de ese modo no tienen que ponderar el fondo de la demanda.
Lo que ocurre con la acción de amparo en la República Dominicana es sólo una muestra de un sistema de justicia en crisis, cuyo derecho constitucional existe sólo en el papel, pero no en la realidad.
La acción de amparo, una figura que crea sueños para el que busca que se restablezcan los derechos fundamentales violados, pero la verdad es que se trata de una quimera que genera descredito y desconfianza en el sistema de justicia nacional.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.