La Violación de la Ley en el Gobierno del Cambio.

El Gobierno del presidente Luis Abinader cae en el campo de la ilegalidad cuando no respeta ni promueve la aplicación de las leyes que constituyen un soporte vital de la democracia.

Los funcionarios perremeístas se han especializado en promover el irrespeto de la ley e incluso de las sentencias que sientan jurisprudencias  del Tribunal Constitucional.

Esa alta corte acaba de emitir una sentencia en la que obliga a pagar al Ministerio de Hacienda por concepto de astreinte un millón doscientos veinte mil pesos en favor de una viuda cuya pensión se ha negado a acoger la institución competente en esta materia del Gobierno.

Pero al propio tiempo ayer se publicó una información en la que se denuncia que son muy pocas las instituciones publicas que cumplen con el mandato de la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública.

El llamado Gobierno del Cambio parece no darse cuenta, aunque naturalmente es mucho pedir, que con esa conducta daña el estado de derecho y la democracia.

De la irregularidad ni el jefe del Estado se da cuenta, porque está tan ocupado de inaugurar hasta la limpieza de una cuneta que no le da el tiempo para ocuparse de cosas más de fondo y compleja porque sus daños son cuantiosos para la democracia nacional.

 Prácticamente todos los órganos y entes del Estado cuentan con oficinas de libre acceso a la información pública, pero  ninguna cumple con el mandato del derecho positivo dominicano e internacional.

Se sabe de más que no se le puede pedir peras al olmo, dado que hace algunos días que el ignorante que dirige la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) se atrevió a decir al principal periódico del país que el presidente Abinader había autorizado que le cortaran el agua a todo aquel que no la pague, cuyo funcionario se olvidó que hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que lo impide por tratarse de un asunto de derechos humanos.

Pero de ser cierto lo que puso en la boca del presidente el director de Coraazan, entonces no hay otra cosa que se pueda esperar de los funcionarios y de un mandatario que da órdenes a sus subalternos para que violen las sentencias del Tribunal Constitucional y el mandato de la Ley 200-04, sobre libre acceso a la información publica.

Siendo así, no hay nada que se le pueda pedir a los perremeístas para que abandonen  la practica de acabar  con la poca institucionalidad de que goza el país.