Editorial
La vida está primero.
La República Dominicana tiene programadas elecciones presidenciales y congresuales para el 17 de mayo del presente año 2020.
Sin embargo, la circunstancia y podría decirse que hasta la propia naturaleza dicen que el momento no es propicio para el montaje de un evento que nadie niega que es vital para la democracia.
Ya hay toda una gama de opiniones de lo que debe ocurrir con unas elecciones cuyos candidatos no han podido ni promover sus propuestas ante electorado nacional.
El país no puede estar al margen de una pandemia que tiene unos protocolos internacionales que violarlos proyecta al país como salvaje y al margen de los mandatos de la ciencia y de organizaciones de las que la República Dominicana es signatarias como la Mundial y la Panamericana de la Salud, pero que también es una forma de poner en peligro de contagio a los votantes, lo cual todavía es peor.
El agrupamiento de personas se contrapone con los dictados de la OMS y la OPS, las cuales son las que han manejado el protocolo a seguir en todos los países del mundo frente a patógeno que ya ha alcanzado unos daños cuantiosos a la vida y a la economía del planeta.
Las elecciones no deben celebrarse a cualquier precio, porque se supone que las mismas son muy importantes para la democracia e incluso hasta para la propia institucionalidad, pero se debe tener presente que sin vida no hay una cosa ni la otra.
Naturalmente, la Junta Central Electoral debe mantener una dinámica para que inmediatamente la circunstancia lo permita que proceda a cumplir con su deber y obligación constitucional, pero si por una profundización de la pandemia en el territorio nacional hay que recurrir a cualquier mecanismo legal que no vaya a crear una crisis institucional y democrática, pues sin vueltas flojas hay que hacerlo.
En lo inmediato la Junta Central Electoral debe despejar la incertidumbre existente, porque esa sería una forma de ajustarse al momento que vive el mundo por la cantidad de contagios y muertes que ha provocado la pandemia.
Se impone que se le de un respiro al pueblo dominicano, el cual ha estado sometido a muchas presiones e imprudencias de gobernantes y gobernados y que se reprogramen las elecciones con los acuerdos pertinentes al respecto.
Ya otros países lo han hecho de igual manera, porque no se pueden celebrar unas elecciones cuyo mandato constitucional no es otro que un voto directo y secreto, lo cual no da espacio para que el mismo se haga por otro medio que no sea el presencial en un colegio electoral.
No hay nada más que se pueda hacer y entonces por qué perder más tiempo con lo que la Constitución traza una pauta muy clara sobre qué hacer ante una enfermedad que pone en peligro la vida del votante.
El Poder Ejecutivo acaba de someter al Congreso Nacional la tan esperada reforma fiscal, la cual parece tener algunas bondades, pero que no queda claro qué se persigue con la misma, porque no alcanza ni para cubrir el déficit fiscal que tiene el país desde hace varias décadas que lo sumerge en un endeudamiento peligroso.
Es como buscarle una solución a media al problema, porque a pesar de que sólo se busca recaudar 122 mil millones de pesos con la misma, nadie sabe cuál es la respuesta ante un déficit fiscal que representa más del doble de esa suma.
El meta-mensaje de la reforma fiscal es que el Gobierno de Luis Abinader parece estar enamorado del endeudamiento externo, porque esa reforma tributaria no conduce a otro camino que a buscar más dinero prestado.
Pero eso no es todo, porque el Gobierno habla de una mayor inversión social con un déficit fiscal que duplica la suma que se busca recaudar.
Lo otro es que no se han eliminado todas las exenciones que atrofia la economía nacional, cuyos principales beneficiarios son sectores que sólo buscan alimentarse personal y empresarialmente de los recursos públicos.
Son preguntas que el presidente Luis Abinader debe responderles a los amplios sectores de la vida nacional que se niegan a someterse a mayores sacrificios con resultados insatisfactorios.
A las actuales autoridades nacionales y también a las pasadas se les enrostra que adolecen de lo que se podría definir como una cultura nacional, que no es otra cosa que la carencia de planificación estratégica.
Todo es al azar, cuya debilidad ha exhibido el actual Gobierno hasta más no poder y la reforma fiscal, aunque tenga sus bondades o consideraciones hacia el ciudadano, adolece de debilidades que tienen que ser explicadas.
Es importante que esta reforma fiscal se rija por los principios tributarios de legalidad, equidad y transparencia, porque de lo contrario los resultados podrían ser muy dolorosos para la sociedad dominicana.
La suerte está echada y sólo se espera que por lo menos en este caso haya un manejo idóneo y sensato para que no ocurra lo que se produjo en otras ocasiones, que la reforma fiscal ha significado un profundo dolor de cabeza para todos y cada uno de los dominicanos.
La incapacidad del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) deja huellas en la administración pública, lo cual ahora queda claro con el hecho de que un hijo de un cuadro de ese partido haya penetrado la seguridad nacional de una forma que debe preocupar a cualquiera.
Ello así, porque el señor Jochy Gómez, con una fama reconocida en estas andanzas, no sólo estafa al Estado a través de su contrato con el Intrant, sino que también firma otro con el Ministerio de Defensa, mediante el cual obtenía información sensible y se la vendía a particulares y al propio presidente de la República.
Esta realidad indica que los dominicanos en términos de seguridad nacional estamos prácticamente en pañales, sin ninguna garantía de nada, porque es probable que ahí esté la explicación de que muchos narcotraficantes nunca pueden ser apresados a la hora de que sus residencias o negocios son allanados.
Evidentemente que grupos como éste del crimen organizado sólo buscan dinero, les vendían información a personas del bajo mundo para que abandonaran la zona donde iban a ser perseguidos y apresados.
Pero, además, si este grupo maneja la información sensible del Ministerio de Defensa, entonces que se podía esperar de otras instancias inferiores que responden a sus mandatos.
De manera, que esta irregularidad indica hasta dónde institucionalmente el país está mal.
Porque la verdad es que cualquier “carajo a la vela”, para usar una expresión popular, que tenga el control de las informaciones que generan los organismos que manejan la seguridad nacional, habla de lo mal que está el país.
En este caso no sólo deben investigarse los que han sido imputados hasta el momento, sino que el asunto debe llegar hasta las altas instancias del Gobierno.
E incluso el propio presidente de la República debe ser llamado para que dé una explicación de semejante irregularidad.
En cualquier país que se respete, el presidente tiene que dar una explicación a la sociedad.
Pero no cualquier explicación.
En los diferentes momentos de la historia el país ha estado presente y multiplicándose por miles la figura del depredador, que es aquel que va al Estado con el propósito de llevarse todo lo que esté a su alcance, sin ningún tipo de miramiento.
En las últimas horas se ha producido un detonante importante de la corrupción que afecta el contrato firmado entre las compañías Transcore Latam y el Intrant, la primera presidida por el hijo del periodista Guillermo Gómez, Jochy Gómez, y la segunda por un sobrino de Freddy Beras Goico, un hombre de gran prestigio nacional.
Ya son varios los apresados por un fraude en contra del Estado que supera los mil 300 millones de pesos, el cual, de acuerdo a una auditoria de la Contraloría General de la República, está plagado de mentiras y de falsos informes.
En este caso se ha usado la modalidad más común para estafar al Estado y es través del llamado pliego de condiciones, cuyo mecanismo permite que el presupuesto de una obra pública pase de 100 millones a miles de millones de pesos.
El contrato del Intrant con la Transcore Latam para dotar de semáforos al Gran Santo Domingo no escapa a este tipo de manipulación y fraude.
Un aspecto que complica este caso es el hecho de que los que tenían la responsabilidad de ejecutar el referido contrato incurrieron en la comisión de un sabotaje con la sacada de operación de estos aparatos que están colocados en una buena parte de la capital dominicana.
Es en realidad un acto criminal que merece el más fuerte de los castigos, porque parece que se buscaba generar una desgracia de gran magnitud a través de un caos y los accidentes de tránsito que tal maniobra podían provocar.
En este caso como en otros tantos juega un papel de primer orden el partidarismo político, porque no hay que ser un genio para saber que José Angel Gómez Canaán (Jochy) ha conseguido ese contrato, incluido otro con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, por la influencia de su padre, el periodista Guillermo Gómez.
Ello así, porque Jochy Gómez es un personaje muy controversial, involucrado en una serie de acciones que a ningún gobierno lo quisiera tener cerca, pero evidentemente que la influencia de su padre rompe fronteras.
Ahora falta ver cuál será el manejo que se le dará al caso, ya que el padre del involucrado en el fraude ya anunció el inicio de su ofensiva a través del programa de televisión “Aeromundo”, el cual estuvo al servicio por años en favor del PRM