Editorial
La Vocación Interventora y Atropellante de los Estados Unidos.
En los actuales momentos los Estados Unidos confrontan una situación que a pesar de que es buena desde la perspectiva de la no intervención, pero también es una forma de que la misma sea un espejo de una doble moral que proyecta muy mal a la potencia del norte.
Nos referimos a la intervención armada de Rusia en Ucrania, cuya situación ha provocado prácticamente el rechazo mundial, pero no se entiende que mientras los Estados Unidos llevan la voz cantante de oposición de esa acción de una de las potencias del mundo, lo que incluso ha provocado la aprobación de altas sumas de millones de dólares en favor del país europeo y otrora miembro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, incurra en el mismo error en otros lugares del mundo.
La cuestión es que mientras los Estados Unidos no está de acuerdo con la invasión a Ucrania por parte de Rusia, reproduce el mismo comportamiento de su enemigo en otros lugares del mundo, como ocurre actualmente en la República Dominicana, donde se produjeron intervenciones armadas en el país en los años 1916 y 1965 y ahora se origina otra situación parecida en lo que respecto al caso haitiano.
La verdad es que la conducta de los Estados Unidos deja la idea de que es cierta la denuncia de ultraconservadores dominicanos y que rechazan amplios sectores nacionales de que la comunidad internacional, encabezada por la potencia del norte y el Canadá, presionan para que se produzca una fusión de las dos naciones que ocupan la isla la hispaniola, lo cual desde una razón profundamente cultural parece ser una utopía.
Lo otro es que los Estados Unidos deben ser sometidos a un reclama a nivel internacional para que cumpla con aquellas convenciones de las que es signatario, como la que por un asunto de reciprocidad no puede someter a los periodistas a su aberrada concepción de crear una lista negra cuando se identifican con principios fundamentales del derecho a la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacionales.
Que quede lo suficientemente claro que este periódico no apoya aquellos procedimientos de la Dirección General de Migración que constituyan una violación de los derechos humanos cuando de la deportación de haitianos se trata, aunque no hay que ser un experto en estos temas para saber que la exageración es un arma que usa la embajada de los Estados Unidos en su comunicado que ha generado la confrontación con el Gobierno dominicano.
Este diario no comparte además que el Gobierno dominicano implemente una agresiva deportación de haitianos, no porque haya concebido una política migratoria nacional, sino por razones politiqueras circunstanciales que al final de la jornada no habla bien de las autoridades nacionales.
Otra arista que se evidencia en el referido comunicado de la embajada de los Estados Unidos es una doble moral, ya que pese a que condena la mentira muy severamente castigada cuando alguien la esgrime para la adquisición de una visa, por ejemplo, lo mismo hace la potencia del norte cuando de reprimir a otros se trata.
La República Dominicana no debe pagar con la misma moneda a los Estados Unidos cuando busca presionar para que se haga lo que ellos les venga en gana, pero no está demás que cuando un periodista es puesto en una lista negra por simplemente expresar su opinión equis que afecta los llamados intereses de los Estados Unidos, que se le responda con la misma acción a fin de que haya respeto de Estado a Estado.
Estados Unidos debe entender que ese colonialismo a ultranza debe desaparecer del escenario internacional, porque está más que demostrado que esa forma de regir las relaciones internacionales ya se contrapone con los principios de libertad e independencia que se imponen en el mundo.
Es una pena que ese comportamiento de la potencia del norte sea en contra de un gobierno como el de Luis Abinader, profundamente de derecha y pro neoliberal, lo cual encaja con la concepción de los Estados Unidos y pese a ello busca desestabilizarlo a través de un comunicado que está claramente dirigido a lesionar su economía.
Por el momento se debe aplaudir la reacción que ha tenido el Gobierno dominicano frente a las intenciones y las manipulaciones de la embajada de los Estados Unidos, pero se espera que igual actitud asuman las autoridades y las organizaciones de periodistas nacionales e internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), sobre la lista negra denunciada por este periódico en contra de todo aquel profesional de la comunicación que no esté de acuerdo con la política de intervención de los Estados Unidos, lo cual conlleva hasta la negación de un visado de esta categoría en sus embajadas y consulados.
Así no se vale, señores del imperio.
La educación es la puerta al desarrollo, cuya expresión no se trata de un cliché, sino de una realidad que debe ser digerida o comprendida por todas las naciones del planeta.
El fenómeno de una buena educación ha sido aprovechado al máximo por las naciones asiáticas, como Simgapur, Corea del Sur y Japón.
Estas naciones del continente asiático han tomado el toro por los cuernos en lo que respecta a invertir para su desarrollo y de esa manera impactar a todo el planeta.
Pero la pregunta que debe hacerse cualquier persona con un nivel óptimo de inteligencia y por qué a países como la República Dominicana se le hace tan difícil ocupar esos niveles de desarrollo cognitivo y de un mayor coeficiente de inteligencia.
Es común escuchar a cualquier joven decir en este lado del mundo que para tener dinero no se necesita estudiar, lo cual no obedece totalmente a la verdad, porque en cualquier lugar del universo donde se prioriza la educación, la tecnificación y la buena formación le sirve más que toda la riqueza material que se pueda tener, aunque generalmente la primera garantiza la segunda.
Debe entenderse que las naciones de economía informal, del día a día, de poco desarrollo industrial, el trabajo artesanal es lo que predomina y en consecuencia un país al margen del conocimiento no tiene otras formas que sobrevivir mediante el trabajo rustico y poco tecnificado.
Es decir, que para cualquier país del tercer mundo rebasar su pobreza y precariedades tendrá que insertarse en el mundo del conocimiento, de las ciencias y de las tecnologías, no importa que tantos plátanos y mangos exporte.
Si la República Dominicana quiere tener un desarrollo verdadero, no de palabras y de campañas publicitarias, debe, primero, mejorar la calidad de la inversión del 4 por ciento en educación y empeñarse en superar ese nivel, a fin de que al cabo de algunos años se pueda ver en el espejo de las naciones que hoy exhiben un desarrollo envidiable como Uruguay, Argentina y Chile o tal vez mejor decir como Singapur, Corea del Sur y Japón, entre muchos otros.
La educación, sin lugar a dudas, es la puerta hacia el desarrollo inclusivo, imitemos los ejemplos que tenemos a la vista, pero ello debe estar acompañado de planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, la principal debilidad de los países pobres y subdesarrollados.
Nadie se atreve a negar el poder de los Tribunales Constitucionales en las democracias del siglo 21. Un buen ejemplo, entre muchos otros, es la sentencia TC/0767/24 que anula por inconstitucional la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
En el campo internacional otro buen ejemplo de ese poder inmedible del constitucionalismo es lo que acaba de ocurrir en Rumania, donde el alto tribunal anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en esa nación europea.
De manera, que ese poder extraordinario se repite regularmente en diferentes naciones del mundo, incluida la República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional, como legislador negativo, acaba de dar un plazo de un año al Congreso Nacional para que corrija los errores procedimentales en la aprobación de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal por éstos ser violatorios de la normativa procesal que establece sobre la materia la carta magna.
En realidad, se trata de un fenómeno mundial, dado que el constitucionalismo es prácticamente la guía de las nuevas democracias del mundo.
Todo ello demanda que el Tribunal Constitucional dominicano ponga en primer plano la revisión de las acciones de amparo que son sometidas a la alta corte.
Esperar años para fallar los recursos de revisión de acciones de amparo, incluidas las de cumplimiento y electoral, socaba la credibilidad del Tribunal Constitucional que está llamado a corregir las debilidades de que adolece el sistema de justicia, entre ellas la llamada mora judicial.
No hay una explicación lógica de que el Tribunal Constitucional se tarde hasta dos años para fallar una revisión de una acción de amparo cuando el articulo 102 de su propia Ley orgánica habla de 30 días, cuyas decisiones tardías cuando se producen ya no surten ningún efecto.
Cualquiera se podría preguntar si es que se trata de una manipulación o de un condicionamiento, máxime cuando la revisión de las acciones de amparo persigue corregir cualquier distorsión de los derechos fundamentales, no importa que provenga de los partidos políticos cuando se trata de asuntos electorales.
Sólo mediante esa interpretación se podría entender la tardanza del TC para solucionar un problema que está asociado a violaciones graves de un derecho fundamental como es, por ejemplo, el de elegir y ser elegible.
Es imperdonable que el Tribunal Constitucional someta al justiciable al mismo dolor de cabeza que proviene de la Suprema Corte de Justicia, cuyas sentencias son evacuadas cuando las partes ya han muerto.
Necesariamente hay que preguntarse por qué el TC no quiere poner en cintura a los partidos políticos, pese a que son los que más daños hacen con su conducta a la democracia.
Hay recursos de revisión de acciones de amparo que alcanzan hasta los dos años y todavía no hay una forma de que se produzca un fallo. Se impone resolver esa mora porque al final de cuentas esa falla socava la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la credibilidad del Tribunal Constitucional y de todo el sistema de justicia nacional.
No hay lugar a dudas que la tardanza del Tribunal Constitucional para fallar los recursos de revisión de las acciones de amparo representa un desequilibrio en la alta corte que debe ser corregido a la mayor brevedad posible.
Se impone que el TC se ajuste al mandato de su ley orgánica, la 137-11, para que preserve su credibilidad, porque no se puede ser estricto para hacer cumplir la Constitución en algunos casos, pero no así para otros. Esa debilidad del TC es comprobable con la celeridad que muchas veces conoce la acción directa de inconstitucionalidad, pero relega a años las revisiones que tienen que ver con el amparo, sobre todo cuando se trata de asuntos electorales que involucran violaciones cometidas por los partidos políticos.
La principal labor de los ayuntamientos del país es procurar resolver la recogida de basura, la cual es la que requiere mayor inversión económica de los gobiernos locales.
Pero de igual modo es la principal fuente de promoción de corrupción, porque los contratos casi siempre se manejan a discreción del ejecutivo municipal, no importa cómo se llame.
Sin embargo, la llegada de Ulises Rodríguez hace muy poco tiempo parece representar la mayor amenaza en contra de la estabilidad económica de la alcaldía de Santiago.
Se ve a leguas la falta de planificación y de la implementación de políticas publicas que pueda llevar a un buen comino a la ciudad corazón como también se conoce.
Es motivo de alarma la cantidad de dinero invertido en la recogida de la basura y para llevarla a su destino final, cuyas sumas involucradas son realmente desproporcionadas y abusivas.
Es urgente que haya una explicación convincente sobre los gastos excesivos en la recogida de desperdicios sólidos que tiene el ayuntamiento de Santiago en la actual administración.
Las sumas involucradas crean mucha preocupación de que la ciudad termine en la quiebra total como resultado de una mala gestión y por un abuso del actual ejecutivo municipal.
Ulises Rodríguez está en la obligación de darles una explicación a los munícipes de Santiago, porque las sumas involucradas no parecen tener ninguna justificación.
Se impone una rigurosa fiscalización y seguimiento a las andanzas del actual alcalde Ulises Rodríguez, quien ha sido señalado como inepto e irresponsable frente a las finanzas del gobierno local.
Antes de que sea tarde, el munícipe de Santiago debe lanzar una mayor voz de alarma para que las cosas no sigan de mal en peor.