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Lajún permitirá siga depósito de basura en Duquesa este sábado y domingo
La Empresa Lajún decidió ayer echar para atrás la medida anunciada de laborar sólo en horario de oficina (8:00 a.m. a 5:00 p.m.), de lunes a viernes, lo que provocó la intervención del Ministerio de Medio Ambiente.
Ayer tarde, el ministro Francisco Domínguez Brito se presentó con alrededor de una docena de agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental, para garantizar que el vertedero siguiera trabajando normal.
“No puede haber un problema de salubridad en el gran Santo Domingo, no puede haber un estancamiento, hay que buscar una solución, tenemos que buscar un entendimiento, porque el pueblo no puede pagar las consecuencias”, declaró.
“Hay una voluntad también de los ayuntamientos de cumplir con su responsabilidad, y esperamos que pueda salir de aquí una salida satisfactoria. Había dudas hoy (ayer), de que si iba a cerrar a las 5:00 p.m., y si se iba a trabajar el sábado y el domingo. Hay un compromiso de la empresa de trabajar sábado y domingo, y confiamos también en que la empresa, tal y como ellos nos han manifestado, buscarán una salida satisfactoria a todo este problema”, dijo Domínguez Brito.
El funcionario aclaró que Medio Ambiente estaba interviniendo para evitar que ocurra un problema de salud en Santo Domingo, y anunció que sostendrán otra reunión el lunes en la tarde para seguir buscando una solución al problema entre la empresa y los ayuntamientos.
“Si se cierra hoy (ayer) a las cinco y no se trabaja fin de semana habría serios problemas en la ciudad de Santo Domingo”, afirmó.
Dijo que las reuniones continuarán entre todos los ayuntamientos y Lajún.
Las estaciones de transferencia de basura del Distrito Nacional y Santo Domingo Este están repletas de desechos sólidos por la lentitud en el vertido en Duquesa y ya comienzan a surgir vertederos improvisados en algunas calles del Distrito Nacional.
Aunque en Duquesa las filas de camiones seguían casi igual que días anteriores, hubo una ligera mejoría porque el vertedero estuvo abierto hasta las 6:00 p.m., poco más de una hora que la establecida por la empresa Lajún para el cierre de sus operaciones.
El alcalde David Collado prevé una catástrofe en el Gran Santo en caso de que no haya vertido los días sábado y domingo.
“Nosotros estamos haciendo magia, para que la crisis no explote”, dijo el alcalde capitalino.
Ya en sectores como Villas Agrícolas y Villa Juana fueron vistos algunos vertederos improvisados. La estación de transferencia ubicada en Villas Agrícola está llena de basura, debido a que como no pueden llevarla directamente a Duquesa en las horas nocturnas, se ven en la obligación de llevarla a la estación para desde ahí llevarlas en volquetas al vertedero.
En Santo Domingo Este todavía la situación está controlada debido a que el cabildo tiene un solar donde puede depositar la basura para desde ahí trasladarla a Duquesa, sin embargo ya no queda mucho espacio en la estación de transferencia ubicada en Cancino Adentro, cerca de la avenida Charles de Gaulle.
Felipe Decena, director general de Limpieza y Aseo Urbano, dijo que gracias a que se habían preparado para cualquier eventualidad con Duquesa, todavía la situación es manejable.
Informó que por instrucciones del alcalde Alfredo Martínez, han tomado medidas para que en caso de Duquesa no recibir los desechos sábado y domingo, que les afecte lo menos posible.
“Es una medida temeraria que afecta directamente la salud del pueblo y nosotros esperamos que Lajún, en algún momento pueda sentarse con los alcaldes del Gran Santo Domingo para que se le busque una solución al impasse”, dijo.
Para el director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Onofre Rojas, el tema de los desechos sólidos podría impactar de forma negativa en el sector turismo.
‘‘Si con el horario actual hay problemas en el depósito de basura, imaginémonos con este nuevo horario’’, expresó.
Entrevistado en el programa Resumen Matinal, que producen y conducen los periodistas Miguel Ángel Núñez y Guillermo Tejeda, Rojas dijo que se trata de un problema de carácter nacional, por lo que pidió la intervención tanto del Ministerio de Salud Pública como de Medio Ambiente.
“Nosotros estamos haciendo magia para que la crisis no explote, pero se prevé una catástrofe”
David Collado
Alcalde del Distrito Nacional
“Si se cierra hoy (ayer) a las cinco y no se trabaja fin de semana habría serios problemas en la ciudad de Santo Domingo”
Francisco Domínguez B.
Ministro Medio Ambiente
Diariolibre
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.