Opinión
La UASD y el «Honoris Causa» a Abinader
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2 años agoon
Por Narciso Isa Conde
El Consejo Universitario y el Claustro Menor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) le concedieron el Doctorado Honoris Causa a Luis Abinader, máximo galardón académico, con el voto disidente de los delegados profesorales de FAPROUASD, los representantes estudiantiles de FELABEL Y FEFLAS y algunos profesores pertenecientes al Claustro Menor.
La información pública fue sorpresiva, pero muy promovida por la presidencia de la república y destacada por los órganos de la dictadura mediática que sirven a la dominación de un sistema que muchas desgracias le han ocasionado al país y muchas penurias a nuestro pueblo.
El acto de entrega del galardón se llevó a cabo a convocatoria cerrada.
El expediente protocolar, que debe reunir los requisitos institucionales y los méritos correspondientes para su aprobación, se desconoce todavía.
Y me pregunto:
¿Cuáles son sus grandes méritos académicos de Luis Abinader?
¿Sus obras publicadas?
¿Sus aportes científicos?
¿Los atributos humanistas?
¿En cuales gestas patrióticas ha participado?
¿Cuáles son sus méritos históricos en las luchas sociales o en la defensa de los derechos humanos y la soberanía nacional?
¿Cuáles sus luchas o su participación en movimientos por alcanzar un mundo y un país justo y solidario?
¿Dónde están sus cualidades latinoamericanistas?
Confieso ignorarlas y pienso que eso le pasa a un gran número de conciudadanos/as.
En la vida y trayectoria de Luis Abinader sobresalen otros tipos de cualidades, condiciones y hechos ampliamente conocidos:
Es un empresario de éxitos en esta sociedad, heredero de mucho dinero y propiedades, metido a político, perteneciente a un partido (PRD-PRM) que el clientelismo, la inversión empresarial privada, la corrupción y la narco-política, convirtieron en sendas compañías por acciones, neoliberales o neoconservadoras, en sus dos versiones; en un país en el que la política se ha comercializado.
Abinader ingresó a un PRD ya degradado, el cual se desdobló en un PRM, con similares atributos; haciendo uso para su ascenso, al interior del mismo, de una fortuna capitalista, parte de ella depositada en paraísos fiscales.
Abinader es parte relevante de un grupo familiar multimillonario propietario de inversiones turísticas, universidad privada y un consorcio cementero establecido ilegalmente en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó; empresa comprometida, durante su gestión de gobierno, con los daños ambientales provocados por la barcaza eléctrica instalada en aguas de Puerto de Pueblo Viejo, en Azua.
Abinader es un presidente que ha profundizado la recolonización de nuestra nación, radicalizado la estrategia neoliberal y asumido las ideas conservadoras; aplastando en mayor grado la soberanía y subordinándose totalmente a la estrategia de dominación y a los intereses de EEUU y el sistema imperialista occidental.
No nos dejan mentir el empleo en su gestión presidencial de instrumentos como las Alianzas Público-Privadas (App) y los Fideicomisos, para privatizar bienes públicos y naturaleza no humana; los pasos dados en dirección a la privatización del agua; los acuerdos con el Comando Sur, DEA y USAID, y sus intervenciones en el territorio nacional, en las instituciones y en la frontera dominico-haitiano; la entrega del Puerto de Manzanillo, la concesión exploración de tierras raras al ejército de EEUU, el proyecto de ley de la DNI y su altísima complacencia con las corporaciones mineras transnacionales (FALCONDO, Barrick Gold, Uni Gold, Gold Quest…).
En materia de política exterior entreguista ha roto todos los récords, asumiendo complacientemente los dictados de la Casa Blanca y el Departamento, tanto durante la gestión de Donald Trump como en la Joe Biden.
Se sumó al Grupo de Lima y a la fórmula Guaidó, y respaldó a González Urrutia y a Zelenski; alineándose estratégicamente con EEUU, la OTAN y su socio Israel, en el marco de la decadencia genocida y sumamente destructiva del imperialismo occidental. Asumió -potenciando al extremo el racismo anti-haitiano- el vergonzoso rol de principal promotor de la nueva intervención militar imperialista en Haití.
Lasso, Piñera, Noboa, Uribe, Duque… se inscriben dentro de sus principales aliados continentales, emulando con su práctica de unidad y protección a una buena parte del ultra derechismo y el neofascismo criollos.
En corto tiempo, son significativos los daños culturales agregados por este gobierno al continuo despliegue de racismo, de los fundamentalismos religiosos, del machismo y las agresiones a la imperiosa necesidad de un Estado laico y una enseñanza laica.
La transparencia se torna una fantasía frente al manto de impunidad tendido por su régimen para proteger los grandes delitos de las elites capitalistas inescrupulosas, del generalato corrupto y la alta jerarquía política mafiosa, incluidos los protagonistas de la narco-política; a lo que se agrega el curso degradado y manipulado de los procesos judiciales abiertos.
Las autoridades de la UASD exaltan el hecho de que el presidente Abinader en 4 años ha erogado 1,600 millones de pesos para expandir y modernizar recintos.
Pero resulta que la Ley de Autonomía y Fuero Universitario de 1962, que asigna el 5% del presupuesto nacional a la UASD, ha sido violada sistemáticamente en gran escala por éste y anteriores gobiernos; introduciendo la práctica de aprobar inversiones para ese y otros de tipos de construcciones a cargo del gobierno, que ni por asomo compensan lo dejado de entregar; presentando, además, inversiones realizadas con dinero de los contribuyentes, como dádivas presidenciales meritorias.
Igual, Luis Abinader, se ha dedicado a emplear millones en financiamientos de candidaturas de profesores y estudiantes al Cogobierno Universitario y en múltiples ofertas clientelistas, con el propósito de controlar políticamente la UASD y violar su autonomía; al extremo de contar actualmente con un rector que respaldó abiertamente su reelección y sirve a la manipulación presidencial de la UASD.
La UASD, como única universidad estatal y único centro de educación superior abierto a pueblo, ajeno a la educación como negocio privado, es una de las pocas conquistas de las luchas libradas en la década de los 60 y particularmente de la Revolución de abril y la Guerra Patria de 1965 que, aún mutilada, perdura; de lo que se deriva su apertura democrática, su autonomía legal y su compromiso de defensa de la soberanía frente al poder imperial de EEUU, consagrado en su Estatuto Orgánico. Por lo menos eso debería respetarse.
La trayectoria política, la gestión pública y la producción intelectual de Luis Abinader, no solo no permiten avalar el otorgamiento por la UASD del título de Doctor Honoris Causa, sino que contradicen los méritos necesarios para tal galardón.
Sus aportes -desde sus particulares cualidades profesionales, políticas, empresariales, personales- podrían ser útiles para homenajes y reconocimientos armónicos con una cultura trujillista-caudillista que todavía acompaña la vida política dominicana, por demás enmarcada dentro de las banalidades de la declinante civilización capitalista occidental.
Esto está muy distante de los atributos y exigencias de un Doctorado Honoris Causa a ser otorgado desde la historia y el rol académico y cultural que le corresponde a la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Opinión
Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad
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4 días agoon
noviembre 13, 2026La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.
- El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
- Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
- La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.
Por Narciso Isa Conde
Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.
Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.
Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.
El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:
· La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.
· Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.
· Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.
· En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.
· Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.
· La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».
· El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.
Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:
¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?
Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:
Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.
En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.
La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.
Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.
Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.
Por Oscar López Reyes
Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.
Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.
La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.
¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?
Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.
También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.
Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.
El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.
La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.
¿Cuáles son las respuestas?
Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.
Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.
Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.
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Referencias bibliográficas:
1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/
2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.
3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.
5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.
6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Isaías Ramos
Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.
El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.
El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.
Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.
La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.
Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.
En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.
El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.
El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.
Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.
Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.
Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.
El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.
Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.
Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.
En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder
siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.
El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.
¡El 2044 comienza hoy!
