Editorial
La Violación de la Ley en el Gobierno del Cambio.
El Gobierno del presidente Luis Abinader cae en el campo de la ilegalidad cuando no respeta ni promueve la aplicación de las leyes que constituyen un soporte vital de la democracia.
Los funcionarios perremeístas se han especializado en promover el irrespeto de la ley e incluso de las sentencias que sientan jurisprudencias del Tribunal Constitucional.
Esa alta corte acaba de emitir una sentencia en la que obliga a pagar al Ministerio de Hacienda por concepto de astreinte un millón doscientos veinte mil pesos en favor de una viuda cuya pensión se ha negado a acoger la institución competente en esta materia del Gobierno.
Pero al propio tiempo ayer se publicó una información en la que se denuncia que son muy pocas las instituciones publicas que cumplen con el mandato de la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública.
El llamado Gobierno del Cambio parece no darse cuenta, aunque naturalmente es mucho pedir, que con esa conducta daña el estado de derecho y la democracia.
De la irregularidad ni el jefe del Estado se da cuenta, porque está tan ocupado de inaugurar hasta la limpieza de una cuneta que no le da el tiempo para ocuparse de cosas más de fondo y compleja porque sus daños son cuantiosos para la democracia nacional.
Prácticamente todos los órganos y entes del Estado cuentan con oficinas de libre acceso a la información pública, pero ninguna cumple con el mandato del derecho positivo dominicano e internacional.
Se sabe de más que no se le puede pedir peras al olmo, dado que hace algunos días que el ignorante que dirige la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) se atrevió a decir al principal periódico del país que el presidente Abinader había autorizado que le cortaran el agua a todo aquel que no la pague, cuyo funcionario se olvidó que hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que lo impide por tratarse de un asunto de derechos humanos.
Pero de ser cierto lo que puso en la boca del presidente el director de Coraazan, entonces no hay otra cosa que se pueda esperar de los funcionarios y de un mandatario que da órdenes a sus subalternos para que violen las sentencias del Tribunal Constitucional y el mandato de la Ley 200-04, sobre libre acceso a la información publica.
Siendo así, no hay nada que se le pueda pedir a los perremeístas para que abandonen la practica de acabar con la poca institucionalidad de que goza el país.
Si una cosa debe preocupar a la sociedad dominicana tiene que ser el comportamiento de sus policías y militares, porque la gran mayoría no exhibe una buena conducta.
Si se revisa la participación policial y militar en los atracos y robos a mano armada que ocurren en el territorio nacional, siempre se encontrará la sombre de miembros de los cuerpos armados.
Y si se analizara el problema a partir de lo que ocurre en la frontera, las cosas se complican, porque aparte de que son los militares destacados allí los que permiten la entrada de los haitianos, también fácilmente va a quedar al descubierto que por ahí entra mas que seres humanos, sino droga, trata de blanca y miles de actividades ilegales.
Lo complicado del asunto es que el lenguaje que se habla en esa parte del pais es el del dinero dinero, cuyo involucramiento de los militares destacados allí proviene de los partidos políticos, en los que todo tiene un precio y sólo las cosas caminan cuando cada uno recibe los suyos.
Es decir, que pedir un comportamiento ético y mística en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es una quimera que no parece tan fácil de lograr.
El país está inmerso en la fiesta de los cuartos y el que no tiene la audacia para buscarlo y repartir se queda fuera de la misma, porque nadie lo quiera a su lado y precisamente así están los cuerpos armados de la nación.
Ahí está la explicación del comportamiento de los miembros de la Dirección Nacional de Migración, quienes están más atentos de las propiedades de los haitianos que de su documentación y si son o no ilegales.
Lo grave del problema es que, aunque muchos superiores hablan todo lo que les viene a la boca cuando se produce un escándalo, lo cierto es que nadie está fuera del botín, cuyos beneficiarios no les importa otra cosa que acumular dinero sin importar las consecuencias e incluso aunque tengan que poner en peligro los intereses de la patria.
Si este comportamiento no es detenido al precio que sea, la República Dominicana va a sufrir un deterioro en su imagen que llegará un momento que el mal va ser muy difícil revertir.
El problema toma cuerpo, porque se profundiza la crisis de valores, pero no parece que el mal pueda ser detenido porque es la mayoría de la gente que anda en la misma onda.
Solo queda observar.
La violación sexual de una adolescente haitiana durante un operativo de la Dirección General de Migración representa una afrenta en contra de toda familia sin importar en qué lugar del mundo ocurra y la nacionalidad de la víctima.
Puede producirse en cualquiera de los continentes que conforman el mundo y no hay forma de justificar semejante aberración.
Todo el que tiene algún sentimiento paternal tiene que indignarse con semejante aberración, la cual constituye la que más heridas psicológicas y físicas produce en sus víctimas.
Esa es una forma de arruinarla la vida un ser que apenas comienza a vivir, cuyos traumas la acompañarán durante el resto de su existencia.
No hay forma de concebir semejante crimen, porque en realidad la violación sexual es uno de los peores recursos de cualquier degenerado en contra de sus víctimas.
Cualquier buen ciudadano, no importa que tan poca o muy civilizada sea su nación de procedencia, no puede sentirse cómodo con que un degenerado sobre la base del poder público cometa semejante agresión, pero peor aun en contra de una persona que todavía se puede definir como una niña.
Ya el Gobierno ha reaccionado al respecto, pero el asunto no permite dilaciones, porque el remedio tardío puede ser mucho peor que la enfermedad y la sociedad dominicana no puede darse el lujo de proyectarse ante la comunidad internacional como una nación de salvajes y de perversos que se escudan en la ley para cometer sus atrocidades.
No hay forma de justificar semejante acción, sin importar las diferencias migratorias y a otros niveles con los haitianos, porque el crimen cometido por miembros de la Dirección General de Migración trasciende todas las fronteras.
El que viola a una haitiana de igual lo hace con una dominicana o con cualquier otra persona, porque se habla de un enfermo que merece tratamiento clínico y de la sanción que dispone la ley para este tipo de conducta.
La forma de manejarse del Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) representa un gran reto para la República Dominicana, porque esta entidad no cuenta con un pensamiento y una planificación estratégicas.
Desde su llegada al poder ha quedado demostrado que no piensa nada de lo que hace, lo cual explica la falta de visión de Estado tanto del mandatario que se gasta el país y del partido que lo sustenta.
Abinader le ha buscado una solución incorrecta para satisfacer el pedido de entrega de fondos adicionales a los partidos políticos, incluido el oficial, la cual implica una modificación no pensada de la Ley de Presupuesto.
Pero lo peor de todo es que nadie, absolutamente nadie, somete a la transparencia que manda la Constitución de la República a los partidos políticos que reciben altas sumas de dinero del Estado sin rendirle cuenta a nadie.
En realidad no se sabe de qué se habla cuando se recurre a una expresión muy común de que los partidos son el soporte de la democracia.
Tremenda mentira, porque si a la verdad vamos son la mejor expresión de la desgracia nacional.
La partida que ahora entrega el Gobierno a los partidos políticos no es otra cosa que una vía mas para promover la falta de transparencia y el mal manejo de los dineros de las arcas nacionales.
Esta nueva partida entregada a la partidocracia significa un gran sacrificio para todos los dominicanos en razón de que ello traerá consigo un mayor endeudamiento público, pese a que ya es bastante.
La fiesta del dispendio y de la corrupción de los actores de la vida política nacional son, sin lugar a dudas, la más grave amenaza en contra de los mejores intereses de la nación.
Es una complicidad que involucra a todo el andamiaje oficial, la cual se inicia en el Palacio Nacional, entre a un amplio sector del empresariado, pasa por el Congreso Nacional, el sistema de justicia, incluidos los tribunales Constitucional y Superior Electoral y para colmo el fenómeno no deja fuera a los medios de comunicación social, sobre todo a los más grandes y que más incidencia tienen en la vida nacional.
A Dios que reparta suerte.