Latinoamericanas
La violencia marca el inicio de la octava semana de protestas en Venezuela
Según los datos revelados ayer, cuatro personas identificadas con el oficialismo fueron supuestamente asesinadas por sicarios, entre ellos, un dirigente de origen chileno que recibió un disparo mientras se encontraba en un restaurante de Caracas.
EFE
CARACAS. La violencia marcó ayer el inicio de la octava semana de manifestaciones en Venezuela donde este lunes se registraron hechos que dejaron al menos tres muertos, tres heridos de bala, más de veinte detenidos y varios inmuebles quemados en actos vandálicos.
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó a través de su cuenta de Twitter que investigará las muertes de Yorman Alí Bervecia Cabeza (19), Adonis Pérez (22) y Alfredo Carrizales, todas registradas en medio de protestas en el estado Barinas (oeste), donde nació el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).
Con estos tres casos se eleva a 51 el total de víctimas mortales que ha dejado la escalada de violencia en medio de la crisis en Venezuela, según las cuentas de la Fiscalía.
El organismo explicó que, según información preliminar, Bervecia Cabeza se encontraba en una manifestación “cuando recibió un disparo”.
Sobre los otros dos casos no ha ofrecido más detalles y, en cambio, adelantó que investigará los hechos por los que tres personas, que no identificó, resultaron “heridas de bala” durante una manifestación en el municipio caraqueño de Baruta.
El parlamentario opositor de esa entidad Freddy Superlano dijo a Efe que en Barinas se registraron este lunes al menos 15 manifestaciones antigubernamentales y que se tornaron violentas cuando fueron dispersadas por los cuerpos de seguridad del Estado.
También en Barinas fueron quemadas la sede regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, indicó que en la entidad fue “asediado” el comando 53 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), que fue destruido un almacén de medicamentos y atacado el Hospital Luis Razzeti.
Varios dirigentes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como el gobernador y excandidato presidencial Henrique Capriles han reportado la muerte del joven Jhon Alberto Quintero, también en un escenario de protesta en el estado Barinas, pero este suceso no ha sido confirmado por la Fiscalía.
Por otra parte, el gobernador del sureño estado Bolívar, el chavista Francisco Rangel Gómez, denunció que 51 unidades del sistema de transporte público de su Administración fueron incendiadas en un presunto “ataque terrorista con bombas molotov”, hecho por el cual hay tres personas detenidas.
Entretanto, cientos de opositores marcharon en Caracas junto a médicos, pacientes y trabajadores de la salud para protestar por la escasez de remedios que registra la nación caribeña, así como por el deterioro de los hospitales públicos y para pedir la apertura de un canal humanitario.
Esta movilización fue dispersada con gases lacrimógenos por efectivos de la fuerza pública, lo que degeneró en algunos enfrentamientos entre manifestantes y uniformados que terminó con varios afectados, ninguno de gravedad.
Al menos tres periodistas resultaron heridos durante la cobertura de estos hechos, por lo que la Fiscalía indicó que iniciará averiguaciones.
Por su parte, médicos y trabajadores del sector salud afines al chavismo recorrieron las calles del centro de Caracas en respaldo a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la que consideran una “garantía de salud”.
El ministro de Salud, Luis López, quien encabezaba la movilización, dijo al canal estatal VTV que la Asamblea Nacional Constituyente va a fortalecer el sistema de salud, que, aseguró, ha sido “blindado” por el jefe de Estado venezolano.
Entretanto, el titular de Información, Ernesto Villegas, informó que 60 personas han perdido la vida producto de la violencia que se registra en el país desde comienzos de abril.
Villegas hizo una presentación detallada de cada uno de los casos y de las supuestas causas de las muertes, que atribuyó la mayoría a los propios manifestantes, a las protestas, razones de odio o asesinatos por encargo, e identificó a varias de las víctimas como partidarios chavistas.
Según los datos revelados ayer, cuatro personas identificadas con el oficialismo fueron supuestamente asesinadas por sicarios, entre ellos, un dirigente de origen chileno que recibió un disparo mientras se encontraba en un restaurante de Caracas.
El ministro aseguró que personas han muerto por “armas no convencionales” a raíz de las “barricadas” que bloqueaban las vías y durante los saqueos ocurridos, y afirmó que hay funcionarios de seguridad fallecidos, aunque no dio cifras al respecto.
Asimismo, pidió que se detengan los llamados a la violencia, de los que responsabilizó a “sectores políticos que han abandonado la política para tratar de imponerle al país una agenda de violencia”.
Citó igualmente cifras de la GNB, componente militar que ejerce labores de orden público, según las cuales en Venezuela “se han producido más (de) 1.600 manifestaciones de distinto color político (…) y de ellas alrededor de 600 han sido violentas”.
Además, el Consejo Moral Republicano (CMR) consideró “pertinente” la convocatoria para un eventual cambio de Constitución propuesta por Maduro al destacar que invita a un “debate propositivo” y “conduce a una salida electoral” a la actual crisis del país.
Con esto, la instancia sumó un apoyo al Ejecutivo luego de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien integra el CMR, rechazara la semana pasada esta iniciativa presidencial, al considerar que su puesta en marcha “aceleraría la crisis” en la nación petrolera.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.