Economía
La trampa del gasto corrie
Las finanzas públicas del país están secuestradas por el exceso de gasto corriente. Hemos caído, lamentablemente, en la trampa del gasto corriente: los gastos corrientes superan los ingresos corrientes del Gobierno Central, lo que obliga a Hacienda a endeudarse dentro y fuera del país para financiar gastos corrientes que no pueden ser cubiertos con los ingresos corrientes provenientes, fundamentalmente, de los ingresos tributarios y no tributarios. Cuando analizamos la evolución de los ingresos y gastos corrientes durante los últimos 75 años (1951-2025), observamos que solo en los años 1965 (Revolución de Abril), 1982 (profunda recesión en EE. UU. caracterizada por una caída de 1.8% del PIB y aumento del desempleo a 10.8%), 2020 (COVID-19) y 2021-2025, los gastos corrientes han superado los ingresos corrientes del Gobierno.
Durante los últimos diez años de la dictadura de Trujillo los ingresos corrientes se mantuvieron muy por encima de los gastos corrientes. En 1961, año del tiranicidio, el excedente de ingresos corrientes sobre el gasto corriente se redujo dramáticamente, pero se mantuvo en terreno positivo. A pesar de los tiempos de incertidumbre e inestabilidad política que siguieron tras el fin de la tiranía y que desembocaron en la elección el 20 de diciembre de 1962 de Juan Bosch a la presidencia, su derrocamiento el 25 de septiembre de 1963 y el surgimiento del Triunvirato presidido efímeramente por Emilio De Los Santos y sustituido por Donald Reid Cabral (1963-1965), el Gobierno logró mantener los gastos corrientes por debajo de los ingresos corrientes. En 1965, producto de la Revolución de Abril, por primera vez en los últimos 75 años, los gastos corrientes superaron los ingresos corrientes. La ascensión a la presidencia de Joaquín Balaguer (Partido Reformista) en 1966 marcó el inició de un largo período en el cual los ingresos corrientes se mantuvieron muy por encima de los gastos corrientes. A partir de 1978, bajo la administración de Antonio Guzmán (PRD), la brecha comenzó a reducirse, cayendo transitoriamente en la trampa del gasto corriente en 1982. Bajo la administración de Jorge Blanco (PRD), aunque en menor medida que bajo los primeros doce años de Balaguer, los ingresos corrientes se mantuvieron por encima de los gastos corrientes, brecha que se expandió notablemente con el regreso de Balaguer (PRSC) a la presidencia en 1986 que marcó el inicio a sus últimos diez años en el poder.
Durante la administración de Leonel Fernández (PLD) de 1996-2000, el excedente se mantuvo de manera holgada. Lo mismo ocurrió durante la administración de Hipólito Mejía (PRD) de 2000-2004, a pesar de que esta tuvo que hacer frente a una profunda crisis macroeconómica provocada por el colapso de varios bancos privados. Durante los siguientes ocho años de Leonel Fernández (2004-2012), el excedente se mantuvo, pero se redujo a partir del 2009 como consecuencia de la Gran Recesión que afectó al mundo luego del colapso de Lehman Brothers, ocurrido el 15 de septiembre de 2008. Durante los ocho años de la presidencia de Danilo Medina (PLD) de 2012-2020, no caímos en la trampa durante los primeros siete años. A partir de marzo de 2020, la irrupción de la pandemia del COVID-19 que tuvo que ser enfrentada tanto por la administración de Medina como por la de Luis Abinader (PRM), resultaba inevitable caer en la trampa del gasto corriente. Pasada la pandemia, sin embargo, el país no ha logrado salir de la trampa: durante el período 2021-2025, los gastos corrientes han superado todos los años los ingresos corrientes, forzando al Gobierno a endeudarse para cubrir aquellos gastos corrientes que no ha podido pagar con sus ingresos corrientes.
Durante los últimos 75 años, el gasto corriente ha representado, en promedio, el 71% del gasto total del Gobierno. Solo en 1965 (Revolución de Abril) con 94.2% y este año, con 91%, el gasto corriente ha sobrepasado la barrera del 90% del gasto total, dejando muy pocos recursos para la inversión pública bruta, la cual resulta extremadamente baja si se tiene en cuenta que la depreciación anual promedio del stock de capital público, representado por la infraestructura vial e hídrica, edificaciones y maquinarias, entre otras, es cercana al 3% de su valor, lo que da lugar a un consumo de capital público cercano a 1% del PIB. Nuestra economía necesitaría un nivel anual de inversión pública bruta no menor a 4% del PIB.
Ese nivel permitiría acumular el stock de capital público necesario para elevar nuestra competitividad y mantener un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, si decidimos financiar esa inversión pública con endeudamiento y adicionalmente tomamos préstamos externos o colocamos bonos globales o domésticos para pagar gastos corrientes que no podemos cubrir con los ingresos corrientes, sin proponérnoslo, caminaríamos con firmeza hacia el precipicio. Haría muy bien el presidente Abinader, si a partir del 16 de agosto próximo, ejecuta un programa serio, creíble y verificable de recortes de gastos corrientes no prioritarios que nos permitan salir de la trampa del gasto corriente en que nos encontramos. Ese recorte crearía las condiciones para el necesario aumento de la inversión pública que demanda una economía que se encuentra relativamente estancada.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Central informó que, entre enero y abril de 2026, las remesas recibidas alcanzaron la cifra de US$4,079.9 millones, aumentando 4.1% en términos interanuales.
En una nota, la entidad apuntó que este crecimiento en abril ocurre a pesar del complejo entorno internacional que prevalece actualmente. La persistencia de los conflictos en Medio Oriente, que han elevado los precios del petróleo y sus derivados, generando mayores presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares.
El BCRD destacó la recepción de remesas por canales formales desde otros países en abril, como España, por un valor de US$59.5 millones, con un 6.2% del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere, así como Italia con 1.2%, Suiza y Haití con 1.1%.
Estas entradas de divisas han favorecido la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que, al 30 de abril de 2026, la moneda nacional se apreció 5.3% frente al dólar estadounidense con respecto diciembre de 2025.
Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de abril se ubicaron en US$ 15,888.9 millones, representando un 11.8 % del PIB y cubriendo unos 5.8 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el FMI.
Las exportaciones totales se estiman en unos US$16,900 millones y la IED superaría los US$5,000 millones. Todos estos flujos, en conjunto con el resto de los servicios exportados (unos US$3,000 millones) alcanzarían un total de ingresos de divisas por encima de los US$48,900 millones para el cierre de 2026.
Santo Domingo, R.D.-En la actualidad, el mango es considerado una de las frutas más emblemáticas, deliciosas y populares en el territorio nacional, manteniendo un crecimiento sostenido durante los últimos años, llegando a alcanzar tan solo para el 2025 un total de 34,902,971 kilogramos exportados.
El mango keitt y el mingolo resaltan entre los más exportados.
«Este año esperamos o mantenerlo o seguir porque hemos tenido algunos inconvenientes con la cirugía. Pero tenemos la esperanza de que se supere la cantidad que está en producción”, manifestó uno de los productores.
A nivel nacional, explicó que la producción sembrada llega a casi 10 millones de cajas de cartón, siendo San Cristóbal, Peravia, Azua, San Juan de la Maguana, Neyba, Barahona y El Seibo las que representan poco más del 85% de la producción total, además de nuevos proyectos identificados en la zona este para aumentar su oferta.
Sobre la feria
El lema oficial de este año es “Estrategia de inocuidad: garantía de calidad”, como una forma de reafirmar el compromiso del sector con la excelencia, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de los estándares de producción y exportación del mango dominicano.
La edición de este año estará dedicada al ingeniero Osmar Benítez por sus aportes al desarrollo y fortalecimiento del sector empresarial nacional.
Se incluirá además una ruta turística que incluirá visitas a atractivos de la provincia Peravia como el Centro Cultural Perelló, parador fotográfico de Baní, dunas de Baní y Salinas de Puerto Hermoso.
Santo Domingo, R.D.-La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) expresó hoy su expectativa de que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados haya acogido, en su informe final, las alternativas presentadas por el sector empleador orientadas a modernizar el Código de Trabajo y reducir los costos operativos que limitan el crecimiento de las empresas.
La presidenta de la entidad, Laura Peña Izquierdo, señaló que para que la reforma laboral cumpla con su objetivo de fomentar la creación de empleos formales y elevar la competitividad del país, es imperativo abordar aspectos estructurales que hoy representan una carga desproporcionada para el sector productivo nacional.
Dentro de las sugerencias fundamentales entregadas por la institución para ser incorporadas en la pieza legislativa, la dirigente empresarial destacó la necesidad de limitar el astreinte establecido en el artículo 86, proponiendo un tope de seis meses a estas sanciones pecuniarias para evitar que multas acumulativas comprometan la solvencia de las pequeñas y medianas empresas.
De igual manera, Copardom solicitó que el pasivo laboral sea reconocido formalmente como un gasto para fines contables y fiscales, lo que permitiría una gestión financiera más real y transparente de las obligaciones patronales.
Complementando estas medidas, Peña Izquierdo plantea incrementar el período de prueba de tres a seis meses, una práctica que ya se viene implementando con éxito en otros países de la región y que permitiría una mejor evaluación, capacitación y adaptación del talento humano a los puestos de trabajo.
Laura Peña Izquierdo afirmó que la posición de la entidad ha sido clara al no buscar la eliminación de derechos, sino la adaptación del marco legal a la realidad económica del siglo XXI, confiando en que los legisladores han escuchado las inquietudes de los sectores que dinamizan la economía y que el informe final reflejará un consenso que priorice la sostenibilidad del sistema laboral dominicano.