Economía
La trampa del gasto corrie
Las finanzas públicas del país están secuestradas por el exceso de gasto corriente. Hemos caído, lamentablemente, en la trampa del gasto corriente: los gastos corrientes superan los ingresos corrientes del Gobierno Central, lo que obliga a Hacienda a endeudarse dentro y fuera del país para financiar gastos corrientes que no pueden ser cubiertos con los ingresos corrientes provenientes, fundamentalmente, de los ingresos tributarios y no tributarios. Cuando analizamos la evolución de los ingresos y gastos corrientes durante los últimos 75 años (1951-2025), observamos que solo en los años 1965 (Revolución de Abril), 1982 (profunda recesión en EE. UU. caracterizada por una caída de 1.8% del PIB y aumento del desempleo a 10.8%), 2020 (COVID-19) y 2021-2025, los gastos corrientes han superado los ingresos corrientes del Gobierno.
Durante los últimos diez años de la dictadura de Trujillo los ingresos corrientes se mantuvieron muy por encima de los gastos corrientes. En 1961, año del tiranicidio, el excedente de ingresos corrientes sobre el gasto corriente se redujo dramáticamente, pero se mantuvo en terreno positivo. A pesar de los tiempos de incertidumbre e inestabilidad política que siguieron tras el fin de la tiranía y que desembocaron en la elección el 20 de diciembre de 1962 de Juan Bosch a la presidencia, su derrocamiento el 25 de septiembre de 1963 y el surgimiento del Triunvirato presidido efímeramente por Emilio De Los Santos y sustituido por Donald Reid Cabral (1963-1965), el Gobierno logró mantener los gastos corrientes por debajo de los ingresos corrientes. En 1965, producto de la Revolución de Abril, por primera vez en los últimos 75 años, los gastos corrientes superaron los ingresos corrientes. La ascensión a la presidencia de Joaquín Balaguer (Partido Reformista) en 1966 marcó el inició de un largo período en el cual los ingresos corrientes se mantuvieron muy por encima de los gastos corrientes. A partir de 1978, bajo la administración de Antonio Guzmán (PRD), la brecha comenzó a reducirse, cayendo transitoriamente en la trampa del gasto corriente en 1982. Bajo la administración de Jorge Blanco (PRD), aunque en menor medida que bajo los primeros doce años de Balaguer, los ingresos corrientes se mantuvieron por encima de los gastos corrientes, brecha que se expandió notablemente con el regreso de Balaguer (PRSC) a la presidencia en 1986 que marcó el inicio a sus últimos diez años en el poder.
Durante la administración de Leonel Fernández (PLD) de 1996-2000, el excedente se mantuvo de manera holgada. Lo mismo ocurrió durante la administración de Hipólito Mejía (PRD) de 2000-2004, a pesar de que esta tuvo que hacer frente a una profunda crisis macroeconómica provocada por el colapso de varios bancos privados. Durante los siguientes ocho años de Leonel Fernández (2004-2012), el excedente se mantuvo, pero se redujo a partir del 2009 como consecuencia de la Gran Recesión que afectó al mundo luego del colapso de Lehman Brothers, ocurrido el 15 de septiembre de 2008. Durante los ocho años de la presidencia de Danilo Medina (PLD) de 2012-2020, no caímos en la trampa durante los primeros siete años. A partir de marzo de 2020, la irrupción de la pandemia del COVID-19 que tuvo que ser enfrentada tanto por la administración de Medina como por la de Luis Abinader (PRM), resultaba inevitable caer en la trampa del gasto corriente. Pasada la pandemia, sin embargo, el país no ha logrado salir de la trampa: durante el período 2021-2025, los gastos corrientes han superado todos los años los ingresos corrientes, forzando al Gobierno a endeudarse para cubrir aquellos gastos corrientes que no ha podido pagar con sus ingresos corrientes.
Durante los últimos 75 años, el gasto corriente ha representado, en promedio, el 71% del gasto total del Gobierno. Solo en 1965 (Revolución de Abril) con 94.2% y este año, con 91%, el gasto corriente ha sobrepasado la barrera del 90% del gasto total, dejando muy pocos recursos para la inversión pública bruta, la cual resulta extremadamente baja si se tiene en cuenta que la depreciación anual promedio del stock de capital público, representado por la infraestructura vial e hídrica, edificaciones y maquinarias, entre otras, es cercana al 3% de su valor, lo que da lugar a un consumo de capital público cercano a 1% del PIB. Nuestra economía necesitaría un nivel anual de inversión pública bruta no menor a 4% del PIB.
Ese nivel permitiría acumular el stock de capital público necesario para elevar nuestra competitividad y mantener un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, si decidimos financiar esa inversión pública con endeudamiento y adicionalmente tomamos préstamos externos o colocamos bonos globales o domésticos para pagar gastos corrientes que no podemos cubrir con los ingresos corrientes, sin proponérnoslo, caminaríamos con firmeza hacia el precipicio. Haría muy bien el presidente Abinader, si a partir del 16 de agosto próximo, ejecuta un programa serio, creíble y verificable de recortes de gastos corrientes no prioritarios que nos permitan salir de la trampa del gasto corriente en que nos encontramos. Ese recorte crearía las condiciones para el necesario aumento de la inversión pública que demanda una economía que se encuentra relativamente estancada.
Santo Domingo. — La tasa del dólar estadounidense ha experimentado una reducción sustancial, y continúa con una tendencia a la baja frente al peso dominicano, de acuerdo con la tasa de cambio de referencia publicada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) para este miércoles 27 de mayo de 2026.
Según informó el organismo monetario, la tasa de compra del dólar se fijó en RD$58.0844 y la de venta en RD$58.8939, ambas por debajo de los RD$60 por unidad.
De acuerdo a economistas este comportamiento evidencia la estabilidad del mercado cambiario nacional y la efectividad de las políticas monetarias y macroeconómicas aplicadas en el país.
Economía dominicana registra crecimiento promedio de 4.0 % en cuatro meses
El desempeño de la moneda estadounidense ocurre en un contexto de dinamismo económico sostenido, impulsado por el crecimiento del turismo, el flujo constante de remesas, el incremento de la inversión extranjera y el fortalecimiento de las exportaciones. Estos factores han contribuido a una mayor disponibilidad de divisas y a la estabilidad del sistema financiero.
Asimismo, las reservas internacionales del Banco Central superan actualmente los US$15,000 millones.
De acuerdo con estándares internacionales, los países deben mantener reservas suficientes para cubrir al menos tres meses de importaciones. En el caso de la República Dominicana, las reservas internacionales cubren más de seis meses de importaciones y equivalen a más del 12 % del producto interno bruto (PIB), indicadores que respaldan la solidez macroeconómica del país y la confianza de los agentes económicos nacionales e internacionales.
El Banco Popular Dominicano (BPD) participó en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros (SIIDF 2026), un encuentro de alcance regional que reúne a especialistas del sector público y privado de América Latina.
En la actividad se abordaron los desafíos actuales en la prevención y detección de fraudes y crímenes financieros.
El SIIDF, organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros, centró su agenda en estrategias para fortalecer la investigación financiera frente a la complejidad de los ecosistemas digitales y la creciente sofisticación de los delitos.
Asimismo, destacó la importancia de la colaboración entre sectores y el rol de la capacitación especializada y la educación en la prevención temprana, elementos que están presentes en la visión de la gestión de riesgos cibernéticos del Banco Popular.
El presidente ejecutivo del BPD, Christopher Paniagua, en un reciente artículo planteó que el banco está convencido de que “la IA es una herramienta para servir mejor a nuestros clientes, mejorar nuestra eficiencia operativa y fortalecer la seguridad de nuestra infraestructura tecnológica y de nuestros clientes, con lo que consolidamos nuestro liderazgo regional”.
En este contexto, el Banco Popular cuenta con una probada experiencia en el análisis de grandes volúmenes de información para la detección de fraudes.
Con ese objetivo, mantiene una operación de monitoreo continuo a través de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de vanguardia, el cual posee certificaciones internacionales que respaldan sus estándares en seguridad y protegen la integridad de sus sistemas y la protección de la información de los clientes en un entorno digital cada vez más sofisticado.
“Gracias a esta infraestructura y una labor de monitoreo permanente, en 2025 el banco pudo monitorear en promedio 38,000 eventos por segundo, con picos de hasta 40,000, lo que representó más de 3,283 millones de eventos diarios, evidenciando su enfoque preventivo y su alta capacidad de detección y respuesta ante posibles amenazas”, expresa en un comunicado de prensa.
Colaboración interinstitucional ante las ciberamenazas
Cita que, como parte de su liderazgo en la transformación digital de los servicios financieros, la entidad bancaria continúa incorporando soluciones basadas en IA que apoyan el desarrollo de aplicaciones, la automatización de procesos internos y la mejora de la eficiencia operativa, contribuyendo a una mejor experiencia para colaboradores y clientes.
Además, con respecto a la colaboración con otras instancias, es relevante destacar que en 2024 el Popular se convirtió en el primer banco dominicano en formar parte del Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes y Seguridad (FIRST).
“Sus profesionales de ciberseguridad participan en esta red global que facilita el intercambio de conocimientos y fortalece la respuesta ante amenazas cibernéticas, agrupando a más de 700 equipos de respuesta ante emergencias informáticas en todo el mundo”, indica la declaración de prensa.
Concienciación y educación en ciberseguridad
En el ámbito de la concienciación y capacitación en ciberseguridad, la entidad pone a disposición del público la plataforma “Pistas de Seguridad”, orientada a promover buenas prácticas digitales a través de formatos como artículos, videos y pódcast, entre otros.
El Banco Popular refirió también que cada año celebra en octubre el Mes de la Concientización de la Ciberseguridad, desarrollando diversas acciones dirigidas a clientes, pymes, proveedores, colaboradores y otros grupos de interés.
Resiliencia operativa y confianza digital
Este enfoque preventivo y proactivo para fortalecer la ciberseguridad forma parte de la visión de la organización financiera por garantizar la resiliencia operativa y la confianza digital, un activo esencial para el progreso y la estabilidad del sistema financiero.
Con su participación en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros (SIIDF 2026), el Popular subraya su enfoque continuo de fortalecimiento de capacidades en la prevención de delitos financieros y la protección de la información, en línea con las mejores prácticas internacionales y en colaboración con los actores clave del ecosistema financiero regional.
Santo Domingo, R.D.-El sector empresarial advirtió este miércoles que varios puntos contenidos en la propuesta de reforma al Código de Trabajo podrían incrementar los costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultar la creación de empleos formales, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.
La posición fue fijada mediante un documento conjunto encabezado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y respaldado por más de 80 organizaciones empresariales y entidades representativas de distintos sectores productivos del país.
En el comunicado, las entidades hicieron un llamado a los legisladores a actuar con “prudencia, visión de país y sentido de responsabilidad histórica” durante el proceso de discusión del proyecto de reforma laboral que cursa en el Congreso Nacional.
Sostuvieron que una legislación laboral moderna debe preservar y fortalecer los derechos fundamentales de los trabajadores, pero al mismo tiempo contribuir a enfrentar desafíos estructurales como la informalidad, el aumento de la productividad, la generación de empleos y el fortalecimiento de la competitividad nacional.
“Estos elementos deben analizarse cuidadosamente para asegurar un equilibrio adecuado entre protección laboral, productividad y sostenibilidad”, expresaron las organizaciones en el documento fechado el 20 de mayo de 2026.
El sector privado insistió en la necesidad de continuar el diálogo para lograr una reforma que responda a las nuevas dinámicas del empleo y a las exigencias de un entorno económico cada vez más competitivo.
Entre las entidades firmantes figuran además la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), así como asociaciones vinculadas a las zonas francas, comercio, turismo, construcción, industria y pequeñas empresas.