Análisis Noticiosos
La suerte de Miguel Olivero
Published
11 años agoon
Por Juan Bolívar Díaz
A las 8 de la noche del domingo 4 de enero del 2009 Miguel Abraham Olivero Jiménez, 22 años, fue sacado de la fiesta navideña que junto a su novia y otros muchachos celebraban en el parqueo de su residencia en el barrio Invi de Santo Domingo Este por dos agentes policiales que rondaban “en busca de delincuentes”. Lo subieron al motor en que patrullaban y tras llevarlo a un descampado le metieron un solo balazo en la pierna y lo condujeron luego al cuartel policial, donde la patrulla fue recriminada por crear problemas al llevarlo vivo. Porque debieron matarlo.
Realmente Miguel Abraham fue un muchacho dichoso. Está vivo porque algo le remordió al raso Carlos Manuel Cuevas Pérez, que misericordiosamente sólo le disparó a una pierna y desobedeció la orden de que lo rematara del cabo Julio Soto Reyes. Lo demás es que era hijo de un funcionario y profesor de la Universidad Autónoma y ex dirigente peledeísta, de los fundadores, Juan Tomás Olivero, quien movió todo lo que pudo para salvar a su hijo, incluso llamando al programa Jornada Extra, que estábamos realizando a esa hora por Teleantillas para denunciar la situación. El Rector de la UASD gestionó rápidamente ante la PN.
Miguel pudo ser trasladado a un hospital, bajo custodia policial, donde recibió atención y unos meses después logró su plena rehabilitación. Su dicha fue mayor porque además del coraje de su padre, tenía un pariente abogado, Praede Olivero Féliz, que aunque ejerce en Barahona, dedicaría más de tres años al caso en Santo Domingo, moviendo cielo y tierra hasta lograr una condena definitiva de la Suprema Corte contra los dos criminales
No fue nada fácil. Sufrieron un intento de agresión cuando iniciaron la querella en la fiscalía de Los Mameyes. En la audiencia preliminar refuerzos policiales procuraban intimidarlos. Abraham era amenazado. Tuvieron que mudarse del barrio, de su casa propia a una alquilada en el Distrito. La UASD les puso un equipo de seguridad para protegerlos. Participaron en una docena de emisiones del telediario Uno+Uno y de Jornada Extra.
El calvario judicial se resume como sigue: el 8 de enero del 2009 el Quinto Juzgado de Instrucción de la Prov. Santo Domingo dispone medida de coerción, remitiendo a los policías a La Victoria, donde nunca serían conducidos. Pese a ello el raso Cuevas es ascendido a cabo. El 6 de Julio del mismo 2009 el Cuarto Juzgado de Instrucción acoge la petición de juicio, y al comenzar marzo del 2010, el primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia los condena a diez años de cárcel y una indemnización de un millón de pesos.
Los abogados de los policías apelan el 8 de marzo y la Corte dispone un nuevo juicio por parte del Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual el 5 de Octubre ratifica la condena de diez años de prisión por asociación de malhechores, abuso de autoridad y por los golpes y la herida sufrida por Miguel Abraham. Una nueva apelación fue rechazada por la Corte de Apelación el 11 de abril del 2011, y como los acusados recurren en casación, la Suprema Corte la declara inadmisible el 10 de agosto del 2011, por lo que la condena queda como definitiva.
Un año después los policías no han llegado a la cárcel de La Victoria y siguen cobrando sus sueldos, según testimonió por televisión esta semana el abogado Olivero Féliz, quien además logró demostrar ante los tribunales que la pistola que atribuían al joven estudiante y empleado de la UASD era portada por uno de los policías, aunque había sido robada en un asalto a un establecimiento comercial.
Cuando le preguntamos a Olivero cuánto habría costado llevar ese juicio, dijo que por lo menos 500 mil pesos. La suerte de Miguel Abraham es tan grande que le salió gratis. Cualquiera tiene la tentación de considerar la justicia muy cara, prohibitiva y riesgosa para cualquier otro muchacho de barrio. Es duro nuestro estado de derechos.
Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy
Análisis Noticiosos
Otro proceso que ojalá sirva para sentar precedentes en el país en materia de corrupción.
Published
4 días agoon
marzo 20, 2023Por Elba García
La madrugada de este domingo la sociedad dominicana pudo observar el Operativo Calamar que buscó apresar a una serie de personajes del pasado gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Mediante unos 40 allanamientos el Ministerio Público arrestó a Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del PLD, Donald Guerrero, exministro de Hacienda, el exministro Administrativa de la Presidencia, José Ramon Peralta y el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, entre muchos otros.
Las acusaciones se conocen hace muchos meses y en consecuencia las detenciones es algo que se esperaba que ocurriera, lo que la gente se pregunta es por qué ahora y no antes y entonces de inmediato surge una respuesta que consiste en que si es porque se acerca la campaña electoral o porque el Gobierno del PRM y Luis Abinader no ha respondido el cuestionamiento de las adendas que ha autorizado el ministro de Obras Públicas, entre otros asuntos, aunque no se puede poner en duda la independencia del Ministerio Público.
Esa interrogante no es que les quite responsabilidad a los apresados por la comisión de una serie de actos de corrupción, lo que, naturalmente, justifica las acciones tomadas por el Ministerio Público durante la madrugada del pasado domingo, pero le quita cierta legitimidad por no dejar claras cuestiones de un personaje que no sólo es ministro de Obras Públicas, sino también jefe de campaña de la reelección de Abinader.
Estas importantes fichas peledeístas son acusadas de asociación de malhechores, desfalco, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, cuyas acciones del Ministerio Público luce que tiene una connotación política el caso denominado Calamar, porque se alega que el grupo es mucho más numeroso y que algo ha impedido que estén todos los que son y que ciertamente está vinculado al pago irregular de expropiaciones de inmuebles a través de Hacienda cuando era encabezada por Guerrero.
Los allanamientos durante el Operativo Calamar involucraron a 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo, evidentemente mucha espectacularidad.
Lo que mucha gente no entiende es por qué frente al involucramiento de gente del entorno tan cercano de Danilo Medina, lo cual compromete la responsabilidad del exmandatario, éste no ha sido llamado para que responda por todas las irregularidades que se señala ocurrieron durante su administración.
Es decir, este caso tiene una serie de aristas que deben ser tomadas en cuentas a la hora de evaluar el procedimiento y el momento en que se produce la persecución por actos de corrupción que vienen de hace varios años.
Entre los imputados hay otro personaje que crea mucho escepticismo y que cuando aparece en el escenario que se presenta ahora de inmediato genera también una serie de interrogantes, ya que tiene una fuerte vocación a verse involucrado en hechos de la misma naturaleza y se trata de Angel Lockward, quien luce ser una figura clave en la ocurrencia de los ilícitos.
De acuerdo a lo que se ha podido establecer, las acusaciones en contra de los apresados tienen tanto mérito que en agosto del 2022 la jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de la instrucción, autorizó a la PEPCA a obtener informes financieros respecto a una investigación abierta contra Guerrero, otros exfuncionarios y particulares sobre procesos irregulares e ilegales de deuda pública para desfalcar el patrimonio del Estado.
Las maniobras fraudulentas se realizaron para sustraer más de 19 mil millones de pesos del patrimonio público provenientes de acuerdos transnacionales que fueron utilizados para pagos de expropiaciones de terrenos en áreas protegidas y la simulación de compra y venta de terrenos sobre la base de supuestas deudas administrativas.
En estos casos el abogado Angel Lockwuard, especialista en derecho administrativa, parece haber jugado un papel clave en la comisión del desfalco en contra del Estado, quien sometió un recurso al Tribunal Superior Administrativo, el cual esta en fase de fallo, que persigue anular el informe presentado por auditores de la Contraloría General de la República sobre el pago de expropiaciones que sirvió de base para los apresamientos.
En ese informe de septiembre de 2021 de la Unidad Antifraude de Contraloría se establece que los investigados estafaron al Estado con más de 17,000 millones de pesos.
Análisis Noticiosos
Venezuela, de país de tránsito a productor de cocaína
Published
1 semana agoon
marzo 14, 2023EE UU y un estudio de ‘Insight Crime’ sostienen que durante el mandato de Maduro se ha aumentado la producción en cultivos y laboratorios
Caracas.- Venezuela se habría convertido en los últimos años en un país productor de droga, después de décadas de ser un puente clave para el tráfico de sustancias ilegales. Así lo asegura el Gobierno de Estados Unidos y el portal Insight Crime, un monitor hemisférico que hace seguimiento al impacto del crimen organizado en la región. “En la era Maduro, el tráfico de drogas se ha atomizado con una proliferación de actores. La participación del país en la cadena global de suministro se ha expandido más allá del tránsito de drogas, con las primeras incursiones en la producción de cocaína”, dice la investigación. Caracas, habitualmente a través funcionarios militares, cuestiona el sesgo de estos informes.
El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada colgó hace muy poco en sus redes sociales pruebas de varios operativos documentando la quema de cultivos de coca y amapola. “Se expulsará a todos aquellos que irrespeten nuestras leyes y ofendan la patria con sus infames vicios”, advierte la publicación.
En cualquier caso, el volumen de cultivo de hojas de coca en Venezuela, contabilizadas en cientos de hectáreas, es aún muy inferior al que existe en Colombia, el mayor productor del mundo con 200.000 hectáreas, o los países que le siguen, como Perú, con 20.000 hectáreas, o Bolivia, que tiene cerca de 10.000. Algunas fuentes apuntan a que, más que cultivos, lo que ha proliferado son los laboratorios de procesamiento, sobre todo en Estados llaneros, como Cojedes, o en la zona oriental del país.
“El narcotráfico ha cobrado importancia como un componente de las estrategias de Maduro para aferrarse al poder ante los embates sufridos por su Gobierno”, asegura Insight Crime. “Su objetivo no ha sido captar para sí mismo las riquezas del tráfico transnacional de cocaína, sino controlar y canalizar su flujo, usándolas como un mecanismo para premiar a los poderes políticos, militares y criminales que Maduro necesita para mantener el control del Gobierno”.
Se ha documentado la existencia de zonas de cultivo de marihuana, amapola y hoja de coca en las zonas fronterizas con Colombia: en la Sierra de Perijá, el sur del Lago de Maracaibo, el Estado Amazonas y en el Alto Apure. El abogado y criminólogo Luis Izquiel afirma que “hay zonas del departamento norte de Santander, el municipio de Tibú, en Colombia, donde el cultivo de drogas es de los mayores del mundo. Esa sobreexplotación ha permeado en Venezuela. Se están reclutando muchos emigrantes venezolanos necesitados como mano de obra por parte de grupos irregulares en las zonas de la frontera”.
El negocio y la gestión de la producción de droga local, antiguamente con mucha presencia colombiana, ha ido pasando a manos venezolanas, si bien parece indiscutible la presencia de las disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia, en la protección y el fomento de muchas de estas actividades. Los efectos del Plan Colombia, junto a los acuerdos de paz, han producido un importante desplazamiento de efectivos colombianos a Venezuela.
“Por supuesto que se ha agravado el problema del tráfico y el cultivo en el país”, afirma una conocida juez antinarcóticos que ha preferido mantener su nombre en la reserva. La magistrada explica que el Cartel de los Soles no opera bajo una organización criminal jerárquica clásica, asesinando selectivamente personas bajo el mando de un patrón, como sucede en Colombia o en México. “Es una red tupida de militares que hace negocios con los narcóticos, y son tolerados en las instancias oficiales a cambio de apoyo a la revolución. Aunque debo decir que también conozco muchos militares profesionales y honestos, empeñados en hacer su labor correctamente, con una posición inflexible sobre estos temas”, añade.
Javier Mayorca, director del portal especializado Crímenes sin Castigo, asegura que “Venezuela tiene pocos instrumentos para ubicar cultivos ilícitos y, desde la ruptura con la DEA, una ceguera voluntaria con esto. Pocas personas del exterior pueden certificar los esfuerzos locales. Lo que se ve desde Colombia es una densificación de cultivos hacia la línea limítrofe”. Mayorca agrega, además, que hay un criterio selectivo del Estado en el momento de atacar actividades de narcotráfico, y que ese sesgo se observa también en el combate al delito o a la minería ilegal. “A algunos los atacan durísimo, y a otros no los tocan ni con el pétalo de una rosa”, dice.
elpais.com
Análisis Noticiosos
“Tengo más miedo de vivir en Ecuador que de cruzar el Darién”
Published
2 semanas agoon
marzo 12, 2023Más de 250.000 personas cruzaron en el último año la peligrosa selva entre Colombia y Panamá. El ecuatoriano Dany Chapi lo hizo dos veces y ya planea la tercera
Guayaquil.- Dany Chapi decidió que migrar era la única opción que tenía para sostener a sus tres hijos y a su esposa. “Fue muy duro decirle a mi familia que me iba a ir, porque nunca nos habíamos separado”, recuerda. No les dijo cuándo se iría, ni se despidió de ellos, era un 4 de julio de 2022 cuando les avisó de que estaba en Colombia, rumbo a Panamá, para cruzar el peligroso camino por el Darién, un muro de selva entre Colombia y Panamá. Uno de los pulmones de América que esconde un infierno para cientos de miles de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos.
La meta estaba trazada, llegar a Norteamérica a cualquier costo, pero no lo consiguió en el primer intento. Dany fue detenido por migración en México y devuelto a Quito. Esperó un poco más de un mes para recuperarse de la deshidratación que le había dejado la travesía y volvió a irse, otra vez por el Darién. En esa ocasión los vecinos de su barrio se enteraron que haría de nuevo el viaje y 40 personas le pidieron ir con él, entre ellos ocho niños. “Había una señora que era bien gordita, viajaba con sus siete hijos, yo tenía miedo que no pudiera subir la montaña de la muerte, pero tenía tantas ganas, que ahí entre todos ayudamos”, dice Dany, que esta vez hizo de guía.
Los ecuatorianos son la segunda nacionalidad que más ha usado el paso irregular del Darién, según migración de Panamá. La cifra revela un aumento alarmante, para enero de 2022 se había registrado el paso de 100 personas, para octubre ya eran 8.587 en un solo mes, al finalizar el año 29.456 ecuatorianos habían cruzado esa selva. El aumento de la violencia en el país está detrás de las cifras.
De las 4.161 consultas médicas que ha realizado Médicos Sin Fronteras en las primeras semanas de enero a la salida del Darién, el 13,3% corresponden a pacientes ecuatorianos; es decir, 550 personas. En todo el 2022, el 7% de las 40.000 atenciones fueron a migrantes de Ecuador, entre ellos Dany. “Les pedí ayuda porque en el camino me dio gripe, pero lo peor es que se me hicieron cortes muy feos en las piernas y en los pies por las botas que estaban mojadas porque se entraba el agua al cruzar los ríos”, relata las consecuencias de las 12 horas caminando durante siete días.
“En el camino se ven muchas cosas, mucha gente que se rinde, mucha gente que se lesiona y no hay quien les ayude y se quedan ahí a morir”, describe Dany. Él también vio a los muertos en el río y lo subió a Tik Tok, donde fue documentando el viaje, a los niños que cruzaban por los ríos, las banderas de Ecuador que se amarraban en los árboles para dejar la huella, la pelea por los salvoconductos y los cortos recesos en los campamentos que se armaban al caer la noche. A Dany y a sus amigos también los asaltaron grupos armados en la mitad de la selva. Era la vida o 100 dólares, y en un instante perdieron todo el dinero que habían llevado.
Dany Chapi tenía tres talleres mecánicos en la capital ecuatoriana hasta antes de la pandemia, pero como muchas otras personas, los negocios cerraron y cuando la reactivación empezó logró sostener solo un local. Daba lo justo para una familia de cinco y pagar a los empleados, pero no para la “vacuna”, la extorsión que grupos criminales piden sin discriminación alguna a los negocios en Ecuador.
“Entraron dos veces al local, le avisé a la Policía pero no hizo nada”. Decidió migrar cuando los delincuentes visitaron no solo el negocio de Dany, sino el de toda la calle, a plena luz del día, para decirles que si no pagaban el valor mensual que pedían, habría consecuencias contra los bienes y la familia.
Después de atravesar en dos ocasiones la peligrosa selva, Dany sostiene: “Tengo menos miedo de cruzar el Darién que de vivir en Ecuador”. Ahora está planeando su tercer intento para ir a Norteamérica, esta vez lo hará con su esposa y tres hijos. La compleja situación de inseguridad del país sudamericano, donde han asesinado a más de 4.600 personas en el último año, ha desplazado a la falta de empleo y de oportunidades que desde siempre han sido los motivos por los cuales los ecuatorianos migran. “Muchas de las personas que se animan a hacer esta ruta han expresado que existe un factor de violencia o no se sentían seguras en el sitio en el que estaban”, explica Cristina Zugasti, representante de Médicos Sin Fronteras en Panamá.
“Un señor de 50 años que vino a consulta nos dijo que vendía cosas en la calle y que los grupos criminales le pidieron 2.000 dólares y él contaba que no podía pagar, entonces se fue”, añade. Hay otros casos en los que el miedo a que en cualquier momento les toque a ellos, los ha motivado a irse, como el de una mujer que en más de una ocasión la llamaron del colegio de los hijos mientras estaba en el trabajo. “Era la directora que no había pagado la vacuna y tenían que ir corriendo a recoger a los niños porque les habían amenazado con una bomba”, comenta Zugasti, en otro de los casos que han recogido en el poco tiempo que los médicos asisten con ayuda psicológica a los migrantes cuando salen del Darién.
La segunda vez que Dany cruzó la selva, atravesó Centroamérica y México y logró llegar a Estados Unidos. Empezó a trabajar ensamblando muebles de cocina a los pocos días. El sueño americano se había cristalizado. Pero su esposa decidió ir detrás de él, acompañada solo con sus hijos de 3 y 14 años, también lo hizo por la selva del Darién. “Fue muy duro pero lo lograron”, cuenta. Sin embargo, no corrieron con la misma suerte y fueron detenidos en México. Era diciembre de 2022, víspera de Navidad, cuando Dany recibió la llamada. “Mi esposa lloraba destrozada, estaba en Ecuador, los habían deportado”, y él decidió regresar a por ellos. “En junio lo intentaré de nuevo, pero con mi familia”, dice
elpais.com