Opinión
La tecnocracia choca con la realidad política y obliga al presidente Abinader a enmendar
Por Juan Bolívar Díaz
El presidente Luis Abinader rectificó el primer tropiezo de su gobierno al anunciar que no habrá incremento de ningún impuesto en el presupuesto del próximo año y que se buscará consensuar los pactos Fiscal y Eléctrico que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para aplicarlos a partir del 2022, por lo cual merece reconocimiento. .
No es que los gravámenes propuestos fueran desproporcionados, es que la población no está dispuesta a nuevas contribuciones mientras no se profundice el iniciado desmonte de la malversación, se documente y comunique mejor sus alcances y avancen en el procesamiento de algunos de los responsables de la corrupción que agobió la sociedad.
Fue un error del equipo económico del gobierno el plantear una pequeña reforma tributaria sin considerar aspectos fundamentales en el orden político como en una coyuntura de crisis sanitaria con graves repercusiones económicas y sociales que determinan una atmósfera de rechazo a mayores contribuciones.
Pero fue peor que los incrementos impositivos “se metieran de contrabando” en el proyecto de ley de presupuesto para el 2021 y que trascendieran sin la menor explicación, lo que permitió que fueran sobrestimados, cuando en realidad no afectarían a más del 80 por ciento de la población, en nada a los de menores ingresos. El paquetito apena representaría unos 20 mil millones de pesos adicionales, una proporción insignificante que serviría para dilatar el pacto fiscal a que está obligado el gobierno.
De los cinco o seis renglones afectados, el más significativo que podría generar más de la mitad de los ingresos adicionales, era el impuesto de 1 por ciento a los activos netos del sector financiero, señalado entre los menos afectados por la crisis, o entre los pocos beneficiados. Tampoco afectaría a las clases medias ni a los más pobres el gravamen del 8 por ciento a las ganancias adicionales determinadas por la pandemia en algunos sectores empresariales.
Reacción desproporcionada
La falta de explicación contribuyó a la enérgica reacción de rechazo, incluso desproporcionada para el costo de los impuestos planteados, que se centró en el gravamen del 3 por ciento a los pagos personales en dólares, y el cobro de impuesto sobre la renta a salarios navideños exentos del mismo.
Se estima entre 6 y 7 por ciento la proporción de la población que hace pagos en dólares, importando directamente o por viajes. La pandemia ha incrementado las compras por internet, básicamente de sectores medio-altos y altos, en desmedro del comercio y del empleo nacional. Para estos y el que viaja y paga sobre 20% de propina en restaurantes y bares, un 3 por ciento de impuesto no debería considerarse abusivo.
En cuanto al salario navideño, la confusión fue doble, pues se creyó que era a todos los empleados, cuando se planteaba mantener el actual nivel de exención en el impuesto sobre la renta, que es de 34 mil 700 pesos, lo que dejaba fuera al 85 por ciento de los asalariados, porque ganan hasta esa suma. Y a quienes perciben más de eso, se les mantenía el nivel de exención, cobrándole sólo sobre el excedente. Por ejemplo, quienes ganan hasta 52 mil pesos, sólo pagarían 15 por ciento sobre el excedente de 34 mil 700, es decir sobre 17 mil 300, lo que arrojaría un descuento de 2 mil 595 pesos. Son menos del 10 por ciento de los asalariados en los registros de la tesorería de la Seguridad Social.
Convendría saber que en muchas empresas y hasta en organismos estatales, incluso del gobierno central como es el caso del mismísimo Ministerio de Hacienda, no se paga como “regalía navideña” un solo salario, sino varios. Hay empresas donde se evade impuestos manteniendo sueldos bajos a los mandos medios y altos que se compensan hasta con 6 sueldos navideños, libres de impuestos. Eso se llama evasión fiscal.
Un comprensible rechazo
Los funcionarios, sean técnicos, tecnócratas o políticos, deberían comprender que en la población dominicana prevalece una actitud subjetiva que rechaza todo nuevo impuesto, sobre todo en la influyente clase media que mueve todos los medios de comunicación y prevalece en las redes sociales. Esa actitud está determinada en gran medida por los altos y persistentemente crecientes niveles de malversación y de corrupción en la administración pública y de evasión de los más ricos, diagnosticados en los últimos años.
El fenómeno de la Marcha Verde debería estar fresco en la memoria de todos. Eso no significa que ante el primer tropiezo de un gobierno que está tratando de reducir la malversación y combatir la corrupción, con nuevos mecanismos, millares vayan a lanzarse a las plazas o a marchar por las avenidas, como pretendieron algunos. Pero sí implica el rechazo hasta irracional, subjetivo, que lleva a proclamar que no se necesitan más impuestos. Hay mucha gente de altos ingresos y empresas de enormes ganancias que tienen que contribuir más para reducir la enorme desigualdad, la pobreza extrema y las exclusiones.
Desde luego, la cultura política nacional es tan primitiva y grotesca que a menos de dos meses de instaurado un gobierno, hay quienes están dispuestos a agitarle las aguas para debilitarlo, aunque tengan que esperar casi cuatro años para sustituirlo, condenando a toda la sociedad a seguir en el atraso. Entre estos resaltan los que tienen cuentas pendientes y quieren anular las posibilidades de que les facturen. Pero también personas que por ignorancia se suman a la irracionalidad y exigen milagros aun cuando “el mundo está patas arriba” por la pandemia que ya cobra un millón de vidas, con un impacto económico tan profundo en los países de bajos ingresos, que acarrea el riesgo de “una generación perdida”, como proclamó esta semana Kristalina Georgieva, la directora general del Fondo Monetario Internacional.
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La rápida reacción de Abinader
Fue relevante la rápida reacción del presidente Luis Abinader ante el generalizado rechazo a la limitada reforma tributaria, sobre todo por haber sido incluida en el proyecto de presupuesto para el 2020 sin previa justificación, demostrativa de sensibilidad ante la opinión pública, primero advirtiendo que no habría imposición y tres días después, en discurso del jueves, anunciando que no habrá nuevos impuestos en el presupuesto del próximo año.
En el primer gobierno del presidente Leonel Fernández en 1996, también se intentó iniciar con un presupuesto que incluía impuestos no previamente debatidos, pero la diferencia es que ignoró el rechazo generalizado, aunque el partido gobernante sólo tenía un senador y 14 diputados. Como no modificaron el proyecto, el Congreso opositor lo rechazó y en consecuencia el gobierno tuvo que manejarse en el 1997 con el presupuesto del año anterior.
Esta vez el PRM y sus aliados podrían reunir votos para aprobar un presupuesto, pero Abinader ha cumplido su promesa de buscar consenso para las grandes decisiones de su gobierno. Tal vez consciente de que una imposición de unos 20 mil millones de pesos adicionales, no sólo mellaría muy rápido su popularidad, sino que dificultaría más el Pacto Fiscal que evadió el presidente Danilo Medina, aunque fue mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada en el 2012, antes de iniciarse su doble período de 8 años.
Abinader anunció que el Pacto Fiscal, y el también pendiente Pacto Eléctrico, se empezarán a discutir con la meta de alcanzar consenso en seis meses para aplicarlos a partir del 2022. Enfatizó esfuerzos por reducir la malversación, combatir la corrupción y mejorar la calidad del gasto, priorizando salud, educación y asistencia social, pese a la contracción por la pandemia, y señaló que encontró las arcas agotadas, en la peor crisis económica en 60 años, y que sólo en pagos de deudas a sus contratistas el gobierno anterior erogó al final 40 mil millones de pesos. José Rijo, director de Presupuesto, precisó luego que en julio, su último mes completo, el gobierno de Medina gastó 102 mil millones de pesos, reducidos a la mitad, 55 mil millones, en septiembre, el primer mes entero del nuevo gobierno.
Sanciones y recuperaciones
En el rechazo a nuevos impuestos reflejado en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, se incluye la indignación porque “todavía no hay un solo preso de la corrupción”, lo que implícitamente respondió de nuevo el presidente Abinader, reclamando auditorías y acción del ministerio público, pero descartando circo. La precipitación podría ser contraproducente, pues sin fundamentos de pruebas, serviría para dictámenes de no ha lugar que harían imposible las sanciones correspondientes.
Aún logrando condenas, no es fácil “recuperar lo robado”, como reclama la indignación social, porque generalmente está escondido en paraísos fiscales, a nombre de otras personas, en inversiones y empresas, cuya incautación implica mucho tiempo y recursos. Así quedó demostrado en el caso de las quiebras bancarias, donde el Estado apenas recuperó un mínimo de lo malversado e invertido para solventar la crisis financiera 2002-04.
El nuevo gobierno ha empezado a reducir la malversación y ha creado mecanismos independientes de prevención y persecución de la corrupción, pero todavía queda mucho por hacer para recuperar la confianza de la sociedad en el Estado. El partido gobernante y el Congreso Nacional deberían ayudar al presidente, quien ha impuesto austeridad en el Palacio Nacional y renunció a los gatos de representación. Los barrilitos y confrecitos de los legisladores resaltan en la indignación social. Ya son casi dos mil los “diplomáticos”, vicecónsules, subdirectores y subadministradores suspendidos, pero quedan muchos más y en organismos estatales todavía hay demasiados privilegios que reducir.-
Por Narciso Isa Conde
«Como pueblo estamos sufriendo un aumento vertiginoso de precios del petróleo y derivados…combustibles refinados, gas, agroquímicos.»
La guerra desatada por EEUU e Israel contra Irán tiende a agravar en grande la crisis energética hasta convertirla en crisis económica y social mundial con tendencia a una gran depresión
Abinader, lacayo al fin, se comprometió con la agresión a Venezuela y apostó a EEUU y a Israel contra Irán, pelándose el billete vasallo.
Igual aconteció con toda la partidocracia y la plutocracia dominante en este país, colocada al servicio de EEUU y del facineroso trumpismo dominante; al margen de los cambios mundiales en gestación: BRICS, Sur Global, China, Rusia y nuevo orden mundial multipolar.
Como pueblo estamos sufriendo un aumento vertiginoso de precios del petróleo y derivados…combustibles refinados, gas, agroquímicos…
Estamos ante una cadena inflacionaria en la producción, servicios y distribución: alzas de alimentos, bebidas, agua, ropa, viviendas, transporte, salud, educación…
La guerra global infinita, como respuesta imperialista a su decadencia, ha encontrado en Irán el pantano mayor y el revés que precipita la tendencia a su caída.
Los hay beneficiarios de las guerras, aunque las pierdan: el Complejo militar industrial, el sistema financiero, las industrias armamentistas, los consorcios petroleros, mineros y micro-electrónicos, y las elites capitalistas dominantes.
Los cruelmente castigados por las guerras, la destrucción, las muertes y la carestía, están a la vista: pueblos y países oprimidos no
La propuesta del pacto nacional del lacayo Abinader incluye a culpables y no culpables; a responsables y no responsables de genocidios, destrucciones, penurias, carestía, inflación generalizada e incremento brutal de las desigualdades sociales.
· ¿CUÁL TRANSFORMACIÓN FISCAL?
De nuevo se habla de reforma fiscal para imponer una contra-reforma o una reforma tributaria regresiva en el marco de un pacto en que gobierno, estado y elites capitalistas ejercen el poder contra el pueblo trabajador.
Nos quieren cargar la inflación de las guerras que ellos han respaldado, plegándose a EEUU e Israel, renunciando a una política de paz o guardando silencio cómplice frente a la prepotencia criminal del neofascismo imperialista.
Se proponen aumentar impuestos al consumo, mantener los impuestos a los combustibles, prolongar los privilegios, evasiones y exenciones; y obligar al pueblo a pagar combustibles, medicamentos, alimentos, servicios de salud y educación y transporte. muchos más caros, apenas pellizcando a los tutumpotes.
Esto es inaceptable.
Los movimientos sociales y las izquierdas transformadoras no tienen que pactar nada con este gobierno, este Estado y la clase que los usurpa, sino arrancarle a las elites capitalistas y a la partidocracia lo que se roban todos los días.
Una transformación fiscal progresiva obliga a modificar y ampliar las fuentes de ingresos del Estado para cubrir gastos y financiar inversiones públicas, planes sociales, políticas de bienestar colectivo, servicios públicos, mejorar la producción nacional, recuperar soberanía, adquirir insumos y equipos vinculados a la investigación y realizar inversiones relacionadas con las ciencias, tecnologías de punta y humanidades.
En consecuencia, implica aumentar los ingresos del estado, revisar y reformar el gasto público, redefinir prioridades, eliminar y/o recortar exenciones y exoneraciones, erradicar dispendios y detener derroches; suprimir prebendas, privilegios, gastos suntuarios y corruptelas…
En ese tipo de transformación es fundamental, por tanto, definir y precisar el propósito general de la misma.
Con esos fines, en estas condiciones de desigualdades y abismos sociales dramáticos, de empobrecimiento material y espiritual creciente, en una sociedad con volúmenes enormes de personas en la miseria y elites burguesas opulentas, es imprescindible adoptar medidas que garanticen mejorías significativas en las condiciones y calidad de vida del pueblo de a pie; así como igualdad salarial y de ingresos por trabajos similares de hombres y mujeres, y en todas las edades de la fuerza humana laboral disponible.
En caso contrario, no será una reforma progresiva, sino regresiva o más bien, contra-reforma.
Pero, además, a esto emplaza:
1.-La enorme degradación ambiental, las carencias y déficits brutales en educación, en alimentación y bajos salarios,
2.-El alto desempleo, el enorme subempleo, la dramática marginalidad económica-social, y los graves problemas de salud, seguridad social y seguridad ciudadana…
3.- El altísimo déficit de viviendas, agua y electricidad, con un estado delincuente, la dependencia galopante y significativos déficits en la producción nacional y la balanza comercial.
La REFORMA FISCAL para ser una transformación del sistema fiscal que beneficie a los pobres, debe centrarse en mejorar las condiciones de vida del pueblo empobrecido, con un plan preciso que toque todos esos capítulos interrelacionados.
Con esas grandes metas pendientes, las verdaderas reformas no pueden ser «equitativas» o «equilibradas» en cuanto a su impacto sobre ricos y pobres, como mañosamente se pregona.
No debe serlo, ni en el orden de los ingresos ni de los gastos.
Las transformaciones deben parcializarse; esto es, destinarse a favorecer a los pobres y a enfrentar los males acumulados.
Alejarse de ser instrumentos de los ricos y muy ricos.
Necesitan ser inclinadas a revertir un orden tributario basado en impuestos al consumo, que penaliza sobre todo y en gran medida a la pobrecía y a sectores de las capas medias.
Requieren reducir gastos corrientes no prioritarios y aumentar las inversiones productivas.
Deben, al menos, quitarle algo significativo a los que poseen riquezas escandalosas y a la vez reciben ganancias insultantes, para redistribuir esos bienes y esos dineros a beneficio de los que menos tienen,
Eso requiere aumentar escalonadamente, a niveles muy superiores a los actuales, los impuestos a la renta; gravar las grandes fortunas, ponerles fuertes impuestos a propiedades mega-millonarias, al consumo lujoso, y a la usura (bancos); y, además, recuperar sumariamente las enormes riquezas robadas al estado y al patrimonio público y natural del país.
Los cambios deben dirigirse a captar los recursos y reducir gastos asignados, o indebida e injustamente apropiados, actualmente destinados a beneficiar unilateralmente a la clase dominante, sectores opulentos, parasitarios y corruptos…para entonces destinarlos a satisfacer necesidades imperiosas de PUEBLO TRABAJADOR.
Ingresos y gastos mal orientados, guardan ahora una fuerte relación con un presupuesto actualmente insuficiente, deficitario, con una ridícula asignación en gasto de capital y un abultado gasto corriente, sensiblemente menguado, en más de un 30 %, por el pago de los servicios de la deuda pública. Algo que es preciso reformar y superar.
Entiendo inaceptable que, en nombre de una reforma fiscal y de la necesidad de aumentar los ingresos y racionalizar el gasto, sean afectados los/as de abajo y los/as del medio.
El sentido de justicia debe primar ante a un cuadro de crecimiento económico brutalmente desigual y bárbaramente injusto en su distribución, en la apropiación y disfrute de las riquezas producidas, y las penurias impuestas a las mayorías populares despojadas de toda fortuna.
La ley del embudo debe comenzarse a desmontar sin vacilaciones
Por Isaías Ramos
Mientras el Gobierno y el ministro de Turismo celebran nuevos récords de visitantes y presentan el turismo como prueba del éxito nacional, el país real sigue haciéndose una pregunta más dura: si todo va tan bien, ¿por qué tanta gente vive cada vez peor? Solo en el primer trimestre de 2026, el Gobierno informó la llegada de 3.71 millones de visitantes. Pero el costo promedio de la canasta básica familiar a febrero de 2026 fue de RD$48,476.88, mientras el salario mínimo más alto del sector privado no sectorizado rondaba los RD$30,000 y el de una microempresa apenas RD$16,993.20. Ese contraste no es una anécdota estadística. Es la radiografía de un modelo que produce vitrinas de éxito mientras deja a una gran parte del pueblo atrapada en la lógica de la sobrevivencia.
No se discute que turismo y zonas francas generen actividad. Lo que se discute es otra cosa: que, pese a sus récords de visitantes, exportaciones y divisas, el país no logra convertir suficientemente ese dinamismo en prosperidad amplia, salarios dignos y movilidad social real. En el turismo hotelero, el salario mínimo subió a RD$19,320 desde junio de 2025 y alcanzó RD$21,840 en junio de 2026. En zonas francas, el aumento aprobado fue de 25% en dos tramos. Pero aun con esos ajustes, esos ingresos siguen muy lejos del costo promedio de la canasta básica familiar. El problema, entonces, no es solo cuánto crecen esos sectores, sino cuán poco de ese crecimiento se traduce en dignidad material para quienes los sostienen con su trabajo.
El propio informe internacional reseñado por Diario Libre admite que la República Dominicana tiene crecimiento, sí, pero concentrado. Advierte que, sin reformas en profundidad financiera, formalización de nuevas empresas, capacidad de innovación y reducción de exclusiones sociales, el país puede quedar atrapado en un nivel medio de prosperidad. Es decir, el problema no es la ausencia de crecimiento; el problema es que ese crecimiento no baja con suficiente fuerza al cuerpo social. Lo que hoy se vende como éxito muchas veces no pasa de ser una fotografía parcial del país.
Y esa parcialidad se hace todavía más evidente cuando se mira a las micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras se sostienen sectores privilegiados, las mipymes —la base más extensa de la economía real— siguen cargando con financiamiento caro, presión fiscal, baja protección y servicios públicos precarios, a pesar de que generan alrededor de 61.6% del empleo nacional. En un país serio, esa realidad bastaría para reordenar prioridades. Aquí, en cambio, se siguen privilegiando sectores ya favorecidos mientras a la base productiva se le exige resistencia.
El problema no es que el turismo o las zonas francas no aporten. El problema es que el modelo ha tolerado que el territorio nacional, la infraestructura pública, la mano de obra y los privilegios fiscales sirvan para generar riqueza sin que una porción suficiente de ese valor se quede transformando la vida material de la mayoría. Aunque parte del consumo hotelero se suple desde el agro dominicano, el régimen de incentivos no está estructurado alrededor de un compromiso suficientemente exigente, transparente y verificable de compras locales, proveedores nacionales y valor agregado interno. Y, sin embargo, el Estado deja de recaudar miles de millones de pesos cada año en gasto tributario para sostener esos sectores. La pregunta ya no es si generan actividad. La pregunta es si generan, en proporción a los privilegios que reciben, bienestar amplio, encadenamientos productivos y movilidad social.
La contradicción se vuelve todavía más dura cuando se observan las prioridades del poder. El presidente ha sometido un préstamo de US$400 millones para agua potable y saneamiento en Punta Cana-Bávaro, uno de los polos más favorecidos por el modelo turístico. Nadie discute la importancia de proteger acuíferos ni de ampliar el saneamiento. Lo que sí debe discutirse es por qué un Estado que sigue pidiendo sacrificios fiscales a la nación concentra un esfuerzo de esa magnitud en una de las zonas más rentables del país, mientras amplias franjas de la población continúan padeciendo servicios hídricos inseguros o poco confiables. Eso no es solo una decisión técnica. Es una definición de prioridad nacional.
Lo más delicado de este modelo no es solo su concentración económica, sino su efecto moral. Se le pide paciencia al pueblo mientras se celebran récords. Se le pide sacrificio a la mayoría mientras una parte del país convierte el crecimiento en blindaje. Se le pide fe en el futuro a quien todavía no puede resolver el presente. Y así se consolida una economía donde los beneficios se concentran arriba mientras la sobrevivencia cotidiana se normaliza abajo. Cuando la mesa de la familia dominicana sigue siendo el lugar donde se siente el encarecimiento de todo, los titulares de éxito pierden legitimidad moral ante la vida real del pueblo.
En el Foro y Frente Cívico y Social consideramos inaceptable seguir enrostrándole al pueblo tanto “éxito” mientras una parte tan amplia de la población continúa viviendo en penurias. La República Dominicana no necesita más propaganda del éxito. Necesita una revisión profunda del modelo. Necesita salarios que se acerquen a la vida real, un compromiso medible de encadenamiento de turismo y zonas francas con la producción nacional, una revisión severa de los privilegios fiscales que no acrediten retorno social suficiente, más apoyo efectivo a las mipymes y al agro, y una política económica que deje de confundir récords sectoriales con prosperidad nacional.
Porque cuando un país crece y el pueblo no respira, el problema ya no es de comunicación. Es de dirección nacional.
(segunda entrega)
Por Oscar López Reyes
Antes que Donald Trump, dos presidentes de Estados Unidos confrontaron ásperamente a la prensa, John F. Kennedy (1961-1963) y Richard Nixon (1969-1974): El primero sufrió un atentado fatídico y el segundo se vio compelido a renunciar como jefe de Estado. El tercero, Trump, más contestatario en el contrapunteo, si prosigue con su megalomanía e irreflexivo comportamiento, seguirá desencadenando más percances/heridas a los habitantes del globo terráqueo y por la turbulencia no fondeará la barca presidencial en buen puerto.
Trump, osado hasta el extremo, triunfó en las elecciones del 8 de noviembre de 2016 por la manipulación oculta del presidente ruso Vladimir Putin, y el 30 de octubre de 2025 escuchó con torcimiento la retórica de paz del presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur: En son de concordia, este ha invitado a Trump a visitar próximamente a Zhongguo -la tierra de la muchacha o sirvienta- y luego Jinping estará en Estados Unidos. Contemplando las siete asombrosas maravillas contemporáneas de China, ¿cederá el presidente norteamericano en su beligerancia?
Desde su campaña electoral de 2016, Trump ha desbordado todos los límites frente a los medios de comunicación: Ha impedido el acceso de reporteros a actos y a la Casa Blanca, suspendió la estatal La Voz de América y la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales; ha demandado judicialmente a más de 30 periodistas y medios, y amenazado con suspender licencias de transmisión.
Y se solaza –con gesto teatral- endilgándolos como “enemigos del pueblo, que se inventan fuentes anónimas” y actúan ilegalmente, y a los periodistas los ha calificados como “Cerdita, silencio”, “izquierdistas”, “corruptos” difusores de “noticias falsas”, “imprudentes y maliciosos”, “deshonestos”, “desagradables”, “reporteros de baja calaña” y “escorias humanas”.
“¿Saben por qué lo hago?”, se preguntó. Y contestó: “Lo hago para desacreditarlos y menospreciarlos a todos, para que cuando escriban historias negativas sobre mí, nadie les crea”.
Aparte de las eventuales recomendaciones de Jinping y Putin, un trío de amigos de confianza o familiares de Trump tendrá que pedirle un encuentro íntimo, que comience con una sesión de meditación yoga para la relajación -repitiendo con los ojos cerrados por media hora- un mantra que le tranquilice la mente. ¿Aceptará?
Esos tres atrevidos deberán fungir como consejeros y razonarle -que interprete diáfanamente que se trata de un mensaje de ayuda- que sus disposiciones están impactando perjudicial/dañinamente a los mercados y la economía política global, y en particular a Estados Unidos, que conducían a un holocausto nuclear; que está perdiendo la batalla en la opinión pública y que su desafiante postura de no tener miedo, el establishment y el primer ministro de Israel, el genocida de Gaza Benjamín Netanyahu, lo han colocado peligrosamente en el filo de la navaja.
Además de los medios de comunicación, Trump no deja pasar el tren para pactar marchs, encarar a los superpoderes globales, como China y Rusia; amenazar a distintos países y arreciar la crueldad contra el sufrido, digno y solidario pueblo de Cuba. Pero no se percata que respalda a numerosos presidentes absolutistas, por coincidencias estratégicas, y que se ha convertido en el presidente más anti-democrático en la historia estadounidense.
En su segundo mandato iniciado el 20 de enero de 2025, Trump ha realimentado la Doctrina Monroe de 1823, reetiquetada como la «Doctrina Donroe», en su visión de «la Gran América del Norte» y con una política exterior de «Escudo de las Américas», guarecida en la meta de supremacía universal de Estados Unidos.
No obstante haber proclamado que pondría fin a la participación de Estados Unidos en costosas y destructivas guerras extranjeras, ha llevado a cabo una ofensiva a gran escala contra jefes de Estado, detrás de concesiones para reforzar la presencia de su nación imperialista y limitar influencias externas en el hemisferio Occidental.
Resumamos en 10 puntos las más de 30 controversias y traspiés de Trump:
1.- Imposición unilateral de aranceles globales a importaciones, entre un 10 y un 100%.
2.- Enfrentamiento con Cuba, Canadá, Panamá y su canal, Venezuela y su petróleo, Colombia, Brasil, China, la Unión Europea/OTAN, Rusia, Corea del Norte, México y su Golfo, Dinamarca y su Groenlandia, y Harvard y la primera universidad norteamericana.
3.- Apoyo al exterminador de la Franja de Gaza – Benjamín Netanyahu- y las guerras en Ucrania, Irán, El Líbano y otros territorios de Asia y África.
4.- Destrucción extrajudicial de embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas del Caribe y el Pacífico, con un balance de 175 muertos.
5.- Intensa presión sobre el presidente de la independiente Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a quien el gobernante amenazó con despedirlo si no reducía drásticamente la tasa de interés.
6.- Reveses por parte de jueces que han frenado disposiciones suyas, como la protección a periodistas y a medios de comunicación.
7.- Paralizaciones judiciales sobre repatriaciones.
8.- Purgas en jerarcas castrenses y destituciones del secretario de Seguridad Nacional, la Fiscal General, el asesor de Seguridad Nacional y otros miembros de su gabinete.
9.- Suspensión de visas a una larga lista de ciudadanos de 75 países.
10.- Insultos y choque con el papa León XIV.
Sin referencias metafóricas, estrategas políticos y militares han dado relevancia, en eventos y en textos, que cuando el líder de una instancia con facultad de mando -presidentes de la República, corporaciones privadas, organizaciones políticas, religiosas, sindicales y otras- se abren múltiples frentes simultáneamente manipulan una caja giratoria que pilotea hacia el desgaste de su liderazgo, su legitimidad y vulnerabilidad.
Psiquiatras y psicólogos puntualizan que cuando una persona está abrumada aparece el “efecto bloqueo” mental y lidiando con tantos frentes, un gobierno se vuelve reactivo y sobrevienen la desconfianza, la incertidumbre, los sometimientos judiciales, las presiones externas, los conflictos, la inestabilidad en los precios, la violencia y el colapso de la economía y la función presidencial.
Trump ha creado tensión en más de 30 rejas político/sociales y militares, que lo han colocado en la cuerda floja: inflación aupada por la guerra de Irán, conflictividad con otras organizaciones políticas y otras estructuras internas de gran influencia, con mandatarios y naciones; pierde la confianza a todos los niveles, desciende el número de turistas que viaja a Estados Unidos y baja su popularidad. La flecha apunta a que tendría su descarga (Arrow End o Arrow Pointing Left Then Down) en un impeachment o juicio político por «incapacidad moral o física» o «falta absoluta» en el Congreso, que llevaría a su vacancia presidencial o destitución.
Avizorando que su Partido Republicano perdería las elecciones de medio término programada para el martes 3 de noviembre de 2026, Trump ha advertido que pueden pasar “cosas malas”. En tanto, la Cámara de Representantes sancionó la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE), que exigiría a las personas presentar una identificación y una prueba de ciudadanía para votar, mientras que el mandatario presiona para que acojan la legislación, que los demócratas afirman que privaría del derecho al voto a los electores elegibles.
Desconcertado (“¿Qué está pasando…?”) porque su índice de aprobación ciudadana está en el suelo, los informes indican que Trump contempla evitar la celebración de las elecciones de noviembre, en las cuales los republicanos podrían perder el control de la Cámara de Representantes y el Senado. ¿Aceptará el envalentonado los consejos de Putin, Jinping y el posible trío de amigos y familiares que acudiría en su auxilio?
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El autor: Expresidente Colegio de Periodistas y Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), y presidente Asoc. Dom. Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep).
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