Opinión
La UASD y el «Honoris Causa» a Abinader
Por Narciso Isa Conde
El Consejo Universitario y el Claustro Menor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) le concedieron el Doctorado Honoris Causa a Luis Abinader, máximo galardón académico, con el voto disidente de los delegados profesorales de FAPROUASD, los representantes estudiantiles de FELABEL Y FEFLAS y algunos profesores pertenecientes al Claustro Menor.
La información pública fue sorpresiva, pero muy promovida por la presidencia de la república y destacada por los órganos de la dictadura mediática que sirven a la dominación de un sistema que muchas desgracias le han ocasionado al país y muchas penurias a nuestro pueblo.
El acto de entrega del galardón se llevó a cabo a convocatoria cerrada.
El expediente protocolar, que debe reunir los requisitos institucionales y los méritos correspondientes para su aprobación, se desconoce todavía.
Y me pregunto:
¿Cuáles son sus grandes méritos académicos de Luis Abinader?
¿Sus obras publicadas?
¿Sus aportes científicos?
¿Los atributos humanistas?
¿En cuales gestas patrióticas ha participado?
¿Cuáles son sus méritos históricos en las luchas sociales o en la defensa de los derechos humanos y la soberanía nacional?
¿Cuáles sus luchas o su participación en movimientos por alcanzar un mundo y un país justo y solidario?
¿Dónde están sus cualidades latinoamericanistas?
Confieso ignorarlas y pienso que eso le pasa a un gran número de conciudadanos/as.
En la vida y trayectoria de Luis Abinader sobresalen otros tipos de cualidades, condiciones y hechos ampliamente conocidos:
Es un empresario de éxitos en esta sociedad, heredero de mucho dinero y propiedades, metido a político, perteneciente a un partido (PRD-PRM) que el clientelismo, la inversión empresarial privada, la corrupción y la narco-política, convirtieron en sendas compañías por acciones, neoliberales o neoconservadoras, en sus dos versiones; en un país en el que la política se ha comercializado.
Abinader ingresó a un PRD ya degradado, el cual se desdobló en un PRM, con similares atributos; haciendo uso para su ascenso, al interior del mismo, de una fortuna capitalista, parte de ella depositada en paraísos fiscales.
Abinader es parte relevante de un grupo familiar multimillonario propietario de inversiones turísticas, universidad privada y un consorcio cementero establecido ilegalmente en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó; empresa comprometida, durante su gestión de gobierno, con los daños ambientales provocados por la barcaza eléctrica instalada en aguas de Puerto de Pueblo Viejo, en Azua.
Abinader es un presidente que ha profundizado la recolonización de nuestra nación, radicalizado la estrategia neoliberal y asumido las ideas conservadoras; aplastando en mayor grado la soberanía y subordinándose totalmente a la estrategia de dominación y a los intereses de EEUU y el sistema imperialista occidental.
No nos dejan mentir el empleo en su gestión presidencial de instrumentos como las Alianzas Público-Privadas (App) y los Fideicomisos, para privatizar bienes públicos y naturaleza no humana; los pasos dados en dirección a la privatización del agua; los acuerdos con el Comando Sur, DEA y USAID, y sus intervenciones en el territorio nacional, en las instituciones y en la frontera dominico-haitiano; la entrega del Puerto de Manzanillo, la concesión exploración de tierras raras al ejército de EEUU, el proyecto de ley de la DNI y su altísima complacencia con las corporaciones mineras transnacionales (FALCONDO, Barrick Gold, Uni Gold, Gold Quest…).
En materia de política exterior entreguista ha roto todos los récords, asumiendo complacientemente los dictados de la Casa Blanca y el Departamento, tanto durante la gestión de Donald Trump como en la Joe Biden.
Se sumó al Grupo de Lima y a la fórmula Guaidó, y respaldó a González Urrutia y a Zelenski; alineándose estratégicamente con EEUU, la OTAN y su socio Israel, en el marco de la decadencia genocida y sumamente destructiva del imperialismo occidental. Asumió -potenciando al extremo el racismo anti-haitiano- el vergonzoso rol de principal promotor de la nueva intervención militar imperialista en Haití.
Lasso, Piñera, Noboa, Uribe, Duque… se inscriben dentro de sus principales aliados continentales, emulando con su práctica de unidad y protección a una buena parte del ultra derechismo y el neofascismo criollos.
En corto tiempo, son significativos los daños culturales agregados por este gobierno al continuo despliegue de racismo, de los fundamentalismos religiosos, del machismo y las agresiones a la imperiosa necesidad de un Estado laico y una enseñanza laica.
La transparencia se torna una fantasía frente al manto de impunidad tendido por su régimen para proteger los grandes delitos de las elites capitalistas inescrupulosas, del generalato corrupto y la alta jerarquía política mafiosa, incluidos los protagonistas de la narco-política; a lo que se agrega el curso degradado y manipulado de los procesos judiciales abiertos.
Las autoridades de la UASD exaltan el hecho de que el presidente Abinader en 4 años ha erogado 1,600 millones de pesos para expandir y modernizar recintos.
Pero resulta que la Ley de Autonomía y Fuero Universitario de 1962, que asigna el 5% del presupuesto nacional a la UASD, ha sido violada sistemáticamente en gran escala por éste y anteriores gobiernos; introduciendo la práctica de aprobar inversiones para ese y otros de tipos de construcciones a cargo del gobierno, que ni por asomo compensan lo dejado de entregar; presentando, además, inversiones realizadas con dinero de los contribuyentes, como dádivas presidenciales meritorias.
Igual, Luis Abinader, se ha dedicado a emplear millones en financiamientos de candidaturas de profesores y estudiantes al Cogobierno Universitario y en múltiples ofertas clientelistas, con el propósito de controlar políticamente la UASD y violar su autonomía; al extremo de contar actualmente con un rector que respaldó abiertamente su reelección y sirve a la manipulación presidencial de la UASD.
La UASD, como única universidad estatal y único centro de educación superior abierto a pueblo, ajeno a la educación como negocio privado, es una de las pocas conquistas de las luchas libradas en la década de los 60 y particularmente de la Revolución de abril y la Guerra Patria de 1965 que, aún mutilada, perdura; de lo que se deriva su apertura democrática, su autonomía legal y su compromiso de defensa de la soberanía frente al poder imperial de EEUU, consagrado en su Estatuto Orgánico. Por lo menos eso debería respetarse.
La trayectoria política, la gestión pública y la producción intelectual de Luis Abinader, no solo no permiten avalar el otorgamiento por la UASD del título de Doctor Honoris Causa, sino que contradicen los méritos necesarios para tal galardón.
Sus aportes -desde sus particulares cualidades profesionales, políticas, empresariales, personales- podrían ser útiles para homenajes y reconocimientos armónicos con una cultura trujillista-caudillista que todavía acompaña la vida política dominicana, por demás enmarcada dentro de las banalidades de la declinante civilización capitalista occidental.
Esto está muy distante de los atributos y exigencias de un Doctorado Honoris Causa a ser otorgado desde la historia y el rol académico y cultural que le corresponde a la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.