Latinoamericanas
La Suprema Corte valida la reforma judicial: México elegirá a sus jueces por voto popular
La Suprema Corte zanja, de una vez por todas, el conflicto que ha enfrentado durante meses al oficialismo con la judicatura y que puso al país al borde de una crisis política
México elegirá a partir del próximo año a todos sus jueces por voto popular. Se trata de miles de cargos judiciales de nivel federal y estatal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha cerrado definitivamente toda posibilidad de cambiar la reforma judicial instaurada por el oficialismo, con el impulso de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum en la presidencia del Gobierno. Un proyecto de sentencia proponía limitar o aminorar la cantidad de cargos judiciales a elegir en las urnas, pero ha sido rechazado este martes en el pleno del Supremo. Esta decisión del Alto Tribunal pone fin a meses de confrontación entre los jueces con Morena, que controla el Ejecutivo y domina arrolladoramente en el Congreso. La Suprema Corte requería de al menos ocho votos para aprobar el proyecto que limitaba la enmienda y ponía a salvo el futuro de miles de juzgadores. Sin embargo, el oficialismo contó con el apoyo in extremis del ministro Alberto Pérez Dayán, que esta vez no acompañó al bloque mayoritario. La resolución del Supremo supone un asomo a lo desconocido. Ningún país del tamaño de México vota a todos sus jueces.
Alrededor de 1.700 cargos judiciales de nivel federal tendrán que ser votados en las urnas en dos elecciones, una en 2025 y otra en 2027. Serán electos jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial —de reciente creación— y ministros de la Suprema Corte. Los 32 Estados que conforman la República también elegirán por voto popular a sus poderes judiciales locales en dos comicios. Los mexicanos tendrán que decidir entre miles de candidatos a jueces en todas las materias de los tribunales, desde los más elementales de justicia familiar hasta los más especializados en lo mercantil o las telecomunicaciones. El Instituto Nacional Electoral (INE), que estará a cargo de organizar los inéditos y complejos comicios, ha presupuestado un gasto público de al menos 13.200 millones de pesos (unos 656 millones de dólares) solo para la elección del próximo año. La reforma judicial fue impulsada por el oficialismo con el argumento de que la judicatura estaba ahogada por la corrupción y los privilegios y que era necesario renovarla de un plumazo.
El proyecto rechazado este martes por la Corte, y que fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, proponía que solo fuesen votados los jueces de la cúpula judicial —ministros del Supremo y magistrados electorales y de disciplina—, y que los jueces de distrito y magistrados de circuito se mantuvieran sujetos a los ascensos escalonados de la carrera judicial, que existe en México desde hace tres décadas. El proyecto también señalaba que era indebida la imposición, desde la Constitución federal, de un modelo u hoja de ruta a los Estados —que son libres y soberanos— para conformar a sus poderes judiciales.
Los ministros se enfrascaron en un largo debate técnico sobre si la Suprema Corte tiene facultades para revisar e invalidar reformas a la Constitución. El proyecto de sentencia, que finalmente fue apoyado por siete de los 11 ministros, sostenía que sí. El Supremo mexicano es un tribunal constitucional y como tal puede invalidar leyes generales que contradicen el texto de la Carta Magna. El proyecto de Alcántara señalaba que la Constitución es un conjunto de normas generales y que, en determinados casos, los cambios que se le hagan desde el Legislativo pueden ser revisados mediante la acción de inconstitucionalidad, que es el recurso que promovieron los partidos de oposición para controvertir la reforma oficialista.
Además, el ministro Alcántara advertía de que la enmienda judicial contradice las reglas fundamentales —o “pétreas”— que hacen de México una república federal y democrática, cuyo poder se asienta en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Su proyecto indicaba que la independencia del Poder Judicial, condición necesaria en toda democracia, descansa en garantías básicas que la reforma morenista ha borrado de la Constitución: la inamovilidad en el cargo de los jueces, un sistema adecuado de ascensos, la prohibición del despido injustificado y la irreductibilidad del salario.
La minoría en la Suprema Corte rechazó esta interpretación. Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cercanas al oficialismo, han afirmado que solo el Congreso puede modificar la Constitución y que las enmiendas no pueden ser revertidas por el Alto Tribunal. Se trata de una postura retomada del discurso político morenista. Tanto la presidenta Sheinbaum como los líderes del partido han afirmado que la reforma judicial es una expresión fiel de los anhelos populares, y han fustigado a la Corte por pretender “estar por encima del pueblo de México”, según palabras de la mandataria.
elpais.com
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.
PUERTO PRINCIPE.- Más de ochenta personas han perdido la vida y cerca de un centenar han resultado heridas a causa de los enfrentamientos que mantienen desde el pasado domingo bandas armadas en Cité-Soleil, a unos cinco kilómetros al norte de la capital de Haití, denunciaron este jueves organizaciones de derechos humanos citadas por la prensa local.
Muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas han huido hacia otras zonas menos expuestas, indicó -al medio local Magik9- Fritznel Pierre, responsable de la organización Combite Pour la Paix et le Développement.
CHIEN MÉCHANT, 400 MAWAZO Y LOS TALIBANES
El activista denunció que los ataques son perpetrados por una coalición de bandas armadas, entre ellas Chien Méchant, 400 Mawazo y los Talibanes, que se disputan el control de territorios en los que funcionan empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional.
Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan -lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant-, en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.
MEDICOS SIN FRONTERAS ALERTO DE COMBATES
La oficina en Haití de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el pasado martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil, por el empeoramiento de la situación.
Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad, y dio «instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia».
Las autoridades no han dado una cifra de muertos ni heridos por estos recientes enfrentamientos.
Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1,642 muertos y 745 heridos, según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país caribeño (BINUH).
an/am
Panamá.– El presidente de la República, Luis Abinader, destacó la importancia de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Panamá, con el propósito de seguir ampliando las inversiones empresariales y el intercambio económico entre ambas naciones.
El mandatario dominicano abordó estos temas durante una reunión bilateral con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en la que también participaron altos funcionarios del Gobierno de Panamá, entre ellos el canciller, el ministro de Comercio e Industrias y la ministra de Turismo, entre otros representantes.
Abinader estuvo acompañado por el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro; y el embajador de la República Dominicana en Panamá, Roberto Salcedo, entre otros funcionarios.
Durante el encuentro, ambos gobernantes acordaron actualizar una propuesta de acuerdo comercial entre República Dominicana y Panamá, como mecanismo para fortalecer el intercambio de negocios y generar mayores oportunidades económicas en beneficio de sus respectivos países.
Ambos mandatarios también destacaron la significativa conectividad aérea entre República Dominicana y Panamá, reflejada en la importante afluencia de vuelos entre ambos países, lo que contribuye al dinamismo del turismo y los negocios.
Se reúne con presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas y ejecutivos de DP World
Como parte de su agenda de trabajo en Panamá, el mandatario sostuvo además encuentros por separado con el presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO), Mohammed Al Zarooni, y con ejecutivos de DP World, con el objetivo de continuar fortaleciendo la cooperación en materia de zonas francas y promover nuevas oportunidades de inversión en sectores importantes para la República Dominicana.
En estos encuentros, el presidente Abinader estuvo acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro; y el embajador de la República Dominicana en Panamá, Roberto Salcedo, entre otros funcionarios.