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Lajún aclara no tiene responsabilidad si hubo irregularidad
Luis José Asilis asegura que los títulos de propiedad de Duquesa han servido de garantía hipotecaria
La empresa Lajún Corporation rompió el silencio en torno a la titularidad de los terrenos del vertedero de Duquesa; defendió su derecho como propietaria de estas tierras y destacó las ventajas de un proyecto de convertir la basura en energía eléctrica. En entrevista con elCaribe, uno de los accionistas de la empresa que administra Duquesa, Luis José Asilis, precisó que en 2013 junto al jamaicano Michael Lee-Chin compró los terrenos de Duquesa y las acciones de Lajún Corporation por separado al señor José Antonio López.
El también presidente del Grupo Metro indicó que antes de hacer las negociaciones, sus abogados hicieron un análisis de 10 años atrás a la compra, y se percataron de que José López había tomado un préstamo hipotecario en el Banco de Reservas con los títulos de los terrenos de Duquesa para comprar equipos, lo que a su juicio demuestra la legalidad del título de propiedad del inmueble.
“El contrato original de ventas de esos terrenos, tengo entendido por nuestros abogados Fernando Langa & Abinader y asociados, que buscó el historial de compra de los títulos, que fue en los 80 que se vendió (terrenos) y pasó de manos dos o tres veces”, dijo.
Desde su despacho en el edificio administrativo de su empresa de servicio de transporte Metro en la avenida Luperón, sostuvo lo siguiente: “Entiendo que tenemos titularidad válida y si no lo fuera, no hemos recibido al día de hoy ni una demanda ni nos ha llegado una comunicación diciendo esos terrenos no son suyos”, enfatizó. Agregó “si en su origen hubo una irregularidad no es nuestra responsabilidad”.
Asilis dijo no recordar el monto exacto de cuánto le costó tanto a él como a su socio la adquisición de este inmueble.
“Pensé que estábamos haciendo una gran inversión, pero lo que he hecho es perder dinero en estos cuatro o cinco años”, sostuvo.
Aclaró que el único fin de comprar estos terrenos y adquirir el manejo del vertedero fue instalar un generador eléctrico, cuyos beneficios se traducirán en generar, dependiendo el sistema, de 20 a 30 megavatios de energía para sumarla a la generación del país, eliminando así la basura.
Un proyecto millonario en Duquesa
Informó que hasta el momento han hecho una inversión de más de US$15 millones de alrededor US$270 millones que estima el proyecto, cuyos fondos provienen de instituciones multinacionales comprometidas con el medioambiente.
Deploró que este proyecto no haya dado fruto aún, es decir, no haya podido ser financiado directamente, por falta de una legislación en el país que aborde el tema de convertir los desechos en energía.
“Nosotros no estamos en esto por política, estamos en esto por crear un beneficio. Somos accionistas e inversionistas para hacer beneficio, no somos personas que venimos con interés posterior de conseguir un préstamo y vender el negocio a otros que fue aparentemente lo que pasó antes”, expresó.
Agregó que constantemente recibe personas interesadas en comprar el inmueble con fines de negocios. “Nuestra intención no es empezar a ser rico por Duquesa. Yo creo que si invertimos ahí era porque ya teníamos con qué invertir, lo que estamos buscando es hacer un negocio innovador, que no existe en el país, modernizar la ciudad y limpiarla y beneficiar el medio ambiente”, resaltó.
Asilis calificó a Duquesa como una bomba medioambiental. Sostiene que fruto de la crisis creada, las autoridades tienen la oportunidad de buscar una solución definitiva al problema.
Cree que el Estado debe trabajar en concienciar a la población acerca del pago por servicio de recolección de basura. “No vemos sostenibilidad en el futuro si no se puede fondear eso”, dijo.
Aunque entiende que los ayuntamientos no tienen suficientes fondos, explica que Lajún no puede sostenerse cobrando 89 pesos por tonelada de desechos vertidos en un vertedero que recibe cuatro mil toneladas de basura diaria, y cuyas operaciones resultan muy costosas.
Medio Ambiente cobre basura
En ese sentido, planteó que se cree un efectivo mecanismo de ingreso o que el Ministerio de Medio Ambiente u otro ministerio se haga cargo del cobro de este servicio conjuntamente con el pago de la energía eléctrica. “Yo preferiría que fuera un ministerio que no lleve el problema político al manejo de residuo final”, agregó.
Sustenta su planteamiento en que cuando se incrementan los ingresos a los cabildos, usualmente, la mayor parte del dinero se va en empleomanía y no en resolver un problema técnico como lo es la gestión de la basura.
Como empresario, visualiza que lo más conveniente es realizar un fideicomiso, manejado por el Banco de Reservas.
Asilis criticó que las empresas recolectoras de desechos sólidos reciban de los cabildos 17 veces más por el transporte de una tonelada de basura que el que la procesa. “Son 37 dólares contra dos dólares”, indicó.
En ese sentido, señaló que esta empresa recibe de los ayuntamientos 11 millones de pesos, monto que dice no compensa los gastos de operaciones. Dijo que como conocedor del área, ha propuesto a las autoridades municipales darle el transporte y manejo de los residuos sólidos por menos de lo que hoy están gastando.
Contratos ya vencieron
Indicó que hace seis meses vencieron los contratos con los ayuntamientos de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pantoja y el Distrito Nacional y tres meses antes a la fecha de vencimiento enviaron notificaciones a estos cabildos a los fines de renegociar. El contrato con Santo Domingo Norte vence en 2022.
Con respecto a los términos del contrato entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte (ASDN), puntualizó que en el mismo, el síndico de esta demarcación se compromete a negociar a favor de Lajún una tarifa justa y no se ha cumplido.
Sobre el acuerdo arribado con las autoridades municipales, mediante el cual se crea una comisión que actualmente realiza un análisis de costo de las operaciones en el vertedero, dijo que esperan unos resultados razonables.
El representante de Lajún resaltó las condiciones favorables de estos terrenos ubicados en Santo Domingo Norte, entre ellas su localización, lo que ha facilitado el transporte de los desechos sólidos a las compañías recolectoras.
A juicio del empresario, es necesario que las autoridades entiendan lo importante de que el vertedero, que ocupa más de un millón de metros cuadrados, sea reducido a 100 mil o 200 mil metros cuadrados, y eso se consigue procesando la basura inmediatamente llegue al depósito.
Afirmó que como médico y dominicano, no le interesa poner en riesgo la salud de miles de personas y la sostenibilidad económica de los municipios por obtener ventajas en un negocio.
No quiere vender sus negocios a multinacionales
Asilis precisó que Lajún no tiene fondos suficientes para mantener una campaña comunicativa para contrarrestar las informaciones emitidas por los ayuntamientos. Pese a ello, dijo que han estado haciendo una campaña que le ha salido muy costosa. Dijo que solo en esta semana por espacios pagados Lajún pagó alrededor de tres millones de pesos. “No tenemos ingresos suficientes para estar haciendo constantes declaraciones”, dijo. “Nosotros somos realmente los agraviados, no somos los que estamos atacando a los municipios ni a la población”. Al ser cuestionado sobre las suposiciones divulgadas por algunos ediles de que esta empresa busca una demanda internacional, Asilis, dijo que nunca ha habido una sentencia a favor de que se haga un cheque.“Si llegamos al extremo de que nos expropien las tierras; si las expropian legalmente no tenemos de qué quejarnos, si las expropian ilegalmente entonces tienes que pelearlas y entiendo que aquí ni en ninguna parte tú peleas contra el Gobierno”, añadió. Agregó “yo siempre he estado muy tranquilo, porque todos mis negocios yo los he hecho con mucha corriente en contra. Entiendo que la perseverancia es importante y hacer las cosas bien tiene su pago”. Dijo que no quisiera que “por ataques constantes”, se vea obligado a vender a empresas extranjeras sus negocios. Concluyó la entrevista con la siguiente pregunta: ¿por qué las grandes familias dominicanas terminan vendiéndoles a multinacionales, por qué no se promueve que gente como yo sigamos creando un grupo de empresas de las cuales se sientan orgullosos los dominicanos?
Yo siempre he estado muy tranquilo, porque todos mis negocios los he hecho con mucha corriente en contra. Entiendo que la perseverancia es importante y hacer las cosas bien tiene su pago”
Si llegamos al extremo de que nos expropien las tierras; si las expropian legalmente no tenemos de qué quejarnos, si las expropian ilegalmente entonces tienes que pelearlas y entiendo que aquí ni en ninguna parte tú peleas contra el Gobierno”
Luis José Asilis
EMPRESARIO
elcaribe.com
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.