Opinión
La “tragedia del siglo” y otras que le precedieron sin las medidas correctoras
Por Narciso Isa Conde
La “tragedia del siglo” ha conmovido con razón la sociedad dominicana e impactado la sociedad mundial. Algo terrible y muy doloroso: muchas muertes, muchas pérdidas valiosas, mucha gente afectadas, muchos sufrimientos…muchas razones para el duelo y las lágrimas.
Así la asume nuestro Movimiento Caamañista-MC, sin dejar de estimular reflexiones imprescindibles si es que queremos que esta sociedad y su heroico pueblo salgan del pantano en que la ha sumido una clase dominante-gobernante insensible e hipócrita, y su cadena de gobiernos e instituciones irresponsable
Ciertamente el reciente colapso del techo de la discoteca Jet Set, durante una presentación del reconocido y admirado merenguero Rubby Pérez, ha sido la que más vidas ha costado a la sociedad: hasta el momento 218 fallecidos y más de 260 heridos. Es posiblemente la más dramática de las tragedias de los últimos años,
Hay que llorarla con el corazón en la mano, pero no es suficiente hacerlo.
· IR A LAS CAUSAS FUNDAMENTALES DE ESA Y OTRAS TRAGEDIAS
Hay que ir más lejos y reflexionar sobre las causas y responsabilidades en ella y en otras que le precedieron.
Recordemos que esa misma discoteca sufrió un incendio el 25 de julio del 2023, que, según la administración del establecimiento, se produjo a consecuencia de un rayo que impactó el cuarto de plantas. Entonces no se reportaron víctimas
Recordemos otras del pasado reciente que pasaron sin las respuestas necesarias para cortar la cadena:
1. –El incendio en la discoteca Jazzys Elite Club el 27 de noviembre de 2006, ubicada en la avenida España del ensanche Isabelita, resultó en lamerte de nueve personas. El siniestro se originó por el sobrecalentamiento de cables eléctricos, y la falta de medidas de seguridad, como puertas cerradas con candado, contribuyó a la tragedia.
2. El incendio en la discoteca Roof Club en San Francisco de Macorís el 4 de febrero de 2022, en que un fuego destruyó gran parte de esa discoteca, Aunque había clientes en el establecimiento al momento del incendio la mayoría logró salir a tiempo.
3. El incendio en el Mercado Nuevo de Villas Agrícolas (5 de enero de 2015): Un incendio consumió la nave central del Mercado Nuevo de Villa Agrícolas, afectando almacenes y dejando pérdidas millonarias. Alrededor de 1,700 personas se quedaron sin trabajo debido al siniestro.
4.-El incendio en el mercado binacional de Dajabón (12 de octubre de-2023), que arrasó con al menos 28 puestos en el mercado fronterizo de Dajabón, afectando principalmente comercios de textiles, y otro incendio en ese mismo mercado de Dajabón el 25 de noviembre de 2024, que devoró cinco cubículos, incluyendo dos cafeterías y puestos de ropa usada. Este fue el sexto incendio registrado en el mercado.
5.-El derrumbe en el túnel de la Avenida 27 de febrero esq. Máximo Gómez, que cobró la vida de nueve personas. La explosión en San Cristóbal (14 de agosto de 2023): en la fábrica Vidal Plast, ubicada en el Mercado Viejo de San Cristóbal, causó la muerte de al menos 37 personas y dejó alrededor de 60 heridos. La detonación generó ondas de choque que destruyeron varias empresas y locales comerciales en un radio de un kilómetro.
6.-El accidente aéreo de Helidosa el 15 de diciembre de 2021 en que un avión ejecutivo de la referida empresa se estrelló poco después de despegar desde el aeropuerto de El Higüero resultando en la muerte de las nueve personas a bordo, incluyendo un productor musical
7.-El accidente en Azua (1 de septiembre de 2024). Durante las festividades patronales en el pueblo de Bastidas, un camión cargado de aguacates embistió a una multitud que se encontraba en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, dejando un saldo oficial de seis muertos y 41 heridos.
· ALTO A LA IMPUNIDAD.
¿Cuáles son las causas de esos hechos y dónde las responsabilidades?
¿Que se contrató y qué se hizo?
¿La dieron mantenimiento?
¿Quiénes inspeccionaron y fiscalizaron esas construcciones e instalaciones?
¿Cuál ha sido el comportamiento de las instituciones correspondientes del Estado y de la propia justicia frente a las empresas o personas responsables?
Todo parece indicar que no hay sistema de supervisión ni control sobres esas obras y esos establecimientos, y si lo hay sirven para poco o son vulnerable al soborno. Sonido, estructuras, electricidad, no son normadas o se violan sin reparos las normas
Incluso procesos que se han iniciado, se han estancado.
Al parecer prima el afán desmedido de lucro de propietarios y contratistas por encima de la vida y la seguridad de la gente. Los usuarios son clientes, no personas, en el contexto de un sistema en que el estado y sucesivos gobiernos son manipulados en función de proteger intereses y gestiones privadas plagadas de ventajismos, tráfico de influencia y otras formas de corrupción.
La impunidad recurrente estimula ese mal proceder, que incluye hasta no invertir para reparar fallas acumuladas, corriendo el riesgo de catástrofes de esas magnitudes.
Y si en un caso tan grave como el de Jet Set no se va a la raíz de la tragedia, pueden estar seguros/as que pronto dejará de ser la “TRAGEDIA DEL SIGLO”, porque será superada por otra de mayor magnitud.
Por la Comisión de Seguimiento del Movimiento Caamañista.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.