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Lajún aclara no tiene responsabilidad si hubo irregularidad
Luis José Asilis asegura que los títulos de propiedad de Duquesa han servido de garantía hipotecaria
La empresa Lajún Corporation rompió el silencio en torno a la titularidad de los terrenos del vertedero de Duquesa; defendió su derecho como propietaria de estas tierras y destacó las ventajas de un proyecto de convertir la basura en energía eléctrica. En entrevista con elCaribe, uno de los accionistas de la empresa que administra Duquesa, Luis José Asilis, precisó que en 2013 junto al jamaicano Michael Lee-Chin compró los terrenos de Duquesa y las acciones de Lajún Corporation por separado al señor José Antonio López.
El también presidente del Grupo Metro indicó que antes de hacer las negociaciones, sus abogados hicieron un análisis de 10 años atrás a la compra, y se percataron de que José López había tomado un préstamo hipotecario en el Banco de Reservas con los títulos de los terrenos de Duquesa para comprar equipos, lo que a su juicio demuestra la legalidad del título de propiedad del inmueble.
“El contrato original de ventas de esos terrenos, tengo entendido por nuestros abogados Fernando Langa & Abinader y asociados, que buscó el historial de compra de los títulos, que fue en los 80 que se vendió (terrenos) y pasó de manos dos o tres veces”, dijo.
Desde su despacho en el edificio administrativo de su empresa de servicio de transporte Metro en la avenida Luperón, sostuvo lo siguiente: “Entiendo que tenemos titularidad válida y si no lo fuera, no hemos recibido al día de hoy ni una demanda ni nos ha llegado una comunicación diciendo esos terrenos no son suyos”, enfatizó. Agregó “si en su origen hubo una irregularidad no es nuestra responsabilidad”.
Asilis dijo no recordar el monto exacto de cuánto le costó tanto a él como a su socio la adquisición de este inmueble.
“Pensé que estábamos haciendo una gran inversión, pero lo que he hecho es perder dinero en estos cuatro o cinco años”, sostuvo.
Aclaró que el único fin de comprar estos terrenos y adquirir el manejo del vertedero fue instalar un generador eléctrico, cuyos beneficios se traducirán en generar, dependiendo el sistema, de 20 a 30 megavatios de energía para sumarla a la generación del país, eliminando así la basura.
Un proyecto millonario en Duquesa
Informó que hasta el momento han hecho una inversión de más de US$15 millones de alrededor US$270 millones que estima el proyecto, cuyos fondos provienen de instituciones multinacionales comprometidas con el medioambiente.
Deploró que este proyecto no haya dado fruto aún, es decir, no haya podido ser financiado directamente, por falta de una legislación en el país que aborde el tema de convertir los desechos en energía.
“Nosotros no estamos en esto por política, estamos en esto por crear un beneficio. Somos accionistas e inversionistas para hacer beneficio, no somos personas que venimos con interés posterior de conseguir un préstamo y vender el negocio a otros que fue aparentemente lo que pasó antes”, expresó.
Agregó que constantemente recibe personas interesadas en comprar el inmueble con fines de negocios. “Nuestra intención no es empezar a ser rico por Duquesa. Yo creo que si invertimos ahí era porque ya teníamos con qué invertir, lo que estamos buscando es hacer un negocio innovador, que no existe en el país, modernizar la ciudad y limpiarla y beneficiar el medio ambiente”, resaltó.
Asilis calificó a Duquesa como una bomba medioambiental. Sostiene que fruto de la crisis creada, las autoridades tienen la oportunidad de buscar una solución definitiva al problema.
Cree que el Estado debe trabajar en concienciar a la población acerca del pago por servicio de recolección de basura. “No vemos sostenibilidad en el futuro si no se puede fondear eso”, dijo.
Aunque entiende que los ayuntamientos no tienen suficientes fondos, explica que Lajún no puede sostenerse cobrando 89 pesos por tonelada de desechos vertidos en un vertedero que recibe cuatro mil toneladas de basura diaria, y cuyas operaciones resultan muy costosas.
Medio Ambiente cobre basura
En ese sentido, planteó que se cree un efectivo mecanismo de ingreso o que el Ministerio de Medio Ambiente u otro ministerio se haga cargo del cobro de este servicio conjuntamente con el pago de la energía eléctrica. “Yo preferiría que fuera un ministerio que no lleve el problema político al manejo de residuo final”, agregó.
Sustenta su planteamiento en que cuando se incrementan los ingresos a los cabildos, usualmente, la mayor parte del dinero se va en empleomanía y no en resolver un problema técnico como lo es la gestión de la basura.
Como empresario, visualiza que lo más conveniente es realizar un fideicomiso, manejado por el Banco de Reservas.
Asilis criticó que las empresas recolectoras de desechos sólidos reciban de los cabildos 17 veces más por el transporte de una tonelada de basura que el que la procesa. “Son 37 dólares contra dos dólares”, indicó.
En ese sentido, señaló que esta empresa recibe de los ayuntamientos 11 millones de pesos, monto que dice no compensa los gastos de operaciones. Dijo que como conocedor del área, ha propuesto a las autoridades municipales darle el transporte y manejo de los residuos sólidos por menos de lo que hoy están gastando.
Contratos ya vencieron
Indicó que hace seis meses vencieron los contratos con los ayuntamientos de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pantoja y el Distrito Nacional y tres meses antes a la fecha de vencimiento enviaron notificaciones a estos cabildos a los fines de renegociar. El contrato con Santo Domingo Norte vence en 2022.
Con respecto a los términos del contrato entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte (ASDN), puntualizó que en el mismo, el síndico de esta demarcación se compromete a negociar a favor de Lajún una tarifa justa y no se ha cumplido.
Sobre el acuerdo arribado con las autoridades municipales, mediante el cual se crea una comisión que actualmente realiza un análisis de costo de las operaciones en el vertedero, dijo que esperan unos resultados razonables.
El representante de Lajún resaltó las condiciones favorables de estos terrenos ubicados en Santo Domingo Norte, entre ellas su localización, lo que ha facilitado el transporte de los desechos sólidos a las compañías recolectoras.
A juicio del empresario, es necesario que las autoridades entiendan lo importante de que el vertedero, que ocupa más de un millón de metros cuadrados, sea reducido a 100 mil o 200 mil metros cuadrados, y eso se consigue procesando la basura inmediatamente llegue al depósito.
Afirmó que como médico y dominicano, no le interesa poner en riesgo la salud de miles de personas y la sostenibilidad económica de los municipios por obtener ventajas en un negocio.
No quiere vender sus negocios a multinacionales
Asilis precisó que Lajún no tiene fondos suficientes para mantener una campaña comunicativa para contrarrestar las informaciones emitidas por los ayuntamientos. Pese a ello, dijo que han estado haciendo una campaña que le ha salido muy costosa. Dijo que solo en esta semana por espacios pagados Lajún pagó alrededor de tres millones de pesos. “No tenemos ingresos suficientes para estar haciendo constantes declaraciones”, dijo. “Nosotros somos realmente los agraviados, no somos los que estamos atacando a los municipios ni a la población”. Al ser cuestionado sobre las suposiciones divulgadas por algunos ediles de que esta empresa busca una demanda internacional, Asilis, dijo que nunca ha habido una sentencia a favor de que se haga un cheque.“Si llegamos al extremo de que nos expropien las tierras; si las expropian legalmente no tenemos de qué quejarnos, si las expropian ilegalmente entonces tienes que pelearlas y entiendo que aquí ni en ninguna parte tú peleas contra el Gobierno”, añadió. Agregó “yo siempre he estado muy tranquilo, porque todos mis negocios yo los he hecho con mucha corriente en contra. Entiendo que la perseverancia es importante y hacer las cosas bien tiene su pago”. Dijo que no quisiera que “por ataques constantes”, se vea obligado a vender a empresas extranjeras sus negocios. Concluyó la entrevista con la siguiente pregunta: ¿por qué las grandes familias dominicanas terminan vendiéndoles a multinacionales, por qué no se promueve que gente como yo sigamos creando un grupo de empresas de las cuales se sientan orgullosos los dominicanos?
Yo siempre he estado muy tranquilo, porque todos mis negocios los he hecho con mucha corriente en contra. Entiendo que la perseverancia es importante y hacer las cosas bien tiene su pago”
Si llegamos al extremo de que nos expropien las tierras; si las expropian legalmente no tenemos de qué quejarnos, si las expropian ilegalmente entonces tienes que pelearlas y entiendo que aquí ni en ninguna parte tú peleas contra el Gobierno”
Luis José Asilis
EMPRESARIO
elcaribe.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.