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Candidaturas Independientes son una incógnita a descifrar por la democracia de la República Dominicana.
La Ley 20-23 del régimen electoral dominicano plantea en su artículo 156 una nueva figura jurídica para aquellos que no militan en un partido, pero que quieren participar de la democracia a través de candidaturas denominadas independientes.
La figura no deja dudas de que se trata de un mecanismo legal para aspirar a un cargo electivo sin tener que llenar la formalidad de que una organización adquiera personalidad jurídica, lo cual se ajusta perfectamente al artículo 22 de la Constitución de la República que habla del derecho fundamental de elegir y ser elegible.
Sin embargo, en la creencia de mucha gente las aspiraciones político-electorales deben ser canalizadas a través de los partidos políticos con personalidad jurídica, lo cual visto desde la perspectiva del artículo 22 de la Carta Magna no es exactamente así.
La lectura de ambos textos permite colegir lo que se busca descifrar con este trabajo, pese a que el artículo 156 de la Ley 20-23 tiene un manejo semántico que definitivamente puede generar dudas y confusión y hasta el momento nadie se ha preocupado por arrojar luz al respecto, sobre todo el órgano encargado de dirigir el proceso electoral.
La impresión que se lleva cualquiera cuando lee el referido artículo es que se trata de lo mismo, es decir, de aquellas organizaciones que buscan su reconocimiento de la Junta Central Electoral (JCE).
El tema reviste una gran importancia en virtud de que miles de ciudadanos buscan mecanismos para no tener que convertirse en cómplices de la llamada partidocracia, la cual está conformada por los partidos grandes o mayoritarios y por los pequeños, tanto de izquierda como de derecha, los cuales son los artífices de la micro y la macro corrupción que se ha llevado de paro la democracia.
Las candidaturas independientes, según el artículo 156 de la 20-23, debe llenar o cumplir todos los requerimientos establecidos por el legislador, los cuales sólo tienen sentido si se miran desde los derechos fundamentales en términos electorales, establecidos en el artículo 22 de la Constitución de la República, pero además por lo consignado en el 39 que trata sobre el principio de igualdad, el cual es transversal a todos los demás derechos.
El detalle de esta figura jurídica es que a partir del mandato constitucional el derecho de elegir y ser elegible y el de igualdad no sólo se puede ejercer a través de la persona jurídica de los partidos políticos, sino que también los mismos tienen como inspiración la persona física, la cual es la que tiene la prerrogativa y el deber de depositar el sufragio, así como de aspirar a un cargo electivo.l
El artículo 216 de la Constitución de la habla sobre los partidos políticos, pero no consigna que el derecho de elegir y ser elegible se ejerza de manera obligatoria a través de estos instrumentos, lo cual sería una grave violación del derecho del referido derecho fundamental que descansa en cada persona humana, no en una persona jurídica, ya que esta última ni siquiera tiene derecho al voto, pero además que la primera es la razón de la existencia de la segunda, aunque se reconoce que las organizaciones reconocidas han sido el mecanismo tradicional para escoger a los aspirantes a ocupar los cargos públicos.
Nadie puede poner en duda que el derecho comparado deja claro que la creación de las candidaturas independientes tiene como fin darle al ciudadano la opción de ser candidato a cualquier cargo electivo sin tener que vincular su nombre con partidos corrompidos con la corrupción y con vínculos con el bajo mundo y todas las demás vertientes de la ilegalidad, pero es evidente que nadie habla del tema, ya que sea porque no le interesa crear conciencia al respecto o porque en el país se busca distorsionar la figura jurídica en referencia para que perdure la partidocracia.
No tendría mucho sentido hablar de esta figura jurídica de las candidaturas independientes sin citar textualmente lo establecido en la Constitución de la República y también en la ley adjetiva sobre la materia, la 20-23, que derogó la 1519, cuyo artículo 156 de la norma dice lo siguiente:
Podrán ser propuestas candidaturas independientes de carácter nacional, provincial, municipal o en el Distrito Nacional, que surjan a través de agrupaciones políticas en cada elección.
En este primer párrafo el legislador en vez de hablar de la presentación de candidaturas independientes a través de agrupaciones políticas debió decir de personas físicas o de entidades que no necesitan para esos fines reconocimiento de la Junta Central Electoral (JCE) o estar dotada de personalidad jurídica, a fin de que no se trate de lo mismo que está consignado en la ley para la participación electoral de los partidos políticos.
Párrafo I.- Las agrupaciones que propongan sustentar las candidaturas independientes de carácter nacional, provincial, municipal o en el Distrito Nacional, deberán declararlo previamente a la Junta Central Electoral, cuando menos setenta y cinco (75) días antes de cada elección.
En el caso del párrafo que se cita más arriba se establece una diferenciación en lo que respecta a los plazos que tienen las candidaturas independientes y los partidos políticos con personalidad jurídica, pero ello no parece ser suficiente, lo cual demanda de una interpretación de la JCE, el Tribunal Constitucional y abogados especialistas en derecho constitucional.
Párrafo II.- Para sustentar candidaturas independientes, provinciales, municipales o en el Distrito Nacional, las agrupaciones políticas deberán estar constituidas de conformidad con la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
El párrafo 11 plantea un detalle que tiene sentido jurídico porque ya se ha dicho que las candidaturas independientes deben someterse a los requerimientos de ley en cuanto a la cantidad de firmas, local nacional y estructuras en los diferentes municipios del país, pero de cualquier modo debió ampliarse el concepto para no dejar la confusión que crea el texto al respecto.
En ese mismo tenor el artículo 157 de la Ley 20-23 habla de los requisitos para la presentación de las candidaturas independientes, principalmente de la presidencial, para cuyo fin se exige una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el país y un programa de gobierno definido para el periodo en que se presenten las mismas, lo cual arroja un poco de luz, ya que se trata de una diferenciación entre los dos mecanismos estudiados o analizados en este trabajo periodístico.
Los demás asuntos no merecen ningún cuestionamiento porque están en el contexto de la figura jurídica de las candidaturas independientes contempladas en la ley
Párrafo I.- Las candidaturas para los cargos de senadores y diputados al Congreso Nacional deberán ser sustentadas por la misma organización de cuadros directivos fijos para los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, pero limitada a la demarcación electoral respectiva.
Párrafo II.- Las candidaturas para cargos de elección popular en los municipios deberán presentar a la Junta Central Electoral una organización municipal completa y un programa a cumplir durante el período a que aspiren los candidatos.
Párrafo III.- Serán aplicables a las candidaturas independientes y a las organizaciones que las sustenten, las demás disposiciones que establece esta ley, en lo que se refiere a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos y a las candidaturas sustentadas por éstos, con las adaptaciones a que hubiere lugar y de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral.
Veamos lo que manda el artículo 158: Candidaturas municipales en elecciones sucesivas. Las agrupaciones que sustenten candidaturas independientes para cargos electivos en los municipios podrán mantener sus organizaciones locales e intervenir en elecciones sucesivas, siempre que cumplan con los requisitos señalados en esta ley.
Como se ve en el texto de la ley se deja la impresión que las candidaturas independientes deben ser presentadas por una organización que llene los requisitos exigidos a los partidos políticos con personalidad jurídica, lo cual representa un elemento de confusión en virtud de que si bien es lógico y entendible que se les pida a las personas que quieran acogerse a esta opción que cumplan con el depósito de las firmas que se les pide a las organizaciones reconocidas por la Junta Central Electoral (JCE), así como la tenencia de un local en la capital del país, pero parece un contrasentido que el legislador hable en todo momento de las mismas cosas que se les requiere a los partidos políticos, lo cual parece representar una trampa en contra de los que están harto de la partidocracia.
Pero frente a lo que parece ser un disparate jurídico no resulta descabellado reproducir el mandato de la Constitución de la República en el artículo 22 y el 39 sobre el derecho fundamental de elegir y ser elegible:
Artículo 22.- Derechos de ciudadanía. Son derechos de ciudadanas y ciudadanos: 1) Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución; 2) Decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo; 3) Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes; 4) Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto; 5) Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo.
Por su parte, el artículo 39 de la Constitución dispone lo siguiente: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal.
El artículo 156 de las candidaturas independientes debe ser el tema a debatir por todo aquel que entiende que en el país deben surgir opciones políticas que nazcan de las mismas entrañas de la ciudadanía y de ese modo contrarrestar las trampas y los engaños de los partidos políticos tradicionales, conocidos también como partidocracia.
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A sólo 15 días de campaña electoral el candidato del PLD aun parece un aspirante de “juego” y a quien nadie le cree
La contienda electoral avanza hacia su culminación y el país se ve frente a una lluvia de propuestas, la mayoría de ellas incluibles, porque salen de la boca de aquellos que siempre han hecho lo contrario y que en algunos de los casos ellos son un invento de la propia crisis de valores que impacta a los dominicanos.
En ese contexto se encuentra el candidato del PLD, quien no logra obtener ninguna credibilidad, sobre todo cuando intenta atacar la corrupción con un discurso que es una especie de auto-retrato para aplicárselo sólo a otros.
Su paso por la administración pública si de algo sirve es para simbolizar un anti valor, el cual se refleja en la acumulación de fortunas sobre la base del patrimonio público y la exhibición de cero condiciones para pretender llegar a la presidencia de la República.
Abel luce ridículo no sólo porque nadie le cree lo que dice, sino también porque su figura en sentido general no le ayuda, amén de que sus propuestas se ven meramente como una forma de querer ponerse a la moda en términos de presentar soluciones al electorado, pero las mismas se revierten y lo proyectan como el que juega a ser presidente, ya que ni sus ademanes lo ayudan.
El país está frente a un verdadero fiasco y tal vez a la expresión más contundente de un antivalor, cuya crisis de valores que afecta a la sociedad dominicana le dio paso para convertirse en candidato presidencial del que fuera uno de los partidos más grande y fuerte de la República Dominicana.
Hay una propuesta del candidato Abel Martínez que no sólo se ve como una burla y se parece mucho a una que enarboló Danilo Medina en su primer intento de ocupar la silla presidencial y se trata de la expresión y eslogan de campaña «Te Llevo en el Corazón», la cual representó la mayor expresión de ridiculez política y ahora en boca de Abel Martínez se escucha el plan “Chichí Seguro”, el cual consiste en crear guarderías infantiles, que si bien suena raro, también se oye peor al salir de una persona que nadie le cree lo que dice.
Pero las propuestas de Abel no se circunscriben a ese plan, sino que se extienden al tránsito, la seguridad fronteriza y corrupción administrativa, entre otros temas, que cuando se mencionan se ven que son ideas ajenas, que no pertenecen a él, que alguien se las inventó, pero que no encajan y no calan.
El candidato del PLD es quizás y sin quizás el aspirante presidencial en quien se concreta de forma clara y sin ninguna duda lo poco creíble que se ha vuelto el escenario electoral en el país.
Pero el asunto alcanza a prácticamente todos los demás candidatos, unos nueve en total, de los cuales no hay uno que pueda representar un verdadero cambio para un país que sus niveles de degradación cada día se profundizan, lo cual erosiona aceleradamente la democracia.
Abel Martínez parece ser parte de un “juego” donde las opciones que pretenden ser creíbles de la llamada democracia representativa tal vez no es más que un intento por renovarse con propuestas electorales caricaturescas que envían el mensaje de que este modelo ya no da más.
Este panorama electoral sugiere que la democracia dominicana va a entrar a su trance más difícil, ya que de acuerdo a lo que se ve el país parece estar en la antesala de la pérdida total o por lo menos significativamente de la legitimidad que tiene que acompañar cualquier intento por mantener la llamada gobernabilidad.
En estos momentos la falta de credibilidad de los llamados líderes nacionales y en consecuencia de la democracia, debe constituirse en la principal causa de alarma de un sistema político que si no está colapsado, está punto de llegar a su fin.
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Inédito Debate presidencial no disminuye ni soluciona la falta de credibilidad de la democracia dominicana.
Por Elba García
Los tres protagonistas del debate presidencial que se produjo este miércoles por una cadena de radio y televisión, el cual representa un instrumento para repetir el mismo discurso de los partidos que ya están agotados en el escenario político nacional, aportan muy poco al cumplimiento que debe provenir de los que buscan dirigir el Estado.
Tanto Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez repitieron las mismas frases y promesas que se quedan en ese marco que ha caracterizado por décadas la actividad política nacional, sobre todo en épocas electorales, lo cual indica que no son tantos los dominicanos que comprarán sus manoseados discursos de que enfrentarán problemas como el de la educación, la salud, la economía, el medioambiente y el haitiano, entre otros.
Estos discursos o intervenciones ensayados y repetidos para proyectar la idea de lo que nunca va a ocurrir es parte de una demagogia y engaño al votante que no evitan la erosión de la democracia nacional, ya que esas realidades se combaten con acciones y no con palabras, lo cual no han hecho los personajes en cuestión.
No hay que estar muy cerca del entorno de los tres candidatos que compitieron en el debate para entender que se trata de palabras que no representan una verdadera intención de buscarles salida a los problemas nacionales.
El asunto estriba en el hecho de que las promesas y posibles soluciones a los temas más preocupantes para la sociedad dominicana están sobre la mesa desde hace décadas y todavía los titulares de los periódicos de los años 70 parecen ser sobre cuestiones que todavía hoy tienen toda la vigencia imaginable como si el tiempo no hubiera pasado, todo como resultado del engaño y la demagogia de los actores políticos.
Los mismos apagones, el alto costo de la vida, la falta de una cultura de exportación, la vulnerable seguridad pública y ciudadana y el agobiante fenómeno de la corrupción administrativa y de la independencia de la justicia, entre otros, son la razón por lo que lo dicho en el debate no tiene ningún impacto, porque los tres participantes han demostrado que han prometido mucho y es muy poco lo que han solucionado.
Los tres aspirantes presidenciales han logrado, sin ninguna duda, resolver sus problemas personales y particulares porque sin excepción han acumulado fortunas que antes de entrar a la política no tenían y desde esa posición es cómodo plantear la solución de problemas de los que ellos han logrado salir y ahora poseer bienes materiales que hubiera sido prácticamente imposible adquirir al margen de la politiquería.
De manera, que hablar de solucionar cuestiones tan delicadas como la corrupción administrativa desde una narrativa que sólo abarca a los otros, pero no a ellos, crea una total falta de credibilidad de la gente o del votante de unos discursos de muchas palabras sin realizaciones para corregir los problemas.
El debate presidencial es como un escenario para presentar discursos desgastados y poco creíbles, no importa que coherentes se escuchen, porque todo el mundo sabe que se trata de más de lo mismo, ya que incluso son hasta elaborados por otros que cobran por ese trabajo.
La democracia, principalmente en los países latinoamericanos, como la República Dominicana, requiere del cambio de sus actores que actúan a través de unos partidos políticos sin ninguna credibilidad porque el escenario se ha convertido en un instrumento de resolver problemas muy personales en detrimento del interés nacional.
Tal vez lo más interesante fuera que el ciudadano diera un ejemplo a estos actores de la vida política nacional con una precaria asistencia a las urnas para que quede profundamente cuestionada la democracia y pierda su legitimidad y de ese modo provenga una renovación que tenga la suficiente fiscalización que culmine con el castigo del que va a la política sólo con el interés de utilizar su protagonismo para llevarse entre sus garras una parte del patrimonio nacional.
El debate más que generar el fortalecimiento de la democracia lo que hace vender al votante unos aspirantes que tienen mucho que explicarle a la sociedad dominicana, donde a través de ellos también están presentes otros bandidos de la tan desacreditada política partidista nacional.
Si la gente no se propone reinventarse como país y echar en el zafacón los políticos que cimentan su carrera sobre la base de la mentira y la demagogia, muy difícilmente la República Dominicana podrá superar los problemas que la agobian, sobre todo en lo referente a la corrupción administrativa, que ya acumula cantidades impresionantes robadas a las arcas nacionales sin la menor de la dolencia y sin régimen de consecuencia.
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Desaparición de la mística y la ética en cuerpos armados permite medir el deterioro que sufre la sociedad y el Estado.
Por Elba García
Aunque todo se atribuye al cambio de los tiempos y a la modernidad, pero los mismos han experimentado una metamorfosis en la conducta de los policías y militares dominicanos, cuya transformación merece un estudio de la mentalidad de estos importantes actores de la vida nacional.
Cualquier fenómeno social siempre se va expresar de forma diferente en cualquier sociedad históricamente determinada, pero el asunto hay que tomarlo con mucha seriedad y preocupación cuando el problema se convierte de aislado y particular en general.
Ello así porque en todas las sociedades del mundo, aun en las más civilizadas y desarrolladas, hay conductas que riñen con la ética y con un comportamiento sano, pero la cuestión toma otro perfil cuando la mayoría de los ciudadanos tiene un caminar que daña a los demás o a prácticamente todo el tejido social.
A pesar de que el fenómeno del policía y el militar dominicano no se puede analizar de manera aislada, sino como parte de un todo, de la sociedad completa, por el hecho de que la distorsión de lo que se conoce como ética militar acompañada de la falta de mística hace que cualquier sociedad no cuente con una muralla espiritual que resulte muy difícil de derribar.
Sin embargo, hace décadas que, aunque un policía y un militar eran contaminados con la politiquería, pero la presión social era tan fuerte que ayudaba a deputar y mejorar la conducta de estos actores de la vida nacional.
Ahora el asunto ha variado tanto que en los cuarteles policiales y militares un cabo, muchas veces, manda más que un general, cuya circunstancia va a depender de varios factores, como son cual tenga más dinero y más vínculos con el sector enquistado en el poder.
La verdad es que la condición y el rango de general abre muchas más puertas para que este obtenga mayor poder que el cabo o el sargento, pero luego de la profundización de la crisis de valores no es difícil encontrarse con el fenómeno, ya que el bajo mundo es mucho más expedito para el oficial de bajo rango que para el que tiene altas responsabilidades, aunque naturalmente esa en el país no es la regla del juego.
De lo que sí se puede estar seguro es que la ética y más que ésta la mística ya es algo del pasado y los cuarteles hoy son azotados por un comportamiento que ponen en peligro la seguridad de todos los ciudadanos, aun de los extranjeros que tal vez no son blanco permanente de policías y militares.
En los últimos días han salido a la superficie una serie de acciones de policías y militares que mantienen en permanente preocupación a todo dominicano que todavía conserva un poquito de sensibilidad humana y de amor patrio.
Esta situación es el resultado de una realidad que nadie puede negar y es que el impacto negativo y muy peligroso de la llegada de ilegales, la penetración del bajo mundo en los órganos y entes del Estado y la participación innegable de policías y militares en estos negocios constituye una bomba de tiempo en contra de la estabilidad institucional y de toda la vida nacional.
El problema ya no sólo se observa en la frontera entre las dos naciones que ocupan la isla, sino que los haitianos pagan para entrar al país y luego son perseguidos en el territorio nacional y en ese proceso son despojados de sus pertenencias y también deben pagar sumas muy altas para ser dejados en libertad.
En esa virtud, la República Dominicana se desgarra casi igual que la sociedad haitiana, tal vez con la única diferencia de que las bandas haitianas actúan con violencia y en el país los policías y militares dominicanos lo hacen de manera pacífica, pero con los mismos resultados.
Las bandas haitianas roban, violan, matan y secuestran a sus conciudadanos y extranjeros para exigir dinero, pero lo propio ocurre en el país cuando se trata de reprimir a los ilegales de la vecina nación, muchas de cuyas niñas y mujeres son violadas bajo el amparo de la legalidad con que operan órganos como la Dirección General de Migración.
Las denuncias sobre el mal proceder de los policías y militares dominicanos llueven, no sólo en lo referente a que les roban las pertenencias a los haitianos, sino que también cobran peajes en los centros de venta y distribución de drogas y el problema no parece que pueda tener solución, ya que el mismo es sólo un reflejo de una anormalidad con perfiles generales.
Esa realidad hace aventurarse a cualquier a afirmar que ambas naciones atraviesan por crisis que implica una desaparición de los referentes éticos, pero además por el hecho de que la Policía Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Dominicana y el Ejército Nacional ya no están adornados con una mística que permitiría como antes de que actores tan importantes para la seguridad pública y ciudadana sean un dique de contención en contra de las distorsiones en esta materia y que podrían derrumbar el Estado, exactamente como ha ocurrido en Haití.