Opinión
La sociedad del simulacro
Por Andrés L. Mateo
Mientras leía el “Índice de competitividad global” del Foro Económico Mundial (FEM), me asaltaron las ideas del filósofo italiano Mario Perniola, expuestas en su libro recientemente publicado, con el mismo título de este artículo, en el cual se pretende interpretar esta llamada época de la posmodernidad, cuyo designio manifiesto parece ser la construcción discursiva de la apariencia, sobre la de la esencia.
Algunas de las ideas de Perniola constituyen tópicos del debate intelectual de nuestros días, y bastaría leerse el conjunto de libros de Zygmunt Bouman sobre “La modernidad líquida”, y hasta el reciente de Mario Vargas Llosa, “La civilización del espectáculo”, para darse cuenta de cómo la imagen del simulacro puede sustituir la realidad, pero sobre todo, de cómo los signos que median en la vida social se hacen intercambiables, y ante el predominio del simulacro, valen lo mismo. Mario Perniola no es un revolucionario sino un intelectual, y su libro no es un programa para la rebelión contra algo que él mismo considera “una caracterización filosófica de su tiempo histórico”; pero en el caso dominicano nos puede servir para entender la seducción del simulacro que ha ejercido Leonel Fernández en la sociedad dominicana de los últimos años.
Es por eso que me llegó a la memoria leyendo el “Índice de competitividad global”, en el que se confirman todas las apreciaciones ciudadanas sobre el descalabro total en que ha quedado el país, después de sus ocho años de gobierno continuo; y los grandes simulacros para aparentar lo contrario, que incluyen hasta el silencio y el miedo del actual presidente, Danilo Medina, a mencionar siquiera la situación económica que encontró, mientras impulsa una reforma fiscal que hará pagar a todos los dominicanos el derroche y la corrupción desbordada de los funcionarios peledeístas.
Según el “índice de competitividad global” la República Dominicana es el país más corrupto de la tierra, ocupando el lugar 144 de 144 países evaluados, y es líder, también, en el bajo nivel de la calidad de la educación, en el desvío de fondos públicos, en la inseguridad ciudadana, en el despilfarro gubernamental, en la confianza de la población en los políticos, en la corrupción policial, etc. Posiciones éstas que han sido reiteradas por los estudios de muchos otros organismos internacionales, y que son herencias de sus gobiernos.
Y si agregamos la situación económica que dejó ese “Príncipe del simulacro”, que es Leonel Fernández; con un déficit fiscal que llegará a 120 mil millones de pesos, y una deuda externa que duplica la de toda la historia republicana junta (25 mil millones de dólares), más el nivel de la corrupción que disponía de cerca del 13% del PIB; entonces se puede entender por qué el ex presidente Fernández anda por los foros internacionales dando conferencias y recomendaciones para resolver los grandes problemas de la humanidad, como si él fuera un modelo adecuado, mientras el país concreto que gobernó se hunde en el desguañangue económico y moral que dejó su gestión.
Es un simulacro, una sustitución de la realidad. Quienes lean “La sociedad del simulacro” podrán entender que en el mundo de hoy se ha superado la distinción entre verdad y engaño, y que personajes como Leonel Fernández encarnan la “desconcertante situación histórica en la que nos hallamos”, como si la verdad estuviera desconectada de la realidad, y cualquier canalla, cínico y mentiroso, pudiera representar todo lo que de insoportable hay en la mentira, sin que ocurra nada, sin que aquel espíritu inspirado y falso se someta a las consecuencias.
Leonel Fernández triplicó la deuda en ocho años, mantuvo nominillas de más de 18 mil militantes del PLD, impuso cinco reformas fiscales, recaudó sumas inconmensurables de impuestos, dejó expandir la corrupción como un elemento de cohesión alrededor de su liderazgo, gastó millonadas de dólares en viajes para alimentar su egolatría, nombró a cuantos alabarderos se les rendían a sus pies, y terminó desvencijando el país. Y ahora ni siquiera lo mencionan, quienes nos quieren hacer pagar el estropicio, mientras él construye el simulacro de que es un “líder mundial”, un ejemplo, un oráculo del Delfo. ¡Oh, Dios, si éste fuera un país!
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!