Latinoamericanas
La Suprema Corte valida la reforma judicial: México elegirá a sus jueces por voto popular
La Suprema Corte zanja, de una vez por todas, el conflicto que ha enfrentado durante meses al oficialismo con la judicatura y que puso al país al borde de una crisis política
México elegirá a partir del próximo año a todos sus jueces por voto popular. Se trata de miles de cargos judiciales de nivel federal y estatal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha cerrado definitivamente toda posibilidad de cambiar la reforma judicial instaurada por el oficialismo, con el impulso de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum en la presidencia del Gobierno. Un proyecto de sentencia proponía limitar o aminorar la cantidad de cargos judiciales a elegir en las urnas, pero ha sido rechazado este martes en el pleno del Supremo. Esta decisión del Alto Tribunal pone fin a meses de confrontación entre los jueces con Morena, que controla el Ejecutivo y domina arrolladoramente en el Congreso. La Suprema Corte requería de al menos ocho votos para aprobar el proyecto que limitaba la enmienda y ponía a salvo el futuro de miles de juzgadores. Sin embargo, el oficialismo contó con el apoyo in extremis del ministro Alberto Pérez Dayán, que esta vez no acompañó al bloque mayoritario. La resolución del Supremo supone un asomo a lo desconocido. Ningún país del tamaño de México vota a todos sus jueces.
Alrededor de 1.700 cargos judiciales de nivel federal tendrán que ser votados en las urnas en dos elecciones, una en 2025 y otra en 2027. Serán electos jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial —de reciente creación— y ministros de la Suprema Corte. Los 32 Estados que conforman la República también elegirán por voto popular a sus poderes judiciales locales en dos comicios. Los mexicanos tendrán que decidir entre miles de candidatos a jueces en todas las materias de los tribunales, desde los más elementales de justicia familiar hasta los más especializados en lo mercantil o las telecomunicaciones. El Instituto Nacional Electoral (INE), que estará a cargo de organizar los inéditos y complejos comicios, ha presupuestado un gasto público de al menos 13.200 millones de pesos (unos 656 millones de dólares) solo para la elección del próximo año. La reforma judicial fue impulsada por el oficialismo con el argumento de que la judicatura estaba ahogada por la corrupción y los privilegios y que era necesario renovarla de un plumazo.
El proyecto rechazado este martes por la Corte, y que fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, proponía que solo fuesen votados los jueces de la cúpula judicial —ministros del Supremo y magistrados electorales y de disciplina—, y que los jueces de distrito y magistrados de circuito se mantuvieran sujetos a los ascensos escalonados de la carrera judicial, que existe en México desde hace tres décadas. El proyecto también señalaba que era indebida la imposición, desde la Constitución federal, de un modelo u hoja de ruta a los Estados —que son libres y soberanos— para conformar a sus poderes judiciales.
Los ministros se enfrascaron en un largo debate técnico sobre si la Suprema Corte tiene facultades para revisar e invalidar reformas a la Constitución. El proyecto de sentencia, que finalmente fue apoyado por siete de los 11 ministros, sostenía que sí. El Supremo mexicano es un tribunal constitucional y como tal puede invalidar leyes generales que contradicen el texto de la Carta Magna. El proyecto de Alcántara señalaba que la Constitución es un conjunto de normas generales y que, en determinados casos, los cambios que se le hagan desde el Legislativo pueden ser revisados mediante la acción de inconstitucionalidad, que es el recurso que promovieron los partidos de oposición para controvertir la reforma oficialista.
Además, el ministro Alcántara advertía de que la enmienda judicial contradice las reglas fundamentales —o “pétreas”— que hacen de México una república federal y democrática, cuyo poder se asienta en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Su proyecto indicaba que la independencia del Poder Judicial, condición necesaria en toda democracia, descansa en garantías básicas que la reforma morenista ha borrado de la Constitución: la inamovilidad en el cargo de los jueces, un sistema adecuado de ascensos, la prohibición del despido injustificado y la irreductibilidad del salario.
La minoría en la Suprema Corte rechazó esta interpretación. Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cercanas al oficialismo, han afirmado que solo el Congreso puede modificar la Constitución y que las enmiendas no pueden ser revertidas por el Alto Tribunal. Se trata de una postura retomada del discurso político morenista. Tanto la presidenta Sheinbaum como los líderes del partido han afirmado que la reforma judicial es una expresión fiel de los anhelos populares, y han fustigado a la Corte por pretender “estar por encima del pueblo de México”, según palabras de la mandataria.
elpais.com
Agencia AFP
Caracas.-Delcy Rodríguez fue investida el lunes como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar.
«Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos», dijo Rodríguez en su juramento. «Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos».
Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. La corte suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.
CARACAS.- Tras la conmoción inicial por los bombardeos estadounidenses en la madrugada de este 3 de enero, las calles de Caracas están en calma.
Ciudadanos han salido de sus hogares para abastecerse de alimentos y medicinas, así como para exigir la liberación inmediata e incondicional del presidente Nicolás Maduro, capturado en la víspera por fuerzas de EE.UU. y trasladado junto con su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar un juicio por cargos de narcotráfico.
Del mismo modo, tras la entrada en vigor del Decreto de Conmoción Exterior anunciado en la víspera por la encargada presidencial –y otrora vicepresidenta– Delcy Rodríguez, las denominadas “milicias populares” se han desplegado en distintos puntos de la capital para hacer patrullaje y velar por el control territorial.
Manifestaciones de apoyo
Este domingo –y en continuación con lo registrado la jornada anterior– ciudadanos recorrieron avenidas de Caracas para expresar su respaldo a Maduro, rechazar su captura y la de Flores, y exigir su liberación inmediata.
En contraste, no se han registrado manifestaciones de apoyo a la oposición, que promovió abiertamente la intervención militar estadounidense y la imposición de medidas coercitivas unilaterales como mecanismos para expulsar a Maduro del poder y obtener, por esa vía, el control de la institucionalidad del país bolivariano.
Trump aseguró que la opositora María Corina Machado no podrá asumir el liderazgo de Venezuela, argumentando que «no tiene el apoyo interno ni el respeto dentro del país». En su lugar, dijo que podría trabajar con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
Despliegue policial y de milicianos
En zonas del este de la ciudad, como Los Ruices, se observó la presencia de contingentes policiales y de milicianos, movilizados de conformidad con lo contemplado en el decreto de conmoción y las órdenes dictadas esta jornada por el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
La noche del sábado, grupos comunitarios reportaron en las redes sociales el paso de caravanas motorizadas de patrullaje en urbanizaciones cercanas al centro histórico de Caracas.
La medida fue estimada como conveniente por la ciudadanía en razón del ataque cibernético que sufriera el sistema eléctrico venezolano en el contexto de la agresión estadounidense, pues algunas zonas de Caracas estuvieron a oscuras durante gran parte del sábado.
jt-am-sp
Latinoamericanas
Petro amenaza con volver a tomar las armas para defender la soberanía de amenazas de Trump
Agencia Efe
Bogotá.– El presidente colombiano, Gustavo Petro, amenazó este lunes con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de su país de la «amenaza ilegítima» del mandatario estadounidense, Donald Trump.
«Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989 (sic), pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero», dijo Petro en un largo escrito en su cuenta de X.
Reacciones y amenazas de Donald Trump contra Colombia
En su juventud, Petro hizo parte de la guerrilla del M-19 que se desmovilizó en 1990 después de firmar un acuerdo de paz con el entonces presidente colombiano Virgilio Barco (1986-1990).
Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Nicolás Maduro, que fue detenido con su esposa Cilia y ambos llevados ante un juez de Nueva York, Trump respondió: «a mí me suena bien eso».
«No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso», afirmó Petro para rechazar las acusaciones de Trump en su contra.
«La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor», subrayó.
Según Petro, si Estados Unidos «detiene al presidente», como lo hizo el pasado sábado en Caracas con Maduro y Flores tras un bombardeo en varios puntos de Venezuela, enfrentará la reacción popular.