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Lajún aclara no tiene responsabilidad si hubo irregularidad
Luis José Asilis asegura que los títulos de propiedad de Duquesa han servido de garantía hipotecaria
La empresa Lajún Corporation rompió el silencio en torno a la titularidad de los terrenos del vertedero de Duquesa; defendió su derecho como propietaria de estas tierras y destacó las ventajas de un proyecto de convertir la basura en energía eléctrica. En entrevista con elCaribe, uno de los accionistas de la empresa que administra Duquesa, Luis José Asilis, precisó que en 2013 junto al jamaicano Michael Lee-Chin compró los terrenos de Duquesa y las acciones de Lajún Corporation por separado al señor José Antonio López.
El también presidente del Grupo Metro indicó que antes de hacer las negociaciones, sus abogados hicieron un análisis de 10 años atrás a la compra, y se percataron de que José López había tomado un préstamo hipotecario en el Banco de Reservas con los títulos de los terrenos de Duquesa para comprar equipos, lo que a su juicio demuestra la legalidad del título de propiedad del inmueble.
“El contrato original de ventas de esos terrenos, tengo entendido por nuestros abogados Fernando Langa & Abinader y asociados, que buscó el historial de compra de los títulos, que fue en los 80 que se vendió (terrenos) y pasó de manos dos o tres veces”, dijo.
Desde su despacho en el edificio administrativo de su empresa de servicio de transporte Metro en la avenida Luperón, sostuvo lo siguiente: “Entiendo que tenemos titularidad válida y si no lo fuera, no hemos recibido al día de hoy ni una demanda ni nos ha llegado una comunicación diciendo esos terrenos no son suyos”, enfatizó. Agregó “si en su origen hubo una irregularidad no es nuestra responsabilidad”.
Asilis dijo no recordar el monto exacto de cuánto le costó tanto a él como a su socio la adquisición de este inmueble.
“Pensé que estábamos haciendo una gran inversión, pero lo que he hecho es perder dinero en estos cuatro o cinco años”, sostuvo.
Aclaró que el único fin de comprar estos terrenos y adquirir el manejo del vertedero fue instalar un generador eléctrico, cuyos beneficios se traducirán en generar, dependiendo el sistema, de 20 a 30 megavatios de energía para sumarla a la generación del país, eliminando así la basura.
Un proyecto millonario en Duquesa
Informó que hasta el momento han hecho una inversión de más de US$15 millones de alrededor US$270 millones que estima el proyecto, cuyos fondos provienen de instituciones multinacionales comprometidas con el medioambiente.
Deploró que este proyecto no haya dado fruto aún, es decir, no haya podido ser financiado directamente, por falta de una legislación en el país que aborde el tema de convertir los desechos en energía.
“Nosotros no estamos en esto por política, estamos en esto por crear un beneficio. Somos accionistas e inversionistas para hacer beneficio, no somos personas que venimos con interés posterior de conseguir un préstamo y vender el negocio a otros que fue aparentemente lo que pasó antes”, expresó.
Agregó que constantemente recibe personas interesadas en comprar el inmueble con fines de negocios. “Nuestra intención no es empezar a ser rico por Duquesa. Yo creo que si invertimos ahí era porque ya teníamos con qué invertir, lo que estamos buscando es hacer un negocio innovador, que no existe en el país, modernizar la ciudad y limpiarla y beneficiar el medio ambiente”, resaltó.
Asilis calificó a Duquesa como una bomba medioambiental. Sostiene que fruto de la crisis creada, las autoridades tienen la oportunidad de buscar una solución definitiva al problema.
Cree que el Estado debe trabajar en concienciar a la población acerca del pago por servicio de recolección de basura. “No vemos sostenibilidad en el futuro si no se puede fondear eso”, dijo.
Aunque entiende que los ayuntamientos no tienen suficientes fondos, explica que Lajún no puede sostenerse cobrando 89 pesos por tonelada de desechos vertidos en un vertedero que recibe cuatro mil toneladas de basura diaria, y cuyas operaciones resultan muy costosas.
Medio Ambiente cobre basura
En ese sentido, planteó que se cree un efectivo mecanismo de ingreso o que el Ministerio de Medio Ambiente u otro ministerio se haga cargo del cobro de este servicio conjuntamente con el pago de la energía eléctrica. “Yo preferiría que fuera un ministerio que no lleve el problema político al manejo de residuo final”, agregó.
Sustenta su planteamiento en que cuando se incrementan los ingresos a los cabildos, usualmente, la mayor parte del dinero se va en empleomanía y no en resolver un problema técnico como lo es la gestión de la basura.
Como empresario, visualiza que lo más conveniente es realizar un fideicomiso, manejado por el Banco de Reservas.
Asilis criticó que las empresas recolectoras de desechos sólidos reciban de los cabildos 17 veces más por el transporte de una tonelada de basura que el que la procesa. “Son 37 dólares contra dos dólares”, indicó.
En ese sentido, señaló que esta empresa recibe de los ayuntamientos 11 millones de pesos, monto que dice no compensa los gastos de operaciones. Dijo que como conocedor del área, ha propuesto a las autoridades municipales darle el transporte y manejo de los residuos sólidos por menos de lo que hoy están gastando.
Contratos ya vencieron
Indicó que hace seis meses vencieron los contratos con los ayuntamientos de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pantoja y el Distrito Nacional y tres meses antes a la fecha de vencimiento enviaron notificaciones a estos cabildos a los fines de renegociar. El contrato con Santo Domingo Norte vence en 2022.
Con respecto a los términos del contrato entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte (ASDN), puntualizó que en el mismo, el síndico de esta demarcación se compromete a negociar a favor de Lajún una tarifa justa y no se ha cumplido.
Sobre el acuerdo arribado con las autoridades municipales, mediante el cual se crea una comisión que actualmente realiza un análisis de costo de las operaciones en el vertedero, dijo que esperan unos resultados razonables.
El representante de Lajún resaltó las condiciones favorables de estos terrenos ubicados en Santo Domingo Norte, entre ellas su localización, lo que ha facilitado el transporte de los desechos sólidos a las compañías recolectoras.
A juicio del empresario, es necesario que las autoridades entiendan lo importante de que el vertedero, que ocupa más de un millón de metros cuadrados, sea reducido a 100 mil o 200 mil metros cuadrados, y eso se consigue procesando la basura inmediatamente llegue al depósito.
Afirmó que como médico y dominicano, no le interesa poner en riesgo la salud de miles de personas y la sostenibilidad económica de los municipios por obtener ventajas en un negocio.
No quiere vender sus negocios a multinacionales
Asilis precisó que Lajún no tiene fondos suficientes para mantener una campaña comunicativa para contrarrestar las informaciones emitidas por los ayuntamientos. Pese a ello, dijo que han estado haciendo una campaña que le ha salido muy costosa. Dijo que solo en esta semana por espacios pagados Lajún pagó alrededor de tres millones de pesos. “No tenemos ingresos suficientes para estar haciendo constantes declaraciones”, dijo. “Nosotros somos realmente los agraviados, no somos los que estamos atacando a los municipios ni a la población”. Al ser cuestionado sobre las suposiciones divulgadas por algunos ediles de que esta empresa busca una demanda internacional, Asilis, dijo que nunca ha habido una sentencia a favor de que se haga un cheque.“Si llegamos al extremo de que nos expropien las tierras; si las expropian legalmente no tenemos de qué quejarnos, si las expropian ilegalmente entonces tienes que pelearlas y entiendo que aquí ni en ninguna parte tú peleas contra el Gobierno”, añadió. Agregó “yo siempre he estado muy tranquilo, porque todos mis negocios yo los he hecho con mucha corriente en contra. Entiendo que la perseverancia es importante y hacer las cosas bien tiene su pago”. Dijo que no quisiera que “por ataques constantes”, se vea obligado a vender a empresas extranjeras sus negocios. Concluyó la entrevista con la siguiente pregunta: ¿por qué las grandes familias dominicanas terminan vendiéndoles a multinacionales, por qué no se promueve que gente como yo sigamos creando un grupo de empresas de las cuales se sientan orgullosos los dominicanos?
Yo siempre he estado muy tranquilo, porque todos mis negocios los he hecho con mucha corriente en contra. Entiendo que la perseverancia es importante y hacer las cosas bien tiene su pago”
Si llegamos al extremo de que nos expropien las tierras; si las expropian legalmente no tenemos de qué quejarnos, si las expropian ilegalmente entonces tienes que pelearlas y entiendo que aquí ni en ninguna parte tú peleas contra el Gobierno”
Luis José Asilis
EMPRESARIO
elcaribe.com
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Migración detecta cientos de extranjeros indocumentados en fincas agrícolas de seis provincias
Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Migración identificaron cerca de 700 extranjeros en situación irregular, con la mayor concentración en una explotación tomatera de San Juan. Las autoridades también investigarán posibles incumplimientos laborales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) extendió sus labores de fiscalización a diferentes zonas de producción agrícola del país, donde identificó cerca de 700 ciudadanos extranjeros que presuntamente no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.
Las inspecciones fueron realizadas los días 15 y 16 de octubre de 2026 y forman parte de las acciones desarrolladas por el organismo para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias en actividades económicas que utilizan mano de obra extranjera.
Los equipos de inspección intervinieron en establecimientos agrícolas de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana.
Durante las jornadas, las autoridades verificaron la situación documental de trabajadores y recopilaron información sobre las condiciones existentes en las explotaciones agrícolas visitadas.
Finca de San Juan concentra mayor cantidad de casos
Uno de los hallazgos más significativos se produjo en una explotación dedicada al cultivo de tomates, ubicada en San Juan de la Maguana.
En ese establecimiento, los inspectores identificaron aproximadamente 520 extranjeros que, según las informaciones ofrecidas por Migración, se encontraban en condición migratoria irregular.
La cantidad representa una proporción considerable de los casos detectados durante las jornadas realizadas en las distintas provincias.
En otros cinco centros de trabajo inspeccionados, los equipos oficiales contabilizaron 114 empleados, distribuidos entre 86 ciudadanos haitianos y 28 dominicanos.
De los trabajadores haitianos identificados en esos establecimientos, 80 carecían de una condición migratoria regular, de acuerdo con los registros levantados por las autoridades.
Estas cifras reflejan la presencia de trabajadores extranjeros en determinadas actividades agrícolas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación y verificación documental utilizados por los empleadores.
Autoridades examinarán posibles infracciones laborales
Además de comprobar la situación migratoria de los trabajadores, los inspectores recopilaron información relacionada con las condiciones encontradas en los lugares intervenidos.
La Dirección General de Migración informó que dará seguimiento a los resultados y remitirá a las instituciones competentes aquellos casos que requieran investigaciones adicionales.
Entre los aspectos que podrían ser examinados figuran posibles incumplimientos de las disposiciones laborales y situaciones que involucren la protección de niños, debido a que durante algunas inspecciones se constató la presencia de menores de edad.
La presencia de niños en un establecimiento agrícola no constituye por sí sola una prueba de explotación infantil, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias particulares de cada caso.
De igual manera, las eventuales responsabilidades de empleadores o administradores deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y conforme a la legislación aplicable.
Migración anuncia continuidad de las fiscalizaciones
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana, reiteró que las inspecciones continuarán en las áreas donde se registra una elevada concentración de trabajadores extranjeros.
El funcionario señaló que las acciones forman parte de los mecanismos de control dirigidos a garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración número 285-04.
Las intervenciones también buscan determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de infracciones identificadas durante las verificaciones.
El reforzamiento de las fiscalizaciones en actividades productivas coloca nuevamente en discusión la necesidad de establecer mecanismos eficaces para la contratación regular de trabajadores extranjeros, especialmente en sectores que requieren cantidades significativas de mano de obra.
Actividad agrícola y regulación migratoria
La producción agropecuaria dominicana utiliza trabajadores nacionales y extranjeros en labores de siembra, mantenimiento y recolección de productos.
En ese contexto, las inspecciones migratorias pueden tener repercusiones sobre la organización de las actividades productivas y las prácticas de contratación en determinadas explotaciones agrícolas.
La aplicación de las normas migratorias debe desarrollarse conjuntamente con el respeto a los derechos laborales y las garantías legales de las personas sometidas a verificación.
Asimismo, el seguimiento a los empleadores resulta fundamental para determinar si existen prácticas de contratación contrarias a las disposiciones migratorias o laborales vigentes.
Las autoridades deberán establecer, de manera individual, la condición jurídica de las personas identificadas y las medidas que correspondan conforme al ordenamiento dominicano.
Operativos se extenderán a otras actividades productivas
El fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones oficiales dirigidas a fiscalizar la presencia de trabajadores extranjeros en distintos sectores de la economía.
Aunque las inspecciones cuyos resultados fueron divulgados se concentraron en explotaciones agrícolas, la estrategia de fiscalización también contempla espacios laborales como las obras de construcción.
La DGM mantiene su propósito de ampliar la supervisión en zonas de alta concentración de mano de obra extranjera, mientras las instituciones competentes deberán evaluar las posibles infracciones detectadas.
Los resultados de estas jornadas vuelven a colocar sobre la mesa el desafío de conciliar el cumplimiento de la legislación migratoria, las necesidades de los sectores productivos y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El organismo electoral amplía las facilidades para que los ciudadanos obtengan el nuevo documento de identidad antes de abril de 2027. Cerca de tres millones de dominicanos residentes en el país todavía tienen pendiente completar el trámite, según los datos divulgados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Junta Central Electoral (JCE) intensificó las jornadas de renovación de la cédula de identidad y electoral mediante el desplazamiento de unidades móviles a diferentes comunidades del territorio nacional, acompañadas de un servicio de transporte gratuito para facilitar el acceso de la población a los centros de atención.
La iniciativa procura reducir las dificultades de desplazamiento que enfrentan algunos ciudadanos y acelerar la entrega del nuevo documento, cuyo proceso de sustitución deberá completarse antes de abril de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado por las autoridades electorales.
Según las cifras divulgadas, aproximadamente cuatro millones de dominicanos han renovado su documento de identidad, mientras que cerca de tres millones de residentes en el país todavía tienen pendiente realizar el procedimiento.
Buscan facilitar el acceso a los servicios de cedulación
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ha destacado la necesidad de acercar los servicios de identificación a las comunidades, particularmente aquellas donde los ciudadanos enfrentan mayores dificultades para trasladarse a las oficinas tradicionales.
Como parte de las medidas implementadas, el organismo dispone de vehículos que ofrecen transporte de ida y vuelta sin costo para las personas interesadas en completar el proceso.
Asimismo, unidades equipadas con sistemas de amplificación recorren diferentes sectores para informar a los residentes sobre las fechas de las jornadas, los lugares de atención y los puntos habilitados para abordar el transporte gratuito.
Esta modalidad permite ampliar el alcance del programa y facilitar la participación de ciudadanos que, por razones económicas, laborales o de movilidad, encuentran obstáculos para acudir a los centros permanentes de cedulación.
Operativos disponibles en varias localidades
Entre los lugares incluidos en el calendario divulgado por la institución figura la comunidad El Torito, en Santo Domingo Norte, donde se programó una jornada del 16 al 18 de octubre, en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
El servicio fue ubicado en la parroquia San Pablo de la Cruz, situada en la calle principal número uno, esquina Proyecto, urbanización Santa Cruz.
Durante esas mismas fechas y horarios se estableció otro punto de atención en Las Cubayas, específicamente en el Liceo Secundario Don Juan Rodríguez, próximo al cruce del Abanico.
En La Gina, distrito municipal perteneciente a Miches, el operativo está previsto del 18 al 22 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Los servicios se ofrecerán en la Junta Distrital, ubicada en la carretera Miches-Sabana de la Mar.
Santiago contará con jornada extendida
En Santiago de los Caballeros, la JCE habilitó un operativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, cuya duración está prevista hasta el jueves 22 de octubre.
La jornada contempla atención de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Para los sábados y domingos, el horario establecido es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La ampliación de horarios busca ofrecer alternativas a quienes deben cumplir compromisos laborales o académicos durante las jornadas ordinarias.
Renovación forma parte de la actualización del registro ciudadano
El proceso de sustitución de la cédula constituye una de las principales iniciativas administrativas de la Junta Central Electoral, debido a la importancia del documento para la identificación de las personas y la realización de múltiples gestiones públicas y privadas.
Además de su utilización en los procesos electorales, la cédula es necesaria para operaciones bancarias, trámites institucionales, servicios comerciales y otras actividades que requieren acreditar la identidad de los ciudadanos.
La renovación también está vinculada con la actualización de los registros de identificación y del padrón electoral, instrumentos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático dominicano.
El organismo ha establecido abril de 2027 como fecha límite para la sustitución del documento anterior, conforme al calendario divulgado.
Llamado a completar el procedimiento
Las autoridades electorales procuran que la mayor cantidad posible de ciudadanos obtenga su nueva cédula dentro del plazo establecido, evitando acumulaciones de solicitudes durante las últimas etapas del proceso.
Con los operativos móviles y las facilidades de transporte, la JCE busca reducir las barreras de acceso y ampliar la cobertura territorial de los servicios de identificación.
Se recomienda a los interesados consultar los canales oficiales del organismo antes de desplazarse, debido a que los puntos móviles y sus horarios pueden experimentar modificaciones.
La institución continúa así con el despliegue de su programa de cedulación, con el propósito de facilitar que los dominicanos dispongan del nuevo documento de identidad dentro del calendario establecido.
El Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluida su presidencia, mientras continúa pendiente la publicación del acta que contiene las votaciones de la evaluación anterior.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encamina hacia la conclusión del proceso de escogencia de seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de interrogantes sobre la publicidad de las decisiones adoptadas durante la evaluación de los magistrados que aspiraban a permanecer en sus funciones.
El organismo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, tiene previsto completar el procedimiento el próximo viernes 23 de octubre, fecha establecida provisionalmente para la juramentación de los nuevos integrantes del alto tribunal.
Sin embargo, el calendario llega a su fase final sin que, según una revisión del portal oficial reseñada este domingo, se haya publicado el acta correspondiente a la sesión del 8 de septiembre, cuando fueron ratificados cinco magistrados y otros dos quedaron fuera de la Suprema Corte.
Concluyen entrevistas a 83 aspirantes
El CNM agotó las jornadas de vistas públicas celebradas los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, durante las cuales fueron entrevistados 83 de los 88 candidatos preseleccionados para las posiciones disponibles.
Con la conclusión de esta etapa, corresponde a los integrantes del Consejo ponderar la trayectoria profesional, experiencia, conocimientos jurídicos y demás condiciones de los postulantes antes de adoptar las decisiones definitivas.
Entre las seis posiciones pendientes figura la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, una de las responsabilidades institucionales de mayor relevancia dentro del Poder Judicial dominicano.
El cronograma contempla que los nuevos jueces sean juramentados el 23 de octubre, aunque la fecha podría experimentar modificaciones.
Votaciones anteriores permanecen sin divulgarse
Uno de los principales aspectos que genera interrogantes es la ausencia del documento que permitiría conocer el sentido de los votos emitidos por cada integrante del Consejo durante la sesión del pasado 8 de septiembre.
En aquella reunión fueron ratificados para un nuevo período de siete años los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
Por el contrario, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Elizabeth Acosta Peralta no obtuvieron la confirmación necesaria para continuar en sus funciones.
Las decisiones contribuyeron a elevar a seis el número de vacantes que deben ser cubiertas mediante el procedimiento actualmente en curso.
Tras aquella sesión, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, indicó que el registro de las votaciones quedaría incorporado en el acta correspondiente.
No obstante, según la información publicada este 18 de octubre, dicho documento todavía no estaba disponible para consulta en el portal institucional.
Publicidad de las decisiones vuelve al centro del debate
La falta de divulgación del acta adquiere especial relevancia por tratarse de decisiones relacionadas con la integración del máximo tribunal del Poder Judicial.
De acuerdo con la revisión periodística divulgada, el portal del CNM únicamente mostraba las actas 001-2026 y 002-2026, correspondientes a las sesiones del 3 y 28 de agosto.
Ambos documentos recogen actuaciones vinculadas con la organización del proceso, el calendario de evaluación y las objeciones formuladas contra postulantes, pero no contienen las votaciones individuales de la sesión de septiembre.
La publicación de las actas constituye un mecanismo importante para fortalecer la rendición de cuentas y permitir que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan las decisiones de los órganos encargados de seleccionar a los integrantes de las altas cortes.
No obstante, la ausencia de publicación de un documento no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades en las votaciones ni invalida automáticamente las decisiones adoptadas.
Una escogencia de trascendencia institucional
La composición de la Suprema Corte de Justicia tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial dominicano, debido a las competencias constitucionales y legales asignadas a este tribunal.
En ese sentido, la selección de seis nuevos magistrados representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia mediante un procedimiento fundamentado en criterios objetivos, capacidad profesional e independencia judicial.
La transparencia sobre las evaluaciones y decisiones adoptadas adquiere una importancia particular cuando se trata de garantizar que la integración del tribunal responda a las exigencias institucionales y al principio de separación de poderes.
Con las entrevistas concluidas y la decisión final pendiente, la atención se concentra ahora en las deliberaciones del Consejo y en la eventual divulgación de la documentación correspondiente a las evaluaciones anteriores.
El CNM afronta así una etapa determinante, en la que no solo deberá completar la renovación parcial de la Suprema Corte de Justicia, sino también ofrecer garantías de transparencia que permitan fortalecer la credibilidad del proceso ante la sociedad dominicana.