Editorial
La vida está primero.
La República Dominicana tiene programadas elecciones presidenciales y congresuales para el 17 de mayo del presente año 2020.
Sin embargo, la circunstancia y podría decirse que hasta la propia naturaleza dicen que el momento no es propicio para el montaje de un evento que nadie niega que es vital para la democracia.
Ya hay toda una gama de opiniones de lo que debe ocurrir con unas elecciones cuyos candidatos no han podido ni promover sus propuestas ante electorado nacional.
El país no puede estar al margen de una pandemia que tiene unos protocolos internacionales que violarlos proyecta al país como salvaje y al margen de los mandatos de la ciencia y de organizaciones de las que la República Dominicana es signatarias como la Mundial y la Panamericana de la Salud, pero que también es una forma de poner en peligro de contagio a los votantes, lo cual todavía es peor.
El agrupamiento de personas se contrapone con los dictados de la OMS y la OPS, las cuales son las que han manejado el protocolo a seguir en todos los países del mundo frente a patógeno que ya ha alcanzado unos daños cuantiosos a la vida y a la economía del planeta.
Las elecciones no deben celebrarse a cualquier precio, porque se supone que las mismas son muy importantes para la democracia e incluso hasta para la propia institucionalidad, pero se debe tener presente que sin vida no hay una cosa ni la otra.
Naturalmente, la Junta Central Electoral debe mantener una dinámica para que inmediatamente la circunstancia lo permita que proceda a cumplir con su deber y obligación constitucional, pero si por una profundización de la pandemia en el territorio nacional hay que recurrir a cualquier mecanismo legal que no vaya a crear una crisis institucional y democrática, pues sin vueltas flojas hay que hacerlo.
En lo inmediato la Junta Central Electoral debe despejar la incertidumbre existente, porque esa sería una forma de ajustarse al momento que vive el mundo por la cantidad de contagios y muertes que ha provocado la pandemia.
Se impone que se le de un respiro al pueblo dominicano, el cual ha estado sometido a muchas presiones e imprudencias de gobernantes y gobernados y que se reprogramen las elecciones con los acuerdos pertinentes al respecto.
Ya otros países lo han hecho de igual manera, porque no se pueden celebrar unas elecciones cuyo mandato constitucional no es otro que un voto directo y secreto, lo cual no da espacio para que el mismo se haga por otro medio que no sea el presencial en un colegio electoral.
No hay nada más que se pueda hacer y entonces por qué perder más tiempo con lo que la Constitución traza una pauta muy clara sobre qué hacer ante una enfermedad que pone en peligro la vida del votante.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.