Economía
La trampa del gasto corrie
Las finanzas públicas del país están secuestradas por el exceso de gasto corriente. Hemos caído, lamentablemente, en la trampa del gasto corriente: los gastos corrientes superan los ingresos corrientes del Gobierno Central, lo que obliga a Hacienda a endeudarse dentro y fuera del país para financiar gastos corrientes que no pueden ser cubiertos con los ingresos corrientes provenientes, fundamentalmente, de los ingresos tributarios y no tributarios. Cuando analizamos la evolución de los ingresos y gastos corrientes durante los últimos 75 años (1951-2025), observamos que solo en los años 1965 (Revolución de Abril), 1982 (profunda recesión en EE. UU. caracterizada por una caída de 1.8% del PIB y aumento del desempleo a 10.8%), 2020 (COVID-19) y 2021-2025, los gastos corrientes han superado los ingresos corrientes del Gobierno.
Durante los últimos diez años de la dictadura de Trujillo los ingresos corrientes se mantuvieron muy por encima de los gastos corrientes. En 1961, año del tiranicidio, el excedente de ingresos corrientes sobre el gasto corriente se redujo dramáticamente, pero se mantuvo en terreno positivo. A pesar de los tiempos de incertidumbre e inestabilidad política que siguieron tras el fin de la tiranía y que desembocaron en la elección el 20 de diciembre de 1962 de Juan Bosch a la presidencia, su derrocamiento el 25 de septiembre de 1963 y el surgimiento del Triunvirato presidido efímeramente por Emilio De Los Santos y sustituido por Donald Reid Cabral (1963-1965), el Gobierno logró mantener los gastos corrientes por debajo de los ingresos corrientes. En 1965, producto de la Revolución de Abril, por primera vez en los últimos 75 años, los gastos corrientes superaron los ingresos corrientes. La ascensión a la presidencia de Joaquín Balaguer (Partido Reformista) en 1966 marcó el inició de un largo período en el cual los ingresos corrientes se mantuvieron muy por encima de los gastos corrientes. A partir de 1978, bajo la administración de Antonio Guzmán (PRD), la brecha comenzó a reducirse, cayendo transitoriamente en la trampa del gasto corriente en 1982. Bajo la administración de Jorge Blanco (PRD), aunque en menor medida que bajo los primeros doce años de Balaguer, los ingresos corrientes se mantuvieron por encima de los gastos corrientes, brecha que se expandió notablemente con el regreso de Balaguer (PRSC) a la presidencia en 1986 que marcó el inicio a sus últimos diez años en el poder.
Durante la administración de Leonel Fernández (PLD) de 1996-2000, el excedente se mantuvo de manera holgada. Lo mismo ocurrió durante la administración de Hipólito Mejía (PRD) de 2000-2004, a pesar de que esta tuvo que hacer frente a una profunda crisis macroeconómica provocada por el colapso de varios bancos privados. Durante los siguientes ocho años de Leonel Fernández (2004-2012), el excedente se mantuvo, pero se redujo a partir del 2009 como consecuencia de la Gran Recesión que afectó al mundo luego del colapso de Lehman Brothers, ocurrido el 15 de septiembre de 2008. Durante los ocho años de la presidencia de Danilo Medina (PLD) de 2012-2020, no caímos en la trampa durante los primeros siete años. A partir de marzo de 2020, la irrupción de la pandemia del COVID-19 que tuvo que ser enfrentada tanto por la administración de Medina como por la de Luis Abinader (PRM), resultaba inevitable caer en la trampa del gasto corriente. Pasada la pandemia, sin embargo, el país no ha logrado salir de la trampa: durante el período 2021-2025, los gastos corrientes han superado todos los años los ingresos corrientes, forzando al Gobierno a endeudarse para cubrir aquellos gastos corrientes que no ha podido pagar con sus ingresos corrientes.
Durante los últimos 75 años, el gasto corriente ha representado, en promedio, el 71% del gasto total del Gobierno. Solo en 1965 (Revolución de Abril) con 94.2% y este año, con 91%, el gasto corriente ha sobrepasado la barrera del 90% del gasto total, dejando muy pocos recursos para la inversión pública bruta, la cual resulta extremadamente baja si se tiene en cuenta que la depreciación anual promedio del stock de capital público, representado por la infraestructura vial e hídrica, edificaciones y maquinarias, entre otras, es cercana al 3% de su valor, lo que da lugar a un consumo de capital público cercano a 1% del PIB. Nuestra economía necesitaría un nivel anual de inversión pública bruta no menor a 4% del PIB.
Ese nivel permitiría acumular el stock de capital público necesario para elevar nuestra competitividad y mantener un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, si decidimos financiar esa inversión pública con endeudamiento y adicionalmente tomamos préstamos externos o colocamos bonos globales o domésticos para pagar gastos corrientes que no podemos cubrir con los ingresos corrientes, sin proponérnoslo, caminaríamos con firmeza hacia el precipicio. Haría muy bien el presidente Abinader, si a partir del 16 de agosto próximo, ejecuta un programa serio, creíble y verificable de recortes de gastos corrientes no prioritarios que nos permitan salir de la trampa del gasto corriente en que nos encontramos. Ese recorte crearía las condiciones para el necesario aumento de la inversión pública que demanda una economía que se encuentra relativamente estancada.
Tres plantas procesadoras de Canadá fueron autorizadas para exportar carne de res y productos derivados al mercado dominicano, luego de una evaluación de los controles sanitarios y de inocuidad del país norteamericano.
SANTO DOMINGO.– República Dominicana autorizó nuevamente la entrada al país de carne de res procedente de Canadá, poniendo fin a las restricciones que durante más de dos décadas limitaron el acceso de estos productos al mercado nacional.
La decisión permite la importación de carne bovina y productos cárnicos canadienses, incluidas vísceras provenientes de ganado de diferentes edades, de acuerdo con informaciones divulgadas por la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA).
Las restricciones dominicanas habían sido establecidas en 2003, luego de que Canadá reportara su primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), enfermedad conocida popularmente como “mal de las vacas locas”.
Evaluación sanitaria abrió paso a la autorización
La reapertura del mercado se produce después de una auditoría al sistema canadiense de inspección de carne bovina, en la que participaron autoridades dominicanas de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA).
Según la información ofrecida por la parte canadiense, la evaluación permitió verificar los mecanismos implementados por Canadá en materia de seguridad alimentaria, inspección de productos y sanidad animal.
Tras el proceso, las autoridades dominicanas procedieron a levantar las restricciones que permanecían vigentes para las importaciones de carne bovina de ese país.
La CFIA informó, además, que tres plantas procesadoras canadienses ya cuentan con autorización para realizar exportaciones hacia República Dominicana.
Mercado dominicano atrae a productores canadienses
La apertura representa una nueva oportunidad comercial para la industria cárnica canadiense, debido al volumen de productos que República Dominicana adquiere en los mercados internacionales.
De acuerdo con los datos divulgados, durante 2025 el país importó aproximadamente US$215 millones en carne de res y productos cárnicos procedentes de diferentes mercados.
Kyle Larkin, presidente y director ejecutivo del Consejo Canadiense de la Carne, destacó la importancia que representa el mercado dominicano para los productores de su país y señaló que la autorización permitirá a las empresas canadienses competir para abastecer a los consumidores locales.
Más competencia en el mercado nacional
La incorporación de Canadá como proveedor podría ampliar las alternativas disponibles para importadores y distribuidores dominicanos, al tiempo que introduce un nuevo competidor dentro de un mercado que depende parcialmente de las compras internacionales para cubrir su demanda.
La medida también marca la normalización de las relaciones comerciales en este segmento después de más de 20 años de restricciones sanitarias.
A partir de la autorización, las empresas canadienses habilitadas deberán cumplir con los requisitos sanitarios, de inspección y certificación establecidos por las autoridades dominicanas para que sus productos puedan ingresar y comercializarse en el territorio nacional.
Economía
Contrataciones Públicas paraliza licitación por RD$240 millones del Ayuntamiento de San Cristóbal
La DGCP detectó falta de estudios previos, contradicciones en las especificaciones técnicas y requisitos que podrían afectar la libre competencia en el proceso para la recolección y transporte de residuos sólidos.
SANTO DOMINGO, RD.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la suspensión de oficio de un procedimiento de licitación pública nacional convocado por el Ayuntamiento de San Cristóbal, por un monto de RD$240 millones, destinado a contratar los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos durante el período 2026-2028.
La decisión afecta el procedimiento ASC-CCC-LPN-2026-0003 y fue adoptada luego de que el órgano rector realizara un monitoreo preventivo en el que identificó una serie de situaciones que, según informó, contravienen disposiciones de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
Entre los principales hallazgos, la institución señaló la ausencia de estudios previos obligatorios y la existencia de inconsistencias importantes en la elaboración de las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones.
De acuerdo con la DGCP, esas condiciones podrían vulnerar principios fundamentales que deben regir las contrataciones públicas, entre ellos la libre competencia, participación, razonabilidad y proporcionalidad.
Requisitos bajo cuestionamiento
El análisis realizado por Contrataciones Públicas identificó, además, exigencias que consideró contradictorias o desproporcionadas.
Entre ellas figura el requerimiento de disponer de instalaciones operativas antes de la presentación de cartas compromiso con un plazo de 30 días.
También fue cuestionada la combinación de dos requisitos: acreditar experiencia previa en municipios de alta densidad poblacional y, al mismo tiempo, cumplir con una exigencia estricta de domicilio local.
La institución encontró igualmente ambigüedades en el pliego respecto de la diferencia entre el domicilio legal de los participantes y sus centros de operaciones.
Debida diligencia sobre oferente habilitado
Como parte del monitoreo y de las labores de debida diligencia, la DGCP examinó documentación correspondiente al oferente habilitado Producciones D&P San Cristóbal.
Según las informaciones divulgadas por el órgano rector, dentro de la oferta técnica fueron verificados contratos de arrendamiento relacionados con las operaciones comerciales en los que aparecen Alicia Aurora Uribe Domínguez y Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa como titulares del inmueble.
La DGCP indicó que Ruiz de la Rosa formó parte, hasta 2023, del órgano de administración de la misma empresa participante en el procedimiento, conforme a documentación societaria disponible en el Registro de Proveedores del Estado.
Asimismo, el organismo señaló que Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa mantiene un vínculo familiar con el alcalde de San Cristóbal, Dionisio de la Rosa Rodríguez.
La referencia a estos vínculos forma parte de los hallazgos comunicados por la DGCP y no implica, por sí sola, una determinación de responsabilidad administrativa o penal.
Suspensión fue ejecutada inmediatamente
Tras los resultados del monitoreo, Contrataciones Públicas ordenó la suspensión cautelar del procedimiento.
La medida fue ejecutada de manera inmediata a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, mientras el Ayuntamiento de San Cristóbal fue formalmente notificado de la decisión para los fines correspondientes.
La intervención del órgano rector coloca ahora bajo revisión un contrato de considerable impacto económico y operativo para el municipio, debido a que involucra RD$240 millones en recursos públicos y un servicio esencial como la recolección y transporte de los residuos sólidos.
El WTI llegó a US$102.95 y el Brent se acercó a US$109, mientras el encarecimiento del crudo eleva los riesgos para una economía dominicana altamente dependiente de las importaciones energéticas
SANTO DOMINGO.– La escalada de los precios internacionales del petróleo vuelve a colocar presión sobre la economía dominicana, luego de que el crudo West Texas Intermediate (WTI) alcanzara este miércoles los US$102.95 por barril en Nueva York, mientras el Brent se aproximó a los US$109 en los mercados internacionales.
El WTI llegó a registrar un incremento de US$6.90 por barril, equivalente a 7.18 %, en las operaciones correspondientes a los contratos del mes.
Horas después moderó ligeramente su avance y se situó alrededor de US$102.48.
Mientras tanto, el crudo Brent mostró un comportamiento similar. Los contratos futuros llegaron a cotizarse en US$108.24, con un aumento de US$7.03, equivalente a 6.95 %, y posteriormente se ubicaron alrededor de US$108.93 por barril.
Conflictos internacionales presionan el mercado
La escalada ocurre en un escenario marcado por tensiones geopolíticas y preocupación sobre la seguridad de las principales rutas utilizadas para transportar petróleo.
Uno de los focos de mayor atención continúa siendo el estrecho de Ormuz, considerado un punto estratégico para el comercio energético mundial.
La intensificación de los conflictos en esa zona ha elevado la incertidumbre sobre el suministro y contribuido a mantener la volatilidad de los precios internacionales.
El Brent se mantiene por encima de la barrera de los US$100 en medio de ese escenario de inestabilidad.
RD enfrenta mayor presión por su dependencia energética
Para República Dominicana, el incremento representa un desafío adicional debido a que el país depende de las importaciones de petróleo y, en una proporción significativa, de sus derivados.
El impacto no se limita al precio de las gasolinas.
El encarecimiento del gasoil o diésel tiene efectos directos sobre el transporte de pasajeros y mercancías, la producción, la agricultura y otros sectores económicos.
El economista Henri Hebrard ha advertido que, por cada dólar adicional en el precio internacional del barril, el costo de las gasolinas y el gasoil en República Dominicana podría experimentar una presión equivalente a aproximadamente RD$1.60 a RD$1.80 por galón.
Ese aumento puede posteriormente trasladarse al costo del transporte y de numerosos productos adquiridos por los consumidores, generando nuevas presiones inflacionarias.
Subsidios superan los RD$30,000 millones
El incremento internacional encuentra al Gobierno dominicano aplicando un programa de subsidios destinado a evitar que la totalidad de las alzas externas sea transferida inmediatamente a los consumidores.
Según informaciones oficiales, los recursos destinados a subsidiar los combustibles durante 2026 ya superan los RD$30,000 millones.
El esquema extraordinario adoptado por el Gobierno dentro del denominado Plan Anticrisis fue establecido inicialmente por un período de 90 días, con el propósito de preservar la estabilidad económica y reducir el impacto de los aumentos sobre los hogares.
El vencimiento de ese período coincide ahora con una nueva escalada internacional del petróleo, aumentando la expectativa sobre la política que adoptará el Gobierno respecto a los precios internos de los combustibles.
Dilema entre precios y finanzas públicas
Mantener congelados determinados precios representa una protección inmediata para consumidores y sectores productivos, pero también incrementa el costo fiscal asumido por el Estado.
Permitir que una mayor proporción de las alzas internacionales llegue a los precios locales, en cambio, podría ejercer presión sobre la inflación y el presupuesto de los hogares.
El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, ha advertido que el aumento del diésel puede afectar la producción, el transporte interno, las mercancías importadas y la actividad agrícola.
Collado también llamó la atención sobre la necesidad de proteger las finanzas públicas ante un escenario internacional adverso.
De prolongarse los elevados precios energéticos, los gastos destinados a subsidios y otras transferencias podrían incrementar las necesidades de financiamiento del Gobierno, particularmente de cara a 2027.
El petróleo vuelve a convertirse en un riesgo para la economía
La evolución del mercado durante las próximas semanas será determinante para República Dominicana.
Una permanencia prolongada del petróleo por encima de los US$100 por barril podría obligar al Gobierno a decidir entre continuar destinando miles de millones de pesos para amortiguar las alzas o permitir ajustes graduales en los precios internos.
En cualquiera de los escenarios, el comportamiento del crudo vuelve a convertirse en una variable clave para la inflación, el transporte, la producción, el costo de los alimentos y las finanzas públicas dominicanas.