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Lajún aclara no tiene responsabilidad si hubo irregularidad
Luis José Asilis asegura que los títulos de propiedad de Duquesa han servido de garantía hipotecaria
La empresa Lajún Corporation rompió el silencio en torno a la titularidad de los terrenos del vertedero de Duquesa; defendió su derecho como propietaria de estas tierras y destacó las ventajas de un proyecto de convertir la basura en energía eléctrica. En entrevista con elCaribe, uno de los accionistas de la empresa que administra Duquesa, Luis José Asilis, precisó que en 2013 junto al jamaicano Michael Lee-Chin compró los terrenos de Duquesa y las acciones de Lajún Corporation por separado al señor José Antonio López.
El también presidente del Grupo Metro indicó que antes de hacer las negociaciones, sus abogados hicieron un análisis de 10 años atrás a la compra, y se percataron de que José López había tomado un préstamo hipotecario en el Banco de Reservas con los títulos de los terrenos de Duquesa para comprar equipos, lo que a su juicio demuestra la legalidad del título de propiedad del inmueble.
“El contrato original de ventas de esos terrenos, tengo entendido por nuestros abogados Fernando Langa & Abinader y asociados, que buscó el historial de compra de los títulos, que fue en los 80 que se vendió (terrenos) y pasó de manos dos o tres veces”, dijo.
Desde su despacho en el edificio administrativo de su empresa de servicio de transporte Metro en la avenida Luperón, sostuvo lo siguiente: “Entiendo que tenemos titularidad válida y si no lo fuera, no hemos recibido al día de hoy ni una demanda ni nos ha llegado una comunicación diciendo esos terrenos no son suyos”, enfatizó. Agregó “si en su origen hubo una irregularidad no es nuestra responsabilidad”.
Asilis dijo no recordar el monto exacto de cuánto le costó tanto a él como a su socio la adquisición de este inmueble.
“Pensé que estábamos haciendo una gran inversión, pero lo que he hecho es perder dinero en estos cuatro o cinco años”, sostuvo.
Aclaró que el único fin de comprar estos terrenos y adquirir el manejo del vertedero fue instalar un generador eléctrico, cuyos beneficios se traducirán en generar, dependiendo el sistema, de 20 a 30 megavatios de energía para sumarla a la generación del país, eliminando así la basura.
Un proyecto millonario en Duquesa
Informó que hasta el momento han hecho una inversión de más de US$15 millones de alrededor US$270 millones que estima el proyecto, cuyos fondos provienen de instituciones multinacionales comprometidas con el medioambiente.
Deploró que este proyecto no haya dado fruto aún, es decir, no haya podido ser financiado directamente, por falta de una legislación en el país que aborde el tema de convertir los desechos en energía.
“Nosotros no estamos en esto por política, estamos en esto por crear un beneficio. Somos accionistas e inversionistas para hacer beneficio, no somos personas que venimos con interés posterior de conseguir un préstamo y vender el negocio a otros que fue aparentemente lo que pasó antes”, expresó.
Agregó que constantemente recibe personas interesadas en comprar el inmueble con fines de negocios. “Nuestra intención no es empezar a ser rico por Duquesa. Yo creo que si invertimos ahí era porque ya teníamos con qué invertir, lo que estamos buscando es hacer un negocio innovador, que no existe en el país, modernizar la ciudad y limpiarla y beneficiar el medio ambiente”, resaltó.
Asilis calificó a Duquesa como una bomba medioambiental. Sostiene que fruto de la crisis creada, las autoridades tienen la oportunidad de buscar una solución definitiva al problema.
Cree que el Estado debe trabajar en concienciar a la población acerca del pago por servicio de recolección de basura. “No vemos sostenibilidad en el futuro si no se puede fondear eso”, dijo.
Aunque entiende que los ayuntamientos no tienen suficientes fondos, explica que Lajún no puede sostenerse cobrando 89 pesos por tonelada de desechos vertidos en un vertedero que recibe cuatro mil toneladas de basura diaria, y cuyas operaciones resultan muy costosas.
Medio Ambiente cobre basura
En ese sentido, planteó que se cree un efectivo mecanismo de ingreso o que el Ministerio de Medio Ambiente u otro ministerio se haga cargo del cobro de este servicio conjuntamente con el pago de la energía eléctrica. “Yo preferiría que fuera un ministerio que no lleve el problema político al manejo de residuo final”, agregó.
Sustenta su planteamiento en que cuando se incrementan los ingresos a los cabildos, usualmente, la mayor parte del dinero se va en empleomanía y no en resolver un problema técnico como lo es la gestión de la basura.
Como empresario, visualiza que lo más conveniente es realizar un fideicomiso, manejado por el Banco de Reservas.
Asilis criticó que las empresas recolectoras de desechos sólidos reciban de los cabildos 17 veces más por el transporte de una tonelada de basura que el que la procesa. “Son 37 dólares contra dos dólares”, indicó.
En ese sentido, señaló que esta empresa recibe de los ayuntamientos 11 millones de pesos, monto que dice no compensa los gastos de operaciones. Dijo que como conocedor del área, ha propuesto a las autoridades municipales darle el transporte y manejo de los residuos sólidos por menos de lo que hoy están gastando.
Contratos ya vencieron
Indicó que hace seis meses vencieron los contratos con los ayuntamientos de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pantoja y el Distrito Nacional y tres meses antes a la fecha de vencimiento enviaron notificaciones a estos cabildos a los fines de renegociar. El contrato con Santo Domingo Norte vence en 2022.
Con respecto a los términos del contrato entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte (ASDN), puntualizó que en el mismo, el síndico de esta demarcación se compromete a negociar a favor de Lajún una tarifa justa y no se ha cumplido.
Sobre el acuerdo arribado con las autoridades municipales, mediante el cual se crea una comisión que actualmente realiza un análisis de costo de las operaciones en el vertedero, dijo que esperan unos resultados razonables.
El representante de Lajún resaltó las condiciones favorables de estos terrenos ubicados en Santo Domingo Norte, entre ellas su localización, lo que ha facilitado el transporte de los desechos sólidos a las compañías recolectoras.
A juicio del empresario, es necesario que las autoridades entiendan lo importante de que el vertedero, que ocupa más de un millón de metros cuadrados, sea reducido a 100 mil o 200 mil metros cuadrados, y eso se consigue procesando la basura inmediatamente llegue al depósito.
Afirmó que como médico y dominicano, no le interesa poner en riesgo la salud de miles de personas y la sostenibilidad económica de los municipios por obtener ventajas en un negocio.
No quiere vender sus negocios a multinacionales
Asilis precisó que Lajún no tiene fondos suficientes para mantener una campaña comunicativa para contrarrestar las informaciones emitidas por los ayuntamientos. Pese a ello, dijo que han estado haciendo una campaña que le ha salido muy costosa. Dijo que solo en esta semana por espacios pagados Lajún pagó alrededor de tres millones de pesos. “No tenemos ingresos suficientes para estar haciendo constantes declaraciones”, dijo. “Nosotros somos realmente los agraviados, no somos los que estamos atacando a los municipios ni a la población”. Al ser cuestionado sobre las suposiciones divulgadas por algunos ediles de que esta empresa busca una demanda internacional, Asilis, dijo que nunca ha habido una sentencia a favor de que se haga un cheque.“Si llegamos al extremo de que nos expropien las tierras; si las expropian legalmente no tenemos de qué quejarnos, si las expropian ilegalmente entonces tienes que pelearlas y entiendo que aquí ni en ninguna parte tú peleas contra el Gobierno”, añadió. Agregó “yo siempre he estado muy tranquilo, porque todos mis negocios yo los he hecho con mucha corriente en contra. Entiendo que la perseverancia es importante y hacer las cosas bien tiene su pago”. Dijo que no quisiera que “por ataques constantes”, se vea obligado a vender a empresas extranjeras sus negocios. Concluyó la entrevista con la siguiente pregunta: ¿por qué las grandes familias dominicanas terminan vendiéndoles a multinacionales, por qué no se promueve que gente como yo sigamos creando un grupo de empresas de las cuales se sientan orgullosos los dominicanos?
Yo siempre he estado muy tranquilo, porque todos mis negocios los he hecho con mucha corriente en contra. Entiendo que la perseverancia es importante y hacer las cosas bien tiene su pago”
Si llegamos al extremo de que nos expropien las tierras; si las expropian legalmente no tenemos de qué quejarnos, si las expropian ilegalmente entonces tienes que pelearlas y entiendo que aquí ni en ninguna parte tú peleas contra el Gobierno”
Luis José Asilis
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elcaribe.com
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.