Opinión
La UASD y el «Honoris Causa» a Abinader
Por Narciso Isa Conde
El Consejo Universitario y el Claustro Menor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) le concedieron el Doctorado Honoris Causa a Luis Abinader, máximo galardón académico, con el voto disidente de los delegados profesorales de FAPROUASD, los representantes estudiantiles de FELABEL Y FEFLAS y algunos profesores pertenecientes al Claustro Menor.
La información pública fue sorpresiva, pero muy promovida por la presidencia de la república y destacada por los órganos de la dictadura mediática que sirven a la dominación de un sistema que muchas desgracias le han ocasionado al país y muchas penurias a nuestro pueblo.
El acto de entrega del galardón se llevó a cabo a convocatoria cerrada.
El expediente protocolar, que debe reunir los requisitos institucionales y los méritos correspondientes para su aprobación, se desconoce todavía.
Y me pregunto:
¿Cuáles son sus grandes méritos académicos de Luis Abinader?
¿Sus obras publicadas?
¿Sus aportes científicos?
¿Los atributos humanistas?
¿En cuales gestas patrióticas ha participado?
¿Cuáles son sus méritos históricos en las luchas sociales o en la defensa de los derechos humanos y la soberanía nacional?
¿Cuáles sus luchas o su participación en movimientos por alcanzar un mundo y un país justo y solidario?
¿Dónde están sus cualidades latinoamericanistas?
Confieso ignorarlas y pienso que eso le pasa a un gran número de conciudadanos/as.
En la vida y trayectoria de Luis Abinader sobresalen otros tipos de cualidades, condiciones y hechos ampliamente conocidos:
Es un empresario de éxitos en esta sociedad, heredero de mucho dinero y propiedades, metido a político, perteneciente a un partido (PRD-PRM) que el clientelismo, la inversión empresarial privada, la corrupción y la narco-política, convirtieron en sendas compañías por acciones, neoliberales o neoconservadoras, en sus dos versiones; en un país en el que la política se ha comercializado.
Abinader ingresó a un PRD ya degradado, el cual se desdobló en un PRM, con similares atributos; haciendo uso para su ascenso, al interior del mismo, de una fortuna capitalista, parte de ella depositada en paraísos fiscales.
Abinader es parte relevante de un grupo familiar multimillonario propietario de inversiones turísticas, universidad privada y un consorcio cementero establecido ilegalmente en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó; empresa comprometida, durante su gestión de gobierno, con los daños ambientales provocados por la barcaza eléctrica instalada en aguas de Puerto de Pueblo Viejo, en Azua.
Abinader es un presidente que ha profundizado la recolonización de nuestra nación, radicalizado la estrategia neoliberal y asumido las ideas conservadoras; aplastando en mayor grado la soberanía y subordinándose totalmente a la estrategia de dominación y a los intereses de EEUU y el sistema imperialista occidental.
No nos dejan mentir el empleo en su gestión presidencial de instrumentos como las Alianzas Público-Privadas (App) y los Fideicomisos, para privatizar bienes públicos y naturaleza no humana; los pasos dados en dirección a la privatización del agua; los acuerdos con el Comando Sur, DEA y USAID, y sus intervenciones en el territorio nacional, en las instituciones y en la frontera dominico-haitiano; la entrega del Puerto de Manzanillo, la concesión exploración de tierras raras al ejército de EEUU, el proyecto de ley de la DNI y su altísima complacencia con las corporaciones mineras transnacionales (FALCONDO, Barrick Gold, Uni Gold, Gold Quest…).
En materia de política exterior entreguista ha roto todos los récords, asumiendo complacientemente los dictados de la Casa Blanca y el Departamento, tanto durante la gestión de Donald Trump como en la Joe Biden.
Se sumó al Grupo de Lima y a la fórmula Guaidó, y respaldó a González Urrutia y a Zelenski; alineándose estratégicamente con EEUU, la OTAN y su socio Israel, en el marco de la decadencia genocida y sumamente destructiva del imperialismo occidental. Asumió -potenciando al extremo el racismo anti-haitiano- el vergonzoso rol de principal promotor de la nueva intervención militar imperialista en Haití.
Lasso, Piñera, Noboa, Uribe, Duque… se inscriben dentro de sus principales aliados continentales, emulando con su práctica de unidad y protección a una buena parte del ultra derechismo y el neofascismo criollos.
En corto tiempo, son significativos los daños culturales agregados por este gobierno al continuo despliegue de racismo, de los fundamentalismos religiosos, del machismo y las agresiones a la imperiosa necesidad de un Estado laico y una enseñanza laica.
La transparencia se torna una fantasía frente al manto de impunidad tendido por su régimen para proteger los grandes delitos de las elites capitalistas inescrupulosas, del generalato corrupto y la alta jerarquía política mafiosa, incluidos los protagonistas de la narco-política; a lo que se agrega el curso degradado y manipulado de los procesos judiciales abiertos.
Las autoridades de la UASD exaltan el hecho de que el presidente Abinader en 4 años ha erogado 1,600 millones de pesos para expandir y modernizar recintos.
Pero resulta que la Ley de Autonomía y Fuero Universitario de 1962, que asigna el 5% del presupuesto nacional a la UASD, ha sido violada sistemáticamente en gran escala por éste y anteriores gobiernos; introduciendo la práctica de aprobar inversiones para ese y otros de tipos de construcciones a cargo del gobierno, que ni por asomo compensan lo dejado de entregar; presentando, además, inversiones realizadas con dinero de los contribuyentes, como dádivas presidenciales meritorias.
Igual, Luis Abinader, se ha dedicado a emplear millones en financiamientos de candidaturas de profesores y estudiantes al Cogobierno Universitario y en múltiples ofertas clientelistas, con el propósito de controlar políticamente la UASD y violar su autonomía; al extremo de contar actualmente con un rector que respaldó abiertamente su reelección y sirve a la manipulación presidencial de la UASD.
La UASD, como única universidad estatal y único centro de educación superior abierto a pueblo, ajeno a la educación como negocio privado, es una de las pocas conquistas de las luchas libradas en la década de los 60 y particularmente de la Revolución de abril y la Guerra Patria de 1965 que, aún mutilada, perdura; de lo que se deriva su apertura democrática, su autonomía legal y su compromiso de defensa de la soberanía frente al poder imperial de EEUU, consagrado en su Estatuto Orgánico. Por lo menos eso debería respetarse.
La trayectoria política, la gestión pública y la producción intelectual de Luis Abinader, no solo no permiten avalar el otorgamiento por la UASD del título de Doctor Honoris Causa, sino que contradicen los méritos necesarios para tal galardón.
Sus aportes -desde sus particulares cualidades profesionales, políticas, empresariales, personales- podrían ser útiles para homenajes y reconocimientos armónicos con una cultura trujillista-caudillista que todavía acompaña la vida política dominicana, por demás enmarcada dentro de las banalidades de la declinante civilización capitalista occidental.
Esto está muy distante de los atributos y exigencias de un Doctorado Honoris Causa a ser otorgado desde la historia y el rol académico y cultural que le corresponde a la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026