Santo Domingo, RD.-Este lunes inició la exigencia de visa por parte de las autoridades dominicanas a los ciudadanos venezolanos que desean ingresar al país, mientras estos viven momentos de incertidumbre ante los costos, exigencias y requisitos.Nacionales
Largas filas, pagar más de 250 dólares y desinformación: el panorama de venezolanos que piden visa a RD
Santo Domingo, RD.-Este lunes inició la exigencia de visa por parte de las autoridades dominicanas a los ciudadanos venezolanos que desean ingresar al país, mientras estos viven momentos de incertidumbre ante los costos, exigencias y requisitos.Esa incertidumbre e inseguridad colmó a decenas de venezolanos que abarrotaron la primera planta del edificio donde se ubica la embajada dominicana en el país sudamericano, ante las nuevas políticas migratoria de República Dominicana.
Ante estas circunstancias, conversamos con una ciudadana venezolana que, a pesar de haber comprado su pasaje en agosto para viajar hacia República Dominicana a finales de diciembre, tuvo que adherirse a las nuevas normativas impuestas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con un pasaje para el 22 de diciembre, comprado con cuatro meses de anticipación y con la idea de reencontrarse con su familia, Ana Julia, como llamaremos a la protagonista de esta historia, narra sus peripecias a partir del pasado lunes 9, fecha en la cual conoció la noticia sobre la exigencia de obtener visado para entrar a territorio dominicano.
Tomando en consideración el costo de la visa, y la obligatoriedad de adquirir un seguro para venir a República Dominicana, vendido en el mismo consulado, el total a pagar por el trámite (sin tener en cuenta el pasaje de avión, tarjeta de turista y otros gastos o impuestos) es de 250 dólares, lo que se traduce a 11,801,000 bolívares venezolanos, según la tasa de cambio actual.
La noticia de la imposición de visa causó revuelo en territorio venezolano, cuyos ciudadanos hasta el momento del anuncio, el pasado 9 de diciembre, no requerían del permiso para ingresar a suelo dominicano. Ana explica que lo más preocupante en un principio fue que no se ofrecía detalles sobre cómo obtener el visado: “No había información sobre cómo hacer el trámite, mucho menos de los costos”, explicó a Listín Diario.
Ante este desconocimiento, la mujer decidió dirigirse al consulado dominicano, ubicado en el segundo piso de un centro de oficinas empresariales en Caracas.
Al llegar al lugar, observó como la planta baja de esta estructura estaba repleta de personas buscando información, pero con la imposibilidad de subir hacia el consulado y, por ende, conocer las exigencias y requisitos para poder viajar.
Con el paso del tiempo, comenta que bajó un funcionario del consulado, el cual en primera instancia se vio acorralado ante la ola de personas con muestras de incertidumbre y desesperación que se le abalanzaron en búsqueda de información.
“El hombre estaba tan acorralado de gente que amenazó con subir a la oficina y no dar información. Los que estábamos ahí intentábamos hacer fila para que el funcionario fuera caso a caso respondiendo inquietudes, pero fue imposible. Más podía la incertidumbre de la gente.”, relata Ana.
Poco después, y para el alivio temporal de los venezolanos, les comenzaron a pasar hojas con los requisitos para obtener el visado dominicano, pero en ese momento nadie se percató de los costos exigidos para viajar.
En un principio, la mujer comenta que todos los presentes fijaron sus ojos en el pago de 100 dólares, efectivo o vía depósito en un banco dominicano, que debía de realizarse para el trámite. Señala que en ese instante “nadie había prestado atención al tema del seguro”.
“Al día siguiente (martes), comenzaron a decir que el seguro es obligatorio. Cuesta 150 dólares y con la empresa que ellos indican, denominado como Garantía Migratoria Internacional”, que tiene un portal de internet con la siguiente dirección: Gmi.do.
Los dolores de cabeza continuaron ya que de acuerdo a los formularios la información no especificaba si el trámite del seguro podía hacerse en familia (porque cada dependiente son 30 dólares) y, luego de confirmarse la obligación de adquirirlo, la página colapsó y no llegaron las planillas. “Fue un verdadero desastre”, manifiesta la mujer.
Un día después (miércoles 11) y ante el desorden entre informaciones y personas, la mujer explica que varias personas en el lugar decidieron formar una lista de manera organizada para “asegurarse” de que los atendieran el jueves.
A los organizadores de esta lista les dieron “papelitos con números” según el orden establecido, para ser atendidos, pero los dejaron “relegados”.
“El jueves 12 la fila era bastante larga y era molesto porque empezaba a llegar gente que viajaba el 16, entonces le daban prioridad a esas personas y los que estábamos organizados nos dejaron relegados”, relata.
Luego de muchas ideas y vuelta, la Ana Julia dice que logró subir a la oficina del consulado y que prometieron darle respuesta entre el lunes y martes de esta semana, pero, mantiene la incertidumbre de saber si podrá viajar a ver sus familiares el próximo 22 de diciembre.
listindiario.com
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
Hasta el momento, el magistrado de SCJ aún no ha informado si estas son sus pretensiones. Si no fuese confirmado en el puesto, deberá entregarlo cuando se desarrolle la toma de posesión de quien le sustituirá.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
Esta entidad considera que “la ausencia de una convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia”
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
“La noble petición se subsidia en atención a que soslayar el enunciado del mandato constitucional genera que la sociedad quede inscrita en un estado límbico ante la connatural incertidumbre que se genera en el seno de la propia alta instancia judicial”, dijo durante una rueda de prensa el jurista Carlos Balcácer, quien es representante del IDDP.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.