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La Suprema Corte de Justicia somete un proyecto que regula el ejercicio de la abogacía y la notaría

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VFGHJASSFYsuSANTO DOMINGO. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) sometió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone regular el ejercicio de la abogacía y la notaría en la República Dominicana, iniciativa que sugiere se incluya dentro de las priorizadas para 2014.

De ser aprobada, no será posible acceder al ejercicio de la abogacía, sin haber obtenido el título de licenciado o doctor en derecho, y sin cumplir con los demás requisitos previstos en la ley. El título por sí solo no autorizará el ejercicio de la profesión.

Tampoco será posible ejercer la abogacía sin haber realizado una pasantía de dos años, y haber aprobado un examen de reválida. La pasantía deberá ser realizada en una institución vinculada al funcionamiento de los tribunales o al proceso de reforma judicial, con el objetivo de adquirir conocimientos y lograr experiencia con relación a la práctica judicial y el sistema de justicia.

Los objetivos de la pasantía son garantizar que el pasante se familiarice con el funcionamiento práctico del sistema de justicia. Las oficinas privadas de los abogados podrán ser acreditadas como centro de pasantía con la aprobación y supervisión de las cortes de apelación de cada Departamento judicial, sin perjuicio de que el órgano central encargado del control de las pasantías inspeccione directamente a dichas oficinas y las certifique con calidad para la acreditación para tales servicios.

De acuerdo con el proyecto de ley, será necesaria la autorización de una Comisión de Reválida -que será creada- para el ejercicio de la abogacía en el país. Esta comisión estará autorizada a intervenir en las diferentes etapas de la regulación prevista en la ley.

La Comisión de Reválida la integrarán el presidente de la SCJ; el director de la Escuela Nacional de la Judicatura; el encargado de Oficiales de Justicia del Consejo del Poder Judicial; el Procurador General de la República; el director Nacional de Defensa Pública; el presidente del Colegio de Abogados y un decano de una Escuela de Derecho de las Universidades acreditadas legalmente, y que sea elegido libremente por sus homólogos.

La propuesta establecería, asimismo, la educación continua y la reválida quinquenal, ya que la primera reválida no otorga un derecho irrevocable ni permanente.

Quedará automáticamente sin efectos en caso de no reválida en el plazo de cinco años, y podrá ser cancelada por la comisión de faltas.

Dispone, además, que sólo los abogados en ejercicio que acrediten su participación en programas de educación continua, en cursos que alcanzaren no menos de 600 horas reales cada año calendario, serán admitidos a renovar su título para continuar en el ejercicio de la abogacía.

El proyecto sometido por la Suprema Corte de Justicia establecerá los derechos y deberes de los abogados y notarios, los honorarios que han de cobrar por casos, sanciones para las faltas cometidas por los abogados y las reglas para someterlos a un juicio disciplinario.

La propuesta está motivada en la baja calidad de los profesionales del derecho y su masificación, que ha tenido como consecuencia la pérdida de confianza en sus servicios.

Baja calidad

Expresa la propuesta, enviada por la Suprema Corte de Justicia a la Cámara de Diputados, que la baja calidad de los abogados se expresa diariamente en el mal funcionamiento del sistema de justicia, y que se hace necesario superar ese fenómeno, logrando mayor capacitación de los profesionales del derecho, reivindicando la valoración que tiene la sociedad sobre estos profesionales, y por vía de consecuencia recuperar la confianza en ellos.

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Ministerio Público crea Unidad Canina para fortalecer búsqueda de personas desaparecidas

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Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).

La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.

El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.

Agencias internacionales cooperarán

Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.

  • Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.

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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva

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Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.

Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.

Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.

Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.

Inconstitucionalidad por desproporcionalidad

Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.

Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.

«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.

Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.

Críticas a un fallo «literario y religioso»

La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.

Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.

Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.

“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.

Derecho a la salud y dignidad humana

El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.

Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.

Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.

Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.

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La JCE anuncia horario de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. para servicios a la ciudadanía

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación  por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.

El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.

Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:

1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella

La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».

Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.

«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.

Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.

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