Santo Domingo, RD.-Este lunes inició la exigencia de visa por parte de las autoridades dominicanas a los ciudadanos venezolanos que desean ingresar al país, mientras estos viven momentos de incertidumbre ante los costos, exigencias y requisitos.Nacionales
Largas filas, pagar más de 250 dólares y desinformación: el panorama de venezolanos que piden visa a RD
Santo Domingo, RD.-Este lunes inició la exigencia de visa por parte de las autoridades dominicanas a los ciudadanos venezolanos que desean ingresar al país, mientras estos viven momentos de incertidumbre ante los costos, exigencias y requisitos.Esa incertidumbre e inseguridad colmó a decenas de venezolanos que abarrotaron la primera planta del edificio donde se ubica la embajada dominicana en el país sudamericano, ante las nuevas políticas migratoria de República Dominicana.
Ante estas circunstancias, conversamos con una ciudadana venezolana que, a pesar de haber comprado su pasaje en agosto para viajar hacia República Dominicana a finales de diciembre, tuvo que adherirse a las nuevas normativas impuestas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con un pasaje para el 22 de diciembre, comprado con cuatro meses de anticipación y con la idea de reencontrarse con su familia, Ana Julia, como llamaremos a la protagonista de esta historia, narra sus peripecias a partir del pasado lunes 9, fecha en la cual conoció la noticia sobre la exigencia de obtener visado para entrar a territorio dominicano.
Tomando en consideración el costo de la visa, y la obligatoriedad de adquirir un seguro para venir a República Dominicana, vendido en el mismo consulado, el total a pagar por el trámite (sin tener en cuenta el pasaje de avión, tarjeta de turista y otros gastos o impuestos) es de 250 dólares, lo que se traduce a 11,801,000 bolívares venezolanos, según la tasa de cambio actual.
La noticia de la imposición de visa causó revuelo en territorio venezolano, cuyos ciudadanos hasta el momento del anuncio, el pasado 9 de diciembre, no requerían del permiso para ingresar a suelo dominicano. Ana explica que lo más preocupante en un principio fue que no se ofrecía detalles sobre cómo obtener el visado: “No había información sobre cómo hacer el trámite, mucho menos de los costos”, explicó a Listín Diario.
Ante este desconocimiento, la mujer decidió dirigirse al consulado dominicano, ubicado en el segundo piso de un centro de oficinas empresariales en Caracas.
Al llegar al lugar, observó como la planta baja de esta estructura estaba repleta de personas buscando información, pero con la imposibilidad de subir hacia el consulado y, por ende, conocer las exigencias y requisitos para poder viajar.
Con el paso del tiempo, comenta que bajó un funcionario del consulado, el cual en primera instancia se vio acorralado ante la ola de personas con muestras de incertidumbre y desesperación que se le abalanzaron en búsqueda de información.
“El hombre estaba tan acorralado de gente que amenazó con subir a la oficina y no dar información. Los que estábamos ahí intentábamos hacer fila para que el funcionario fuera caso a caso respondiendo inquietudes, pero fue imposible. Más podía la incertidumbre de la gente.”, relata Ana.
Poco después, y para el alivio temporal de los venezolanos, les comenzaron a pasar hojas con los requisitos para obtener el visado dominicano, pero en ese momento nadie se percató de los costos exigidos para viajar.
En un principio, la mujer comenta que todos los presentes fijaron sus ojos en el pago de 100 dólares, efectivo o vía depósito en un banco dominicano, que debía de realizarse para el trámite. Señala que en ese instante “nadie había prestado atención al tema del seguro”.
“Al día siguiente (martes), comenzaron a decir que el seguro es obligatorio. Cuesta 150 dólares y con la empresa que ellos indican, denominado como Garantía Migratoria Internacional”, que tiene un portal de internet con la siguiente dirección: Gmi.do.
Los dolores de cabeza continuaron ya que de acuerdo a los formularios la información no especificaba si el trámite del seguro podía hacerse en familia (porque cada dependiente son 30 dólares) y, luego de confirmarse la obligación de adquirirlo, la página colapsó y no llegaron las planillas. “Fue un verdadero desastre”, manifiesta la mujer.
Un día después (miércoles 11) y ante el desorden entre informaciones y personas, la mujer explica que varias personas en el lugar decidieron formar una lista de manera organizada para “asegurarse” de que los atendieran el jueves.
A los organizadores de esta lista les dieron “papelitos con números” según el orden establecido, para ser atendidos, pero los dejaron “relegados”.
“El jueves 12 la fila era bastante larga y era molesto porque empezaba a llegar gente que viajaba el 16, entonces le daban prioridad a esas personas y los que estábamos organizados nos dejaron relegados”, relata.
Luego de muchas ideas y vuelta, la Ana Julia dice que logró subir a la oficina del consulado y que prometieron darle respuesta entre el lunes y martes de esta semana, pero, mantiene la incertidumbre de saber si podrá viajar a ver sus familiares el próximo 22 de diciembre.
listindiario.com
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
En la audiencia, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado al tribunal que se mantuviera la medida de coerción por riesgo de fuga y posible interferencia en la investigación, destacando la gravedad de los hechos.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.