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Tragedia del Jet Set revela falta de planificación estratégica y la improvisación del Gobierno de R.D.
Por Elba García
A más de una semana del desplome del techo de la discoteca del Jet Set que dejó un saldo hasta ahora de 226 personas muertes y casi igual cantidad de heridos, todavía no se sabe que provocó la desgracia que ha consternado a la sociedad dominicana.
De lo que sí el pueblo dominicano o por lo menos la mayoría de la gente está segura es que en este caso está comprometida la responsabilidad penal y civil del Estado y de los propietarios del establecimiento.
En lo que respecta al Estado dominicano hay que decir que su responsabilidad por omisión es algo del diario vivir y no hay forma de que nada le sirve escarmiento, porque la realidad es de que se trata de un problema profundamente cultural.
Tras lo ocurrencia de la desgracia ha salido a la luz pública la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y de Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones Públicas y Privadas (ONESVIE), la cual fue creada mediante el decreto No. 715-01, emitido por el presidente Hipólito Mejía en el año 2001, pero que nadie conocía hasta la ocurrencia de la tragedia del Yet Set.
Esta oficina que no luce que tenga los técnicos competentes para hacer el trabajo que está en el marco de su competencia, pero además es como si hubiera estructurado al vapor para responder a los hechos producidos y si funcionaba realmente no tenía ninguna operatividad, sólo gente trabajando sin rendir ninguna labor.
Sin embargo, hay que darle el margen de la duda, ya que esta hace el levantamiento en el lugar de la tragedia, pese a que el Estado ha perdido toda su credibilidad, porque nadie cree en lo que hace.
A este respecto el reconocido geólogo Osiris de León advirtió sobre la falta de respaldo técnico y jurídico de los informes preliminares que han circulado tras el trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set.
Este profesional de la geología enfatizó que las teorías planteadas hasta el momento son simplemente hipótesis carentes de fundamento técnico, al no incluir evaluaciones detalladas de columnas, vigas, losas y demás componentes estructurales.
«Por el momento, esos informes que circulan son simples ejercicios de opinión pública, sin ninguna fuerza profesional y jurídica ante un tribunal«, afirmó.
El profesional solicitó paciencia mientras avanzan las investigaciones formales, señalando que los resultados de estas auditorías serán cruciales para que los tribunales puedan determinar responsabilidades.
Dijo que es indispensable realizar análisis exhaustivos de laboratorio y auditorías forenses certificadas para determinar con precisión las causas del colapso.
De León no les quitó importancia a «Las hipótesis, las cuales siempre son interesantes cuando vienen de personas técnicamente autorizadas, pero destacó que en casos de gran dimensión, los tribunales trabajan con auditorías forenses certificadas por profesionales e instituciones de gran experiencia forense y de alta experiencia en casos similares, las cuales que quizás tengan que ser repetidas varias veces por más de un equipo técnico de alto nivel, porque siempre hay alguien que acepta los resultados y alguien que cuestiona y no los acepta», advierte.
El experto citó que factores como la carbonatación del concreto, la exposición al salitre, las vibraciones sísmicas y del tránsito, así como sobrecargas y modificaciones estructurales, podrían haber contribuido al desastre.
Empero, subrayó que estas hipótesis sólo pueden ser confirmadas mediante evaluaciones científicas rigurosas y modelado computacional de las condiciones de la estructura al momento de la tragedia.
«Se esperan muchos números resultantes de muchas pruebas de laboratorio y de modelos computacionales digitales que permitan simular las condiciones reales de la estructura al momento de fallar y las cargas, propias o añadidas, que pudieron romper su precario estado de equilibrio isostático, quizás agravado por el tiempo, por el salitre, por la carbonatación, por las vibraciones sísmicas y del tránsito, por sobrecargas, y por cualquier otro detalle no visible desde la calle, pero hay detalles visibles al microscopio y medibles en las pruebas de compresión simple y en los cálculos de los módulos elásticos».
El colapso de la discoteca Jet Set ha generado una gran consternación nacional, y las palabras de De León reflejan la urgencia de un enfoque técnico responsable para esclarecer los hechos y evitar tragedias similares en el futuro.
El presidente Luis Abinader luego del derrumbe en la discoteca Jet Set, declaró que el Gobierno está comprometido a esclarecer los hechos y a prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro y admitió la existencia de un vacío legal que debe ser abordado para garantizar mayor seguridad en las infraestructuras.
Admitió que no existe una supervisión obligatoria para las obras privadas, lo que representa un desafío que debe ser atendido. El mandatario informó que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) está trabajando en un proyecto de ley, que busca establecer medidas más estrictas para la supervisión de infraestructuras privadas y públicas.
En otro orden, garantizó que el Gobierno no interferirá en el proceso judicial relacionado con el colapso del techo de la discoteca. Subrayó el compromiso de su administración con el respeto a los procesos legales y la justicia, asegurando que no habrá injerencia gubernamental en las investigaciones ni en las decisiones judiciales.
Pese a las palabras del presidente Abinader, quien se supone que fue elegido para corregir el nivel de improvisación de que adolece el Estado dominicano, plantea ahora buscar una solución a un problema, así como hay otros que en su momento saldrán la superficie, que se conoce y que ha sido debatido ampliamente por los medios de comunicación, lo cual deja claro que en términos de políticas públicas todos los gobierno de los últimos años han tenido el mismo comportamiento, fundamentado en la improvisación y la falta de planificación estratégica.
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Simbolismos que envuelven muerte de chofer de camion recolector de basura entrañan que el Estado no es viable y fallido.
Por José Cabral
La incursión violenta para quitarle la vida a un ciudadano en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago revela el poco respeto que tiene el Estado dominicano frente a la ciudadanía.
La mala reputación de fiscales, policías y jueces, cuyos protagonistas no merecen la más mínima confianza para combatir problemas como la delincuencia y la violencia social generalizada que impacta a la sociedad dominicana, queda al descubierto con el presente caso.
Uno de los escenarios en el que se observa un total irrespeto por la autoridad es el tránsito, pero ello es el resultado de que la Policía más que a imponer la ley se ha dedicado a cobrar un peaje a todo aquel que viola norma sobre la materia.
Pero peor ocurre con los fiscalizadores de tránsito, los cuales son parte del Ministerio Público, quienes llegan al colmo de obstaculizar muchas veces hasta la presentación de una querella por parte de familiares de quien ha sido una víctima mortal de un accidente entre vehículos de motor, no sólo por negligencia e incapacidad, sino por intervenir algún soborno.
No deja espacio para las dudas de que el tránsito vehicular es el que acumula una mayor cantidad de tensiones y conflictos sociales, porque ciudadanos de diferentes procedencias, cuyas formaciones son muy disímiles e impactados por problemas familiares, de negocios y de otros tipos, van diariamente a las calles del país y si no hay una autoridad con la competencia y la responsabilidad necesarias entonces viene la violencia y la muerte.
En este contexto se inscribe el ataque violento en contra del chofer del camión recolector de basura de Santiago, pero el caso tiene otras aristas que revelan hasta dónde el Estado dominicano ha perdido totalmente su credibilidad, ya que el hecho se produce dentro del perímetro del Palacio de Justicia de Santiago, donde ejercen sus funciones los principales actores del sistema de aplicación la ley.
El acontecimiento trágico es propio de las naciones con una gran debilidad institucional, ya que difícilmente se produzca en un país donde el Estado juega mínimamente su papel, porque el que se inclina por este tipo de acciones ilegales cuando llega frente a los símbolos de la justicia o del poder público contiene sus impulsos porque de lo contrario tiene que acogerse a su fuerte régimen de consecuencias.
Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una serie de escenarios que son una antesala de la violencia y la muerte, entre los que se pueden mencionar, el tránsito, pero además los préstamos informales, los cuales generalmente están avalados por un título auténtico falso o que no llena las formalidades de ley, pero que muchas veces terminan en una vía de ejecución al margen de la norma sobre la materia.
Otro escenario, aunque son muchos más, son las viviendas que se crean a través de las Leyes 5038 y la 108-05, cuyos condóminos viven lo que muy bien se puede llamar como un verdadero drama, en los que extraños toman el control de los mismos y se apropian del dinero que proviene de las reparaciones menores y mayores, así como del mantenimiento, quienes se apoyan en la violencia y el no respeto de derechos fundamentales como es el de la propiedad inmobiliaria.
Pero la lista de las razones de la violencia social que todavía no ha detonado totalmente es muy amplia, porque en lo que respecta a este fenómeno hay que incluir las instituciones sin fines de lucro, cuyo lugar protagónico lo tienen las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales han captado grandes recursos económicos, pero que también están impactadas por la ilegalidad y en consecuencia por la violencia.
La muerte del chofer del camión recolector de basura permite medir la credibilidad del Estado y en el que el ciudadano no está seguro en ninguno de sus entornos y cuya situación justifica la visión de que el dominicano es uno totalmente colapsado, no viable.
La lectura dada a ese hecho que tiene una enorme cantidad de simbolismos e interpretaciones que no distancian al Estado dominicano del haitiano, donde las bandas armadas son las que tienen el control de las calles y no sienten ningun tipo de respeto por las entidades públicas, sobre todo de las que tienen la responsabilidad de imponer el orden y el respeto a la ley como la Policia Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.
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Irresponsabilidades fiscal, policial y judicial son causas determinantes de la violencia social que azota a la sociedad dominicana.
Por Elba García
La ola de violencia social tiene que ver con la irresponsabilidad por omisión de los órganos que tienen la misión de combatirla, los cuales no hacen caso a situaciones en las que se puede advertir que terminarían en una desgracia. La ola de violencia por conflictos sociales, que son manejados irresponsablemente por el Ministerio Público, la Policía Nacional y los tribunales del sistema de justicia, cuyo desenlace en Santiago ha dejado como resultado un chofer de un camión recolector de basura muerto, tiene como estímulo la dejadez, la negligencia y la incapacidad de fiscales, policías y jueces
Desde hace algún tiempo se observa un aumento preocupante de los actos de violencia por conflictos sociales, entre cuyos resultados está la muerte del chofer de un camión recolector de basura, identificado como Deivi Carlos Abreu Quezada, de 40 años de edad, quien recibió heridas punsantes de arma blanca propinadas por un grupo de motoristas que lo alcanzaron dentro del Palacio de Justicia de Santiago.
Los conflictos sociales, muchos de los cuales tienen que ver con problemas de tránsito y los que se producen en el entorno de los condominios, ya que este tipo de vivienda comunitaria son una fuente permanente de tensiones y de graves violaciones a la ley.
La muerte de Abreu Quezada es sólo una muestra de la increpación social que genera la violencia que regularmente termina con confrontaciones trágicas, pero que los órganos que deben afrontar la situación se hacen de la vista gorda.
El caso del chofer del vehículo recolector de basura, que intentó pedir ayuda en un cuartel de la Policía Nacional y nadie le hizo caso, por lo que se vio obligado a seguir su marcha mientras sus asesinos lo perseguían hasta herirlo para perder la vida.
Otros conflictos que podrían terminar con la via de hecho, hacer justicia con sus propias manos por la defiencia del sistema legal y generar muertes son aquellos que se producen en los condominios de viviendas y comerciales, sobre todo porque la fiscalía maneja estos asuntos desde una perspectiva que nunca se ve el carácter criminal y penal de los casos.
El problema de la violencia toma mayor impulso cuando la autoridad competente no cumple con su rol y los que se inclinan por este tipo de conducta no reciben una respuesta que detenga sus acciones que lesionan la paz y armonía sociales.
En los actuales momentos los conflictos que provienen del tránsito vehicular, los condominios. y muchos otros de diferntes variedad, que son los que revisten mayor peligro, dado que los mismos son vistos y manejados incorrectamente por los fiscales, la Policía Nacional y los tribunsales competentes.
Sin bien en las calles del país hay una serie de conductores desaprensivos y violentos, lo mismo puede decirse de los lugares donde operan los complejos habitacionales que se rigen por las leyes 5038 y 108-05, cuyos residentes son estafados mediante los gastos menores y mayores, así como con el dinero que se paga por concepto de mantenimiento.
Sin embargo, la ilegalidad también tiene el alcance de personas que se atribuyen una calidad que no tienen, pero que se insertan en este tipo de complejo habitacional y asumen roles que no les corresponden, lo que motiva conflictos que podrían terminar en una desgracia con pérdidas de vidas humanas, todo ello frente la indiferencia y el mal manejo de los fiscales ordinarios y especializados del sistema.
El hecho de la muerte del chofer del camión recolector de basura parece constituir un llamado a las autoridades para que asumen su papel para parar una ola de violencia que tiene perfiles muy preocupantes en razón de que provienen de conflictos sociales que pueden ser resueltos con una intervención más responsable e idónea de los órganos creados por el Estado para ese propósito.
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La colegiación profesional otro fiasco nacional como parte de todo el desastre que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
Los colegios profesionales, que nacen en el mundo desde años muy remotos, se han convertido en otro gran fracaso en la República Dominicana, tal vez porque son el resultado de una cultura anárquica, caracterizada por la improvisación y el poco respeto por la institucionalidad.
Frente a este cuadro, el cual está explicado por un asunto profundamente cultural, puede decirse que esta figura jurídica representa un gran fracaso para los profesionales académicos que cifraron sus esperanzas en que los colegios serian una vía de solución de sus grandes problemas de seguridad social y ético-moral.
Pero en realidad los mismos son parte de un sueño que parece que no se concreta, ya que por lo que se ve no hay uno solo de los colegios profesionales que opere en función de la ley que lo crea, sobre todo por ser entes mediante los cuales el Estado se desplaza para que los profesionales del sector de que se trate se auto-regulen y al propio sean un soporte de la precaria institucionalidad que caracteriza al país.
Los colegios profesionales que proyectan mayor fortaleza en el país no es verdad que así sea, ya que los mismos son controlados por grupos que operan a lo interno de ellos, a los fines de satisfacer intereses particulares y no de la profesión que representan.
Los colegios profesionales, los cuales tuvieron un mayor proceso de constitución en la década de los ochenta, pese a que su nacimiento data de los 40 e incluso de la tiranía trujillista, son una expresión de lo que de manera integral constituyen los países que cuentan con un Estado no viable.
Entre los surgidos en el año 1983 están el Colegio de Abogados y el de periodistas, aunque éste último se desnaturalizó y en los actuales momentos no pasa de ser una asociación creada mediante una ley especial que está más en el contexto del derecho privado que del público, cuyo nivel de regulación es prácticamente nulo, aunque igual ocurre con los que tienen la facultad de hacerlo.
Hay otros colegios como el de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) que data de la que se podría definirse como la tercera etapa de la creación de este tipo de organización en el país, pero prácticamente ninguno de ellos ha podido cumplir con el rol ético que está llamado a jugar este modelo de entidad que cuenta con poder público para regular la profesión.
Este tipo de institución ha corrido la misma suerte de aquellas impactadas por el fenómeno como el grupismo que se ha apropiado de ellas para desnaturalizarlas y no dejarlas cumplir con su rol, muchas veces por la politización que impacta negativamente a toda la sociedad dominicana.
E incluso el propio legislador ha cometido serios errores al momento de aprobar las leyes para la creación de cada uno de los colegios profesionales, ya que, por ejemplo, el de médico parece ser un hibrido de una organización gremial y las particularidades que tienen este tipo entidad, que rompe con los principios de igualdad y de razonabilidad que han sido muy trabajado en el proceso de constitucionalización del derecho en el país tras la entrada en el 2010 del neo-constitucionalismo.
Hay otros colegios que en las leyes que los crean el legislador se preocupó de establecer literalmente que no tienen carácter gremial, lo cual impacta de forma positiva el principio de igualdad y de razonabilidad, pese a que de ninguna manera se cumple con el mandato de la ley, máxime en lo que respecta al rol ético de este tipo de modelo institucional.
La cuestión es que el aspecto más importante de los colegios profesionales, como es el ético, porque impacta positivamente a la sociedad, es muy poco el aporte de esta figura jurídica, la cual debe velar de que los egresados universitarios exhiban una conducta acorde con ese valor en el ejercicio de la profesión para beneficio de la sociedad.
Los colegios profesionales son parte de un problema nacional que está muy ligado a la cultura nacional, la cual parte de la improvisación y el poco respeto de la ley y de la conducta ética de todos los ciudadanos para conformar una mejor sociedad.
Uno de los mejores ejemplos en este campo es el Colegio Dominicano de Notarios, cuyos miembros, que son oficiales con fe pública, con el aval del Estado, porque son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, emiten una serie de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de la Ley 140-15, Orgánica de la entidad, pero se conocen muy pocas las sanciones impuestas en contra de los que distorsionan sus funciones y ponen en peligro la seguridad jurídica.
Igual ocurre con los abogados, los médicos, los ingenieros y muchos otros profesionales colegiados, pero que todo es parte de un fenómeno general que explica la esencia de una sociedad no viable y carente de un régimen de consecuencia.