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Opinión

Las alturas silenciadas del caso INTRANT-TRANSCORE-AUDIX

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Por Narciso Isa Conde

La delincuencia público-privada, la asociación delictiva de instancias estatales con la lumpen burguesía y la llamada clase política, merece la debida atención en un sistema del que recurrentemente emana impunidad.

Semanas atrás, del caso INTRANT-TRANSCORE LATAM SRL se pasó al caso AUDIX-MINISTERIO DE DEFENSA y ambos casos interrelacionados han devenido en un proceso complejo de alta delincuencia de estado, en el que todavía no se han investigado todas las complicidades de alto calibre y, por el contrario, se presenta señales de encubrimientos.

El sistema judicial investigó, encontró evidencias y ejecutó las medidas de coerción contra el ex director del Intrant, Hugo Beras, contra Jochi Gómez, dueño de TRANSCORE y AUDIX, y contra otras cinco personas; todos involucrados en un grave entramado de estafa, espionaje mafioso y asociación delictiva estatal-privada.

· CONFLUENCIA MAFIOSA DE HUGO BERAS Y JOCHI GÓMEZ.

Hugo Beras está acusado de utilizar 1,200, millones de pesos del Instituto Nacional de Aviación Civil (IDAC), para financiar el contrato-estafa del INTRANT con Transcore Latam SRL, propiedad de José Ángel Gómez (Jochi Gómez), hijo del comunicador Guillermo Gómez, asociado a la cúpula del PRM. Esto ocurrió bajo el manto de una supuesta modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.

Las responsabilidades en la transferencia de esos 1,200 millones de pesos, de la asignación presupuestaria y la cuenta del IDAC a la cuenta del INTRANT, trascienden esas dos entidades, y recaen además sobre altos niveles de la administración pública.

Esas implicaciones no han sido debidamente investigadas en las instancias superiores relacionadas con ese tema: Tesorería-Hacienda-Presidencia.

Esa estafa entroncó a la vez con una vertiente del espionaje privado mafioso, ilegalmente autorizado por el Ministerio de Defensa bajo el mando de Paulino Sen. durante el Gobierno de Danilo Medina-PLD, y luego no debidamente anulado y denunciado por el Tte General Díaz Morfa, quien políticamente responde a Hipólito Mejía y al PRM, y fue designado por Luis Abinader en su primera administración de gobierno.

Esa asociación quedó plasmada en un acuerdo formal entre AUDIX y el Ministerio de Defensa, que incluye autorizar a AUDIX a comprar equipos de espionaje que solo está autorizado a comprar el Estado.

Vale destacar que Hugo Veras fue designado por el presidente Abinader en el INTRANT luego de mudarse de la condición de candidato a Alcalde del corrompido PRD de Miguel Vargas, a respaldar la candidatura de Carolina Mejía y de ocupar un alto cargo en esa instancia municipal después de su victoria.

Guillermo Gómez, padre de Jochi, fue incorporado al Ministerio de Medio Ambiente durante la gestión de Orlando Jorge Mera, como parte del reparto de cargos negociado por Luis Abinader al interior del PRM. Allí finalmente se develó el dolo político-administrativo que implicó esa designación.

Hugo Beras y Jochi Gómez terminaron asociándose para consumar la estafa multimillonaria al Estado e intentar ampliar la capacidad de espionaje de la empresa AUDIX protegida por POMPEO, súper agente de la CIA y ex secretario de Estado de Donald Trump, con quien Guillermo y Jochi Gómez, agentes de vieja data, tienen una relación “especial”.

· LUIS SOTO, POMPEO Y LAS FRACTURAS EN EL PODER DE EEUU.

Es evidente que las fracturas al interior del decadente poder estadounidense fueron subestimadas por los Gómez, a lo que se agregó el resurgimiento de las pugnas internas en el PRM y el desorden, descontrol e intensificación de la lucha de poder entre diferentes enclaves del disperso sistema de seguridad y espionaje, que EE UU intenta unificar con la nueva ley de la DNI.

Aquí abundan los centros privados de espionaje de alta tecnología (empleados para asuntos turbios y para todo tipo de chantajes y despliegue de poderes espurios); también se usan las empresas telefónicas y los sistemas de inteligencia de los bancos para espiar y además perduran los ghettos de inteligencia militar y policial al interior de los cuerpos armados: A2, M2, G2, J2, SS-DICRIM…

Esto último explica la reacción de Luis Soto, actual director del DNI y principal impulsor de la ley que convertiría a ese organismo en un sistema de espionaje y seguridad colocado por encima de todas las instituciones y poderes del estado dominicano, bajo control de la CIA y de su facción hegemónica en cada caso.

Luis Soto actualmente no responde a Pompeo, ni Pompeo dispone del poder que tuvo con la administración Trump. Soto responde a la conducción institucional de la CIA dentro del actual gobierno de EEUU.

Por eso envió, y luego hizo pública su carta, advirtiéndole a Jochi Gómez sobre lo improcedente de sus pretensiones, de las que ni desistió; aunque finalmente fueron obstruidas, develadas y procesadas judicialmente bajo presión. Todavía a medias.

· EL ENCARCELAMIENTO DE JOCHI Y EL CHANTAJE DE GUILLERMO.

Es fácil de deducir que la Embajada de EEUU y la propia DNI activaron sus influencias dentro de la PGR para producir la detención y los procesamientos ya informados, los cuales motivan que Guillermo Gómez declare que los culpables de la prisión de su hijo son Luis Soto y la procuradora adjunta, Jenny Berenice.

Pero no solo, sino que además amenace abiertamente con emplear su no desestimable capacidad de chantaje sobre este régimen y sobre sus altas instancias políticas y militares; puesto que sus servicios prestados (en materia de espionaje, asuntos turbios y comunicación), a la cúpula del PRD, primero, y a la del PRM, después; que incluye a sus respectivos gobiernos y aparatos militares, podrían develar muchas suciedades en esas asociaciones delictivas.

Las articulaciones de Guillermo Gómez con los poderes establecidos, civiles y militares, y con la propia CÍA, vienen reciclándose desde de la etapa de los doce años de Balaguer, hasta la fecha.

De ahí deviene su poder de chantaje y la amenaza de emplearlo contando con que ese mega caso tiene implicaciones mayores tanto a nivel del Ministerio de Defensa como del gobierno civil y la alta jerarquía del PRM.

Situaciones así se presentan cuando se enfrentan facciones del poder imperialista con tutorías distintas, por lo que la apuesta del binomio Gómez en procura de desinflar el proceso va en dos direcciones: atemorizar a los responsables de las complicidades silenciadas de alto nivel y apelar a sus vínculos con la mano peluda del imperio, vía Pompeo y otros.

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Opinión

Estados Unidos se queda sin moral para exigir a otros respeto por la ley.

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Por José Cabral.

Este pasado 5 de noviembre se celebraron elecciones en los Estados Unidos en las que fue escogido como presidente de la nación más poderosa del mundo un criminal convicto.

Donald Trump ha sido condenado por una serie de delitos civiles y penales y todavía tiene otros pendientes, los cuales de seguro serán sobreseídos hasta que ocupe la jefatura del Estado.

Pero poca importa que las cosas ocurran de ese modo, porque ya Trump tiene un sello como un criminal convicto que desde cualquier perspectiva que se vea impacta negativamente a los Estados Unidos.

Es la primera vez que en este país se escoge un presidente condenado por la comisión de delitos comunes, lo cual deja mucho que decir.

Esta elección tiene dos aristas a analizar, la primera es que la alta votación del ciudadano norteamericano en su favor no deja dudas de que este hombre recibe todo el apoyo de su pueblo, lo que quiere decir que aplaude y aprueba sus andanzas.

Lo otro es que, con la elección de un criminal convicto, los Estados Unidos no pueden pedirles a los demás países una conducta diferente a la que ha tenido Trump.

Presionar y exigir que los actores políticos, por ejemplo, de Latinoamérica que usan la corrupción administrativa en el manejo del Estado, sería como pedir lo que no se puede dar, es decir, demandar una conducta moral que difiere de la que ha exhibido el jefe del Poder Ejecutivo en la potencia de norte.

Se puede decir, entonces, que de ahora en adelante no se le puede tolerar a los Estados Unidos que publique informes sobre la corrupción que se produce desde los gobiernos en Latinoamérica y el mundo, porque no tiene la moral para ello.

Cómo pedirle, por ejemplo, a los haitianos que no involucren el Estado con acciones al margen de la ley cuando su presidente está metido hasta los tuétanos en esos asuntos.

Lo otro es que los ciudadanos de los Estados Unidos deben sentirse orgullosos de su presidente electo, pese a sus condenas por la comisión de una serie de actos que riñen con la ley.

Las cosas son así de sencillas, pero también de complejas.

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Opinión

Reavivando la Indignación

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Por Isaías Ramos

En una era marcada por el caos y la desilusión, la fatiga de la indignación se ha infiltrado profundamente en nuestras vidas, amortiguando la llama de la empatía y la acción colectiva.

Nos rodeamos de injusticias que, aunque nos afectan diariamente, a menudo no logran despertar nuestra indignación. Este adormecimiento emocional no solo amenaza nuestra moralidad individual, sino también el tejido de nuestra sociedad democrática.

La indignación, lejos de ser un sentimiento negativo, es un catalizador poderoso para el cambio y una respuesta vital ante la injusticia. En el corazón de cada movimiento significativo que ha cambiado el curso de la historia, ha estado la indignación convertida en acción.

Así fue con nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, cuya respuesta a las provocaciones despectivas fue transformar su indignación en una fuerza constructiva que desafió el status quo y forjó un camino hacia la democracia y la justicia social.

Juan Pablo Duarte, enfrentado a desafíos y provocaciones, encarnó la respuesta más fértil a la injusticia. Su experiencia es emblemática; durante una ocasión notable, un capitán español, en un acto de desprecio flagrante, le espetó a Duarte y a sus compatriotas: «Ustedes no tienen nombre, porque ni ustedes ni sus padres merecen tenerlo, porque son cobardes y serviles, inclinan la cabeza bajo el yugo de los esclavos». Estas palabras, lejos de quebrantar el espíritu de Duarte, encendieron una chispa de indignación que se transformó en un impulso revolucionario.

Hoy, nos enfrentamos a una encrucijada crítica: podemos seguir siendo testigos pasivos de la erosión de nuestros principios y valores fundacionales, o podemos optar por reavivar nuestra capacidad de indignarnos.

Cada uno de nosotros posee el poder de efectuar cambios significativos. Las grandes olas de reforma social siempre han comenzado con el despertar de la conciencia colectiva, tal como lo demostró Duarte.

Es hora de rechazar la resignación y la apatía que han calado en nuestras vidas. Debemos conectar con nuestros sentimientos más profundos de justicia y equidad para reclamar un sistema en el que la corrupción y la opresión  no sean las normas, sino la excepción; un sistema donde la igualdad de oportunidades no sea un lema vacío, sino una realidad palpable.

Este cambio comienza con la educación y la información. Debemos estar informados sobre las acciones de aquellos en el poder y ser críticos con la información que consumimos. Participar activamente en los procesos cívicos y sociales es crucial. El derecho a elegir y ser elegibles para los cargos, consagrado en nuestra Constitución y reafirmado por sentencias judiciales, es un faro de luz que no debemos desperdiciar.

La pasividad nos convierte en cómplices del deterioro de nuestro entorno. Pero al optar por la indignación activa, nos convertimos en arquitectos de nuestro futuro. Desde el Frente Cívico y Social, te invitamos a indignarte no solo por ti, sino por aquellos que han perdido su voz en el estruendo de la indiferencia. Transformemos esa indignación en un movimiento imparable hacia un futuro donde prevalezca el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades bajo un Estado profundamente comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos.

Estamos convencidos de que este es nuestro momento para actuar y redefinir el curso de nuestra historia, tal como hizo Duarte en su tiempo. La fatiga de la indignación puede ser superada; solo requiere que cada uno de nosotros decida despertar y actuar. La esperanza de un mañana mejor está en nuestras manos.

¡Despierta, RD!

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Opinión

Derechos de las personas durante la investigación  de la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Diaz

En las investigaciones  realizadas de conformidad con el Estatuto de la Corte Penal  Internacional  nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

De acuerdo con el Estatuto de Roma nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

En el proceso de investigación de la Corte Penal  Internacional , quien haya de ser interrogado  en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad.

De conformidad con el Estatuto de Roma nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.

Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional y esa persona haya de ser  interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, o en cumplimiento de una solicitud hecha de acuerdo las disposiciones del Estatuto de Roma tendrá  el derecho a ser informada.

Dentro de los derechos que tiene  una  persona  en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional  el Estatuto de Roma señala el de ser informada  de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte.

Antes del interrogatorio  la persona  también deberá ser informada  de que tiene derecho a guardar silencio , sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia.

Cabe destacar que en  el  proceso de investigación de la Corte Penal Internacional la persona tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre fuere necesario en interés de la justicia y , en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes.

Finalmente, la persona tendrá  el derecho  a ser interrogada en presencia de un abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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