Editorial
La Vocación Interventora y Atropellante de los Estados Unidos.
En los actuales momentos los Estados Unidos confrontan una situación que a pesar de que es buena desde la perspectiva de la no intervención, pero también es una forma de que la misma sea un espejo de una doble moral que proyecta muy mal a la potencia del norte.
Nos referimos a la intervención armada de Rusia en Ucrania, cuya situación ha provocado prácticamente el rechazo mundial, pero no se entiende que mientras los Estados Unidos llevan la voz cantante de oposición de esa acción de una de las potencias del mundo, lo que incluso ha provocado la aprobación de altas sumas de millones de dólares en favor del país europeo y otrora miembro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, incurra en el mismo error en otros lugares del mundo.
La cuestión es que mientras los Estados Unidos no está de acuerdo con la invasión a Ucrania por parte de Rusia, reproduce el mismo comportamiento de su enemigo en otros lugares del mundo, como ocurre actualmente en la República Dominicana, donde se produjeron intervenciones armadas en el país en los años 1916 y 1965 y ahora se origina otra situación parecida en lo que respecto al caso haitiano.
La verdad es que la conducta de los Estados Unidos deja la idea de que es cierta la denuncia de ultraconservadores dominicanos y que rechazan amplios sectores nacionales de que la comunidad internacional, encabezada por la potencia del norte y el Canadá, presionan para que se produzca una fusión de las dos naciones que ocupan la isla la hispaniola, lo cual desde una razón profundamente cultural parece ser una utopía.
Lo otro es que los Estados Unidos deben ser sometidos a un reclama a nivel internacional para que cumpla con aquellas convenciones de las que es signatario, como la que por un asunto de reciprocidad no puede someter a los periodistas a su aberrada concepción de crear una lista negra cuando se identifican con principios fundamentales del derecho a la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacionales.
Que quede lo suficientemente claro que este periódico no apoya aquellos procedimientos de la Dirección General de Migración que constituyan una violación de los derechos humanos cuando de la deportación de haitianos se trata, aunque no hay que ser un experto en estos temas para saber que la exageración es un arma que usa la embajada de los Estados Unidos en su comunicado que ha generado la confrontación con el Gobierno dominicano.
Este diario no comparte además que el Gobierno dominicano implemente una agresiva deportación de haitianos, no porque haya concebido una política migratoria nacional, sino por razones politiqueras circunstanciales que al final de la jornada no habla bien de las autoridades nacionales.
Otra arista que se evidencia en el referido comunicado de la embajada de los Estados Unidos es una doble moral, ya que pese a que condena la mentira muy severamente castigada cuando alguien la esgrime para la adquisición de una visa, por ejemplo, lo mismo hace la potencia del norte cuando de reprimir a otros se trata.
La República Dominicana no debe pagar con la misma moneda a los Estados Unidos cuando busca presionar para que se haga lo que ellos les venga en gana, pero no está demás que cuando un periodista es puesto en una lista negra por simplemente expresar su opinión equis que afecta los llamados intereses de los Estados Unidos, que se le responda con la misma acción a fin de que haya respeto de Estado a Estado.
Estados Unidos debe entender que ese colonialismo a ultranza debe desaparecer del escenario internacional, porque está más que demostrado que esa forma de regir las relaciones internacionales ya se contrapone con los principios de libertad e independencia que se imponen en el mundo.
Es una pena que ese comportamiento de la potencia del norte sea en contra de un gobierno como el de Luis Abinader, profundamente de derecha y pro neoliberal, lo cual encaja con la concepción de los Estados Unidos y pese a ello busca desestabilizarlo a través de un comunicado que está claramente dirigido a lesionar su economía.
Por el momento se debe aplaudir la reacción que ha tenido el Gobierno dominicano frente a las intenciones y las manipulaciones de la embajada de los Estados Unidos, pero se espera que igual actitud asuman las autoridades y las organizaciones de periodistas nacionales e internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), sobre la lista negra denunciada por este periódico en contra de todo aquel profesional de la comunicación que no esté de acuerdo con la política de intervención de los Estados Unidos, lo cual conlleva hasta la negación de un visado de esta categoría en sus embajadas y consulados.
Así no se vale, señores del imperio.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.