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La Suprema Corte de Justicia somete un proyecto que regula el ejercicio de la abogacía y la notaría
SANTO DOMINGO. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) sometió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone regular el ejercicio de la abogacía y la notaría en la República Dominicana, iniciativa que sugiere se incluya dentro de las priorizadas para 2014.
De ser aprobada, no será posible acceder al ejercicio de la abogacía, sin haber obtenido el título de licenciado o doctor en derecho, y sin cumplir con los demás requisitos previstos en la ley. El título por sí solo no autorizará el ejercicio de la profesión.
Tampoco será posible ejercer la abogacía sin haber realizado una pasantía de dos años, y haber aprobado un examen de reválida. La pasantía deberá ser realizada en una institución vinculada al funcionamiento de los tribunales o al proceso de reforma judicial, con el objetivo de adquirir conocimientos y lograr experiencia con relación a la práctica judicial y el sistema de justicia.
Los objetivos de la pasantía son garantizar que el pasante se familiarice con el funcionamiento práctico del sistema de justicia. Las oficinas privadas de los abogados podrán ser acreditadas como centro de pasantía con la aprobación y supervisión de las cortes de apelación de cada Departamento judicial, sin perjuicio de que el órgano central encargado del control de las pasantías inspeccione directamente a dichas oficinas y las certifique con calidad para la acreditación para tales servicios.
De acuerdo con el proyecto de ley, será necesaria la autorización de una Comisión de Reválida -que será creada- para el ejercicio de la abogacía en el país. Esta comisión estará autorizada a intervenir en las diferentes etapas de la regulación prevista en la ley.
La Comisión de Reválida la integrarán el presidente de la SCJ; el director de la Escuela Nacional de la Judicatura; el encargado de Oficiales de Justicia del Consejo del Poder Judicial; el Procurador General de la República; el director Nacional de Defensa Pública; el presidente del Colegio de Abogados y un decano de una Escuela de Derecho de las Universidades acreditadas legalmente, y que sea elegido libremente por sus homólogos.
La propuesta establecería, asimismo, la educación continua y la reválida quinquenal, ya que la primera reválida no otorga un derecho irrevocable ni permanente.
Quedará automáticamente sin efectos en caso de no reválida en el plazo de cinco años, y podrá ser cancelada por la comisión de faltas.
Dispone, además, que sólo los abogados en ejercicio que acrediten su participación en programas de educación continua, en cursos que alcanzaren no menos de 600 horas reales cada año calendario, serán admitidos a renovar su título para continuar en el ejercicio de la abogacía.
El proyecto sometido por la Suprema Corte de Justicia establecerá los derechos y deberes de los abogados y notarios, los honorarios que han de cobrar por casos, sanciones para las faltas cometidas por los abogados y las reglas para someterlos a un juicio disciplinario.
La propuesta está motivada en la baja calidad de los profesionales del derecho y su masificación, que ha tenido como consecuencia la pérdida de confianza en sus servicios.
Baja calidad
Expresa la propuesta, enviada por la Suprema Corte de Justicia a la Cámara de Diputados, que la baja calidad de los abogados se expresa diariamente en el mal funcionamiento del sistema de justicia, y que se hace necesario superar ese fenómeno, logrando mayor capacitación de los profesionales del derecho, reivindicando la valoración que tiene la sociedad sobre estos profesionales, y por vía de consecuencia recuperar la confianza en ellos.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.