Economía
El 57% de las solicitudes de pensiones de sobrevivencia son negadas por aseguradoras.
El sistema suma 3.7 millones de afiliados. (FUENTE EXTERNA)
La Superintenden de Pensiones (Sipen)) reveló que sus estadísticas provisionales reflejan que al 30 de junio del 2019 familiares de afiliados fallecidos han solicitado 18,923 pensiones de sobrevivencia, pero de éstas, sólo han sido otorgadas 7,890, mientras 267 continúan en trámite.
El calculo al respecto se hizo sobre la base de numeros que no cuadran.
Dice el Sipen que del total solicitadas, 10,766 solicitudes fueron “declinadas” y explico que las mismas fueron negadas por las aseguradoras y administradoras de fondos de pensiones.
Pero, ¿son todos los que están y están todos los que son? No, son más, si se incluye a las familias que no han realizado las solicitudes correspondientes a sus parientes fallecidos, que en vida cotizaban al sistema.
De estos, 8,750 familiares han reclamado los beneficios por sobrevivencia, lo que significa que solo el 13% de las familias de los afiliados fallecidos son “beneficiarios del sistema”. Así lo explica el boletín. Ese porcentaje solo incluye a los afiliados fallecidos cuyos familiares “han solicitado beneficios por sobrevivencia”.
¿Qué pasa con el restante 87% de las familias de los afiliados fallecidos? Que por desconocimiento no reclaman, o que cuando reclaman se enfrentan a una barrera de obstáculos que dificultan o impiden el reclamo de ese derecho, mediante un contrato-póliza hecho a la imagen y semejanza de los intereses de las aseguradoras y las administradoras de fondos de pensiones.
La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), enumera esas barreras o “trabas”.
Primero, el plazo de prescripción de un derecho que debería ser imprescriptible. Hasta el 2015 ese plazo era de dos años, y por la presión social se llevó a 7 años. Si los derechos no se solicitan antes, se pierden, y los beneficios quedan para las aseguradoras y las administradoras de fondos de pensiones. No importa que los afiliados fallecidos hayan trabajado toda su vida para alcanzar esos derechos.
Otra traba, según la DIDA, es la edad de cobertura, que es de 60 años para los fallecidos hasta abril del 2015, y de 65 años a partir de esa fecha.
Asimismo, otra traba es el acceso a las oficinas de las administradoras de pensiones (AFP), y de las entidades responsables de administrar el seguro de pensiones en el ámbito nacional. Esta traba “incrementa los gastos de traslados de los sobrevivientes para reclamar las prestaciones, porque regularmente deben hacer múltiples visitas a las mismas”, explica la DIDA.
Pero una vez que los familiares de los afiliados logran llegar a las oficinas, si es que llegan, se evidencian las “trabas burocráticas que encarecen la gestión”, que consiste en la cantidad de documentos legales a depositar”. Menciona en primer lugar el “Acto de Determinación de Herederos” que implica pago de impuestos sucesorales a la Dirección General de Impuestos Internos. También se les reclaman “compulsas notariales”, que deben cumplir con formatos exactos.
La compulsa notarial es el acto sellado y firmado por una entidad autorizada, mediante el cual se trata de darle validez legal a los documentos, aportándole un valor de oficialidad y rigor. Entre estos tipos de documentos están las actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción legalizada.
Nélsida Marmolejos, directora de la DIDA, resaltó las informaciones recogidas de los boletines enviados por la Sipen a esta entidad, donde se evidencia la falta de información de la población y la razón del número tan reducido de personas beneficiadas por pensiones de sobrevivencia.
Santo Domingo, R.D.-El economista Haivanjoe Ng Cortiñas afirmó que la decisión del Gobierno de mantener congelados durante 90 días los precios de las gasolinas, obligará a los consumidores dominicanos a realizar un gasto adicional que estima en RD$6,323 millones, al no trasladarse al mercado interno la recuperación observada en las principales variables internacionales que determinan el costo de importación de esos recursos energéticos.
Explicó que existen tres indicadores objetivos que muestran una evolución más favorable respecto al período de mayor tensión provocado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
El segundo corresponde a la gasolina refinada de referencia para las importaciones de la República Dominicana, cuya cotización pasó de aproximadamente US$2.87 por galón durante la primera semana de marzo a un máximo cercano a US$3.49 por galón en mayo, un incremento de US$0.62, equivalente a 21.7%.
El tercer indicador es la tasa de cambio, señalando que durante la primera semana de marzo el dólar utilizado en la fórmula oficial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) se cotizaba alrededor de RD$60.02, mientras que para la tercera semana de junio descendió a RD$58.90, reflejando una apreciación del peso dominicano de 1.87%, factor que reduce el costo en pesos de las importaciones.
El economista recordó que durante la semana comprendida entre el 28 de febrero y el 6 de marzo de 2026 la gasolina premium se vendía a RD$290.10 por galón y la gasolina regular a RD$272.50. En cambio, la resolución No. 145-2026 del Ministerio de Industria, Comercio y Pipymes (MICM) mantiene actualmente esos combustibles en RD$341.10 y RD$310.50, respectivamente.
«Si se toma como referencia la estructura de precios vigente antes del conflicto, los consumidores dominicanos pagarán aproximadamente RD$6,323 millones adicionales durante los próximos 90 días como consecuencia de que los precios internos de las gasolinas no retornaron a los niveles observados antes de la escalada internacional», sostuvo.
Asimismo, señaló que las propias resoluciones del MICM muestran que el impuesto ad-valorem aumentó de RD$23.57 a RD$30.91 por galón en la gasolina premium y de RD$22.32 a RD$27.80 en la gasolina regular.
Con base en los niveles de consumo nacional, Haivanjoe Ng Cortiñas estimó que esa diferencia permitiría al Estado recaudar aproximadamente RD$911 millones adicionales por concepto de impuesto ad-valorem durante los próximos tres meses respecto a la estructura tributaria.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), Juan Elías Pérez, advirtió que retirarían todas las terminales de pago electrónico de sus estaciones de combustibles al denunciar lo que entienden son cobros de comisiones excesivos de la banca dominicana.
“La banca se lleva prácticamente 27 % de la utilidad bruta que nosotros recibimos. Por cada galón de combustible nos cobran siete pesos. Es insoportable, ya que también cobran una comisión por uso de la tarjeta”, se quejó.
Anadegas dijo que, adicional al 27 %, la banca nacional les cobra 7 pesos en cada ocasión que se utiliza una tarjeta de crédito en sus instalaciones.
“Es una decisión ya pensada, razonada y que en otros países están también llevando a cabo” respaldó.
Elías Pérez explicó que la medida sirve a modo de paro nacional, considerando que el precio de la comisión que se cobra en las tarjetas en relación a las ventas es bastante alto, calificándolo de abusivo al considerar que las estaciones de combustibles solo reciben 25 pesos por cada galón que venden y de ahí le pagan 7 pesos más por el uso de las tarjetas.
“No hicieron caso, no nos han llamado, no han vuelto a hablar con nosotros”, reveló.
Santo Domingo. La trampa de ingreso medio, la concentración territorial de la producción y las brechas en el capital humano figuran entre los principales desafíos que enfrenta República Dominicana para alcanzar una nueva etapa de desarrollo económico sostenible.
Así lo expresó Nathalie Alvarado, representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, durante el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana.
La ejecutiva destacó que el país ha logrado construir una sólida base de crecimiento durante la última década, pero señaló que el reto actual consiste en transformar ese avance en mayores niveles de productividad para mantener la competitividad en un entorno internacional cada vez más exigente.
Tres retos que condicionan el desarrollo
Alvarado explicó que uno de los principales obstáculos es la denominada trampa del ingreso medio, una situación que afecta a países que logran crecer de manera sostenida, pero encuentran dificultades para convertirse en economías de altos ingresos sin fortalecer la innovación. También la productividad y el capital humano.
Otro desafío identificado es la concentración territorial de la actividad económica. Según indicó, más del 50 % de la producción nacional se genera en apenas el 11 % del territorio, una realidad que impulsa el crecimiento en determinadas zonas. También provoca congestión urbana, presión sobre la infraestructura y desigualdades regionales.
En cuanto al capital humano, destacó que aunque el 33 % de la población dominicana tiene entre 15 y 34 años, lo que representa una importante ventaja demográfica, el 54 % de los empleadores reporta dificultades para encontrar personal calificado. Además, cerca del 25 % de los jóvenes no estudia ni trabaja.
“Detrás de ese 25 % hay una generación que espera herramientas para competir y oportunidades para integrarse plenamente a la economía”, señaló.
Crecimiento económico con nuevos desafíos
La representante del BID resaltó que República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas de América Latina y el Caribe, registrando un crecimiento promedio de 4.3 % durante la última década, una cifra que supera ampliamente el promedio regional.
No obstante, advirtió que la nueva etapa del desarrollo requiere mejorar la calidad del crecimiento económico, apostando por mayores niveles de productividad y competitividad.
Nearshoring y transformción tecnológica
Alvarado afirmó que los cambios en la economía global representan oportunidades para el país. Explicó que la reorganización de las cadenas de suministro internacionales podría favorecer a economías competitivas como la dominicana.
En ese sentido, estimó que el fenómeno del nearshoring podría generar hasta 78 mil millones de dólares adicionales en exportaciones para la región, siempre que los países fortalezcan aspectos clave como la logística, la infraestructura y la sofisticación productiva.
Asimismo, mencionó otros desafíos relacionados con la dependencia energética, ya que el 83 % de la generación eléctrica proviene de combustibles fósiles. Además de la vulnerabilidad climática, cuyas pérdidas representan aproximadamente el 0.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) cada año.
Inversiones del BID en República Dominicana
La representante del organismo informó que el Grupo BID mantiene actualmente una cartera activa de 23 proyectos en República Dominicana. El mismo con una inversión aproximada de 2,900 millones de dólares.
A esto se suman operaciones de BID Invest que han alcanzado los 3,305 millones de dólares en los últimos tres años. Los mismos están destinados a sectores estratégicos como energía, infraestructura, inclusión financiera y desarrollo productivo.
Finalmente, Alvarado consideró que iniciativas como Meta RD 2036 representan una oportunidad para coordinar esfuerzos de largo plazo. También fortalecer los pilares que permitan elevar la productividad nacional.
“La próxima etapa del desarrollo dominicano requerirá fortalecer lo que ya funciona y, al mismo tiempo, construir nuevos motores de crecimiento basados en innovación, talento y productividad”, concluyó.