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Reportaje A Fondo

La Sociedad Dominicana llora la muerte de una joven arquitecto embarazada por parte de un cabo de la Policía Nacional.

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Por Elba García

En la República Dominicana se estila que cuando se produce un accidente automovilístico las personas asociadas a la víctima persiga para liquidar al conductor involucrado en el hecho que generalmente no se detiene por temor a los niveles de violencia que azotan a la sociedad.

La arquitecta Leslie Rosado, quien hace poco tiempo había recibido al señor Jesús como centro de su vida, fue aniquilada cuando su verdugo, un cabo de la Policía Nacional, logró alcanzarla y darle muerte con su arma de reglamento.

El hecho, que ha consternado a la sociedad dominicana, es una repetición de otros ocurridos no hace mucho tiempo, pero que han tenido de común que revelan un nivel de violencia y salvajismo en la sociedad dominicana que debe llamar a la preocupación.

Esta joven profesional, quien había participado en Boca Chica del cumpleaños de su padre, hija de una profesional de la Medicina y de un ingeniero, fue vilmente asesinada cuando tenía varios meses de embarazo.

Este caso, que se produjo en contra de una mujer que era una confesa evangélica, deja claro que ni siquiera los que se congregan en iglesias de las diferentes corrientes religiosas y que regularmente promueven el amor hacia el prójimo y que son excelentes ciudadanos, están exentos de caer víctimas de la violencia que azota a la sociedad.

Sólo un salvaje no pudo darse cuenta que estaba frente a una dama a carta cabal, porque su perfil habla por si solo, lo cual debió ser un motivo para que bajara el nivel de violencia de un agente que tiene como misión imponer el orden.

En realidad, se trata de una pérdida irreparable, porque además son dos las víctimas, ya que ella estaba embarazada, fruto de la actitud desaprensiva de un sujeto que ahora merece que se le aplique todo el peso de la ley sobre la materia.

No es fácil imaginarse lo que significa para sus padres la muerte de su hija por la irracionalidad de este agente policial y se puede asumir que esta dama no deseaba que tal accidente se produjera, porque su sola sensibilidad de madre así lo indica.

El hecho llena de rabia e indignación a cualquier persona, aunque no conozca personalmente a la víctima, porque se trata de una situación propia de una sociedad salvaje, que requiere de mucha educación para eliminar la soberbia que caracteriza a una buena parte de la gente.

No son pocas las personas que mueren como resultado de hechos sin sentido y que no ocurren regularmente en una sociedad civilizada, pero que son normales en lugares donde el salvajismo se encuentra por doquier.

Temas como el de la violencia deben ser parte de la agenda del Estado dominicano para llevar a la sociedad a los niveles de convivencia que reclama cualquier nación civilizada.

La Licenciada Elba Rosa García Hernández es abogada, comunicadora y activista social dominicana, con base en Santiago de los Caballeros. Es cofundadora de la firma legal "La Ley & Usted" y ejerce como litigante especialista en derecho civil, inmobiliario, penal y electoral y además se desempaña como jefa de información del periódico digital larepublicaonline.com, quien además es egresada de Derecho, Mercadeo y Secretario Ejecutivo de las universidades Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Abierta para Adultos (UAPA). Cuenta con formación en derecho inmobiliario, periodismo digital y marketing. Litiga casos complejos y se desempeña como consultora legal para diversas empresas corporativas. Es reconocida por su participación como panelista y comunicadora en plataformas digitales, donde analiza temas de relevancia jurídica, política y derechos humanos. Ha sido reconocida por su liderazgo y servicio social en la República Dominicana.

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Reportaje A Fondo

Hay una pregunta que está sobre la mesa: ¿POR QUÉ LA FUERZA MULTINACIONAL NO HA PODIDO RECUPERAR EL CONTROL DE de Haití?

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Haití atraviesa una de las crisis de seguridad y gobernabilidad más profundas de su historia reciente, ya que las bandas armadas, que anteriormente disputaban el control de barrios marginales, se han transformado en organizaciones criminales capaces de desafiar a las instituciones estatales, paralizar actividades económicas, controlar carreteras estratégicas y enfrentar directamente a una fuerza internacional respaldada por las Naciones Unidas.

Las organizaciones criminales mantienen bajo su influencia hasta el 90 % del área metropolitana de Puerto Príncipe, capital haitiana, donde está asentado el Estado, mientras extienden sus operaciones hacia otras regiones.

 La explicación del fenómeno puede ser encontrada en la insuficiencia de tropas, el tráfico internacional de armas e incluso desde su vecino la República Dominicana, la debilidad institucional y las conexiones entre sectores de poder y estructuras criminales que complican una intervención que no consigue restablecer la autoridad de un Estado que en la práctica sólo existe en el papel, pero no en la realidad.

La dimensión de este fenómeno plantea una interrogante que trasciende las fronteras haitianas: ¿cómo es posible que organizaciones criminales, sin constituir un ejército regular, hayan conseguido mantener bajo su dominio extensas zonas del país, mientras una intervención multinacional continúa sin lograr su desarticulación?

La respuesta parece encontrarse en una combinación de factores militares, políticos, económicos e institucionales que convierten el conflicto haitiano en un problema mucho más complejo que una simple confrontación entre policías y delincuentes.

Las estimaciones internacionales sitúan hasta en un 90 % el territorio de Puerto Príncipe y su área metropolitana bajo control o influencia de las organizaciones armadas.

Aunque esta proporción no representa la totalidad del territorio nacional, aunque lo que sí revela es la magnitud del debilitamiento de la autoridad estatal en la principal concentración urbana, política y económica de Haití.

La situación se ha extendido hacia los departamentos de Artibonito y Centro, donde las bandas han ejecutado ataques contra comunidades, establecido mecanismos de extorsión y disputado rutas de comunicación fundamentales para el abastecimiento de mercancías.

La influencia criminal también se ha manifestado mediante incursiones hacia el sudeste del país, cuyo dominio territorial no se limita a la presencia de hombres armados, ya que en numerosos sectores estas organizaciones condicionan la circulación de personas, amenazan a comerciantes, imponen pagos ilegales y determinan cuáles actividades pueden desarrollarse.

Se trata de una modalidad de poder de hecho que, aunque carece de legitimidad jurídica, restringe el ejercicio efectivo de la autoridad del Estado, pese a que informes recientes de expertos de Naciones Unidas también reconocen que las operaciones de seguridad han detenido determinados avances de las bandas y recuperado algunos espacios de la capital.

La dificultad principal consiste en convertir esas victorias parciales en una recuperación permanente, lo cual permite establecer que la fuerza multinacional proveniente de la comunidad internacional no haya tenido éxito en su misión en Haití

La comunidad internacional ha destinado importantes recursos al restablecimiento de la seguridad haitiana, pero los resultados continúan siendo insuficientes frente a la magnitud del desafío.

La misión multinacional inicialmente encabezada por Kenia enfrentó limitaciones de personal, financiamiento, transporte y equipamiento, lo que llevó a su sustitución por una fuerza de suspensión de pandillas, conocida por sus siglas en ingles GSF, la cual ha buscado superar esas dificultades mediante una estructura más amplia y una mayor capacidad operativa, pero el despliegue todavía continúa incompleto.

En su comparecencia del 19 de octubre de 2026 ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los responsables de la misión informaron que la fuerza internacional había superado los 2,000 efectivos, una cantidad todavía muy inferior a los aproximadamente 5,500 autorizados.

Esta diferencia constituye uno de los principales obstáculos para desarrollar operaciones sostenidas contra estructuras criminales dispersas en numerosos territorios, aunque el problema no se reduce a la cantidad de efectivos.

Las bandas conocen los sectores donde operan, cuentan con redes de información, utilizan barricadas y aprovechan la complejidad de los espacios urbanos para dificultar las operaciones policiales.

Cuando las autoridades recuperan determinadas posiciones, los grupos armados pueden desplazarse, reorganizarse y atacar comunidades menos protegidas, lo que hace que el conflicto adquiera características de una confrontación prolongada, en la que recuperar un barrio no significa necesariamente haber destruido la capacidad operativa de quienes anteriormente lo dominaban.

Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis haitiana es la capacidad de las bandas para conseguir armas, municiones y recursos económicos, lo que se sustenta en un negocio y en los mecanismos de financiamiento criminal.

Haití no posee una industria nacional importante de fabricación de armamentos, pero sus organizaciones criminales disponen de fusiles de asalto y otros equipos que les permiten enfrentar a las fuerzas de seguridad, cuya procedencia es la República Dominicana y otras fuentes internacionales.

Esta contradicción dirige la atención hacia las redes internacionales de tráfico ilícito, las fallas en los controles fronterizos y portuarios y la posible desviación de armamento desde otras fuentes.

Los expertos de Naciones Unidas han advertido que el embargo internacional de armas continúa siendo vulnerado y el problema adquiere mayor gravedad cuando se considera que las organizaciones criminales obtienen ingresos mediante secuestros, extorsiones, cobros ilegales por circulación de mercancías y otras actividades ilícitas.

La permanencia de estas fuentes de financiamiento permite reponer integrantes, adquirir equipos y mantener estructuras de intimidación, lo que en consecuencia permite que mientras las operaciones militares enfrentan a los hombres armados sobre el terreno, los mecanismos económicos que contribuyen a sostenerlos pueden continuar su operación.

De manera, que, sin perseguir las redes de abastecimiento y financiamiento, cualquier avance militar corre el riesgo de convertirse en una victoria temporal, pese a que la crisis haitiana también obedece a una dimensión política que resulta indispensable examinar.

El informe de expertos de Naciones Unidas divulgado en octubre de 2026 identifica presuntos vínculos entre determinadas organizaciones criminales y figuras de los sectores político, económico y de seguridad, cuyas revelaciones sugieren que el poder de las bandas no puede explicarse únicamente por su capacidad de fuego.

Existen indicios documentados de relaciones de protección, colaboración y aprovechamiento político de la violencia, aunque las responsabilidades individuales deben determinarse mediante investigaciones y procedimientos judiciales, lo cual no es posible para un Estado colapsado como el haitiano.

La utilización de grupos armados para intimidar comunidades, influir sobre determinados territorios o proteger intereses particulares constituye una amenaza directa para el funcionamiento democrático y la situación se vuelve especialmente delicada ante los esfuerzos por organizar elecciones nacionales después de años de inestabilidad.

Entonces, procede preguntarse ¿Cómo garantizar procesos electorales libres cuando comunidades enteras permanecen bajo amenazas de organizaciones armadas? y de qué manera asegurar que los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos si la circulación, la libertad de reunión y la seguridad personal dependen de estructuras criminales

Estas interrogantes demuestran que la recuperación de Haití exige tanto una estrategia de seguridad como una reconstrucción de la legitimidad institucional, lo cual no parece tan fácil de lograr y ahí se encuentra explicada la emboscada contra militares salvadoreños que revela la gravedad del conflicto.

Los acontecimientos del 18 de octubre de 2026 evidenciaron nuevamente la capacidad de las bandas para desafiar a las fuerzas internacionales, ya que cuatro técnicos militares salvadoreños vinculados a la misión multinacional desaparecieron después de una emboscada contra su vehículo en Croix-des-Bouquets, una zona próxima a Puerto Príncipe, donde operan poderosos grupos armados.

El ataque provocó operaciones de búsqueda y el envío de refuerzos por parte de El Salvador, cuyas informaciones posteriores sobre la posible recuperación de sus cuerpos generaron controversias, por lo que, hasta el momento no corresponde considerar conformada su identificación.

Más allá de ese desenlace, el incidente puso de manifiesto las dificultades operativas que enfrenta la intervención internacional y la capacidad de las bandas para atacar personal extranjero, interrumpir sus desplazamientos y provocar operaciones extraordinarias de rescate y que deja claro que estas organizaciones criminales conservan importantes recursos ofensivos.

También demuestra que el despliegue de efectivos internacionales no garantiza por sí mismo el control de los territorios donde operan las bandas armadas, siendo su principal víctima la población civil que arrastra una tragedia humana de enormes proporciones.

Se calcula que aproximadamente 1.5 millones de personas han sido desplazadas por la violencia y la inseguridad, mientras miles de familias enfrentan dificultades para acceder a alimentos, servicios sanitarios, educación y condiciones mínimas de protección.

Los informes de Naciones Unidas documentan asesinatos, secuestros, violencia sexual y reclutamiento de menores por organizaciones criminales, cuya violencia también afecta la producción agrícola y el transporte de mercancías, agravando las dificultades económicas de una población que ya padecía profundas condiciones de pobreza.

El debilitamiento de los servicios públicos favorece, además, la dependencia de las comunidades respecto de estructuras informales de protección, algunas de las cuales también han sido señaladas por cometer abusos y el desafío humanitario, por tanto, no puede separarse de la recuperación institucional

Un territorio podrá ser liberado de una organización armada, pero difícilmente alcanzará estabilidad si sus habitantes continúan sin escuelas, hospitales, protección policial y oportunidades económicas.

La prolongación de la crisis haitiana representa un desafío estratégico de primer orden para República Dominicana, ya que la frontera compartida y las relaciones comerciales, migratorias y sociales entre ambos países hacen que la inseguridad al oeste de la isla tenga repercusiones regionales.

Entre las principales preocupaciones figuran el tráfico ilícito de armas y mercancías, las redes criminales transfronterizas, los desplazamientos de la población y las dificultades para desarrollar intercambios económicos seguros.

Sin embargo, resulta fundamental distinguir entre las organizaciones criminales responsables de la violencia y la población haitiana, que constituye su principal víctima.

La política dominicana debe combinar la protección de su territorio y el fortalecimiento de sus instituciones fronterizas con la cooperación internacional y el respeto de los derechos humanos.

La estabilidad haitiana no depende exclusivamente de República Dominicana, pero constituye un interés estratégico para la seguridad y el desarrollo de toda la isla.

En este contexto surge la pregunta: ¿ES POSIBLE DERROTAR A LAS BANDAS?

La experiencia reciente demuestra que la recuperación de Haití no puede depender únicamente de aumentar las operaciones militares, sino que es indispensable completar el despliegue de la fuerza multinacional, mejorar su coordinación con  las autoridades haitianas y asegurar los recursos necesarios para  operaciones sostenidas.

También resulta imprescindible perseguir el financiamiento criminal, fortalecer los mecanismos de control del tráfico de armas y enfrentar las posibles redes de protección política y económica de las bandas a cuyas medidas debe añadirse la reconstrucción de la Policía Nacional, el sistema judicial y las instituciones administrativas.

La comunidad internacional puede contribuir a crear condiciones de seguridad, pero la autoridad legítima y permanente debe ser ejercida por el propio Estado haitiano, el cual requiere ser dotado de los niveles de institucionalidad necesarios.

La recuperación militar de un territorio solamente tendrá efectos duraderos cuando vaya acompañada del restablecimiento de servicios públicos y oportunidades para sus habitantes.

El fracaso relativo de las intervenciones internacionales no significa necesariamente que las organizaciones criminales sean militarmente invencibles, sino que el problema principal es que no ha sido posible la recuperación institucional de Haití y que prevalece una fragmentación del poder.

Más bien evidencia la dificultad de enfrentar redes armadas profundamente vinculadas con economías ilícitas, territorios empobrecidos y estructuras institucionales debilitadas, por lo que la comunidad internacional enfrenta el desafío de contribuir a restaurar la seguridad sin sustituir permanentemente las responsabilidades del Estado haitiano.

Por su parte, las autoridades haitianas necesitan recuperar no solamente el control físico de los territorios, sino también la confianza de una población sometida durante años a la violencia y al abandono.

La gran interrogante ya no consiste únicamente en determinar cuándo serán derrotadas las bandas, sino quién garantizará que no vuelvan a dominar los territorios recuperados.

Mientras continúen circulando las armas, persistan las fuentes de financiamiento criminal y no se reconstruya la autoridad institucional, el país seguirá expuesto a nuevos ciclos de violencia.

Haití necesita algo más que una victoria militar: necesita recuperar el Estado, reconstruir sus instituciones y devolver a sus ciudadanos el derecho a vivir sin miedo.

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Periodismo Interpretativo

Somalia vuelve a mirar de frente al hambre: miles de niños luchan por sobrevivir

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El cierre de centros de salud, la caída de la ayuda internacional, la sequía y el aumento del costo de los suministros agravan una crisis que golpea con especial dureza a la población infantil

Mogadiscio, Somalia.– Somalia vuelve a aproximarse peligrosamente a un escenario de hambre extrema. Hospitales saturados, niños con desnutrición severa, familias desplazadas y comunidades que han perdido prácticamente todo forman parte de una crisis humanitaria que se profundiza mientras disminuyen los recursos internacionales destinados a contenerla.

Uno de los rostros de esta emergencia es Shukri Mahad Mohamed, un niño de cuatro años que pesa apenas 4.5 kilos y recibe tratamiento por desnutrición aguda grave en el Hospital Daynile de Mogadiscio. Su madre, Madina Osman Hassan, de 22 años, permanece junto a él mientras el menor es alimentado mediante una sonda nasogástrica.

El caso de Shukri forma parte de una realidad que afecta a cientos de miles de menores. Según datos citados por Naciones Unidas, más de 493,000 niños han recibido atención por desnutrición aguda grave en Somalia, una condición que los coloca en riesgo de muerte.

Durante el primer semestre de 2026, los ingresos de niños en centros de estabilización por desnutrición aguda grave aumentaron 32 % respecto al mismo período del año anterior. Al mismo tiempo, más de 200 centros de salud y nutrición han cerrado debido a los recortes de financiación internacional.

Familias que entierran a sus hijos

En los campamentos de desplazados, la crisis se mide también en tumbas improvisadas.

Amina Abukar Tifu, de 26 años, llegó junto a su familia al asentamiento de Balow, en Burhakaba, después de abandonar su lugar de origen. Hace dos meses dio a luz estando anémicamente debilitada. Su bebé nació en condiciones precarias y murió poco después.

La familia lo enterró cerca de las chozas del campamento.

Amina relata que el hambre forma parte de la vida cotidiana y que tampoco cuentan con una vivienda adecuada para protegerse de las lluvias y el frío.

No es el único caso.

Otra residente del mismo campamento, Urtero Abdellahi, de 45 años, ha perdido a dos hijos a causa de la malnutrición. Uno tenía un año y el otro dos. Ahora intenta sacar adelante a otros siete menores, entre ellos un niño de cinco años que también presenta desnutrición grave.

El responsable del asentamiento, Abdi Adan, también perdió recientemente a un hijo de tres años.

“Nuestros hijos comen una vez al día”, relató al describir las condiciones en las que sobreviven las familias.

Seis millones padecen hambre aguda

Somalia tiene una población cercana a los 20 millones de habitantes y alrededor de seis millones, aproximadamente un tercio del país, padecen hambre aguda.

La capacidad de respuesta internacional resulta insuficiente: el Programa Mundial de Alimentos apenas puede asistir a una de cada diez personas que necesitan ayuda, debido principalmente a la falta de recursos.

Unicef advierte además que alrededor de 1.9 millones de niños se encuentran en riesgo de padecer desnutrición aguda.

En algunas zonas, solo el 5 % de los menores entre seis y 23 meses recibe la alimentación necesaria para desarrollarse adecuadamente.

La ayuda internacional se desploma

Uno de los factores que agrava la emergencia es la reducción drástica de los fondos destinados a Somalia.

Para 2026, Naciones Unidas había solicitado recursos equivalentes a unos US$852 millones, pero solo se había logrado financiar alrededor del 30.5 % de esa cantidad.

La diferencia resulta aún más dramática cuando se compara con 2022, año en que la cobertura del plan humanitario superó el 92 %.

La disminución de recursos ha obligado a cerrar establecimientos sanitarios y centros de nutrición, haciendo más difícil detectar tempranamente los casos de malnutrición.

Cuando algunos niños finalmente consiguen llegar a un hospital, lo hacen en condiciones mucho más graves.

Sequía, guerra y alimentos más caros

El hambre en Somalia no responde a una única causa.

A la reducción de la cooperación internacional se suman años de sequía, malas cosechas, desplazamientos internos, violencia armada e inestabilidad política.

El conflicto también encarece el traslado de alimentos y suministros médicos.

En Burhakaba, donde grupos vinculados a Al Shabab mantienen presencia en determinadas rutas, buena parte de la asistencia debe llegar por vía aérea.

Funcionarios de Unicef explican que transportar un kilo de ayuda desde Mogadiscio cuesta actualmente unos dos dólares y que los servicios aéreos se han encarecido alrededor de 40 % desde el año pasado.

En algunas comunidades rurales, el precio del agua se ha multiplicado por cuatro.

Un depósito de 200 litros que anteriormente costaba dos dólares puede alcanzar ahora los ocho.

Cientos de miles abandonan sus hogares

Las condiciones climáticas y la violencia han provocado también un enorme desplazamiento interno.

Solo durante 2026, unas 700,000 personas abandonaron sus lugares de residencia dentro de Somalia. De ellas, aproximadamente 500,000 lo hicieron directamente por la sequía, según datos del Consejo Noruego para los Refugiados.

Muchas terminan instalándose en campamentos improvisados construidos con ramas, telas y plásticos, donde el acceso a alimentos, agua potable y atención sanitaria sigue siendo limitado.

Ahora también preocupa el exceso de lluvia

Después de años marcados por la falta de agua, Somalia enfrenta una nueva amenaza: posibles inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Las previsiones citadas por Naciones Unidas estiman que las lluvias podrían afectar hasta a tres millones de personas y provocar el desplazamiento de alrededor de dos millones.

La paradoja resulta especialmente dura para quienes abandonaron sus comunidades huyendo precisamente de la sequía y ahora podrían verse obligados a desplazarse nuevamente, esta vez por inundaciones.

Una crisis que puede volver a convertirse en hambruna

Somalia ya sufrió en 2011 la primera hambruna oficialmente declarada del siglo XXI.

Quince años después, organismos humanitarios vuelven a advertir que el peligro no ha desaparecido.

La combinación de desnutrición infantil, reducción de la financiación, cierre de centros sanitarios, desplazamientos, conflictos armados y fenómenos climáticos extremos mantiene al país en una situación de enorme fragilidad.

En los hospitales y campamentos, sin embargo, las grandes cifras terminan adquiriendo nombres concretos: niños como Shukri, madres como Amina y familias que se enfrentan cada día a una pregunta elemental: si habrá suficiente comida para llegar al día siguiente.

Informaciones tomada de Elpais.com

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Reportaje A Fondo

Miles de niños en riesgo de que sean metidos en la maquinaria de deportación”

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El recorte de financiación para abogados que representen a menores no acompañados obligará a miles de ellos, desde bebés a adolescentes, a enfrentarse solos ante jueces y procesos legales complejos

Una joven de 12 años logró llegar a Estados Unidos luego de sufrir tráfico laboral y abusos desde que tenía cinco años; abogados buscan un beneficio migratorio para ella. Un niño sordo y autista fue secuestrado de camino a Estados Unidos; casi un año después, su madre logró rescatarlo y activistas le ayudaron a obtener documentos para quedarse en el país. En ambos casos, narrados por organizaciones, sin la ayuda de abogados de inmigración, los menores hubieran terminado deportados o, por desconocimiento, sin acceso a permisos de permanencia legal.

A partir de este viernes, miles de menores migrantes en EE UU, desde bebés hasta adolescentes, corren el riesgo de perder la asistencia de abogados que les han apoyado por años en sus casos. Ese día expiran los contratos que habían sido financiados desde 2003 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para apoyar a una red nacional de 100 organizaciones que brindan servicios legales a niños no acompañados (que llegaron sin sus padres o representantes legales) o que están en custodia migratoria. Se agudiza una crisis ya existente: en noviembre de 2025, el HHS retuvo más de 65 millones de dólares en fondos aprobados previamente por congresistas de ambos partidos. Sin ese dinero, las organizaciones se han visto obligadas a rechazar a nuevos clientes o simplemente a reducir ―y cerrar― sus operaciones.

“No sabemos qué va a pasar el primero de agosto porque el gobierno no nos ha informado el plan de transición para los 20.000 niños que tienen representación bajo este contrato”, explica Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia Center for Justice, una organización sin fines de lucro que recibía los fondos gubernamentales y los asignaba a más instituciones que ―como ellos― están dedicadas a la defensa de los menores. “Va a depender realmente de si los abogados tienen un financiamiento alternativo que les permita continuar”.

Una familia espera en los pasillos del piso 12 de 26 Federal Plaza, el mismo lugar donde patrullan los agentes del ICE con el rostro cubierto. Corte de Federal Plaza, Nueva York, octubre de 2025.

Aber cuenta que unas 30 organizaciones de la red están operando bajo una realidad financiera “complicada”. La situación, narra, obliga a muchos abogados a tener conversaciones “difíciles” con los niños sobre la posibilidad de que no puedan seguir representándolos. Son menores con solicitudes de asilo, peticiones de estatus de protección juvenil (porque fueron abandonados por uno o ambos padres) o víctimas de tráfico, todos beneficios complejos de pelear sin representación legal y que Donald Trump ha endurecido desde que asumió su segundo mandato en enero de 2025.

Ante la situación que está por venir para las organizaciones, a inicios de julio se conoció que el Departamento de Justicia pidió a la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas ―una agencia estatal para la defensa de casos criminales de residentes de bajos recursos― que le apoyara en la representación de menores migrantes en proceso de deportación. La Comisión confirmó a EL PAÍS que había recibido la propuesta, pero no precisó si la aceptaría. Según un reporte del diario The Texas Tribune, el director ejecutivo de esta comisión respondió al Departamento de Justicia que la defensa de menores no acompañados está fuera de la experiencia y alcance de su organización.

A diferencia de las cortes criminales, las de inmigración no tienen el deber de garantizar la representación de un abogado, ni siquiera a los menores de edad. Sin embargo, las organizaciones denuncian que no puede hablarse del debido proceso si los niños y adolescentes no entienden el sistema que enfrentan, las penalidades, los términos usados y sus consecuencias.

“Es coercitivo y traumatizante”

Las organizaciones hacen hincapié en los riesgos que corren los menores cuando son presentados en las cortes o son interrogados por funcionarios sin la presencia de abogados.

Un niño en custodia federal fue interrogado durante horas por funcionarios del gobierno. “Le decían que iba a quedar atrapado en detención, que sus familiares iban a ser detenidos y que no tenía derecho a acceder a un asilo”, cuenta Alexa Sendukas, una de las abogadas al frente del Programa de Niños y Jóvenes Migrantes del Proyecto de Representación al Inmigrante Galveston-Houston (GHIRP), al revivir la historia de uno de los menores que representan.

“Para un niño que llega de un viaje desde otro país, a menudo un viaje muy difícil y muchas veces bajo situaciones traumáticas, esto va a hacer que se rindan y regresen porque piensan que esa es su única opción, pero no lo es. La ley dice que tienen derechos, pero esos derechos no se están respetando”, dice Sendukas al catalogar el proceder de los funcionarios como “coercitivo y traumatizante”.

En un caso similar, la abogada principal del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante, Marie Silver, reveló en una declaración jurada ante una corte en noviembre de 2025 que, al revisar los documentos de un menor no acompañado en custodia, halló una carta que nunca había visto. En ella, las autoridades explicaban al niño que quien aceptara regresar voluntariamente a su país en las siguientes 72 horas, “todavía tendrá la oportunidad de solicitar una visa… en el futuro”. Pero que quien eligiera tener una audiencia ante un juez de inmigración, o quien indicara que tenía miedo de regresar a su país, quedaría bajo custodia federal “por un período prolongado” o expondría a la detención y deportación a sus guardianes o padres. En una decisión de abril de 2026, un juez federal prohibió expresamente a los agentes volver a presentar esta carta.

Una niña migrante dentro de un vehículo de la Patrulla Fronteriza, en Ruby, Arizona, el 24 de junio de 2024.

GHIRP también representa a menores no acompañados que habían sido liberados de la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, la agencia que acoge a los niños que cruzan la frontera sin padres o representantes legales). Algunos de estos niños han sido detenidos nuevamente y reenviados a estos albergues; en esos casos, sus familiares o guardianes han sido obligados a demostrar otra vez a las autoridades la relación con el niño. “Les dicen que esa misma persona tiene que proporcionar pruebas y pasar por un montón de trámites para recuperarlos, aunque ya habían sido aprobados como patrocinadores”, explica Sendukas.

Entre sus representados, GHIRP también ha encontrado a menores multados por entrar al país por puntos no autorizados de la frontera o por no tener estatus legal. Les dicen que tienen 30 días para apelar el castigo. Es parte de una sección de la mega ley tributaria firmada por Trump en julio de 2025 y que establece el pago de 5.000 dólares para cualquier extranjero que sea detenido en la frontera. Esta multa ―impuesta por la Patrulla Fronteriza― ha sido reportada por abogados de niños en custodia federal en Michigan, Nueva York y en Texas al menos desde septiembre de 2025.

“No tienen dinero. No tienen manera de pagar una multa al Gobierno de Estados Unidos. La mayoría ni siquiera sabe lo que es. No tienen idea de que este papeleo está en su expediente. Somos nosotros o los trabajadores sociales del albergue los que decimos: ‘Encontramos esto en el expediente del niño”, señala Sendukas. La abogada asegura que en la mayoría de los casos las apelaciones por estas multas han sido negadas.

Ella cuenta además que hay un grupo de menores que está siendo detenidos con más frecuencia por agentes de inmigración: adolescentes que ya vivían en Estados Unidos pero que fueron separados de sus familias y, por tanto, no entran en la categoría de menores no acompañados.

“Los sacan de sus escuelas, de sus comunidades y los envían a estas instalaciones de ORR. Muchas veces sus familias no saben qué pasó con ellos, les toma días encontrarlos de nuevo y, una vez que saben dónde están, les toca proveer cantidades de papeles, evidencias, pasar por chequeos de antecedentes, poner huellas, pruebas de ADN para demostrar que son sus cuidadores, cuando ya vivían con ellos y estaban bajo su cuidado porque son sus padres biológicos”, explica Sendukas. Uno de los casos que representan es el de una niña que repartía volantes con su padrastro. Ambos fueron detenidos y la madre tiene más de 200 días intentando recuperar la custodia de la menor.

EL PAÍS consultó al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados sobre las condiciones de los menores en su custodia y cómo proveerán asistencia legal una vez que terminen estos contratos. No respondieron.

Para el año fiscal 2025, ORR muestra en su página que recibió a 22.833 menores no acompañados referidos desde el Departamento de Seguridad Nacional. Durante ese año, el tiempo promedio de permanencia en custodia federal era de 117 días, más del triple que el año anterior. Sendukas dice que han tenido que hacer peticiones de habeas corpus para liberar a niños que han estado en custodia de ORR por más de 300 días. Shaina Aber habla de hasta 500 días y asegura que en el pasado ―incluso en el primer Gobierno de Trump― no superaba los 70 días.

La abogada de GHIRP cuenta que han visto casos de niños que se sienten optimistas, pero que con los días desarrollan una ansiedad, depresión y pérdida de la esperanza tan profunda que los lleva a pensar en abandonar sus casos.

Shaina coincide con Sendukas: “La salud mental de estos niños se está deteriorando. Bajo un ambiente coercitivo, les están pidiendo tomar decisiones que pueden tener consecuencias para sus vidas”.

El peor escenario

La deuda del gobierno con las organizaciones que defienden pro bono a menores no acompañados es de 65 millones de dólares, una cifra difícil de recaudar de forma independiente. El pago de estos fondos federales está siendo peleado en cortes, pero no habrá una decisión antes de este viernes, así que las organizaciones involucradas en el litigio llevan meses buscando alternativas para continuar operando.

La ONG Estrella del Paso, basada en la fronteriza ciudad de El Paso, en Texas, es una de las afectadas. Su directora ejecutiva, Melissa López, cuenta que desde el 17 de julio decidieron no aceptar nuevos casos; representan a 250 menores no acompañados. Por ahora, han estado trabajando semana a semana, y para cubrir los sueldos y gastos corrientes han usado fondos que tenían guardados. Están en busca de financiamiento para mantener los servicios al menos por unos meses. La deuda del Gobierno federal con ellos es de casi un millón de dólares.

“Nos ha tomado 20 años aprender cómo hablar con los niños para que se sientan a gusto aunque hayan pasado por un trauma”, apunta. “La pérdida de los fondos viene con la pérdida de atención a los niños y también la pérdida de un talento muy grande y específico en esta área de la ley”.

GHIRP está en una situación similar: el Gobierno federal les debe más de un millón de dólares. Sendukas asegura que, aunque buscan fondos independientes, es casi imposible conseguir un donante que pueda cubrir ese déficit tan elevado: “Haremos lo que podamos para mantenernos en la lucha y al lado de nuestros clientes”.

La abogada lamenta que la capacidad operativa haya sido mermada en momentos en que las autoridades migratorias están acelerando procesos migratorios como el asilo. Para el mes que viene, justo cuando ya no tendrán recursos federales, las autoridades fijaron 35 entrevistas de asilo con los menores a los que representan: son aproximadamente tres años de solicitudes de varios abogados reactivadas y comprimidas en un período de dos semanas. Ellos los acompañarán.

Sendukas nunca había visto una arremetida similar: “Es un esfuerzo muy coordinado, involucrando a múltiples agencias, para privar a estos niños del acceso a un abogado pro bono, para quitarles su derecho al debido proceso que la ley les otorga y para meterlos en la maquinaria de deportación”, sostiene. “Es un proceso que casi garantiza que el resultado para estos niños será una orden de deportación”.

elpais.com

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