Nacionales
La Suprema Corte de Justicia somete un proyecto que regula el ejercicio de la abogacía y la notaría
SANTO DOMINGO. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) sometió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone regular el ejercicio de la abogacía y la notaría en la República Dominicana, iniciativa que sugiere se incluya dentro de las priorizadas para 2014.
De ser aprobada, no será posible acceder al ejercicio de la abogacía, sin haber obtenido el título de licenciado o doctor en derecho, y sin cumplir con los demás requisitos previstos en la ley. El título por sí solo no autorizará el ejercicio de la profesión.
Tampoco será posible ejercer la abogacía sin haber realizado una pasantía de dos años, y haber aprobado un examen de reválida. La pasantía deberá ser realizada en una institución vinculada al funcionamiento de los tribunales o al proceso de reforma judicial, con el objetivo de adquirir conocimientos y lograr experiencia con relación a la práctica judicial y el sistema de justicia.
Los objetivos de la pasantía son garantizar que el pasante se familiarice con el funcionamiento práctico del sistema de justicia. Las oficinas privadas de los abogados podrán ser acreditadas como centro de pasantía con la aprobación y supervisión de las cortes de apelación de cada Departamento judicial, sin perjuicio de que el órgano central encargado del control de las pasantías inspeccione directamente a dichas oficinas y las certifique con calidad para la acreditación para tales servicios.
De acuerdo con el proyecto de ley, será necesaria la autorización de una Comisión de Reválida -que será creada- para el ejercicio de la abogacía en el país. Esta comisión estará autorizada a intervenir en las diferentes etapas de la regulación prevista en la ley.
La Comisión de Reválida la integrarán el presidente de la SCJ; el director de la Escuela Nacional de la Judicatura; el encargado de Oficiales de Justicia del Consejo del Poder Judicial; el Procurador General de la República; el director Nacional de Defensa Pública; el presidente del Colegio de Abogados y un decano de una Escuela de Derecho de las Universidades acreditadas legalmente, y que sea elegido libremente por sus homólogos.
La propuesta establecería, asimismo, la educación continua y la reválida quinquenal, ya que la primera reválida no otorga un derecho irrevocable ni permanente.
Quedará automáticamente sin efectos en caso de no reválida en el plazo de cinco años, y podrá ser cancelada por la comisión de faltas.
Dispone, además, que sólo los abogados en ejercicio que acrediten su participación en programas de educación continua, en cursos que alcanzaren no menos de 600 horas reales cada año calendario, serán admitidos a renovar su título para continuar en el ejercicio de la abogacía.
El proyecto sometido por la Suprema Corte de Justicia establecerá los derechos y deberes de los abogados y notarios, los honorarios que han de cobrar por casos, sanciones para las faltas cometidas por los abogados y las reglas para someterlos a un juicio disciplinario.
La propuesta está motivada en la baja calidad de los profesionales del derecho y su masificación, que ha tenido como consecuencia la pérdida de confianza en sus servicios.
Baja calidad
Expresa la propuesta, enviada por la Suprema Corte de Justicia a la Cámara de Diputados, que la baja calidad de los abogados se expresa diariamente en el mal funcionamiento del sistema de justicia, y que se hace necesario superar ese fenómeno, logrando mayor capacitación de los profesionales del derecho, reivindicando la valoración que tiene la sociedad sobre estos profesionales, y por vía de consecuencia recuperar la confianza en ellos.
Santo Domingo.- El doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón fue destituido como presidente del Instituto Duartiano en una Asamblea General Extraordinaria de la entidad, tras considerar que sus declaraciones y conducta se apartaron de la línea institucional que ha mantenido desde su fundación en 1964, basada en el pensamiento político de Juan Pablo Duarte.
La decisión se tomó este sábado debido a que la posición del doctor Rodríguez Grullón, en su breve mandato de un mes, resultó «incompatible con el vehemente accionar de esta entidad patriótica en su resuelta lucha en defensa de la soberanía nacional, y de los derechos, seguridad y garantías del pueblo dominicano», según el comunicado emitido por el Instituto.
Las declaraciones que desataron la controversia fueron las del propio Rodríguez Grullón, quien expresó que «muchos dominicanos que no quieren saber de los haitianos, pero que esos nacionales no se irían y que, por consiguiente, los dominicanos estaban obligados a convivir con ellos», añadiendo que “necesitamos una política coherente con los haitianos y no debemos descartar en nuestro presupuesto, algún tipo de ayuda al desarrollo de Haití”.
El Instituto Duartiano, en contraposición, reafirmó su postura, señalando que la solidaridad dominicana se ha manifestado ampliamente, destinando más del 25 por ciento del presupuesto general a asistir a nacionales haitianos indocumentados en el territorio dominicano, lo que consideran perjudicial para la población pobre dominicana.
La línea institucional del Instituto Duartiano quedó establecida en el “Manifiesto Patriótico al País y al Mundo”, del 6 de agosto de 2022, donde se proclamó que «no hay ni habrá jamás solución dominicana a los problemas de Haití aquí en nuestro territorio». Este manifiesto, según el Instituto, representa el inicio de un movimiento de defensa de la dominicanidad y resistencia activa por parte del pueblo dominicano.
El Instituto Duartiano aclaró que «los dominicanos no han fomentado jamás odio contra el pueblo haitiano, ni contra ningún otro pueblo», pero que no pueden permitir que se les siga agrediendo, desconociendo sus derechos y libertades, ni ocupando su territorio.
La destitución del doctor Rodríguez Grullón se produce tras el rechazo de diversos sectores patrióticos a sus posturas, lo que llevó a la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria.
En la misma asamblea, se eligió la nueva junta directiva nacional para el periodo 2025-2027, integrada por Wilson Gómez Ramírez, presidente; Jacinto Esteban Pichardo Vicioso, vicepresidente; Rafaela Mesa Simon, secretario general; José Pila Moreno Duarte, tesorero y Víctor César Zabala Sánchez, gobernador.
Son vocales Robinson Cuello Chanlatte, Dulce Ros, Julia Danitza Feliz Feliz, Eduardo Gautreaux de Windt y Carmen Herrera Medrano.
La nueva directiva asume el compromiso de continuar la defensa de los valores patrios y la soberanía nacional, en línea con los principios del Instituto Duartiano.
Sobre el Instituto Duartiano:
El Instituto Duartiano es un organismo oficial y autónomo, fundado el 26 de enero de 1964. La Ley número 127-01, del 27 de julio de 2001, le otorgó autonomía.
Su objetivo es promover la difusión de los ideales, la vida y el ejemplo del patricio Juan Pablo Duarte, así como los valores patrios y los gloriosos acontecimientos históricos del país.
Tiene la misión de llevar al pueblo dominicano la historia de Juan Pablo Duarte y tratar de que, por medio del conocimiento de sus ideales, laboriosidad, honestidad acrisolada, patriotismo, espíritu de servicio y vida ejemplar, exista un mejor ciudadano y una patria justa y feliz, como la soñó el padre de la Patria.
Nacionales
Vicepresidenta califica como «inaceptable»presencia de haitianos en el Altar de la Patria
SANTO DOMINGO. – Raquel Peña, vicepresidenta de la República, calificó este domingo como «inaceptable» que migrantes indocumentados pretendan utilizar espacios el Altar de la Patria, lugar done están los restos de dominicanos que lucharon por la libertad de la República Dominicana.
«La presencia de haitianos ilegales en la República Dominicana no lo vamos a permitir. Y en ese lugar tan sagrado, donde están los restos de esos dominicanos que pelearon por la libertad de nuestro país, menos todavía», expresó.
La vicepresidenta aseguró que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para resguardar no solo el Altar de la Patria, sino cualquier otro espacio del país. «Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que sea imposible que ese lugar se utilice, ni ningún lugar en la República Dominicana para eso», advirtió.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora General de la República, emitió la “Instrucción General para las Investigaciones del Tráfico Ilícito de Migrantes” en el contexto de la creación de la Unidad de la Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC) que dispuso el Consejo Superior del Ministerio Público, acogiendo una sugerencia del Poder Ejecutivo.
Los fiscales de todo el país deben dar alta prioridad a las investigaciones en las que se cuente con informaciones de inteligencia o evidencia de que funcionarios públicos e integrantes de instituciones militares y policiales sean miembros de estructuras criminales de tráfico ilícito de migrantes, según dispone la instrucción.
En los casos de que esos servidores públicos “recurran a la extorsión, reciban sobornos, cualquier dádiva o prebenda a cambio de facilitar este crimen”. “En estos casos, se deberá proceder a solicitar la inmediata suspensión de sus funciones del involucrado, a través de los órganos competentes”, indica la instrucción.
La instrucción, que busca fortalecer la política del Ministerio Público en la materia, dispone además gestionar el secuestro legal inmediato, para fines de posterior decomiso, de los vehículos propiedad de persona o empresas que hayan sido utilizados como medio de transporte para traficar migrantes, en los casos que el fiscal apoderado de la investigación pueda vincularlos de manera objetiva al proceso.
El Ministerio Público recordó en un comunicado que el tráfico ilícito de migrantes representa una de las formas más complejas y lucrativas de la criminalidad organizada transnacional. “Su dinámica implica no solo el cruce irregular de fronteras, sino, también, la articulación de redes delictivas que operan con altos niveles de planificación, logística y corrupción”.
Indica que la creación de esta unidad de Investigación Especial creada por el Consejo Superior del Ministerio Público tiene como objetivo principal desmantelar las estructuras criminales organizadas que lavan activos facilitando la entrada ilegal de migrantes al territorio dominicano.
La misma estará bajo la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), que encabeza la procuradora de Corte Yoanna Bejarán.
La unidad contará con recursos y tecnología de última generación, un holístico programa de formación en investigación compleja, incentivos especiales y evaluaciones periódicas para garantizar su idoneidad ética y técnica.