Nacionales
Lajún aclara no tiene responsabilidad si hubo irregularidad
Luis José Asilis asegura que los títulos de propiedad de Duquesa han servido de garantía hipotecaria
La empresa Lajún Corporation rompió el silencio en torno a la titularidad de los terrenos del vertedero de Duquesa; defendió su derecho como propietaria de estas tierras y destacó las ventajas de un proyecto de convertir la basura en energía eléctrica. En entrevista con elCaribe, uno de los accionistas de la empresa que administra Duquesa, Luis José Asilis, precisó que en 2013 junto al jamaicano Michael Lee-Chin compró los terrenos de Duquesa y las acciones de Lajún Corporation por separado al señor José Antonio López.
El también presidente del Grupo Metro indicó que antes de hacer las negociaciones, sus abogados hicieron un análisis de 10 años atrás a la compra, y se percataron de que José López había tomado un préstamo hipotecario en el Banco de Reservas con los títulos de los terrenos de Duquesa para comprar equipos, lo que a su juicio demuestra la legalidad del título de propiedad del inmueble.
“El contrato original de ventas de esos terrenos, tengo entendido por nuestros abogados Fernando Langa & Abinader y asociados, que buscó el historial de compra de los títulos, que fue en los 80 que se vendió (terrenos) y pasó de manos dos o tres veces”, dijo.
Desde su despacho en el edificio administrativo de su empresa de servicio de transporte Metro en la avenida Luperón, sostuvo lo siguiente: “Entiendo que tenemos titularidad válida y si no lo fuera, no hemos recibido al día de hoy ni una demanda ni nos ha llegado una comunicación diciendo esos terrenos no son suyos”, enfatizó. Agregó “si en su origen hubo una irregularidad no es nuestra responsabilidad”.
Asilis dijo no recordar el monto exacto de cuánto le costó tanto a él como a su socio la adquisición de este inmueble.
“Pensé que estábamos haciendo una gran inversión, pero lo que he hecho es perder dinero en estos cuatro o cinco años”, sostuvo.
Aclaró que el único fin de comprar estos terrenos y adquirir el manejo del vertedero fue instalar un generador eléctrico, cuyos beneficios se traducirán en generar, dependiendo el sistema, de 20 a 30 megavatios de energía para sumarla a la generación del país, eliminando así la basura.
Un proyecto millonario en Duquesa
Informó que hasta el momento han hecho una inversión de más de US$15 millones de alrededor US$270 millones que estima el proyecto, cuyos fondos provienen de instituciones multinacionales comprometidas con el medioambiente.
Deploró que este proyecto no haya dado fruto aún, es decir, no haya podido ser financiado directamente, por falta de una legislación en el país que aborde el tema de convertir los desechos en energía.
“Nosotros no estamos en esto por política, estamos en esto por crear un beneficio. Somos accionistas e inversionistas para hacer beneficio, no somos personas que venimos con interés posterior de conseguir un préstamo y vender el negocio a otros que fue aparentemente lo que pasó antes”, expresó.
Agregó que constantemente recibe personas interesadas en comprar el inmueble con fines de negocios. “Nuestra intención no es empezar a ser rico por Duquesa. Yo creo que si invertimos ahí era porque ya teníamos con qué invertir, lo que estamos buscando es hacer un negocio innovador, que no existe en el país, modernizar la ciudad y limpiarla y beneficiar el medio ambiente”, resaltó.
Asilis calificó a Duquesa como una bomba medioambiental. Sostiene que fruto de la crisis creada, las autoridades tienen la oportunidad de buscar una solución definitiva al problema.
Cree que el Estado debe trabajar en concienciar a la población acerca del pago por servicio de recolección de basura. “No vemos sostenibilidad en el futuro si no se puede fondear eso”, dijo.
Aunque entiende que los ayuntamientos no tienen suficientes fondos, explica que Lajún no puede sostenerse cobrando 89 pesos por tonelada de desechos vertidos en un vertedero que recibe cuatro mil toneladas de basura diaria, y cuyas operaciones resultan muy costosas.
Medio Ambiente cobre basura
En ese sentido, planteó que se cree un efectivo mecanismo de ingreso o que el Ministerio de Medio Ambiente u otro ministerio se haga cargo del cobro de este servicio conjuntamente con el pago de la energía eléctrica. “Yo preferiría que fuera un ministerio que no lleve el problema político al manejo de residuo final”, agregó.
Sustenta su planteamiento en que cuando se incrementan los ingresos a los cabildos, usualmente, la mayor parte del dinero se va en empleomanía y no en resolver un problema técnico como lo es la gestión de la basura.
Como empresario, visualiza que lo más conveniente es realizar un fideicomiso, manejado por el Banco de Reservas.
Asilis criticó que las empresas recolectoras de desechos sólidos reciban de los cabildos 17 veces más por el transporte de una tonelada de basura que el que la procesa. “Son 37 dólares contra dos dólares”, indicó.
En ese sentido, señaló que esta empresa recibe de los ayuntamientos 11 millones de pesos, monto que dice no compensa los gastos de operaciones. Dijo que como conocedor del área, ha propuesto a las autoridades municipales darle el transporte y manejo de los residuos sólidos por menos de lo que hoy están gastando.
Contratos ya vencieron
Indicó que hace seis meses vencieron los contratos con los ayuntamientos de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pantoja y el Distrito Nacional y tres meses antes a la fecha de vencimiento enviaron notificaciones a estos cabildos a los fines de renegociar. El contrato con Santo Domingo Norte vence en 2022.
Con respecto a los términos del contrato entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte (ASDN), puntualizó que en el mismo, el síndico de esta demarcación se compromete a negociar a favor de Lajún una tarifa justa y no se ha cumplido.
Sobre el acuerdo arribado con las autoridades municipales, mediante el cual se crea una comisión que actualmente realiza un análisis de costo de las operaciones en el vertedero, dijo que esperan unos resultados razonables.
El representante de Lajún resaltó las condiciones favorables de estos terrenos ubicados en Santo Domingo Norte, entre ellas su localización, lo que ha facilitado el transporte de los desechos sólidos a las compañías recolectoras.
A juicio del empresario, es necesario que las autoridades entiendan lo importante de que el vertedero, que ocupa más de un millón de metros cuadrados, sea reducido a 100 mil o 200 mil metros cuadrados, y eso se consigue procesando la basura inmediatamente llegue al depósito.
Afirmó que como médico y dominicano, no le interesa poner en riesgo la salud de miles de personas y la sostenibilidad económica de los municipios por obtener ventajas en un negocio.
No quiere vender sus negocios a multinacionales
Asilis precisó que Lajún no tiene fondos suficientes para mantener una campaña comunicativa para contrarrestar las informaciones emitidas por los ayuntamientos. Pese a ello, dijo que han estado haciendo una campaña que le ha salido muy costosa. Dijo que solo en esta semana por espacios pagados Lajún pagó alrededor de tres millones de pesos. “No tenemos ingresos suficientes para estar haciendo constantes declaraciones”, dijo. “Nosotros somos realmente los agraviados, no somos los que estamos atacando a los municipios ni a la población”. Al ser cuestionado sobre las suposiciones divulgadas por algunos ediles de que esta empresa busca una demanda internacional, Asilis, dijo que nunca ha habido una sentencia a favor de que se haga un cheque.“Si llegamos al extremo de que nos expropien las tierras; si las expropian legalmente no tenemos de qué quejarnos, si las expropian ilegalmente entonces tienes que pelearlas y entiendo que aquí ni en ninguna parte tú peleas contra el Gobierno”, añadió. Agregó “yo siempre he estado muy tranquilo, porque todos mis negocios yo los he hecho con mucha corriente en contra. Entiendo que la perseverancia es importante y hacer las cosas bien tiene su pago”. Dijo que no quisiera que “por ataques constantes”, se vea obligado a vender a empresas extranjeras sus negocios. Concluyó la entrevista con la siguiente pregunta: ¿por qué las grandes familias dominicanas terminan vendiéndoles a multinacionales, por qué no se promueve que gente como yo sigamos creando un grupo de empresas de las cuales se sientan orgullosos los dominicanos?
Yo siempre he estado muy tranquilo, porque todos mis negocios los he hecho con mucha corriente en contra. Entiendo que la perseverancia es importante y hacer las cosas bien tiene su pago”
Si llegamos al extremo de que nos expropien las tierras; si las expropian legalmente no tenemos de qué quejarnos, si las expropian ilegalmente entonces tienes que pelearlas y entiendo que aquí ni en ninguna parte tú peleas contra el Gobierno”
Luis José Asilis
EMPRESARIO
elcaribe.com
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.