De portada
La torpeza, la impericia, la improvisación y la falta de racionalidad son iguales o más peligrosas que las malas intenciones.
El manejo dado por el Gobierno a la crisis haitiana y la consecuente diferencia con las autoridades del hermano país, ha dejado lo suficientemente claro de que la República Dominicana está en medio de un gran déficit de capacidad para afrontar los problemas nacionales.
El asunto a este respecto va desde el manejo del problema haitiano hasta la conducta exhibida por el Congreso Nacional y el sistema de justicia, lo cual deja la sensación de que el país camina por una pendiente muy peligrosa, cuyas consecuencias son desde el deterioro de la imagen de la nación hasta causar daños irreparables a la economía y a otros sectores de la vida nacional.
Las declaraciones del presidente Abinader cuando tuvo que hablar de las relaciones entre China y la Republicana Dominicana, la cual colocó en un punto no preferente a la nación asiática frente a las que se mantienen con los Estados Unidos, pero no bien llegada la ola de muertes a consecuencia del Covid-19, el mandatario se vio en la necesidad de recurrir a ésta ante la indiferencia de las farmacéuticas y el propio gobierno norteamericano.
Realmente se trató de un mal manejo de un país que proclama que su política exterior es abierta e igual con todos los países del mundo y que sólo hay diferenciaciones cuando la economía y la geopolítica así lo disponen, lo cual es lo prudente y lo racional, porque no se puede, por ejemplo, colocar en el mismo nivel las relaciones con un país que hace mayores negocios con la nación que aquellos que prácticamente no tienen ninguno.
Todo ello dice que el manejo dado al problema chino-norteamericano no fue el correcto en ese momento, pero ahora en la confrontación pública con el Gobierno haitiano, las autoridades dominicanas han incurrido en una serie de errores, aunque en el fondo las medidas tomadas sean procedentes y justificadas.
Por ejemplo, la regularización y deportación del haitiano que no esté legal en el país es entendible desde la perspectiva de la soberanía que tiene el país para proceder como lo entienda correcta para normalizar esa situación, pero naturalmente va a tener una gran importancia cuándo y cómo se haga.
En tal virtud, ese simple detalle que está más asociada al derecho de actuar como lo entienda procedente el gobierno dominicano, apoyado en su derecho a la autodeterminación y la soberanía nacionales, pero la puesta en ejecución de cualquier medida al respecto debe ser con la debida observancia de los mandatos diplomáticos, comerciales y de los derechos humanos fundamentales y por tanto una cosa como las otras son muy importantes.
La revisión del Plan de Regularización puesto en práctica por el pasado gobierno no está mal que se haga, pero las autoridades deben cuidarse de que por razones políticas se vayan a cometer errores que rayen con los derechos humanos consignados en la Constitución de la República, los tratados y convenciones internacionales, y lo propio hay que agregar en el caso de las atenciones médicas en los hospitales públicos del país.
El llamado para que los empresarios no empleen a extranjeros que no tengan su documentación legal en el país y sobre la base del respeto del 80-20 que manda la legislación sobre la materia, también está muy bien, pero lo único es que se debe buscar el momento oportuno para aplicar esa media de ley, a fin de evitar aumentar las tensiones con el vecino Haití y que no se vea como una retaliación.
Naturalmente, se impone que el Gobierno abandone la mala práctica de usar a haitianos ilegales en la construcción de obras públicas, porque entonces no se tiene moral para exigir a personas físicas y morales que cumplan con ese mandato, mientras que el mismo sea violado por quien debía estar en primera fila para ajustarse a ese mandato del ordenamiento jurídica nacional para estar dentro de su propia legalidad.
Otra cosa es que frente a las afrentosas declaraciones del canciller haitiano en diferentes medios de comunicación, no se puede establecer una polémica sobre asuntos que no pueden ser abordados con una persona que busca pasar de sospechosa de tener participación en un magnicidio a patriota, cuyo propósito parece el buscado por este funcionario del hermano país.
En estas diferencias con los haitianos no se puede decir cualquier disparate, porque nos hace más daños que bien, como lo expresado en rueda de prensa por el presidente Luis Abinader cuando sostiene que la medida en contra de los estudiantes haitianos persigue evitar que los bandoleros que azotan a la hermana nación entren al territorio nacional por esa vía.
Todo indica que al presidente se le olvidó que esos pandilleros si tuvieran como agenda entrar ilegalmente al país sólo tienen que acercarse por la zona de la frontera donde con unos muy pocos centavos penetrarían al territorio nacional.
Que no vaya a creer el Gobierno que con el despliegue de 12 mil soldados en la frontera se evita que los haitianos entren al territorio nacional, porque sería auto engañarse en virtud de que el problema no es sólo tener muchos hombres bien armados, sino formar a los mismos de una visión ética que ya no existe en el país.
De manera, que resulta contraproducente hablar de que la medida tomada es para supervisar y mejorar los mecanismos de otorgamientos de los visados a los estudiantes haitianos, lo cual siempre debió existir y no ahora por el problema de las bandas y la desestabilización política y social de Haití y en consecuencia ahí estriban los errores y las improvisaciones.
De portada
Un episodio que sirve de espejo para medir la profundad de la crisis ético-moral de la sociedad dominicana.
Por Elba García
La República Dominicana y Haití, atrapadas en la isla la Hispaniola, donde predominan las ilegalidades y una corrupción administrativa que somete a sus pueblos a la peor de las miserias, la violencia y la violación sexual de niñas y mujeres, aunque de forma y circunstancias que difieren unas de otras, hoy proyectadas a nivel internacional como naciones con un precario estado de derecho.
Un ejemplo que saca a la superficie esta triste realidad ha sido la violación sexual de una adolescente en un pueblo del este del país durante un operativo para apresar y deportar indocumentados, principalmente haitianos, el cual fue aprovechado por miembros de la Dirección General de Migración para cometer algunas de sus fechorías, que sólo tienen ligeras diferencias con la actuación de las bandas haitianas que se apoyan en las mismas prácticas y en la muerte en la vecina nación.
La denuncia al respecto ha dejado estupefacta a mucha gente ante el hecho de que agentes de la Dirección de Migración violaron y luego amenazaron de muerte a una adolescente de catorce años en el sector Bulevar de Verón, provincia La Altagracia, para que no hablara de lo ocurrido, quien vive con su familia en una casita construida de madera y zinc, pero que en el momento de la agresión se encontraba sola.
Situaciones como esta resultan bochornosa para una sociedad que en la actualidad mantiene una disputa con Haití por la migración ilegal y por asuntos de agua, la cual tiene una trascendencia internacional, sobre todo porque en la información se dice que estos agentes cobran entre 15 y 17 mil pesos a los nativos de la hermana nación para dejarlos en libertad.
Sólo el que no conoce el país puede poner en duda la información sobre estos hechos, porque este periódico mantiene la tesis que las diferencias entre el Estado dominicano y el haitiano no son tantas, a pesar de tener cultura desiguales en cada territorio, ya que, aunque el primero existe de hecho y de derecho y el segundo sólo en el papel, por lo que la violencia y los atropellos se expresan no de igual forma, pero sí de manera muy parecida.
Qué diferencia se verifica entre la forma de actuar de las bandas de delincuentes haitianas y la de los miembros de la Dirección General de Migración, bueno en que una lo hace al margen de los instrumentos que crea la ley y la otra que se apoya en las herramientas jurídicas para cometer la misma fechoría e incurrir en el demonio de la violación sexual de niñas y mujeres adultas, entre otras ilegalidades.
Es importante dejar claro que el segundo elemento citado en los ilícitos en que incurren los miembros de la Dirección de Migración está el hecho de que dejan en libertad a los apresados por su condición de indocumentado luego de un pago económico, lo cual también es vandálico.
Esta es una práctica del día a día en la zona fronteriza y en los lugares donde son recluidos los haitianos y otros extranjeros apresados por carecer de documentos, lo cual deja claro que se trata de un negocio que trasciende el límite de lo legal, lo moral y de lo ético.
Lo grave de lo ocurrido es de que no se trata de una simple denuncia, sino de un hecho comprobado por el médico logística que ha examinado a la adolescente.
Esta violación supera los límites de lo tolerable en cualquier nación civilizada y en consecuencia las autoridades de cualquier país no pueden manejar con paños tibios semejante aberración.
Lo peligroso del asunto es que se observa un manejo muy tímido del acto delincuencial y bochornoso cometido en contra de la adolescente haitiana por parte de los medios de comunicación del país, cuyos periodistas han sido más impactados por un ultranacionalismo enfermizo y destructivo que el daño causado a quien literalmente se puede definir como una niña, lo cual representa una violación de una serie de convenciones internacionales de derecho público y sobre derechos humanos de las que la República Dominicana es signataria.
Este caso tiene otro agravante y el mismo tiene que ver con que los violadores de la adolescente, quienes la ponen en libertad tras haberla recluido en un recinto para indocumentados con la condición de que no hablara de lo ocurrido, cuya conducta deja claro que se trata de una banda que se refugia en la legalidad que otorga la Ley 285-04 y bajo la cual opera la Dirección General de Migración, actúan con acechanza y con complicidad entre unos y otros.
Este hecho debe tener las consecuencias que manda la ley penal porque de lo contrario se constituiría en un grave revés para la República Dominicana, donde se vive más de la percepción que de la realidad, máxime si se toma en cuenta que el país tiene el turismo como renglón principal de su economía.
De portada
La partidocracia tiene mil vías como depredar el Estado con la complicidad de los que deben velar por la transparencia.
Por Elba García
La Junta Central Electoral (JCE) entregó luego de que el Gobierno accediera a beneficiar a los partidos políticos con otra partida de dinero que alcanza a la suma de 2,520.8 pesos, pero sin especificar de dónde provendrían esos recursos.
La realidad es que el pedido de los partidos políticos fue satisfecho, cuyo dinero será usado en la presente campaña electoral que habrá de culminar el próximo 19 de mayo con la escogencia del presidente y vicepresidente de la República, así como de los diputados y senadores para el próximo cuatrienio, sin que se tenga claro de dónde saldrán esos fondos.
Lo preocupante de la alta inversión en campaña electoral es que para soportar esos recursos el país tiene que recurrir a un endeudamiento que encamina la nación hacia una amenaza que representa un peligro para la estabilidad nacional.
La intención del Gobierno, y así lo ven expertos en la materia, es modificar la Ley de Presupuesto, lo que conlleva crear nuevas fuentes para buscar ese dinero que manejan los partidos con muy poca o ninguna transparencia en violación de la Constitución de la República.
Pero el asunto toma un perfil todavía más preocupante por el hecho de que en la sociedad dominicana existe una total complicidad con este proceder de la partidocracia nacional, incluidas en la misma las llamadas altas cortes.
Tanto el Tribunal Superior Electoral (TSE) como el Tribunal Constitucional (TC) se reniegan a imponer sanciones judiciales a la partidocracia por la poca transparencia con que maneja los fondos públicos, ya que la mayor parte del presupuesto entregado a estas organizaciones se va a los bolsillos de algunos de sus dirigentes.
Sin embargo, cuando han surgido demandas que cuestionan ese manejo del patrimonio público, tanto el TSE como el TC se hacen de la vista gorda, mientras reclaman el cumplimiento con sentencias que no tratan precisamente esta problemática que va camino a acabar con el país.
Los partidos políticos son el mejor negocio que existe en la República Dominicana, cuyos dirigentes tienen la garantía de que todos los órganos y entes del Estado dominicano no los tocarán ni con el pétalo de una rosa.
De acuerdo a economistas nacionales, el Gobierno está obligado a determinar el origen de esos recursos mediante un aumento de las recaudaciones de impuestos o a través del aumento de la deuda pública, dos escenarios tenebrosos para los dominicanos.
La realidad es que las autoridades para solucionar el problema planteado necesitan identificar la fuente de la generación de esos recursos o sencillamente modificar la Ley de Presupuesto.
Con ese propósito el presidente tendría que ordenarle al Banco de Reservas que otorgue un préstamo a los partidos políticos con la garantía de contingencia de que estaría consignado en el presupuesto complementario que se preparará a partir de julio.
No obstante, los especialistas en la materia entienden que los presupuestos complementarios sólo tienen el fin de corregir entuertos después de haberse producido no antes de que ello ocurra, cuya decisión para entregar ese dinero a los partidos políticos representa un procedimiento incorrecto que daña institucionalmente al país.
Se ha podido establecer que en los últimos 26 años los partidos han recibido contribuciones estatales que superan los 25,303 millones de pesos, los cuales en el papel han estado destinados a financiar las operaciones corrientes de estas agrupaciones y los gastos de campaña.
De la suma en cuestión alrededor de 19,545,600,000 pesos, es decir el 77%, han sido distribuidos entre cinco organizaciones políticas, las llamadas tradicionales, y que tienen una participación destacadas en la corrupción organizada y jerarquizada que se produce en el Estado dominicano en el contexto de toda la sociedad, ya que se trata de un problema integral y transversal a todos los estamentos de la nación.
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) es la organización que más fondos ha recibido en este período, con una asignación presupuestaria de aproximadamente 6,007,525,440 pesos.
El segundo lugar lo tiene en esta materia el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual ha recibido 5,874,033,695 pesos.
El tercero en la lista lo es el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) con 3,934,257,128 pesos, el cual fue desplazada como mayoritario.
Estos partidos, que controlan toda la administración pública, desde el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y el sistema de justicia, cuyos jueces son escogidos a través del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está compuesto por los mismos actores de la politiquería nacional, son el principal responsable de las grandes falencias de la democracia nacional.
Otro grandemente beneficiado con estos fondos que provienen de los contribuyentes lo es el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual ha recibido hasta la fecha cerca de 2,577,856,129 pesos, mientras que Fuerza del Pueblo (FP) ha percibido 1,260,400,000.00 desde 2021.
De manera, que si a los fondos recibidos por los partidos se le suman los más de 400 mil millones de pesos que han administrado durante los diferentes gobiernos que ha tenido el país, podría decirse que es poco lo que falta para arruinar definitivamente la sociedad dominicana.
De portada
La televisión pública herramienta útil para promover dominicanidad y renglones más importantes de la economía nacional.
Por Elba García
Desde hace muchos años, pero sin los esfuerzos que este tipo de propuesta requiere, Blue National Group Foundation (Bluenagroup), la cual tiene su sede en Santiago, segundad ciudad en importancia de la República Dominicana, ha planteado la necesidad de que en el país se desarrolle la televisión pública.
El proyecto en este sentido ha sido presentado a algunos niveles de la sociedad dominicana, pero, realmente, el mismo requiere de una mayor creación de conciencia al respecto.
En una gran cantidad de países del mundo, sobre todo en aquellos con un gran desarrollo de sus economías, se invierte mucho para promover y crear este tipo de televisión, que a diferencia de los que mucha gente cree no se trata, porque no es lo mismo, aunque se parezca, que hablar de aquella definida como gubernamental.
Hay muchos ejemplos de lo que es una buena televisión pública, como por ejemplo los canales PBS de los Estados Unidos, entre los que se encuentran el 13, el 16 y el 25, entre otros, los cuales están dotados de una programación envidiable, pero además se encuentran muy buenos ejemplos en Inglaterra, Francia y Alemania.
BBC de Londres
Quizás la mejor muestra de la televisión pública puede ser considerada la BBC de Londres, la cual es, sin lugar a dudas, un prototipo de cualquier proyecto en esta materia que se quiera desarrollar en el mundo.
En el caso de la República Dominicana nunca ha existido la televisión pública a partir del concepto que mejor la define y proyecta, el cual deja claro que no es lo mismo que la gubernamental, en cuyo contexto, por ejemplo, se encuentra Radio Televisión Dominicana (RVTD).
Uno de los grandes obstáculos para que un país disfrute de una verdadera televisión pública es el impacto que tiene la política partidista en este tipo de proyecto, ya que una serie de vicios son llevados a las estaciones que son manejadas por el sector oficial o el Poder Ejecutivo.
La televisión pública tiene que ser una gran aliada del respeto del derecho a disentir y no convertirse en un instrumento para promover, principalmente, la obra que desarrolla el gobierno de turno, lo cual se inscribe en el contexto de la gubernamental.
En lo que respecta a Radio Televisión Dominicana (RTVD) nadie puede negar y caer en la mezquindad de no reconocer que luego de la designación de Iván Ruiz al frente de la misma las cosas han cambiado en por lo menos su línea gráfica, lo cual representa un gran crecimiento, pero se puede asegurar que resulta casi imposible encausar este canal en lo que sería una auténtica televisión pública por los escollos que aparecen en el camino.
Podría decirse que es prácticamente imposible erradicar la politiquería de una estación como RTVD, porque mientras los partidos tengan la incidencia que siempre conservan en este tipo de instancia, muy difícilmente se pueda alcanzar el propósito de que el país pueda disfrutar de una verdadera televisión pública.
La televisión pública significa promover y vender de la mejor manera los valores nacionales y los renglones de la economía como el turismo y las remesas que provienen de los dominicanos que viven en el exterior.
Lo que habría que preguntarse si ello es posible lograrse a mediano o largo plazo cuando hasta para la escogencia de quienes dirigirán ese proceso interviene generalmente la politiquería, lo cual quiere decir que un buen técnico puede durar en la dirección de Radio Televisión Dominicana lo que dura una cucaracha en un gallinero.
No obstante, nadie puede negar que en los actuales momentos RTVD es lo que más se puede parecer a la televisión pública por lo menos en la calidad de su línea gráfica, aunque ese es un elemento que no determina que el país esté frente a una verdadera televisión pública en función del concepto con que se maneja este tipo de televisión donde existen los mejores ejemplos al respecto.
En esa virtud, se impone que en el país se continúe el trabajo para tener una verdadera televisión pública que sirva para promover las artes, el espectáculo y la cultura en general y de igual modo la democracia y los valores que la caracterizan.