Latinoamericanas
La Suprema Corte valida la reforma judicial: México elegirá a sus jueces por voto popular
La Suprema Corte zanja, de una vez por todas, el conflicto que ha enfrentado durante meses al oficialismo con la judicatura y que puso al país al borde de una crisis política
México elegirá a partir del próximo año a todos sus jueces por voto popular. Se trata de miles de cargos judiciales de nivel federal y estatal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha cerrado definitivamente toda posibilidad de cambiar la reforma judicial instaurada por el oficialismo, con el impulso de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum en la presidencia del Gobierno. Un proyecto de sentencia proponía limitar o aminorar la cantidad de cargos judiciales a elegir en las urnas, pero ha sido rechazado este martes en el pleno del Supremo. Esta decisión del Alto Tribunal pone fin a meses de confrontación entre los jueces con Morena, que controla el Ejecutivo y domina arrolladoramente en el Congreso. La Suprema Corte requería de al menos ocho votos para aprobar el proyecto que limitaba la enmienda y ponía a salvo el futuro de miles de juzgadores. Sin embargo, el oficialismo contó con el apoyo in extremis del ministro Alberto Pérez Dayán, que esta vez no acompañó al bloque mayoritario. La resolución del Supremo supone un asomo a lo desconocido. Ningún país del tamaño de México vota a todos sus jueces.
Alrededor de 1.700 cargos judiciales de nivel federal tendrán que ser votados en las urnas en dos elecciones, una en 2025 y otra en 2027. Serán electos jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial —de reciente creación— y ministros de la Suprema Corte. Los 32 Estados que conforman la República también elegirán por voto popular a sus poderes judiciales locales en dos comicios. Los mexicanos tendrán que decidir entre miles de candidatos a jueces en todas las materias de los tribunales, desde los más elementales de justicia familiar hasta los más especializados en lo mercantil o las telecomunicaciones. El Instituto Nacional Electoral (INE), que estará a cargo de organizar los inéditos y complejos comicios, ha presupuestado un gasto público de al menos 13.200 millones de pesos (unos 656 millones de dólares) solo para la elección del próximo año. La reforma judicial fue impulsada por el oficialismo con el argumento de que la judicatura estaba ahogada por la corrupción y los privilegios y que era necesario renovarla de un plumazo.
El proyecto rechazado este martes por la Corte, y que fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, proponía que solo fuesen votados los jueces de la cúpula judicial —ministros del Supremo y magistrados electorales y de disciplina—, y que los jueces de distrito y magistrados de circuito se mantuvieran sujetos a los ascensos escalonados de la carrera judicial, que existe en México desde hace tres décadas. El proyecto también señalaba que era indebida la imposición, desde la Constitución federal, de un modelo u hoja de ruta a los Estados —que son libres y soberanos— para conformar a sus poderes judiciales.
Los ministros se enfrascaron en un largo debate técnico sobre si la Suprema Corte tiene facultades para revisar e invalidar reformas a la Constitución. El proyecto de sentencia, que finalmente fue apoyado por siete de los 11 ministros, sostenía que sí. El Supremo mexicano es un tribunal constitucional y como tal puede invalidar leyes generales que contradicen el texto de la Carta Magna. El proyecto de Alcántara señalaba que la Constitución es un conjunto de normas generales y que, en determinados casos, los cambios que se le hagan desde el Legislativo pueden ser revisados mediante la acción de inconstitucionalidad, que es el recurso que promovieron los partidos de oposición para controvertir la reforma oficialista.
Además, el ministro Alcántara advertía de que la enmienda judicial contradice las reglas fundamentales —o “pétreas”— que hacen de México una república federal y democrática, cuyo poder se asienta en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Su proyecto indicaba que la independencia del Poder Judicial, condición necesaria en toda democracia, descansa en garantías básicas que la reforma morenista ha borrado de la Constitución: la inamovilidad en el cargo de los jueces, un sistema adecuado de ascensos, la prohibición del despido injustificado y la irreductibilidad del salario.
La minoría en la Suprema Corte rechazó esta interpretación. Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cercanas al oficialismo, han afirmado que solo el Congreso puede modificar la Constitución y que las enmiendas no pueden ser revertidas por el Alto Tribunal. Se trata de una postura retomada del discurso político morenista. Tanto la presidenta Sheinbaum como los líderes del partido han afirmado que la reforma judicial es una expresión fiel de los anhelos populares, y han fustigado a la Corte por pretender “estar por encima del pueblo de México”, según palabras de la mandataria.
elpais.com
Latinoamericanas
Pedro Alliana asume presidencia de Paraguay y promete compensar a afectados por crisis bancaria
EFE Globales
El nuevo mandatario asumió el poder tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político y anunció medidas para proteger los ahorros de millones de clientes afectados por el cierre de Ueno Bank.
ASUNCIÓN, Paraguay. – Pedro Alliana juró este viernes 6 de noviembre de 2026 como nuevo presidente de Paraguay, luego de que el Congreso destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político relacionado con el escándalo financiero provocado por la crisis de Ueno Bank.
En su primer discurso como jefe de Estado, Alliana prometió garantizar compensaciones a los ciudadanos afectados por el cierre de la entidad bancaria y adoptar medidas urgentes para proteger los recursos públicos y privados comprometidos.
El nuevo gobernante aseguró que su administración dará prioridad a los ahorristas de menores recursos, quienes enfrentan dificultades económicas como consecuencia de la situación financiera.
Crisis bancaria provoca cambio de Gobierno
La llegada de Alliana a la Presidencia se produjo después de que el Senado paraguayo declarara culpable a Santiago Peña de mal desempeño de funciones durante un juicio político celebrado en ausencia del mandatario.
La decisión estuvo relacionada con los cuestionamientos sobre los vínculos del ahora expresidente con Ueno Bank, entidad financiera cuya crisis provocó preocupación entre los depositantes y las instituciones públicas que mantenían recursos en ese banco.
Peña había sido accionista del grupo propietario de la institución hasta 2025, mientras que durante su administración distintas entidades estatales depositaron importantes recursos en el sistema financiero vinculado al banco.
La situación desencadenó una crisis política que culminó con la destitución presidencial y la llegada al poder de quien hasta entonces ocupaba la Vicepresidencia de la República.
Cerca de tres millones de clientes afectados
De acuerdo con las informaciones difundidas, Ueno Bank contaba con aproximadamente 2.94 millones de clientes, entre personas particulares e instituciones que administran fondos de pensiones.
Entre las entidades afectadas figura el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo estatal cuyos recursos quedaron comprometidos por las restricciones impuestas a la institución financiera.
La intervención del banco por parte del Banco Central del Paraguay generó incertidumbre entre los depositantes, especialmente aquellos que dependen de sus ahorros para cubrir necesidades básicas.
Ante esta situación, Alliana anunció que su Gobierno trabajará para acelerar los mecanismos de devolución de depósitos y garantizar la protección de los sectores más vulnerables.
Nuevo presidente promete medidas inmediatas
Durante la ceremonia de juramentación, celebrada ante el Congreso Nacional, Alliana recibió la banda y el bastón presidencial de manos del presidente del Poder Legislativo, Basilio Núñez.
El mandatario aseguró que no abandonará a las personas afectadas por la crisis y prometió impulsar medidas orientadas a restablecer la confianza en el sistema financiero.
Asimismo, instruyó a las autoridades correspondientes a adoptar acciones inmediatas para compensar a los ahorristas, otorgando especial atención a quienes enfrentan mayores dificultades económicas.
No obstante, todavía queda por determinar el alcance de las compensaciones, los mecanismos de ejecución y los plazos en que los afectados podrían recuperar la totalidad de sus recursos.
Alliana completará período presidencial hasta 2028
Pedro Alliana asumió la jefatura del Estado con el compromiso de completar el mandato constitucional iniciado en agosto de 2023, cuyo término está previsto para agosto de 2028.
El nuevo presidente, perteneciente al Partido Colorado, había acompañado a Santiago Peña como candidato vicepresidencial durante las elecciones generales de 2023.
Su llegada al poder ocurre en un escenario de incertidumbre económica y política, marcado por la necesidad de estabilizar el sistema financiero y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Paraguay enfrenta el desafío de recuperar la confianza
La crisis de Ueno Bank y sus consecuencias políticas representan un desafío para el nuevo Gobierno, que deberá atender simultáneamente las demandas de los ahorristas, la estabilidad bancaria y los cuestionamientos sobre la administración de los recursos estatales.
La destitución de Santiago Peña también abre una nueva etapa institucional en Paraguay, donde las autoridades deberán esclarecer las responsabilidades derivadas del colapso financiero mediante las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.
Mientras tanto, el presidente Pedro Alliana ha colocado la compensación de los afectados entre las prioridades de su administración, en un intento por contener las repercusiones económicas y sociales de una crisis que provocó un cambio inesperado en la conducción política del país.
Latinoamericanas
Detienen a Santiago Peña, expresidente de Paraguay, tras ser destituido del cargo en medio de crisis bancaria
El Senado de Paraguay había destituido a Peña tras declararlo culpable de «mal desempeño de funciones» en un juicio político celebrado en su ausencia, en medio de la crisis que desató el cierre de Ueno bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa entidad financiera.
Asunción, Paraguay.-La Policía Nacional de Paraguay informó este viernes que el expresidente Santiago Peña, destituido horas antes por el Senado en un juicio político, «ya se encuentra detenido”.
El Senado de Paraguay había destituido a Peña tras declararlo culpable de «mal desempeño de funciones» en un juicio político celebrado en su ausencia, en medio de la crisis que desató el cierre de Ueno bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa entidad financiera.
El ahora exmandatario -que perdió el apoyo del gobernante Partido Colorado- no acudió al Legislativo, pese a haber sido convocado personalmente, y delegó su representación en los letrados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes presentaron la defensa «técnica» y «jurídica» de Peña.
Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenó un procedimiento de resolución del Ueno, una institución con 2,94 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato del ahora exgobernante millonarios recursos de entidades públicas.
Este viernes, los diputados que actuaron como acusadores en el juicio político denunciaron la pérdida de unos 1.200 millones de dólares «del pueblo paraguayo» tras el cierre de Ueno bank, y pidieron declarar culpable al mandatario, al que calificaron como «el desfalcador más grande de la historia» del país.
Durante el juicio, el senador opositor Rafael Filizzola calificó el vaciamiento del banco como «el escándalo de corrupción más grande» de la era democrática en Paraguay, y rebatió los pronunciamientos de los defensores de Peña, que alertaron de la supuesta nulidad del procedimiento.
Peña permanecía en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó este jueves.
El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, «salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables».
Poco antes de la votación, Peña afirmó en su cuenta de X que había presentado su renuncia para evitar más daño al país y contribuir a recuperar la tranquilidad.
«No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal», señaló en un mensaje en el que también llamó a los paraguayos a unirse para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.
Latinoamericanas
Policía haitiana intensifica ofensiva contra bandas armadas y reporta unos 20 muertos en Arcahaie
Entre los fallecidos figura un presunto cabecilla identificado como «Galaxy». Los enfrentamientos se producen en medio de un amplio despliegue de militares salvadoreños para localizar a cuatro integrantes de una fuerza internacional desaparecidos tras una emboscada.
PUERTO PRÍNCIPE, Haití. – La Policía Nacional de Haití (PNH) informó este domingo 1 de noviembre de 2026 que aproximadamente 20 presuntos integrantes de organizaciones criminales murieron durante una operación desarrollada en la comuna de Arcahaie, al noroeste de la capital, en medio de una nueva escalada de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las bandas armadas que operan en el territorio haitiano.
Según el comunicado policial, la intervención tuvo lugar el jueves 29 de octubre y dejó también varios presuntos pandilleros gravemente heridos. Entre los fallecidos se encuentra un hombre conocido como «Galaxy», señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de los grupos criminales que mantienen presencia en la zona.
Bandas responden con nuevos ataques
La situación de seguridad volvió a agravarse durante la madrugada del sábado 31 de octubre, cuando individuos armados atacaron la localidad de Bercy, perteneciente a Arcahaie, aparentemente en represalia por la operación policial.
Ante la nueva incursión, unidades especializadas de la Policía haitiana respondieron para contener el ataque y evitar que los grupos armados ampliaran su control territorial.
Entre los organismos participantes figuraron la Brigada Departamental de Operaciones e Intervención (BOID) y el Cuerpo de Intervención y Mantenimiento del Orden (CIMO).
Las autoridades aseguraron que mantienen sus posiciones en Arcahaie y que continuarán las operaciones dirigidas a enfrentar la presencia de las organizaciones criminales.
La cifra de fallecidos corresponde al balance comunicado por la institución policial y no ha sido corroborada de manera independiente.
Residentes colaboran con las autoridades
Medios haitianos informaron que habitantes de Arcahaie participaron en acciones de apoyo a las fuerzas de seguridad durante los enfrentamientos.
También circularon en plataformas digitales imágenes en las que se observa a motociclistas arrastrando por las calles los cuerpos de algunos presuntos integrantes de las bandas que habrían muerto durante las operaciones.
Estos episodios reflejan el deterioro de las condiciones de seguridad y el clima de violencia que afecta a distintas comunidades haitianas.
Sin embargo, la participación de civiles en situaciones de confrontación armada plantea preocupaciones sobre su protección, así como sobre el respeto a la dignidad de las personas fallecidas y la preservación de posibles evidencias para las investigaciones.
Más de 2,000 militares salvadoreños desplegados en Haití
Las operaciones de la Policía Nacional haitiana se desarrollan en un contexto de mayor presencia militar internacional, tras la llegada de un contingente de más de 2,000 efectivos salvadoreños.
El despliegue tiene entre sus objetivos localizar a cuatro integrantes salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desaparecidos desde el pasado 18 de octubre.
De acuerdo con los reportes disponibles, los militares fueron emboscados por integrantes de organizaciones criminales mientras se desplazaban en un vehículo de la misión internacional por el sector Santo, en Croix-des-Bouquets, próximo a Puerto Príncipe.
Desde entonces, su paradero permanece sin confirmación pública.
La desaparición provocó el incremento de las acciones de búsqueda y patrullaje en distintas localidades cercanas a la capital haitiana.
Bukele y fuerza multinacional rechazan denuncias de bombardeos
Paralelamente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y representantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas rechazaron las acusaciones sobre supuestos bombardeos contra zonas habitadas por civiles durante las operaciones militares.
Las denuncias fueron formuladas por UNA-Haití, una organización con sede en Nueva York vinculada a sectores de la diáspora haitiana.
Frente a estos señalamientos, la GSF sostuvo que sus operaciones no incluyen el empleo de artefactos explosivos y aseguró que las aeronaves utilizadas por sus unidades no transportan ese tipo de armamento.
La fuerza internacional también afirmó que sus actuaciones se desarrollan bajo normas operacionales orientadas a proteger a la población civil.
Por su parte, Bukele negó las acusaciones y cuestionó las versiones difundidas sobre supuestos ataques aéreos indiscriminados.
Las denuncias y los desmentidos reflejan la controversia sobre los métodos empleados en las operaciones de seguridad. La información disponible no permite establecer de manera independiente la veracidad de las acusaciones.
Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad
La intensificación de los enfrentamientos evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades haitianas para recuperar el control de territorios donde las organizaciones criminales mantienen una fuerte presencia.
La expansión de las bandas ha provocado graves consecuencias humanitarias, incluyendo desplazamientos de familias, interrupciones de actividades económicas y dificultades para acceder a servicios esenciales.
La inseguridad también representa un desafío para el funcionamiento de las instituciones públicas y para los esfuerzos internacionales encaminados a contribuir con la estabilización del país.
En este escenario, las intervenciones policiales y militares constituyen una parte de la respuesta frente a la violencia, pero la recuperación sostenible de la seguridad también requiere fortalecer las instituciones judiciales, combatir las redes de financiamiento criminal y garantizar la protección de los derechos fundamentales.
Una ofensiva cuyo resultado sigue siendo incierto
Aunque la Policía haitiana reporta importantes bajas entre los grupos armados que operan en Arcahaie, todavía no está claro si estas acciones permitirán recuperar de manera permanente el control de las zonas afectadas.
Las autoridades mantienen sus unidades desplegadas ante la posibilidad de nuevas incursiones, mientras continúan las operaciones de búsqueda de los militares salvadoreños desaparecidos.
La evolución de los acontecimientos será determinante para evaluar el alcance de la respuesta de las fuerzas de seguridad y sus consecuencias para la población.
La crisis haitiana continúa poniendo de manifiesto que la recuperación del orden público no depende únicamente de la capacidad de enfrentar militarmente a las bandas, sino también de reconstruir instituciones capaces de garantizar seguridad, justicia y estabilidad a largo plazo.