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La Soga: ¿Cazador cazado o una trama para limpiar su nombre?
Era la primera vez que el agente policial, a quien se le atribuyen decenas de muertes, mostraba temor por su vida. Pero el hombre no fue asesinado ni tampoco permaneció escondido.
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.-Tras siete años de su supuesta huida y ocultamiento, el teniente (¿ex?) policial Fernando De los Santos (La Soga) ha reaparecido en los titulares de prensa.
Su apodo de La Soga está ligado a la infamia que rodea la labor de este oficial de policía al que se atribuye dar muerte a decenas de hombres considerados delincuentes, ninguno de los cuales tuvo la oportunidad de defenderse en un tribunal.
Lo extraño es que tanto sus abogados como ciudadanos entrevistados por medios de comunicación han afirmado que La Soga no estaba escondido, sino que llevaba una vida normal en un sector de Gurabo, Santiago. Y no faltó quien elogiara su labor de policía, argumentando que “limpió” las calles de Santiago de muchos delincuentes comunes.
A aparecer esposado, custodiado por sus antiguos compañeros de uniforme, el oficial ha declarado que es inocente. Se muestra seguro de que todo se aclarará. De paso dijo que está en la disposición de servirle por 10 ó 15 años más a la “patria” desde las filas policiales.
En Santiago muy pocos creen que en estos siete años las autoridades habían buscado al presunto prófugo, que desertó de la Policía, en Noviembre del 2011 y quien había explicado en una supuesta carta manuscrita que no se entregaría, porque había una presunta trama para matarlo.
Era la primera vez que el agente policial, a quien se le atribuyen decenas de muertes, mostraba temor por su vida. Pero el hombre no fue asesinado ni tampoco permaneció escondido.
A mediado de octubre del 2011, el entonces jefe de la Policía Nacional, mayor general, José Armando Polanco Gómez y la entonces procuradora fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, declararon prófugo al teniente Fernando de los Santos, conocido como (La Soga). Fernando de los Santos estaba acusado de cobrar RD$ 250, 000.00 para matar a dos personas en Santiago
El tiempo pasó y la Policía necesitó siete años para hallar y apresar a La Soga, pero muy pocos ciudadanos, creen en la captura. De hecho uno de sus abogados niega que el aprehendido tuviera armas en su poder cuando lo contactaron, y alega el ex policía estaba tranquilo y sin sobresalto de que lo fueran a capturar, porque el caso principal por el cual fue acusado habría sido desestimado en los tribunales.
“No está claro si se trata del cazador cazado o si es una trama para llevarlo a la justicia y limpiar su nombre”, comentaron algunos ciudadanos en relación al caso, cuya coerción se conoció en el Palacio de Justicia, el pasado viernes 3 de noviembre del 2017.
Tras conocerse del apresamiento de La Soga, muchos sectores de Santiago, reaccionaron sorprendidos, porque afirman conocer de las presuntas andanzas del ex teniente, quien gusta de las peleas de gallos y otras actividades comunes, a la vista de todos.
La coerción
El ex teniente Fernando de los Santos (La Soga), quien hace una semana figuraba en una lista de los 34 hombres, buscados por la Policía local, por crímenes, fue llevado a la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago, el jueves 02 de noviembre del 2017, rodeado por un contingente policial.
En principio el imputado evitó responder a los reporteros que buscaban su reacción respecto a su apresamiento y los crímenes que se le imputan, pero tanto La Soga, como sus abogados están convencidos de que la labor que realizó el agente en las calles de Santiago fue una “limpieza necesaria”.
Francisco Hernández, abogado prominente de Santiago de los Caballeros, cree que no hay pruebas de los casos que se le imputan a La Soga y afirma que lo que procedía era el archivo del caso. Hernández, conocido en los medios, por su gran capacidad discursiva, también maneja la tesis de que no hay interés de llegar al fondo, sino procurar un impacto en la opinión pública, para tapar otras situaciones del Estado, como los escándalos de corrupción.
Durante el conocimiento de la coerción, en la cual se le impuso prisión preventiva de tres meses, los pasillos del Palacio de Justicia, estaban abarrotados. Algunos ciudadanos querían ver a La Soga, el hombre fuerte a quien le atribuyen al menos 35 muertes, cuya actuación se cree inspiró al actor Manny Pérez, para hacer la película “La Soga”.
Vestido de forma impecable, con traje y lentes oscuros, el personaje, que supuestamente dirigía el llamado “Escuadrón de la Muerte” en Santiago, lucía sereno pese a estar esposado y fuertemente custodiado. En los pasillos la gente murmuraba; unos expresando admiración y respeto por La Soga, y otros denostándolo, por considerarlo un asesino frío.
No faltaron parientes y amigos de La Soga, mostrándole apoyo y solidaridad. Las escaleras del Palacio de Justicia servían de gradas a los curiosos que querían perderse el espectáculo. Todos con sus teléfonos inteligentes listos para tomar fotos y vídeos.
Su mensaje
Fernando de los Santos (La Soga), como todo un líder, hizo una pausa para arengar a los suyos:
“A mi familia y a los que me siguen, que no se preocupen, que yo estaré con ellos otra vez”.
La Soga, tras recibir los tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, fue enviado a la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago, ubicada en el sótano del edificio. Desde allí sería trasladado a cárcel del Operaciones Especiales de la Policía Nacional, en Santo Domingo Oeste.
Cuando La Soga fue declarado prófugo
A mediado de octubre del 2011, el entonces jefe de la Policía Nacional, mayor general, José Armando Polanco Gómez y la entonces procuradora fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso, declararon prófugo al teniente Fernando de los Santos, conocido como (La Soga).
Fernando de los Santos estaba acusado de cobrar RD$ 250, 000.00 para matar a dos personas en Santiago. En 2011, Bonel de Jesús Lanfraco Castro habría contratado a La Soga, por encargo de Joan Silverio Ureña, para ejecutar a Elvis Sebastián Valerio y Luis Roberto Torres, en represalia por un supuesto “tumbe” de 100 mil dólares, hecho ocurrido en septiembre 2011, ambos cuerpos fueron hallados en las aguas de la presa de Tavera, próximo a la provincia La Vega.
Todo sobre La Soga
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.