Opinión
Las alturas silenciadas del caso INTRANT-TRANSCORE-AUDIX
Por Narciso Isa Conde
La delincuencia público-privada, la asociación delictiva de instancias estatales con la lumpen burguesía y la llamada clase política, merece la debida atención en un sistema del que recurrentemente emana impunidad.
Semanas atrás, del caso INTRANT-TRANSCORE LATAM SRL se pasó al caso AUDIX-MINISTERIO DE DEFENSA y ambos casos interrelacionados han devenido en un proceso complejo de alta delincuencia de estado, en el que todavía no se han investigado todas las complicidades de alto calibre y, por el contrario, se presenta señales de encubrimientos.
El sistema judicial investigó, encontró evidencias y ejecutó las medidas de coerción contra el ex director del Intrant, Hugo Beras, contra Jochi Gómez, dueño de TRANSCORE y AUDIX, y contra otras cinco personas; todos involucrados en un grave entramado de estafa, espionaje mafioso y asociación delictiva estatal-privada.
· CONFLUENCIA MAFIOSA DE HUGO BERAS Y JOCHI GÓMEZ.
Hugo Beras está acusado de utilizar 1,200, millones de pesos del Instituto Nacional de Aviación Civil (IDAC), para financiar el contrato-estafa del INTRANT con Transcore Latam SRL, propiedad de José Ángel Gómez (Jochi Gómez), hijo del comunicador Guillermo Gómez, asociado a la cúpula del PRM. Esto ocurrió bajo el manto de una supuesta modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Las responsabilidades en la transferencia de esos 1,200 millones de pesos, de la asignación presupuestaria y la cuenta del IDAC a la cuenta del INTRANT, trascienden esas dos entidades, y recaen además sobre altos niveles de la administración pública.
Esas implicaciones no han sido debidamente investigadas en las instancias superiores relacionadas con ese tema: Tesorería-Hacienda-Presidencia.
Esa estafa entroncó a la vez con una vertiente del espionaje privado mafioso, ilegalmente autorizado por el Ministerio de Defensa bajo el mando de Paulino Sen. durante el Gobierno de Danilo Medina-PLD, y luego no debidamente anulado y denunciado por el Tte General Díaz Morfa, quien políticamente responde a Hipólito Mejía y al PRM, y fue designado por Luis Abinader en su primera administración de gobierno.
Esa asociación quedó plasmada en un acuerdo formal entre AUDIX y el Ministerio de Defensa, que incluye autorizar a AUDIX a comprar equipos de espionaje que solo está autorizado a comprar el Estado.
Vale destacar que Hugo Veras fue designado por el presidente Abinader en el INTRANT luego de mudarse de la condición de candidato a Alcalde del corrompido PRD de Miguel Vargas, a respaldar la candidatura de Carolina Mejía y de ocupar un alto cargo en esa instancia municipal después de su victoria.
Guillermo Gómez, padre de Jochi, fue incorporado al Ministerio de Medio Ambiente durante la gestión de Orlando Jorge Mera, como parte del reparto de cargos negociado por Luis Abinader al interior del PRM. Allí finalmente se develó el dolo político-administrativo que implicó esa designación.
Hugo Beras y Jochi Gómez terminaron asociándose para consumar la estafa multimillonaria al Estado e intentar ampliar la capacidad de espionaje de la empresa AUDIX protegida por POMPEO, súper agente de la CIA y ex secretario de Estado de Donald Trump, con quien Guillermo y Jochi Gómez, agentes de vieja data, tienen una relación “especial”.
· LUIS SOTO, POMPEO Y LAS FRACTURAS EN EL PODER DE EEUU.
Es evidente que las fracturas al interior del decadente poder estadounidense fueron subestimadas por los Gómez, a lo que se agregó el resurgimiento de las pugnas internas en el PRM y el desorden, descontrol e intensificación de la lucha de poder entre diferentes enclaves del disperso sistema de seguridad y espionaje, que EE UU intenta unificar con la nueva ley de la DNI.
Aquí abundan los centros privados de espionaje de alta tecnología (empleados para asuntos turbios y para todo tipo de chantajes y despliegue de poderes espurios); también se usan las empresas telefónicas y los sistemas de inteligencia de los bancos para espiar y además perduran los ghettos de inteligencia militar y policial al interior de los cuerpos armados: A2, M2, G2, J2, SS-DICRIM…
Esto último explica la reacción de Luis Soto, actual director del DNI y principal impulsor de la ley que convertiría a ese organismo en un sistema de espionaje y seguridad colocado por encima de todas las instituciones y poderes del estado dominicano, bajo control de la CIA y de su facción hegemónica en cada caso.
Luis Soto actualmente no responde a Pompeo, ni Pompeo dispone del poder que tuvo con la administración Trump. Soto responde a la conducción institucional de la CIA dentro del actual gobierno de EEUU.
Por eso envió, y luego hizo pública su carta, advirtiéndole a Jochi Gómez sobre lo improcedente de sus pretensiones, de las que ni desistió; aunque finalmente fueron obstruidas, develadas y procesadas judicialmente bajo presión. Todavía a medias.
· EL ENCARCELAMIENTO DE JOCHI Y EL CHANTAJE DE GUILLERMO.
Es fácil de deducir que la Embajada de EEUU y la propia DNI activaron sus influencias dentro de la PGR para producir la detención y los procesamientos ya informados, los cuales motivan que Guillermo Gómez declare que los culpables de la prisión de su hijo son Luis Soto y la procuradora adjunta, Jenny Berenice.
Pero no solo, sino que además amenace abiertamente con emplear su no desestimable capacidad de chantaje sobre este régimen y sobre sus altas instancias políticas y militares; puesto que sus servicios prestados (en materia de espionaje, asuntos turbios y comunicación), a la cúpula del PRD, primero, y a la del PRM, después; que incluye a sus respectivos gobiernos y aparatos militares, podrían develar muchas suciedades en esas asociaciones delictivas.
Las articulaciones de Guillermo Gómez con los poderes establecidos, civiles y militares, y con la propia CÍA, vienen reciclándose desde de la etapa de los doce años de Balaguer, hasta la fecha.
De ahí deviene su poder de chantaje y la amenaza de emplearlo contando con que ese mega caso tiene implicaciones mayores tanto a nivel del Ministerio de Defensa como del gobierno civil y la alta jerarquía del PRM.
Situaciones así se presentan cuando se enfrentan facciones del poder imperialista con tutorías distintas, por lo que la apuesta del binomio Gómez en procura de desinflar el proceso va en dos direcciones: atemorizar a los responsables de las complicidades silenciadas de alto nivel y apelar a sus vínculos con la mano peluda del imperio, vía Pompeo y otros.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!