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La Soga: ¿Cazador cazado o una trama para limpiar su nombre?

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Era la primera vez que el agente policial, a quien se le atribuyen decenas de muertes,  mostraba temor por su vida. Pero el hombre no fue asesinado ni tampoco permaneció escondido.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.-Tras  siete años de su supuesta huida y ocultamiento, el teniente (¿ex?) policial Fernando De los Santos (La Soga) ha reaparecido en los titulares de prensa.

Su apodo de La Soga está ligado a la infamia que rodea la labor de este oficial de policía al que se atribuye dar muerte a decenas de hombres considerados delincuentes, ninguno de los cuales tuvo la oportunidad de defenderse en un tribunal.

Lo extraño es que tanto sus abogados como ciudadanos entrevistados por medios de comunicación han afirmado que La Soga no estaba escondido, sino que llevaba una vida normal en un sector de Gurabo, Santiago. Y no faltó quien elogiara su labor de policía, argumentando que “limpió” las calles de Santiago de muchos delincuentes comunes.

A aparecer esposado, custodiado por sus antiguos compañeros de uniforme, el oficial ha declarado que  es inocente. Se muestra seguro de que todo se aclarará. De paso dijo que está en la disposición de servirle por 10 ó 15 años más a la “patria” desde las filas policiales.

En Santiago muy pocos  creen que en estos siete años las autoridades habían buscado al presunto  prófugo, que desertó de la Policía, en Noviembre del 2011 y quien había explicado en una supuesta carta manuscrita que no se entregaría, porque había una presunta trama para matarlo.

Era la primera vez que el agente policial, a quien se le atribuyen decenas de muertes,  mostraba temor por su vida. Pero el hombre no fue asesinado ni tampoco permaneció escondido.

 A mediado de octubre del 2011, el entonces jefe de la Policía Nacional, mayor general, José Armando Polanco Gómez y la entonces procuradora fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, declararon prófugo al teniente Fernando de los Santos, conocido como (La Soga). Fernando de los Santos estaba acusado de cobrar RD$ 250, 000.00 para matar a dos personas en Santiago

El tiempo pasó y la Policía necesitó  siete años para hallar y apresar a La Soga,  pero muy pocos ciudadanos, creen en la captura. De hecho uno de sus abogados niega que el aprehendido tuviera armas en su poder cuando lo contactaron, y alega  el ex policía estaba tranquilo y sin sobresalto de que lo fueran  a capturar, porque el caso principal por el cual fue acusado habría sido desestimado en los tribunales.

“No  está claro si se trata del cazador cazado o si es una trama para  llevarlo a la justicia y limpiar su nombre”, comentaron algunos ciudadanos en relación al caso,  cuya coerción se conoció en el Palacio de Justicia, el pasado viernes 3 de noviembre del 2017.

Tras conocerse del apresamiento de La Soga,  muchos sectores de Santiago, reaccionaron sorprendidos,  porque afirman conocer de las presuntas andanzas del ex teniente, quien gusta de las peleas de gallos y otras actividades comunes, a la vista de todos.

La coerción

El ex teniente Fernando de los Santos (La Soga), quien hace una semana figuraba en una lista de los 34 hombres, buscados por la Policía local, por crímenes, fue llevado a la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago, el jueves 02 de noviembre del 2017, rodeado por un contingente policial.

En principio el imputado evitó responder a los reporteros que buscaban su reacción respecto a su apresamiento y los crímenes que se le imputan, pero tanto La Soga,  como sus abogados están convencidos de que la labor que realizó el agente en las calles de Santiago  fue una “limpieza necesaria”.

Francisco Hernández, abogado prominente de Santiago de los Caballeros, cree que no hay pruebas de los casos que se le  imputan a La Soga y  afirma que  lo que procedía era el archivo del caso. Hernández, conocido en los medios, por su gran capacidad discursiva, también maneja la tesis de que no hay interés de llegar al fondo, sino procurar un impacto en la opinión pública, para tapar otras situaciones del Estado, como los escándalos de corrupción.

Durante el conocimiento de la coerción, en la cual se le impuso prisión preventiva de tres meses, los pasillos del Palacio de Justicia, estaban abarrotados. Algunos ciudadanos querían ver a La Soga, el hombre fuerte a quien le atribuyen al menos 35 muertes, cuya actuación se cree inspiró al actor Manny Pérez, para hacer la película “La Soga”.

Vestido de forma impecable, con traje  y lentes oscuros, el personaje, que supuestamente dirigía el llamado “Escuadrón de la Muerte” en  Santiago, lucía sereno pese a estar esposado y fuertemente custodiado. En los pasillos la gente murmuraba; unos expresando admiración y respeto por La Soga, y otros denostándolo, por considerarlo un asesino frío.

No faltaron parientes y amigos de La Soga, mostrándole apoyo y solidaridad. Las escaleras del Palacio de Justicia servían de gradas a los curiosos que querían perderse el espectáculo. Todos con sus teléfonos inteligentes listos para tomar fotos y vídeos.

Su mensaje

Fernando de los Santos (La Soga), como todo un líder, hizo una pausa para arengar a los suyos:

“A mi familia y a los que me siguen, que no se preocupen, que yo estaré con ellos otra vez”.

La Soga, tras recibir los tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, fue enviado a la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago, ubicada en el sótano del edificio. Desde allí sería trasladado a cárcel del Operaciones Especiales de la Policía Nacional, en Santo Domingo Oeste.

Cuando La Soga fue declarado prófugo

A mediado de octubre del 2011, el entonces jefe de la Policía Nacional, mayor general, José Armando Polanco Gómez y la entonces procuradora fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, declararon prófugo al teniente Fernando de los Santos, conocido como (La Soga).

Fernando de los Santos estaba acusado de cobrar RD$ 250, 000.00 para matar a dos personas en Santiago. En 2011, Bonel de Jesús Lanfraco Castro habría contratado a La Soga, por encargo de Joan Silverio Ureña, para ejecutar a Elvis Sebastián Valerio y Luis Roberto Torres, en represalia por un supuesto “tumbe” de 100 mil dólares, hecho ocurrido en septiembre 2011, ambos cuerpos fueron hallados en las aguas de la presa de Tavera, próximo a la provincia La Vega.

Todo sobre La Soga

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Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.

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Por Elba García

El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.

El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.

Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.

La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.

Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.

Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.

Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.

El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una  nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales,  morales, económicos y políticos,  lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con  el ordenamiento actual.

Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.

Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.

Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también  de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron  su llegada al poder en  que en  la República Dominicana se consolidaba un  partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.

Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.

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Mantienen en arresto domiciliario a coronel acusado de pertenecer a red de sobornos

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Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.

La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.

De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.

El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.

Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).

Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.

Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

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Apelarán no ha lugar que favorece a hombre imputado de crimen.

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Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por  el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de  Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.

El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.

Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.

La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.

Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.

El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.

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