Opinión
La tecnocracia choca con la realidad política y obliga al presidente Abinader a enmendar
Por Juan Bolívar Díaz
El presidente Luis Abinader rectificó el primer tropiezo de su gobierno al anunciar que no habrá incremento de ningún impuesto en el presupuesto del próximo año y que se buscará consensuar los pactos Fiscal y Eléctrico que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para aplicarlos a partir del 2022, por lo cual merece reconocimiento. .
No es que los gravámenes propuestos fueran desproporcionados, es que la población no está dispuesta a nuevas contribuciones mientras no se profundice el iniciado desmonte de la malversación, se documente y comunique mejor sus alcances y avancen en el procesamiento de algunos de los responsables de la corrupción que agobió la sociedad.
Fue un error del equipo económico del gobierno el plantear una pequeña reforma tributaria sin considerar aspectos fundamentales en el orden político como en una coyuntura de crisis sanitaria con graves repercusiones económicas y sociales que determinan una atmósfera de rechazo a mayores contribuciones.
Pero fue peor que los incrementos impositivos “se metieran de contrabando” en el proyecto de ley de presupuesto para el 2021 y que trascendieran sin la menor explicación, lo que permitió que fueran sobrestimados, cuando en realidad no afectarían a más del 80 por ciento de la población, en nada a los de menores ingresos. El paquetito apena representaría unos 20 mil millones de pesos adicionales, una proporción insignificante que serviría para dilatar el pacto fiscal a que está obligado el gobierno.
De los cinco o seis renglones afectados, el más significativo que podría generar más de la mitad de los ingresos adicionales, era el impuesto de 1 por ciento a los activos netos del sector financiero, señalado entre los menos afectados por la crisis, o entre los pocos beneficiados. Tampoco afectaría a las clases medias ni a los más pobres el gravamen del 8 por ciento a las ganancias adicionales determinadas por la pandemia en algunos sectores empresariales.
Reacción desproporcionada
La falta de explicación contribuyó a la enérgica reacción de rechazo, incluso desproporcionada para el costo de los impuestos planteados, que se centró en el gravamen del 3 por ciento a los pagos personales en dólares, y el cobro de impuesto sobre la renta a salarios navideños exentos del mismo.
Se estima entre 6 y 7 por ciento la proporción de la población que hace pagos en dólares, importando directamente o por viajes. La pandemia ha incrementado las compras por internet, básicamente de sectores medio-altos y altos, en desmedro del comercio y del empleo nacional. Para estos y el que viaja y paga sobre 20% de propina en restaurantes y bares, un 3 por ciento de impuesto no debería considerarse abusivo.
En cuanto al salario navideño, la confusión fue doble, pues se creyó que era a todos los empleados, cuando se planteaba mantener el actual nivel de exención en el impuesto sobre la renta, que es de 34 mil 700 pesos, lo que dejaba fuera al 85 por ciento de los asalariados, porque ganan hasta esa suma. Y a quienes perciben más de eso, se les mantenía el nivel de exención, cobrándole sólo sobre el excedente. Por ejemplo, quienes ganan hasta 52 mil pesos, sólo pagarían 15 por ciento sobre el excedente de 34 mil 700, es decir sobre 17 mil 300, lo que arrojaría un descuento de 2 mil 595 pesos. Son menos del 10 por ciento de los asalariados en los registros de la tesorería de la Seguridad Social.
Convendría saber que en muchas empresas y hasta en organismos estatales, incluso del gobierno central como es el caso del mismísimo Ministerio de Hacienda, no se paga como “regalía navideña” un solo salario, sino varios. Hay empresas donde se evade impuestos manteniendo sueldos bajos a los mandos medios y altos que se compensan hasta con 6 sueldos navideños, libres de impuestos. Eso se llama evasión fiscal.
Un comprensible rechazo
Los funcionarios, sean técnicos, tecnócratas o políticos, deberían comprender que en la población dominicana prevalece una actitud subjetiva que rechaza todo nuevo impuesto, sobre todo en la influyente clase media que mueve todos los medios de comunicación y prevalece en las redes sociales. Esa actitud está determinada en gran medida por los altos y persistentemente crecientes niveles de malversación y de corrupción en la administración pública y de evasión de los más ricos, diagnosticados en los últimos años.
El fenómeno de la Marcha Verde debería estar fresco en la memoria de todos. Eso no significa que ante el primer tropiezo de un gobierno que está tratando de reducir la malversación y combatir la corrupción, con nuevos mecanismos, millares vayan a lanzarse a las plazas o a marchar por las avenidas, como pretendieron algunos. Pero sí implica el rechazo hasta irracional, subjetivo, que lleva a proclamar que no se necesitan más impuestos. Hay mucha gente de altos ingresos y empresas de enormes ganancias que tienen que contribuir más para reducir la enorme desigualdad, la pobreza extrema y las exclusiones.
Desde luego, la cultura política nacional es tan primitiva y grotesca que a menos de dos meses de instaurado un gobierno, hay quienes están dispuestos a agitarle las aguas para debilitarlo, aunque tengan que esperar casi cuatro años para sustituirlo, condenando a toda la sociedad a seguir en el atraso. Entre estos resaltan los que tienen cuentas pendientes y quieren anular las posibilidades de que les facturen. Pero también personas que por ignorancia se suman a la irracionalidad y exigen milagros aun cuando “el mundo está patas arriba” por la pandemia que ya cobra un millón de vidas, con un impacto económico tan profundo en los países de bajos ingresos, que acarrea el riesgo de “una generación perdida”, como proclamó esta semana Kristalina Georgieva, la directora general del Fondo Monetario Internacional.
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La rápida reacción de Abinader
Fue relevante la rápida reacción del presidente Luis Abinader ante el generalizado rechazo a la limitada reforma tributaria, sobre todo por haber sido incluida en el proyecto de presupuesto para el 2020 sin previa justificación, demostrativa de sensibilidad ante la opinión pública, primero advirtiendo que no habría imposición y tres días después, en discurso del jueves, anunciando que no habrá nuevos impuestos en el presupuesto del próximo año.
En el primer gobierno del presidente Leonel Fernández en 1996, también se intentó iniciar con un presupuesto que incluía impuestos no previamente debatidos, pero la diferencia es que ignoró el rechazo generalizado, aunque el partido gobernante sólo tenía un senador y 14 diputados. Como no modificaron el proyecto, el Congreso opositor lo rechazó y en consecuencia el gobierno tuvo que manejarse en el 1997 con el presupuesto del año anterior.
Esta vez el PRM y sus aliados podrían reunir votos para aprobar un presupuesto, pero Abinader ha cumplido su promesa de buscar consenso para las grandes decisiones de su gobierno. Tal vez consciente de que una imposición de unos 20 mil millones de pesos adicionales, no sólo mellaría muy rápido su popularidad, sino que dificultaría más el Pacto Fiscal que evadió el presidente Danilo Medina, aunque fue mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada en el 2012, antes de iniciarse su doble período de 8 años.
Abinader anunció que el Pacto Fiscal, y el también pendiente Pacto Eléctrico, se empezarán a discutir con la meta de alcanzar consenso en seis meses para aplicarlos a partir del 2022. Enfatizó esfuerzos por reducir la malversación, combatir la corrupción y mejorar la calidad del gasto, priorizando salud, educación y asistencia social, pese a la contracción por la pandemia, y señaló que encontró las arcas agotadas, en la peor crisis económica en 60 años, y que sólo en pagos de deudas a sus contratistas el gobierno anterior erogó al final 40 mil millones de pesos. José Rijo, director de Presupuesto, precisó luego que en julio, su último mes completo, el gobierno de Medina gastó 102 mil millones de pesos, reducidos a la mitad, 55 mil millones, en septiembre, el primer mes entero del nuevo gobierno.
Sanciones y recuperaciones
En el rechazo a nuevos impuestos reflejado en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, se incluye la indignación porque “todavía no hay un solo preso de la corrupción”, lo que implícitamente respondió de nuevo el presidente Abinader, reclamando auditorías y acción del ministerio público, pero descartando circo. La precipitación podría ser contraproducente, pues sin fundamentos de pruebas, serviría para dictámenes de no ha lugar que harían imposible las sanciones correspondientes.
Aún logrando condenas, no es fácil “recuperar lo robado”, como reclama la indignación social, porque generalmente está escondido en paraísos fiscales, a nombre de otras personas, en inversiones y empresas, cuya incautación implica mucho tiempo y recursos. Así quedó demostrado en el caso de las quiebras bancarias, donde el Estado apenas recuperó un mínimo de lo malversado e invertido para solventar la crisis financiera 2002-04.
El nuevo gobierno ha empezado a reducir la malversación y ha creado mecanismos independientes de prevención y persecución de la corrupción, pero todavía queda mucho por hacer para recuperar la confianza de la sociedad en el Estado. El partido gobernante y el Congreso Nacional deberían ayudar al presidente, quien ha impuesto austeridad en el Palacio Nacional y renunció a los gatos de representación. Los barrilitos y confrecitos de los legisladores resaltan en la indignación social. Ya son casi dos mil los “diplomáticos”, vicecónsules, subdirectores y subadministradores suspendidos, pero quedan muchos más y en organismos estatales todavía hay demasiados privilegios que reducir.-
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que la Secretaría de la Corte Penal Internacional , sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del estatuto de referencia, estará encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte Penal Internacional y de prestarle servicios.
De conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional la Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la CPI.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional señala, además, que el Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
El Estatuto de Roma también establece que los magistrados elegirán al Secretario de la Corte Penal Internacional en votación secreta por mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegirán por recomendación del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.
En cuanto al procedimiento de elección del Secretario de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma establece que el mismo será elegido por un periodo de cinco años en régimen de de dejación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario Adjunto será elegido por un periodo de cinco años, o por uno más breve, si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta en el entendimiento de que prestara sus servicios según será necesario.
Finalmente, el Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaria. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la CPI, y a otras personas que estén peligro en razón del testimonio prestado . La Dependencia contara con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Opinión
Cerca de US$50 mil millones en costo financiero de la deuda: ¿qué país construimos a cambio?
Por Isaias Ramos
Hay cifras capaces de desnudar décadas de discurso económico.
Cerca de US$50 mil millones.
Esa es la magnitud que arroja nuestra reconstrucción del costo financiero de la deuda del Gobierno Central dominicano entre 2004 y 2026, utilizando las ejecuciones oficiales de DIGEPRES hasta 2025 y lo presupuestado para 2026.
No estamos incluyendo amortización de capital.
Entre 2004 y 2025, las cuentas públicas registran aproximadamente RD$2.285 billones en la clasificación funcional de intereses y comisiones. Incorporando el presupuesto de 2026 y convirtiendo cada año a dólares, el acumulado se aproxima a US$50 mil millones, con variaciones según la clasificación financiera y el tipo de cambio utilizados.
La cifra adquiere una dimensión extraordinaria frente a las necesidades fundamentales que todavía enfrenta nuestra nación.
Un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2021 estimó entonces en US$32,175 millones las inversiones necesarias hasta 2030 para atender importantes brechas dominicanas en agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y transporte.
¡La factura financiera reconstruida equivale aproximadamente a una vez y media aquella estimación de infraestructura!
Son magnitudes de períodos y bases de precios diferentes, no recursos automáticamente intercambiables. Pero su contraste revela la escala del costo financiero y obliga a examinar nuestras prioridades.
La cuestión no es atribuir obras al pago de intereses, sino determinar si el endeudamiento que originó esa factura produjo beneficios económicos y sociales suficientes para justificar su costo.
¿Qué país construimos a cambio de semejante factura?
Durante décadas, el debate sobre la deuda pública ha girado alrededor de un indicador que, presentado aisladamente, puede transmitir una tranquilidad injustificada: la relación deuda/PIB.
El indicador es legítimo, pero insuficiente.
El PIB mide el tamaño de la economía, no los ingresos fiscales disponibles. Los intereses deben financiarse con ingresos públicos o nuevo endeudamiento, comprometiendo capacidad fiscal presente o futura.
Para 2026, DIGEPRES presupuestó RD$324,257 millones en intereses bajo la clasificación económica, equivalentes al 26.2% de los ingresos tributarios previstos. La clasificación funcional más amplia alcanza RD$362,550 millones, equivalentes al 29.3%, pero incorpora conceptos adicionales asociados al Banco Central que no deben confundirse con intereses estrictos.
De cada RD$100 proyectados en impuestos, aproximadamente RD$26 equivalen solamente a intereses. Y todavía falta amortizar capital.
Mientras tanto, el FMI ha advertido que una inversión pública cercana al 2.5% del PIB continúa siendo insuficiente para atender nuestras necesidades de infraestructura y desarrollo.
Hemos desarrollado una enorme capacidad para financiar obligaciones, mientras persisten profundas deficiencias en los servicios esenciales que deberían sostener el bienestar y la productividad nacional.
El proyecto presupuestario de 2027 añade otra dimensión: contempla RD$351,327 millones en intereses y RD$44,556 millones para recapitalizar el Banco Central. Aunque son obligaciones contables diferentes, su suma ronda RD$396,000 millones, superando la asignación proyectada para el Ministerio de Educación, que no representa la totalidad del gasto educativo nacional.
La deuda convencional tampoco cuenta toda la historia.
En 2024, RD Vial registró RD$5,624 millones en intereses devengados, frente a RD$6,576 millones de resultado operativo. Su costo financiero equivalió al 85.5% de ese resultado contable, aunque no necesariamente del efectivo disponible.
Este caso plantea preguntas que deben extenderse a los demás fideicomisos públicos, empresas estatales, garantías y contratos de largo plazo:
¿Cuánto deben? ¿Qué ingresos futuros tienen comprometidos? ¿Qué patrimonio han creado? ¿Qué beneficios económicos y sociales concretos aportan a la nación?
Porque la responsabilidad fiscal no consiste solamente en demostrar capacidad de pago.
Consiste también en demostrar qué recibe la sociedad a cambio de las obligaciones que asume.
Frente a esta realidad, la respuesta nacional no puede limitarse a denunciar el pasado ni continuar administrando sus consecuencias.
Gobierno y oposición deberían presentar programas fiscales cuantificados, sometidos al escrutinio público, que expliquen cómo reducirán sostenidamente el costo del endeudamiento sin sacrificar inversión productiva ni servicios esenciales.
República Dominicana necesita un compromiso de Estado de 18 años, desde 2027 hasta 2044, bicentenario de nuestra Independencia Nacional.
No proponemos deuda cero. Proponemos una deuda baja, sostenible y manejable, acompañada de equilibrio fiscal estructural, fortalecimiento de la recaudación, revisión de privilegios injustificados, eficiencia del gasto y recuperación legal del patrimonio público.
El endeudamiento debe orientarse principalmente hacia inversiones cuya rentabilidad económica o social justifique sus costos y riesgos, preservando excepciones transparentes para emergencias.
La transformación exige compromisos verificables: para 2030, publicar un balance fiscal ampliado y establecer una trayectoria plurianual de reducción del déficit estructural; para 2035, evaluar las metas legales de deuda y la presión de intereses sobre ingresos; para 2040, comprobar avances en inversión productiva, reducción de deuda y servicios esenciales; y para 2044, evaluar los resultados de sostenibilidad fiscal y fortalecimiento patrimonial.
Las metas deberán sustentarse en proyecciones públicas de ingresos, gastos, balance primario, deuda e inversión, bajo escenarios económicos favorables, centrales y adversos, con revisiones periódicas y evaluación independiente.
Hacienda deberá publicar sus resultados anualmente; el Congreso ejercer su función fiscalizadora y los organismos de control verificar su cumplimiento. La transición deberá preservar la estabilidad económica y la protección social.
Deuda para crear patrimonio, no para perpetuar déficits.
Después de una factura financiera cercana a US$50 mil millones, no basta con celebrar nuevas emisiones de bonos.
Obtener crédito no demuestra que se haya creado riqueza. Refinanciar no equivale a reducir deuda. Y crecimiento económico no garantiza desarrollo.
Las generaciones que todavía no han nacido heredarán consecuencias de decisiones que nunca tomaron.
Que en 2044 República Dominicana no celebre solamente dos siglos de independencia política, sino también una nueva etapa de autonomía fiscal y económica.
Porque la verdadera independencia también consiste en que el país que entreguemos a nuestros hijos valga más que la deuda que les dejamos.
Por Oscar López Reyes
En la réplica y amplificación con la rapidez más impresionante, la Inteligencia Artificial (IA) crea y reproduce un alto porcentaje de datos incorrectos, imprecisos, desactualizados e inexistentes, muchos de ellos memorables y que, aunque no reconoce sus inexactitudes y falsedades, tampoco exclama: ¡oh, excúsame! ¡Muchas gracias! Lógico que así sea, porque no comprende y carece de la aptitud y el talento para interpretar la información, ya que no piensa y opera condicionada con la probabilidad estadística y no basada en el razonamiento humano crítico y profundo.
El panorama de la información digital ha sido transformado por la IA, la cual desempeña un papel central en la producción y el ensanchamiento de la alteración intencional de una proporción sin precedentes. Esta tecnología permite la difusión multitudinaria de contenido sintético de textos compendiados, a bajo costo, desafiando la integridad de la vida cotidiana y la participación democrática.
¿Cuáles son las desventajas y riesgos críticos asociados a la IA?
1.- Producción de desinformación y deepfakes: La IA permite generar videos y audios sintéticos que copian con gran precisión a las personas reales, que se utiliza para distorsionar la realidad y manipular la opinión pública.
2.- Alucinaciones y falta de veracidad: Los modelos de lenguaje suelen engendrar información que parece coherente y gramaticalmente correcta, pero que contiene hechos totalmente inciertos o inventados, que los convierte en fuentes de información poco confiables.
3.- Bots para distorsión social: Los bots (programas de software automatizados en internet) impulsados por IA emulan el comportamiento humano para construir una ficticia sensación de consenso (astroturfing), amplificar narrativas polarizadoras y acosar a usuarios con opiniones divergentes.
4.- Fraude con identidades sintéticas: La tecnología permite diseñar rasgos amañados con rostros y voces realistas para cometer estafas financieras y suplantar la identidad de figuras públicas o ejecutivos.
5.- Microsegmentación y torcida psicológica: La IA analiza trazos de datos para enviar mensajes de propaganda personalizados que explotan los sesgos y temores específicos de los individuos a una escala industrial.
6.- Riesgos graves para la salud mental: Han sido acreditados temas en los cuales chatbots de IA han ofrecido consejos peligrosos, llegando incluso a sugerir métodos de suicidio a personas en situaciones vulnerables.
7.- Asesoría médica incorrecta: Estudios indican que los consejos de salud proporcionados por chatbots suelen ser incompletos, incorrectos o carecen del contexto necesario, lo que puede llevar a diagnósticos equivocados.
8.- Sesgos y discriminación algorítmica: Muchos sistemas de IA están entrenados con conjuntos de datos limitados o sesgados, lo que puede provocar que la tecnología ignore a grupos minoritarios o perpetúe prejuicios sociales.
9.- Privacidad y protección de datos: El funcionamiento de la IA requiere el procesamiento de grandes volúmenes de datos personales, lo que a menudo entra en conflicto con las leyes de privacidad (como el GDPR) y expone a los usuarios a un rastreo masivo.
10.- Erosión de la confianza pública: La proliferación de noticias falsas y contenido fabricado por IA degrada la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, los medios de comunicación y los procesos electorales.
¿Cuáles son las principales modalidades de desinformación impulsadas por IA?
Primero: Contenido sintético y deepfakes. Entre 2023 y 2024, los incidentes documentados aumentaron aproximadamente un 257 %. Además, solo durante el primer trimestre de 2025 se registraron más incidentes que en todo 2024.
11.- Impacto político: Han sido documentados hechos críticos, como el video falso del presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, pidiendo la rendición en 2022 y audios manipulados en Eslovaquia para sembrar dudas sobre la integridad electoral.
12.- Interferencia electoral: En India, en 2024 fueron utilizados recursos tecnológicos (deepfakes) para superar barreras lingüísticas: líderes políticos aparecieron hablando en videos en idiomas que no dominan, para manipular a diversos grupos étnicos.
13.- Acoso y daño reputacional: La falsificación de multimedia (deepfakes) se ha extendido al acoso personal, como la cuestión de la parlamentaria norirlandesa Cara Hunter, quien fue víctima de pornografía sintética generada para intimidarla.
Segundo: Generación de texto y «fake news».
Los Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (LLM) pueden producir noticias falsas, en más del 50% de los casos, que los humanos no logran distinguir del periodismo auténtico.
14.- Proliferación de sitios: Para 2024 se identificaron más de 1,200 sitios de noticias falsas generadas por IA, que representa un aumento de diez veces en un año.
15.- Arma política en Brasil: En Brasil, la desinformación creada con IA se triplicó entre 2024 y 2025, pasando de ser mayoritariamente estafas comerciales a convertirse en un arma política con sesgo ideológico en el 45% de los casos analizados.
Tercero: Identidades sintéticas y redes de bots.
La IA facilita la producción de «granjas de troles» altamente convincentes mediante fotos de perfil generadas por redes neuronales (GAN), que no son cónsonos con personas reales.
16.- Automatización Avanzada: Herramientas como «Meliorator» han sido utilizadas por servicios de inteligencia de Rusia para gestionar ejércitos de cuentas falsas en Twitter (X), que imitan comportamientos humanos para difundir propaganda sobre la guerra en Ucrania.
17.- Escala del tráfico: Se estima que el 42% de todo el tráfico web en 2024 fue generado por bots, de los cuales el 65% se clasificaron como maliciosos.
¿Conoce los riesgos críticos y falta de confiabilidad?
La incidencia de la IA no sólo proviene de actores malintencionados, sino de las limitaciones intrínsecas de la tecnología:
18.- Citas y testimonios inventados: El 12 de mayo de 2026, Steven Rosenbaum publicó en Nueva York el libro “El futuro de la verdad: cómo la IA transforma la verdad”, que provocó un escándalo, porque contenía múltiples citas y testimonios alterados o falsos derivados de la inteligencia artificial.
19.- Consejos médicos erróneos: Un estudio de 2026 de la revista científica Nature Medicine reveló que los chatbots de IA no superan a las búsquedas tradicionales en calidad de consejos de salud: el 34% de los usuarios identificaron afecciones correctas, pero los modelos suelen ofrecer información incompleta o inventada («alucinaciones»).
20.- Salud mental y seguridad: En 2025 fueron reportados casos en los cuales chatbots ofrecieron consejos peligrosos, como el de una joven de 17 años refugiada de Ucrania, que residía en Polonia, nombrada Viktoria, a quien el sistema le sugirió métodos para suicidarse, en lugar de brindarle ayuda profesional.
21.- Envenenamiento de datos: La IA es vulnerable a la manipulación de sus fuentes de entrenamiento: bastan 250 documentos maliciosos para corromper un modelo y hacer que genere respuestas desastrosas.
22.- Fraude financiero: La IA ha facilitado esquemas de fraude masivo, como ocurrió en 2024 con Michael Smith, domiciliado en Carolina del Norte, Estados Unidos, que ganó millones creando cuentas falsas y canciones generadas por IA para manipular las reproducciones en plataformas como Spotify y Apple Music.
Anotemos respuestas regulatorias y recomendaciones:
La respuesta global es fragmentada, destacando el acta de IA de la Unión Europea (UE, 2024) con sus mandatos de transparencia, frente a enfoques más específicos en EE. UU. o modelos de censura estricta en China.
Para fortalecer la resiliencia democrática, las fuentes recomiendan un marco de gobernanza basado en cuatro facetas:
23.- Resiliencia cognitiva: Integrar la alfabetización digital y el pensamiento crítico en los currículos escolares para que los ciudadanos detecten manipulaciones.
24.- Cooperación internacional: Establecer una alianza global de seguridad de IA para compartir inteligencia sobre amenazas en tiempo real y armonizar regulaciones entre países 29.
25.- Mecanismos adaptativos: Implementar «sandboxes» (códigos o archivos sospechosos) regulatorios y revisiones periódicas de las leyes (cada 18-24 meses) para no quedar rezagados ante el avance tecnológico.
26.- Auditorías de sesgo: Obligar a realizar auditorías de los conjuntos de datos de entrenamiento para evitar que la IA ignore la desinformación dirigida a grupos minoritarios.
Cierre: La IA actúa como un arma y un escudo en la brega por la verdad. Mientras su capacidad para escalar la mentira crece, su uso responsable en la detección y la educación ciudadana son las únicas vías para proteger la esfera pública digital.
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Referencias bibliograficas:
1.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
2.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Barcelona, España, 2026.
3.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
4.- Inteligencia Artificial. Guía definitiva desde los orígenes a la IA generativa, Adrián González Sánchez y Laura Sánchez Fernández, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2025.
5.- Liderando la era de la IA generativa: Playbook ejecutivo para convertirse en el líder que impulsa la transformación de su empresa, Adrián González Sánchez, Marcombo, Alpha Editorial, Barcelona, España, 2026.
6. Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/.
7. Noticia de Agencia (Agência Brasil). Agência Brasil. (2026, 6 de febrero). Contenidos falsos creados con IA se triplican entre 2024 y 2025.,.
8. Reportaje periodístico (El Nacional / BBC). Titheradge, N., y Malchevska, O. (2026, 22 de marzo). ¿Por qué ChatGPT aconsejó a una joven rusa suicidarse? El Nacional, p. 7.,.
9. Artículo de opinión/tecnología (Vía Tecnológica). Díaz, R. (s.f.). La IA no es confiable, y esta es la razón. Vía Tecnológica.
10. Artículo sobre salud (The New York Times / Estudio). Rosenbluth, T. (2025, 29 de octubre). Los consejos de salud de los chatbots de IA suelen ser erróneos, según un estudio.
11. Breve de prensa (Fraude con IA). Agencias. (s.f.). Gana millones por fraude con IA.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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