Opinión
La tecnocracia choca con la realidad política y obliga al presidente Abinader a enmendar
Por Juan Bolívar Díaz
El presidente Luis Abinader rectificó el primer tropiezo de su gobierno al anunciar que no habrá incremento de ningún impuesto en el presupuesto del próximo año y que se buscará consensuar los pactos Fiscal y Eléctrico que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para aplicarlos a partir del 2022, por lo cual merece reconocimiento. .
No es que los gravámenes propuestos fueran desproporcionados, es que la población no está dispuesta a nuevas contribuciones mientras no se profundice el iniciado desmonte de la malversación, se documente y comunique mejor sus alcances y avancen en el procesamiento de algunos de los responsables de la corrupción que agobió la sociedad.
Fue un error del equipo económico del gobierno el plantear una pequeña reforma tributaria sin considerar aspectos fundamentales en el orden político como en una coyuntura de crisis sanitaria con graves repercusiones económicas y sociales que determinan una atmósfera de rechazo a mayores contribuciones.
Pero fue peor que los incrementos impositivos “se metieran de contrabando” en el proyecto de ley de presupuesto para el 2021 y que trascendieran sin la menor explicación, lo que permitió que fueran sobrestimados, cuando en realidad no afectarían a más del 80 por ciento de la población, en nada a los de menores ingresos. El paquetito apena representaría unos 20 mil millones de pesos adicionales, una proporción insignificante que serviría para dilatar el pacto fiscal a que está obligado el gobierno.
De los cinco o seis renglones afectados, el más significativo que podría generar más de la mitad de los ingresos adicionales, era el impuesto de 1 por ciento a los activos netos del sector financiero, señalado entre los menos afectados por la crisis, o entre los pocos beneficiados. Tampoco afectaría a las clases medias ni a los más pobres el gravamen del 8 por ciento a las ganancias adicionales determinadas por la pandemia en algunos sectores empresariales.
Reacción desproporcionada
La falta de explicación contribuyó a la enérgica reacción de rechazo, incluso desproporcionada para el costo de los impuestos planteados, que se centró en el gravamen del 3 por ciento a los pagos personales en dólares, y el cobro de impuesto sobre la renta a salarios navideños exentos del mismo.
Se estima entre 6 y 7 por ciento la proporción de la población que hace pagos en dólares, importando directamente o por viajes. La pandemia ha incrementado las compras por internet, básicamente de sectores medio-altos y altos, en desmedro del comercio y del empleo nacional. Para estos y el que viaja y paga sobre 20% de propina en restaurantes y bares, un 3 por ciento de impuesto no debería considerarse abusivo.
En cuanto al salario navideño, la confusión fue doble, pues se creyó que era a todos los empleados, cuando se planteaba mantener el actual nivel de exención en el impuesto sobre la renta, que es de 34 mil 700 pesos, lo que dejaba fuera al 85 por ciento de los asalariados, porque ganan hasta esa suma. Y a quienes perciben más de eso, se les mantenía el nivel de exención, cobrándole sólo sobre el excedente. Por ejemplo, quienes ganan hasta 52 mil pesos, sólo pagarían 15 por ciento sobre el excedente de 34 mil 700, es decir sobre 17 mil 300, lo que arrojaría un descuento de 2 mil 595 pesos. Son menos del 10 por ciento de los asalariados en los registros de la tesorería de la Seguridad Social.
Convendría saber que en muchas empresas y hasta en organismos estatales, incluso del gobierno central como es el caso del mismísimo Ministerio de Hacienda, no se paga como “regalía navideña” un solo salario, sino varios. Hay empresas donde se evade impuestos manteniendo sueldos bajos a los mandos medios y altos que se compensan hasta con 6 sueldos navideños, libres de impuestos. Eso se llama evasión fiscal.
Un comprensible rechazo
Los funcionarios, sean técnicos, tecnócratas o políticos, deberían comprender que en la población dominicana prevalece una actitud subjetiva que rechaza todo nuevo impuesto, sobre todo en la influyente clase media que mueve todos los medios de comunicación y prevalece en las redes sociales. Esa actitud está determinada en gran medida por los altos y persistentemente crecientes niveles de malversación y de corrupción en la administración pública y de evasión de los más ricos, diagnosticados en los últimos años.
El fenómeno de la Marcha Verde debería estar fresco en la memoria de todos. Eso no significa que ante el primer tropiezo de un gobierno que está tratando de reducir la malversación y combatir la corrupción, con nuevos mecanismos, millares vayan a lanzarse a las plazas o a marchar por las avenidas, como pretendieron algunos. Pero sí implica el rechazo hasta irracional, subjetivo, que lleva a proclamar que no se necesitan más impuestos. Hay mucha gente de altos ingresos y empresas de enormes ganancias que tienen que contribuir más para reducir la enorme desigualdad, la pobreza extrema y las exclusiones.
Desde luego, la cultura política nacional es tan primitiva y grotesca que a menos de dos meses de instaurado un gobierno, hay quienes están dispuestos a agitarle las aguas para debilitarlo, aunque tengan que esperar casi cuatro años para sustituirlo, condenando a toda la sociedad a seguir en el atraso. Entre estos resaltan los que tienen cuentas pendientes y quieren anular las posibilidades de que les facturen. Pero también personas que por ignorancia se suman a la irracionalidad y exigen milagros aun cuando “el mundo está patas arriba” por la pandemia que ya cobra un millón de vidas, con un impacto económico tan profundo en los países de bajos ingresos, que acarrea el riesgo de “una generación perdida”, como proclamó esta semana Kristalina Georgieva, la directora general del Fondo Monetario Internacional.
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La rápida reacción de Abinader
Fue relevante la rápida reacción del presidente Luis Abinader ante el generalizado rechazo a la limitada reforma tributaria, sobre todo por haber sido incluida en el proyecto de presupuesto para el 2020 sin previa justificación, demostrativa de sensibilidad ante la opinión pública, primero advirtiendo que no habría imposición y tres días después, en discurso del jueves, anunciando que no habrá nuevos impuestos en el presupuesto del próximo año.
En el primer gobierno del presidente Leonel Fernández en 1996, también se intentó iniciar con un presupuesto que incluía impuestos no previamente debatidos, pero la diferencia es que ignoró el rechazo generalizado, aunque el partido gobernante sólo tenía un senador y 14 diputados. Como no modificaron el proyecto, el Congreso opositor lo rechazó y en consecuencia el gobierno tuvo que manejarse en el 1997 con el presupuesto del año anterior.
Esta vez el PRM y sus aliados podrían reunir votos para aprobar un presupuesto, pero Abinader ha cumplido su promesa de buscar consenso para las grandes decisiones de su gobierno. Tal vez consciente de que una imposición de unos 20 mil millones de pesos adicionales, no sólo mellaría muy rápido su popularidad, sino que dificultaría más el Pacto Fiscal que evadió el presidente Danilo Medina, aunque fue mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada en el 2012, antes de iniciarse su doble período de 8 años.
Abinader anunció que el Pacto Fiscal, y el también pendiente Pacto Eléctrico, se empezarán a discutir con la meta de alcanzar consenso en seis meses para aplicarlos a partir del 2022. Enfatizó esfuerzos por reducir la malversación, combatir la corrupción y mejorar la calidad del gasto, priorizando salud, educación y asistencia social, pese a la contracción por la pandemia, y señaló que encontró las arcas agotadas, en la peor crisis económica en 60 años, y que sólo en pagos de deudas a sus contratistas el gobierno anterior erogó al final 40 mil millones de pesos. José Rijo, director de Presupuesto, precisó luego que en julio, su último mes completo, el gobierno de Medina gastó 102 mil millones de pesos, reducidos a la mitad, 55 mil millones, en septiembre, el primer mes entero del nuevo gobierno.
Sanciones y recuperaciones
En el rechazo a nuevos impuestos reflejado en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, se incluye la indignación porque “todavía no hay un solo preso de la corrupción”, lo que implícitamente respondió de nuevo el presidente Abinader, reclamando auditorías y acción del ministerio público, pero descartando circo. La precipitación podría ser contraproducente, pues sin fundamentos de pruebas, serviría para dictámenes de no ha lugar que harían imposible las sanciones correspondientes.
Aún logrando condenas, no es fácil “recuperar lo robado”, como reclama la indignación social, porque generalmente está escondido en paraísos fiscales, a nombre de otras personas, en inversiones y empresas, cuya incautación implica mucho tiempo y recursos. Así quedó demostrado en el caso de las quiebras bancarias, donde el Estado apenas recuperó un mínimo de lo malversado e invertido para solventar la crisis financiera 2002-04.
El nuevo gobierno ha empezado a reducir la malversación y ha creado mecanismos independientes de prevención y persecución de la corrupción, pero todavía queda mucho por hacer para recuperar la confianza de la sociedad en el Estado. El partido gobernante y el Congreso Nacional deberían ayudar al presidente, quien ha impuesto austeridad en el Palacio Nacional y renunció a los gatos de representación. Los barrilitos y confrecitos de los legisladores resaltan en la indignación social. Ya son casi dos mil los “diplomáticos”, vicecónsules, subdirectores y subadministradores suspendidos, pero quedan muchos más y en organismos estatales todavía hay demasiados privilegios que reducir.-
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?