Las finanzas públicas del país están secuestradas por el exceso de gasto corriente. Hemos caído, lamentablemente, en la trampa del gasto corriente: los gastos corrientes superan los ingresos corrientes del Gobierno Central, lo que obliga a Hacienda a endeudarse dentro y fuera del país para financiar gastos corrientes que no pueden ser cubiertos con los ingresos corrientes provenientes, fundamentalmente, de los ingresos tributarios y no tributarios. Cuando analizamos la evolución de los ingresos y gastos corrientes durante los últimos 75 años (1951-2025), observamos que solo en los años 1965 (Revolución de Abril), 1982 (profunda recesión en EE. UU. caracterizada por una caída de 1.8% del PIB y aumento del desempleo a 10.8%), 2020 (COVID-19) y 2021-2025, los gastos corrientes han superado los ingresos corrientes del Gobierno.

Durante los últimos diez años de la dictadura de Trujillo los ingresos corrientes se mantuvieron muy por encima de los gastos corrientes. En 1961, año del tiranicidio, el excedente de ingresos corrientes sobre el gasto corriente se redujo dramáticamente, pero se mantuvo en terreno positivo. A pesar de los tiempos de incertidumbre e inestabilidad política que siguieron tras el fin de la tiranía y que desembocaron en la elección el 20 de diciembre de 1962 de Juan Bosch a la presidencia, su derrocamiento el 25 de septiembre de 1963 y el surgimiento del Triunvirato presidido efímeramente por Emilio De Los Santos y sustituido por Donald Reid Cabral (1963-1965), el Gobierno logró mantener los gastos corrientes por debajo de los ingresos corrientes. En 1965, producto de la Revolución de Abril, por primera vez en los últimos 75 años, los gastos corrientes superaron los ingresos corrientes. La ascensión a la presidencia de Joaquín Balaguer (Partido Reformista) en 1966 marcó el inició de un largo período en el cual los ingresos corrientes se mantuvieron muy por encima de los gastos corrientes. A partir de 1978, bajo la administración de Antonio Guzmán (PRD), la brecha comenzó a reducirse, cayendo transitoriamente en la trampa del gasto corriente en 1982. Bajo la administración de Jorge Blanco (PRD), aunque en menor medida que bajo los primeros doce años de Balaguer, los ingresos corrientes se mantuvieron por encima de los gastos corrientes, brecha que se expandió notablemente con el regreso de Balaguer (PRSC) a la presidencia en 1986 que marcó el inicio a sus últimos diez años en el poder.

Durante la administración de Leonel Fernández (PLD) de 1996-2000, el excedente se mantuvo de manera holgada. Lo mismo ocurrió durante la administración de Hipólito Mejía (PRD) de 2000-2004, a pesar de que esta tuvo que hacer frente a una profunda crisis macroeconómica provocada por el colapso de varios bancos privados. Durante los siguientes ocho años de Leonel Fernández (2004-2012), el excedente se mantuvo, pero se redujo a partir del 2009 como consecuencia de la Gran Recesión que afectó al mundo luego del colapso de Lehman Brothers, ocurrido el 15 de septiembre de 2008. Durante los ocho años de la presidencia de Danilo Medina (PLD) de 2012-2020, no caímos en la trampa durante los primeros siete años. A partir de marzo de 2020, la irrupción de la pandemia del COVID-19 que tuvo que ser enfrentada tanto por la administración de Medina como por la de Luis Abinader (PRM), resultaba inevitable caer en la trampa del gasto corriente. Pasada la pandemia, sin embargo, el país no ha logrado salir de la trampa: durante el período 2021-2025, los gastos corrientes han superado todos los años los ingresos corrientes, forzando al Gobierno a endeudarse para cubrir aquellos gastos corrientes que no ha podido pagar con sus ingresos corrientes.

Durante los últimos 75 años, el gasto corriente ha representado, en promedio, el 71% del gasto total del Gobierno. Solo en 1965 (Revolución de Abril) con 94.2% y este año, con 91%, el gasto corriente ha sobrepasado la barrera del 90% del gasto total, dejando muy pocos recursos para la inversión pública bruta, la cual resulta extremadamente baja si se tiene en cuenta que la depreciación anual promedio del stock de capital público, representado por la infraestructura vial e hídrica, edificaciones y maquinarias, entre otras, es cercana al 3% de su valor, lo que da lugar a un consumo de capital público cercano a 1% del PIB. Nuestra economía necesitaría un nivel anual de inversión pública bruta no menor a 4% del PIB.

Ese nivel permitiría acumular el stock de capital público necesario para elevar nuestra competitividad y mantener un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, si decidimos financiar esa inversión pública con endeudamiento y adicionalmente tomamos préstamos externos o colocamos bonos globales o domésticos para pagar gastos corrientes que no podemos cubrir con los ingresos corrientes, sin proponérnoslo, caminaríamos con firmeza hacia el precipicio. Haría muy bien el presidente Abinader, si a partir del 16 de agosto próximo, ejecuta un programa serio, creíble y verificable de recortes de gastos corrientes no prioritarios que nos permitan salir de la trampa del gasto corriente en que nos encontramos. Ese recorte crearía las condiciones para el necesario aumento de la inversión pública que demanda una economía que se encuentra relativamente estancada.