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Las AFP piden aumentar la edad de jubilación

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image-79912-87703_fullSANTO DOMINGO. El proyecto de ley propuesto por la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) modifica el artículo 45 de la Ley 87-01, para aumentar de 60 a 65 años, la edad para otorgar una pensión por vejez.

Pero además, establece por igual, que el ciudadano debe haber acumulado un fondo que le permita disfrutar de una jubilación igual o superior a la pensión mínima.

La otra opción que plantea la ADAFP a la comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado, es haber cumplido 60 años y acumulado un fondo que le permita disfrutar de una jubilación que supere en un 50% la pensión mínima.

Explica que en caso de cumplir los 65 años, y no acumular un fondo que le permita disfrutar de la pensión mínima, tendrá derecho a solicitar el beneficio del Fondo de Solidaridad Social, siempre que cumpla con el mínimo de cotizaciones establecido por la ley.

Especifica que el afiliado con 65 años o más, cuyo fondo no sea suficiente para financiar una pensión igual o superar a la pensión mínima, y que no cumpla con los requisitos para optar por el beneficio del Fondo de Solidaridad Social, podrá solicitar que se le entregue el saldo total de su cuenta en un solo pago.

La ley vigente establece 60 años, y haber cotizado durante un mínimo de 360 meses o haber 55 años y acumulado un fondo que le permita disfrutar de una jubilación superior al 50% de la pensión mínima.

La ADAFP justifica el aumento de la edad de retiro del trabajador, conforme el aumento en la esperanza de vida en el país, y siendo consistentes con las tendencias internacionales de ajuste de ese parámetro en los diferentes sistemas de pensiones.

Pensión por Cesantía

La propuesta de las Administradoras de Fondos de Pensiones dispondría que el afiliado tendrá derecho a la pensión mínima en caso de cesantía por edad avanzada, cuando quede privado de un trabajo remunerado, haya cumplido 62 años y acumulado un fondo que le permita una pensión igual o superior a la pensión mínima.

El afiliado cesante mayor de 62 años, cuyo fondo no sea suficiente para financiar la pensión mínima, podrá seguir cotizando hasta acumular dicho fondo.

Comisiones de las AFP

Sugieren modificar el artículo 86 de la Ley 87-01, para que las AFP sólo puedan cobrar o recibir ingresos de sus afiliados y de los empleados por los dos conceptos: una comisión mensual administrativa, cuyo monto no podrá ser mayor del 0.33% del salario mensual cotizable del afiliado, y que será reducida gradualmente hasta alcanzar un cero por ciento, de manera que la diferencia fruto de la reducción gradual sea acreditada a la cuenta de retiro de trabajador para incrementar su pensión.

En un plazo de tres años, a partir de enero de 2014, la comisión mensual administrativa será de 0.33%; del primero de enero de 2015 hasta diciembre de 2015 0.17% y desde enero de 2016 0.00 por ciento.

La otra opción es una comisión anual aplicada al total de los activos del fondo administrativo de hasta un 2.5%, que será reducida gradualmente hasta alcanzar 1.5%. La Superintendencia de Pensiones establecerá el procedimiento para que esa comisión sea calculada diariamente y cobrada mensualmente.

La pieza tiene un párrafo transitorio, en el que se indica que la comisión será reducida gradualmente cada 36 meses, hasta alcanzar un tope máximo de 1.5% del total de los activos del fondo administrativo, conforme a la siguiente escala: enero 2014-Dic. 2016, 2.50%; enero 2017-diciembre. 2019.2.25%; enero 2020-dic.2022, 2.00%; enero 2023-dic.2025, 1.75%, y enero 2026, 1.50por ciento.

Habrá cobros por servicios opcionales, expresamente solicitados e intereses cobrados al empleador por retrasos en la entrega de la comisión por administración

Otros aspectos

La propuesta de la ADAFP plantea también un cambio del esquema de cobro de comisión de las AFP para establecer una comisión sobre total activos administrados, con una reducción gradual en función del crecimiento de los fondos. «Con este mecanismo se simplifica la determinación del cobro por parte de las AFP y, sobre todo, facilita su comprensión para los afiliados», expresa la propuesta.

También aumentar gradualmente el porcentaje del aporte que va a la cuenta del afiliado para que pueda acumular más en su AFP para su pensión, sin que este cambio signifique un aumento en las cotizaciones por parte de los trabajadores y empleadores.

Además, ajustar los plazos de medición del sistema, conforme la característica de largo plazo del mismo, referenciándolo a tres años y asimilar a los límites aplicables por el Código Monetario y Financiero a las operaciones de inversión en cuanto a partes vinculadas.

Hasta noviembre de 2013, las AFP lograron un total de 2,866,790 afiliados, los cuales, con sus cuentas de capitalización individual son dueños de un patrimonio total en los fondos de pensiones de RD$222,874 millones.

De acuerdo con el documento, no podrán invertir en valores que requieran constitución de prendas o gravámenes Los fondos no podrán ser invertidos en acciones de las AFP, de empresas aseguradoras y de sociedades calificadoras de riesgos.

Podrán invertir en sociedades en las cuales los propietarios, accionistas, directores, administradores y ejecutivos de la AFP tengan una participación mayoritaria: En todo caso, esa inversión nunca excederá de los límites que a tal efecto designa el Código Monetario y Financiero vigente para las inversiones de las entidades de banca múltiple en entidades de apoyo y servicios conexos.

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Se impone la voluntad de Abinader y se queda Eduardo Estrella como presidente del Senado.

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Santo Domingo, RD.-En lo que podría calificarse como otra imposición más del presidente Luis Abinader y a pesar de que varios de sus senadores han manifestado públicamente su descontento, la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que ese bloque respaldará la continuidad de Eduardo Estrella como presidente del Senado de la República para el período 2022-2023.

De acuerdo con las declaraciones del presidente del oficialista, José Ignacio Paliza, se «tomó una decisión unánime» dentro de la reunión de la dirección ejecutiva y que se determinó que para el período de 2023-2024 se entrará a un proceso de «alternancia».

«Queremos hacer público la decisión de este organismo de que para el año próximo, el PRM propiciará un proceso de alternancia, sobretodo en el Senado de la República, que está dirigido y apoyado por nosotros por un aliado de nuestra organización, que es un hombre de gran respeto y honorabilidad (en alusión a Eduardo Estrella), pero que algunos entienden que debido a la naturaleza del órgano, debe siempre de propiciarse niveles de alternancia y de participación», explicó el también ministro Administrativo de la Presidencia.

Las declaraciones del funcionario dan a entender que esa fue la solución negociada con los senadores de ese partido, ya que muchos de estos, entre ellos Faride Raful y Ginnete Bournigal, han expresado abiertamente de que «era tiempo»  de que «alguien del partido» dirija el la Cámara Alta del Congreso Nacional.

«El PRM no conoce de rupturas, ni conoce de divisiones, es un partido que en sus siete años de existencia sus decisiones siempre han sido coherentes y de unidad en toda la organización, nuestro partido es uno siempre apegado en las mejores intenciones de sí y en la República Dominicana…pueden ustedes tener la garantía y la seguridad de que el grupo de hombres y mujeres que dirigen el país, lo hacen con las mejores intenciones y lo hacen siempre en el entendimiento de que unidos somos más fuertes…», exclamó Paliza al momento de ser cuestionado sobre si esa decisión provocará descontentos dentro del PRM.

El resto del bufete directivo del Congreso

El PRM también apoyará a que se mantengan en el Senado, Santiago José Zorrilla como vicepresidente; además de Ginnete Bournigal y Lía Díaz como secretarias.

Mientras que en la Cámara de Diputados, el partido de Gobierno apoyará a que siga Alfredo Pacheco como presidente, Olfanny Méndez, cómo vicepresidente y Agustín Burgos como secretario.

Sobre el bufete directivo de la Cámara Baja del Poder Legislativo no sé habló de alternancia debido a la «gran aceptación» que tiene Pacheco entre los legisladores.

Se recuerda que al PRM ser la mayoría en ambas cámaras legislativas, la plancha y candidatura que ellos presenten será la vencedora al momento de la votación el 16 de agosto.

Las vocerías

El PRM informó que convocará a los bloques legislativos el próximo lunes para elegir los voceros y vicevoceros de ambas bancadas; Paliza adelantó la posibilidad de que Julito Fulcar repita como vocero en la Cámara de Diputados, ya Faride Raful indicó que no seguiría en esas funciones en el Senado.

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Agresión Canódromo en manos de juez de instrucción.

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Santo Domingo, RD.-El caso del Canódromo descansa ante el juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, quien  fue apoderado del sometimiento en contra de la ex encargada del Centro de Retención Vehicular, la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, y otros seis subalternos acusados de la agresión al Defensor del Pueblo y a miembros de la prensa.

El magistrado Raymundo Mejía fue apoderado de la solicitud de apertura a juicio en contra de los imputados, por la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción, Kenya Romero, mediante sorteo aleatorio computarizado.

El tribunal fue apoderado luego de que la Fiscalía del Distrito Nacional, a través de las fiscales Minerva Batista Hernández y Santa Matilde Reyes Valenzuela presentara acusación formal en contra de los siete implicados en la agresión perpetrada contra miembros de la Defensoría del Pueblo y la prensa, en el Canódromo el pasado mes de abril.

Los agresores
En el caso donde fueron borrados la data del teléfono que le fue arrebatado a la periodista del Listín, figuran como acusados además de la coronela de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier, Starling Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino.

Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier y Geraldina de los Santos Peña fueron acusados de golpes y heridas, delitos sancionados por el artículo 309 del Código Penal Dominicano. Mientras que De los Santos Peña fue acusado de violación de los artículos 5 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

En la acusación el ministerio público aduce que los imputados agredieron a las víctimas de manera física y verbal, cuando una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, acudió al lugar y se dirigía al despacho de la responsable del Centro de Retención Vehicular Canódromo, de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett).

Señala que Batista Hernández y Reyes Valenzuela apuntan que Ulloa visitó las instalaciones, junto a los medios de comunicación, para realizar una inspección, motivado por múltiples denuncias interpuestas en sus oficinas.

Asimismo, detallan que, cuando las víctimas se disponían a entrar a las oficinas de administración del centro, el imputado Ramírez Sierra le arrebató y destruyó las cámaras de video a un camarógrafo de CDN y un reloj inteligente, además de despojar de su cámara fotográfica a un reportero del Listín Diario y al fotógrafo de la Defensoría, a quienes además agredió físicamente.

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Arranca hoy el juicio preliminar arrestados en operación Medusa

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Santo Domingo, RD.-Inicia hoy el conocimiento del juicio preliminar al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y demás imputados en el caso Medusa, en una audiencia convocada para las 9:00 de la mañana por el juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción  del Distrito Nacional.

El magistrado convocó a las partes para que estén presentes a las 9:00 de la mañana, en la sala de la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, ubicada en el viejo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, tribunal seleccionado por razones de espacio.

Previo, la secretaría del tribunal notificó a cada uno de los imputados y a sus abogados la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y los abogados que representan al Estado dominicano, constituido en actor civil.

Con esta etapa se inicia el juicio a la prueba, en la que se determinará si la acusación,  que cuenta con más de 12,000 páginas, tiene los méritos suficientes para enviar a los procesados a juicio de fondo o de lo contrario se dictaría auto de no ha lugar.

La sala de audiencia donde se conocerá el caso Medusa es amplia, espaciosa y bien iluminada. Cuenta con dos hileras de cómodas butacas acolchadas, para acoger a 272 personas. Los pasillos céntricos, laterales y traseros son tan amplios, que permitirían la colocación de más asientos, si fueren necesarios.

Es la sala más grande del viejo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, construido en el año 1947, donde funcionaba la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. Tiene capacidad para alojar a 272 personas.

Cuenta con un sistema de audio que incluye seis pequeñas bocinas colocadas discretamente en la pared de los pasillos laterales y la modalidad de la audiencia será presencial y además se ha habilitado un enlace virtual para facilitar la labor de cobertura de los medios de comunicación.

Los imputados
En el caso figuran como imputados, además de Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.

Igualmente, la ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos y los exsubdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y Miguel de Moya.

Nuevos acusados
En la lista de los nuevos acusados figura Ramón Burgos Acosta, exdirector del Sistema Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Sinarec); Félix Antonio Rosario, exdirector de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público; Braulio Michael Batista, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio y Francis Ramírez Moreno.

Asimismo, Lisandro José Macarrulla Martínez, Reynaldo Santos de la Cruz, Daniel Enrique Feliz, Francisco Arturo Santos, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro e Ismael Elías de Jesús.

Hace 13 meses
“Operación Medusa” puesta en marcha el 28 de junio de 2021 por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución.

Los primeros arrestados fueron Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado, exsubdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información, entre otros

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