Opinión
La sociedad civil no es el enemigo
Published
11 años agoon
Por Hamlet Hermann
No es momento para inventar normas que no están sustentadas en las leyes de la República.
Si alguien quisiera encontrar las raíces de la impactante protesta de los choferes de carros públicos que tuvo lugar esta semana en la capital dominicana debía revisar aquella genial idea que tuvo el ministro de interior de ocho años atrás, Franklin Almeyda. Aquella vez colocó a la AMET dentro de la estructura de la Policía Nacional, aunque administrativamente bajo la Presidencia de la República. En ese momento aquella medida fue calificada por algunos como un disparate. La práctica ha demostrado que ha sido peor que eso. Se requintó así el último clavo al ataúd de una institución que había demostrado tener base técnica y ser facilitadora de las actividades vehiculares en Santo Domingo y en Santiago.
Con dicha transferencia se convertía entonces una entidad preventiva de accidentes y propiciadora del orden en una institución absolutamente represiva. De la política de la racionalidad profesional y el transporte como ciencia, se pasó a la práctica de reprimir y sancionar selectivamente sin importar el caos que provocaban por su desatención de la tarea principal. El comportamiento del tránsito en República Dominicana durante la reciente década no deja espacio para mentir. En cuanta medición universal hecha por organismos internacionales, República Dominicana aparece como el peor en comportamiento de movilidad y el primero en víctimas mortales por accidentes de tránsito. Nadie en su sano juicio y sin afanes politiqueros puede desmentir esos datos publicados recientemente por la Escuela de Negocios de España y cuanta institución internacional se ha tomado la molestia de revisar esta variable por todo el mundo. Y si el desastre es tan grande, ¿por qué han sobrevivido en sus cargos cada uno de los funcionarios que han provocado, por incapacidad o por negligencia, el desorden absoluto del tránsito por calles y carreteras del país? ¿Será porque el gobierno no está interesado en resolver el problema del tránsito sino en elaborar la coartada perfecta para continuar despilfarrando millones de dólares en Metros y elevados?
¿Cuál fue el reclamo de los choferes del transporte público cuando bloquearon la avenida 27 de Febrero por un par de horas? Insistían en reclamar el derecho a que sus vehículos livianos que sirven rutas “expreso” pudieran transitar por el túnel y los elevados de esa vía. Pero la Dirección de la AMET se niega a que esto pueda realizarse, aún sin contar con base legal para impedirlo. Evidentemente, quiere eternizar la aberración que impone el uso de esas estructuras sólo a los automóviles privados ya que, desde el inicio, está prohibido la circulación para los vehículos pesados, los autobuses y las motocicletas.
Debemos servir de memoria vicaria para recordar a las autoridades del tránsito que la Constitución de la República es muy clara en el acápite 15 del artículo 40, donde dice:
A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica.
No es momento para inventar normas que no están sustentadas en las leyes de la República.
Además, es tiempo ya de que los agentes del tránsito dejen de ver a los conductores de vehículos de servicio público como enemigos. Esa política solo logra crear más enemigos del lado de la sociedad civil. Gobierno y pueblo no debían ser categorías excluyentes, como ahora parece predominar. Sabemos que todavía hay funcionarios sensatos en el gobierno de Danilo Medina, conscientes de que la solución a los problemas de las calles capitaleñas no está ni en el motoconcho ni en el Metro. Sensatos además porque ven a la sociedad civil como aliados, no como enemigos a ultranza. ¿No ha pensado alguien del Palacio Nacional en que hay que concertar una tregua para que funcionarios y dirigentes del transporte le echen un ojo a la Constitución y al futuro de este país? ¿Qué esperan? ¿Algunos choferes muertos por la intransigencia de AMET y la Policía Nacional?
De alguna forma sensata debe erradicarse el enfoque del problema del tránsito como asunto de nosotros contra ellos. Haber llevado estas relaciones a posiciones antagónicas solo ha beneficiado a los que no quieren solucionar los problemas para seguir beneficiándose de las enormes construcciones que los han convertido en jeques árabes en medio del mar Caribe.
Por Narciso Isa Conde
QUERIDOS CAMARADAS Y AMIGOS/AS PRESENTES:
Preceden a esta fiesta de la amistad, la fraternidad y la camaradería varios homenajes confluyentes: a Iván, al Bacho, a Rufino de la Cruz y las Mirabal.
Nos asalta aquí el recuerdo de un conjunto de apreciados camaradas: Félix Tejeda, Brígido Peguero, Melendito, Delta Soto y Edmundo García.
Se aproxima la fecha de Manolo Tavares y sus compañeros de Manaclas y de las guerrillas del 63.
Nos convocamos aquí para emprender la ruta hacia una gran conmemoración, el próximo 17 de marzo, del 50 aniversario del tránsito de Orlando a la inmortalidad.
Estamos alegres, que es lo propio de quienes luchamos por una vida feliz para nuestro pueblo y para toda la humanidad; alegres y en lucha por la nueva independencia, el socialismo y la libertad; venciendo siempre la carga de tristeza que impone la opresión.
Orlando fue asesinado por abrazar la verdad y rebelarse contra las injusticias.
No lo venció el Estado terrorista presidido por Balaguer, subordinado a la súper potencia más criminal de la historia moderna.
¡SUS IDEAS VIVEN!
Ellas fueron pertinentes en su tiempo y los son más aún en los tiempos presentes
Aquí sigue predominando el latifundio capitalista que tanto Orlando combatió, impera la minería destructiva, laceran el alma las desigualdades sociales, continúa aplastada la soberanía… No somos una república independiente. Este país es una gobernación de Colonia
Reina todavía el Estado Delincuente, ahora con un fuerte olor a narco-estado y un denso manto de impunidad que lo protege.
La reforma policial es una farsa: la PN sigue siendo un conjunto de bandas criminales.
A esto se agrega:
Más racismo.
Un anti-haitianismo extremadamente intenso.
Un neoliberalismo desnacionalizador, empobrecedor… moral y culturalmente degradante.
Un despliegue ascendente de violencias contra la vida y derechos de las mujeres.
Asoma el neofascismo que recorre el mundo.
La criminalidad mundial de EEUU y del sistema imperialista es tapada por una sarta de mentiras y medias verdades.
El capitalismo imperialista se ha tornado altamente destructivo de seres humanos y naturaleza toda.
No solo ataca para invadir y permanecer en los territorios asaltados.
No solo reemplaza civilizaciones por la fuerza.
No solo saquea y explota.
No solo crea riquezas generando pobreza.
Destruye violentamente lo construido.
Desorganiza sin reorganizar de nuevo.
Desarticula sociedades.
Fracciona, desintegra, dispersa, desarticula dividiendo.
Caotiza y manipula el caos…
El antes y el después de su agresión en IRAK, Afganistán, Libia, Yemen, Gaza, Haití…lo dice todo.
La crueldad contra Cuba, Venezuela, Nicaragua no tiene límites.
Ahora le toca con más intensidad a Siria…
Hasta la Europa dependiente de EEUU está en peligro…
Es cierta la amenaza de convertir su guerra global infinita en guerra mundial altamente destructiva.
En muchos casos agrede con mercenarios y con armas fabricadas por corporaciones privadas. Se trata de la privatización de las guerras: un gran negocio a base de destrucción y muerte.
Necesitamos mayores dosis de latino-americanismo, antiimperialismo, internacionalismo en nuestra sociedad y en los pueblos del mundo.
Han crecido las fábricas de mentiras y las posiciones pusilánimes propias de la dictadura mediática mundial.
Ha crecido la simulación del olvido, la ignorancia y el espíritu conservador.
Prolifera lo de preservarse aceptando la perversidad que etiqueta como nuevos héroes y heroínas a sus viejos. A los terroristas y tiranos de ayer se le atribuye la condición de honorables rebeldes defensores de la democracia.
Las monarquías despóticas forman parte de su “mundo libre”.
Los agentes del terror son exaltados como “revolucionarios” que abrazan la libertad y la democracia.
Reyes, sultanes y emires se erigen en aliados de la más alta democracia del planeta, a las que se les esculpa de todas las masacres cometidas.
Todo el que apoya su dominación encarna la lucha contra la dictadura y todo el que se resista a hacerlo, es la máxima representación de la tiranía. Ese es el gran pecado de Cuba, Venezuela y de todo aquel que ejerza soberanía.
El mundo al revés con todos los valores cambiantes.
Lo malo ayer es lo bueno hoy, todo en función de las conveniencias al margen de normas y principios.
La tapadera de fechorías y el flujo de ocultamientos, mentiras, simulaciones y falsas etiquetas, pueden reinar por un tiempo. Pero no para siempre. La verdad tarda en brotar, pero se abre paso progresivamente.
El descaro con que se esgrimen las mentiras tornan cada vez más vulnerables las simulaciones.
Para vencer todo esto… aquí y más allá…
Ayuda muchísimo volver Carlos Marx, a Federico Engels, a Lenin, a Gramsci, a Rosa Luxemburgo, a Mao, Trotsky, Mariátegui, Che, Fidel. ¡Al marxismo latino-caribeño!
Ayuda mucho… releer MICROSCOPIO.
Nos ayuda en grande estudiar a Frank Fanon, Jorge Beinstein, Kohan, Iñaki, Lautaro Rivara…
Ayuda muchísimo aprender de la teoría de género…de la teoría de la descolonización, de la ecología política.
Ayuda… reflexionar sobre los contenidos de Tiro al Blanco y si no preguntémosle a los alumnos de Olga Duvergé.
Ayuda inmensamente, participar en rebeldías sociales y aprender de sus creaciones heroicas
¡NECESITAMOS ESTUDIAR Y LUCHAR MÁS Y MEJOR!
Opinión
La figura de la “overruling” es la esperanza de la partidocracia.
Published
1 hora agoon
diciembre 26, 2024Por José Cabral
La sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional, que declaró violatorios de la carta magna los artículos 156 y 157 de la Ley 23-24, la cual tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ha puesto a la carrera a la partidocracia, cuyo apriete no parece tener una solución a la vista porque no hay recursos que puedan ser interpuestos por quienes la objetan.
Todo el mundo en el país sabe que el monopolio electoral lo tienen los llamados partidos del sistema, grandes y pequeños, de izquierda y de derecha, ya que para cualquier ciudadano sin importar sus méritos aspirar a un cargo de elección popular tiene necesariamente que adherirse a los grupos que operan a lo interno de los mismos.
Estos partidos, que conforman lo que se ha dado en llamar la partidocracia, tienen una cultura mafiosa de hacer política, cuyo buen ejemplo fueron las alianzas que hizo el PRM para las elecciones del 2020 y que cuando vieron sus reales posibilidades se dedicó a despojar a sus propios aliados de las candidaturas que les habían otorgado.
Además, el PRM montó una campaña en contra de los candidatos de sus propios aliados para que no salieran electos en esos comicios, lo que impidió que muchos de aquellos que apoyaron a Luis Abinader obtuvieran el triunfo en esas elecciones.
Lo propio pasa con las demás organizaciones que buscan aliarse en busca de algún cargo público, ya que cuando el PRM vio que el pueblo en ese momento lo prefería irrespetó a todo el que buscaba enrolarse en la administración pública.
Sin embargo, lo peor de esa partidocracia es que los partidos más pequeños utilizan a mucha gente porque su único propósito no es buscar la mejoría de la nación, sino venderse al mejor postor.
Tanto es así que hay pequeños partidos que operan como todo un ventorrillo, los cuales desde ya andan detrás de negociar con todo aquel que les ofrezca algo material o monetario, porque no tienen el menor escrúpulo.
Hay incluso partidos pequeños que ofrecen una candidatura nacional, dígase a la presidencia de la República, para luego venderse conjuntamente con sus seguidores como verdaderos cerdos, cuyos miembros nunca saben por qué cantidad fueron negociados.
En realidad, la partidocracia, que incluye al PRM, PLD, PRD, Fuerza del Pueblo, entre muchos otros, es una verdadera vergüenza y aunque falta ver el impacto que podrían tener las candidaturas independientes a partir de la sentencia del TC, porque incluso se abre una brecha para que cualquier pelafustán aparezca como un salvador, pero la verdad es que esta fórmula es más democrática y participativa.
De manera, que vista la sentencia del TC y el pataleo de los partidos que conforman la partidocracia, sólo existe una posibilidad que puede salvar a los partidos tradicionales del golpe recibido y es la figura del overruling, la cual consiste en que el mismo Tribunal Constitucional rectifique la decisión tomada, lo que representaría, sin lugar a dudas, la pérdida total de la credibilidad de la alta corte.
Opinión
Responsabilidades de la Corte Penal Internacional
Published
1 hora agoon
diciembre 26, 2024Por Rommel Santos Díaz
Si el Fiscal o la Sección de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional tienen reparos sobre la conducción de la investigación y el juicio llevado a cabo por un Estado, la Sala de Cuestiones Preliminares puede autorizar al Fiscal para que proceda con una investigación, ya sea por primera vez, o después de un periodo de suspensión, o cuando ha habido cambios significativos de circunstancias en el Estado.
Los Estados pueden apelar la resolución preliminar ante la Sala de Apelaciones. Cuando el Fiscal decida inhibirse de su competencia en una investigación sin notificación del Estado, el Estado de que se trate deberá ser notificado si el Fiscal decide posteriormente reabrir la investigación En algunos casos, los Estados podrán impugnar la admisibilidad del caso según el artículo 19 del Estatuto de Roma.
En el transcurso del proceso, podrán existir lapsos de tiempo dentro de los cuales sea impreciso cual autoridad-Estado o Corte Penal Internacional- tomara eventualmente el mundo de la investigación o enjuiciamiento.
Los Estados deben asegurar que toda la prueba del caso en su posesión sea preservada, de acuerdo al artículo 93 del Estatuto de Roma. Los Estados deberán tomar en cuenta también que la Corte podrá autorizar al Fiscal de la Corte Penal Internacional para que recolecte y preserve pruebas durante estos lazos según los artículos 18 y 19 del Estatuto.
Aun si un Estado impugna la admisibilidad de un caso ante la Corte Penal Internacional, todas las órdenes o mandamientos dictados por la Corte con anterioridad a la impugnación seguirán siendo válidos . Por consiguiente, los Estados podrían tener el deber de cooperar con el Fiscal de la CPI hasta que no se decida si el Estado será competente para investigar y enjuiciar en el caso en discusión.
En el marco de las obligaciones, según el artículo 18 del Estatuto de Roma, cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación, tras la solicitud de un Estado Parte, ese Estado Parte deberá responder sin dilaciones indebidas a las peticiones de información del Fiscal sobre la marcha de las investigaciones y del juicio ulterior.
Mientras que los conflictos de competencia sobre cual autoridad será responsable para investigar no hayan sido resueltos, los Estados deberán de continuar el cumplimiento con las obligaciones señaladas por el artículo 93 del Estatuto de Roma, inclusive la preservación de prueba que posean y la cooperación con el Fiscal de la Corte Penal Internacional.
En cuanto a la implementación, la mayor parte de los casos y obligaciones anteriormente señalados no requerirán una legislación para su implementación. No obstante sería importante que las autoridades pertinentes establecieran procedimientos administrativos eficientes para tratar estos asuntos, en el caso de que tal secuencia se lleve a cabo. Esta autoridad podría ser el Ministro de Relaciones Exteriores, ya que los procedimientos requerirán de extensa comunicación entre las autoridades nacionales y la Corte.
Finalmente, es esencial establecer procedimientos administrativos que permitan a los Estados que ya están investigando un caso notificar a la Corte Penal Internacional dentro del mes posterior a su notificación por parte de la CPI, si este desea llevar a cabo la investigación del mismo caso. Estos requerirán ciertos elementos, por ejemplos:
- I)Un procedimiento por medio del cual los investigadores y jueces nacionales deban notificar a la autoridad competente sobre el inicio de una investigación o juicio de un delito que este dentro de la competencia de la Corte.
- II)Designar a una persona dentro del órgano competente para que fiscalice todas las investigaciones y juicios nacionales sobre crímenes que también sean competencia de la Corte Penal Internacional, o que pueda obtener información sobre los casos particulares de manera expedita; y
III) Un procedimiento diligente que lleve a la persona competente apropiada la notificación de la Corte Penal Internacional y para responder esta notificación de la CPI dentro del mes posterior.
Finalmente, si la Corte Penal Internacional decide no investigar el mismo caso, se necesitan procedimientos administrativos que permitan al Estado responder cualquier requerimiento de actualizaciones periódicas del Fiscal de la Corte, según 18. Esto requerirá de una comunicación efectiva y coincidente entre los investigadores, jueces, y el departamento gubernamental competente, para así ofrecer a la Corte la información que esta roquera.