Opinión
La UASD y el «Honoris Causa» a Abinader
Por Narciso Isa Conde
El Consejo Universitario y el Claustro Menor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) le concedieron el Doctorado Honoris Causa a Luis Abinader, máximo galardón académico, con el voto disidente de los delegados profesorales de FAPROUASD, los representantes estudiantiles de FELABEL Y FEFLAS y algunos profesores pertenecientes al Claustro Menor.
La información pública fue sorpresiva, pero muy promovida por la presidencia de la república y destacada por los órganos de la dictadura mediática que sirven a la dominación de un sistema que muchas desgracias le han ocasionado al país y muchas penurias a nuestro pueblo.
El acto de entrega del galardón se llevó a cabo a convocatoria cerrada.
El expediente protocolar, que debe reunir los requisitos institucionales y los méritos correspondientes para su aprobación, se desconoce todavía.
Y me pregunto:
¿Cuáles son sus grandes méritos académicos de Luis Abinader?
¿Sus obras publicadas?
¿Sus aportes científicos?
¿Los atributos humanistas?
¿En cuales gestas patrióticas ha participado?
¿Cuáles son sus méritos históricos en las luchas sociales o en la defensa de los derechos humanos y la soberanía nacional?
¿Cuáles sus luchas o su participación en movimientos por alcanzar un mundo y un país justo y solidario?
¿Dónde están sus cualidades latinoamericanistas?
Confieso ignorarlas y pienso que eso le pasa a un gran número de conciudadanos/as.
En la vida y trayectoria de Luis Abinader sobresalen otros tipos de cualidades, condiciones y hechos ampliamente conocidos:
Es un empresario de éxitos en esta sociedad, heredero de mucho dinero y propiedades, metido a político, perteneciente a un partido (PRD-PRM) que el clientelismo, la inversión empresarial privada, la corrupción y la narco-política, convirtieron en sendas compañías por acciones, neoliberales o neoconservadoras, en sus dos versiones; en un país en el que la política se ha comercializado.
Abinader ingresó a un PRD ya degradado, el cual se desdobló en un PRM, con similares atributos; haciendo uso para su ascenso, al interior del mismo, de una fortuna capitalista, parte de ella depositada en paraísos fiscales.
Abinader es parte relevante de un grupo familiar multimillonario propietario de inversiones turísticas, universidad privada y un consorcio cementero establecido ilegalmente en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó; empresa comprometida, durante su gestión de gobierno, con los daños ambientales provocados por la barcaza eléctrica instalada en aguas de Puerto de Pueblo Viejo, en Azua.
Abinader es un presidente que ha profundizado la recolonización de nuestra nación, radicalizado la estrategia neoliberal y asumido las ideas conservadoras; aplastando en mayor grado la soberanía y subordinándose totalmente a la estrategia de dominación y a los intereses de EEUU y el sistema imperialista occidental.
No nos dejan mentir el empleo en su gestión presidencial de instrumentos como las Alianzas Público-Privadas (App) y los Fideicomisos, para privatizar bienes públicos y naturaleza no humana; los pasos dados en dirección a la privatización del agua; los acuerdos con el Comando Sur, DEA y USAID, y sus intervenciones en el territorio nacional, en las instituciones y en la frontera dominico-haitiano; la entrega del Puerto de Manzanillo, la concesión exploración de tierras raras al ejército de EEUU, el proyecto de ley de la DNI y su altísima complacencia con las corporaciones mineras transnacionales (FALCONDO, Barrick Gold, Uni Gold, Gold Quest…).
En materia de política exterior entreguista ha roto todos los récords, asumiendo complacientemente los dictados de la Casa Blanca y el Departamento, tanto durante la gestión de Donald Trump como en la Joe Biden.
Se sumó al Grupo de Lima y a la fórmula Guaidó, y respaldó a González Urrutia y a Zelenski; alineándose estratégicamente con EEUU, la OTAN y su socio Israel, en el marco de la decadencia genocida y sumamente destructiva del imperialismo occidental. Asumió -potenciando al extremo el racismo anti-haitiano- el vergonzoso rol de principal promotor de la nueva intervención militar imperialista en Haití.
Lasso, Piñera, Noboa, Uribe, Duque… se inscriben dentro de sus principales aliados continentales, emulando con su práctica de unidad y protección a una buena parte del ultra derechismo y el neofascismo criollos.
En corto tiempo, son significativos los daños culturales agregados por este gobierno al continuo despliegue de racismo, de los fundamentalismos religiosos, del machismo y las agresiones a la imperiosa necesidad de un Estado laico y una enseñanza laica.
La transparencia se torna una fantasía frente al manto de impunidad tendido por su régimen para proteger los grandes delitos de las elites capitalistas inescrupulosas, del generalato corrupto y la alta jerarquía política mafiosa, incluidos los protagonistas de la narco-política; a lo que se agrega el curso degradado y manipulado de los procesos judiciales abiertos.
Las autoridades de la UASD exaltan el hecho de que el presidente Abinader en 4 años ha erogado 1,600 millones de pesos para expandir y modernizar recintos.
Pero resulta que la Ley de Autonomía y Fuero Universitario de 1962, que asigna el 5% del presupuesto nacional a la UASD, ha sido violada sistemáticamente en gran escala por éste y anteriores gobiernos; introduciendo la práctica de aprobar inversiones para ese y otros de tipos de construcciones a cargo del gobierno, que ni por asomo compensan lo dejado de entregar; presentando, además, inversiones realizadas con dinero de los contribuyentes, como dádivas presidenciales meritorias.
Igual, Luis Abinader, se ha dedicado a emplear millones en financiamientos de candidaturas de profesores y estudiantes al Cogobierno Universitario y en múltiples ofertas clientelistas, con el propósito de controlar políticamente la UASD y violar su autonomía; al extremo de contar actualmente con un rector que respaldó abiertamente su reelección y sirve a la manipulación presidencial de la UASD.
La UASD, como única universidad estatal y único centro de educación superior abierto a pueblo, ajeno a la educación como negocio privado, es una de las pocas conquistas de las luchas libradas en la década de los 60 y particularmente de la Revolución de abril y la Guerra Patria de 1965 que, aún mutilada, perdura; de lo que se deriva su apertura democrática, su autonomía legal y su compromiso de defensa de la soberanía frente al poder imperial de EEUU, consagrado en su Estatuto Orgánico. Por lo menos eso debería respetarse.
La trayectoria política, la gestión pública y la producción intelectual de Luis Abinader, no solo no permiten avalar el otorgamiento por la UASD del título de Doctor Honoris Causa, sino que contradicen los méritos necesarios para tal galardón.
Sus aportes -desde sus particulares cualidades profesionales, políticas, empresariales, personales- podrían ser útiles para homenajes y reconocimientos armónicos con una cultura trujillista-caudillista que todavía acompaña la vida política dominicana, por demás enmarcada dentro de las banalidades de la declinante civilización capitalista occidental.
Esto está muy distante de los atributos y exigencias de un Doctorado Honoris Causa a ser otorgado desde la historia y el rol académico y cultural que le corresponde a la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.