Análisis Noticiosos
Riesgos de retrocesos de los derechos en la nueva Constitución chilena
El Consejo Constitucional ha visado dos normas, impulsadas por el Partido Republicano que, según el oficialismo de izquierdas, ponen en riesgo la ley de aborto tres causales. Una tercera, que proponía paridad en las elecciones, se rechazó
Santiago de Chile.- El 7 de octubre vence el plazo para que el Consejo Constitucional entregue el borrador de texto de nueva Carta Magna con las enmiendas que realizó al anteproyecto de carácter moderado que, previamente, elaboró la Comisión Experta y que fue acordado en consenso desde el oficialismo del presidente de izquierdas chileno Gabriel Boric hasta la oposición. Son varias modificaciones, buena parte impulsadas por el Partido Republicano, de la derecha radical y conservadora, que se quedó en mayo con 22 de los 50 cupos del Consejo, seguido por 11 de Chile Vamos de la derecha tradicional y que, según el oficialismo, con 17 asientos, algunas implican regresiones en los derechos de las mujeres.
Desde el oficialismo mencionan la norma aprobada que se refiere al derecho a la vida de quien está por nacer que podría colisionar con la ley interrupción voluntaria del embarazo en tres causales que rige desde 2017 y, otra, la objeción de conciencia que abarca también a las instituciones y que, para la centroizquierda, además del aborto en tres supuestos, podría afectar en la entrega de la píldora del día después. Se suma un artículo, que se rechazó, y que era transitorio, que posibilitaba la paridad para que en las próximas dos elecciones parlamentarias existieran escaños reservados para cualquiera de los géneros que obtuviera menos del 40%.
Y agrega, como otra regresión, el rechazo a la norma sobre la paridad: “Se votó en contra argumentando que la meritocracia es la gran herramienta para las mujeres. Esa tesis de la meritocracia ya está superada. Esto tiene que ver con la equidad y justicia, no solo con corrientes feministas única y exclusivamente”. Es además un retroceso, dice la experta y doctora en derecho, Leslie Sánchez, del oficialismo, pues tanto la Comisión Experta como el Consejo Constitucional son órganos que tienen una integración paritaria, del 50% por cada género. Por ello, añade, de no haber existido la paridad, “no estaríamos acá”. “La desigualdad política en Chile es histórica, no empezó ayer. Y para achicar esa brecha, tiene que ser con mandatos concretos. No puede ser voluntario”.
Este el segundo intento de Chile de cambiar la Constitución que nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero que ha sido reformada unas 60 veces desde 1989, incluso, desde 2005 lleva la firma del presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006). En septiembre de 2022, un 62% votó en contra de la propuesta de una convención que estaba integrada por una mayoría de izquierda radical y sin militancia. Este nuevo proceso, que se inició en marzo de 2022, ha sido cuesta arriba, pues según la mayoría de los sondeos de opinión pública no goza ni de interés ni de confianza de parte de los chilenos y que la opción de un nuevo rechazo ha ido en alza.
Pero no todo está zanjado, pues vienen otras etapas, aunque con escaso margen de negociación. Por ello, ante el escenario adverso, la clase política intenta contra el reloj salvar el proceso. Y lo que se vivirá a partir del 7 de octubre será clave. De acuerdo con el procedimiento del proceso, cuando el texto final sea entregado por el Consejo Constitucional, la Comisión Experta debe hacer un informe en el que puede hacer observaciones. Si no hay quórum, se conforma una comisión mixta.
Para republicanos, el cambio del que por el quien no es una modificación de fondo, sino que repone lo que señala la Constitución vigente “subrayando que quien crece en el seno materno, es alguien”, ha dicho su consejero, el abogado Luis Silva. Esto, mientras Beatriz Hevia, abogada y presidenta del Consejo Constitucional, del mismo partido, enfatizó que “el tema aborto se tiene que zanjar en el Congreso” y que en la propuesta “nosotros no estamos haciendo ningún cambio que pueda afectar la ley de aborto en tres causales”.
Pero en la interpretación de las abogadas del oficialismo que integran el proceso constitucional, el nuevo enunciado sí pone en riesgo la ley de aborto tres causales. “Al hablar de la vida de quien esta por nacer, reconoce titularidad de derechos al embrión, yendo más allá de la Constitución de 1980″, ha dicho Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta, independiente por el Partido Por la Democracia (PPD), de la centroizquierda oficialista, y especialista en constitucionalismo comparado y derechos humanos. Se ha sumando Antonia Rivas, de Convergencia Social, la misma colectividad de Boric: “Las mujeres en este borrador somos consideradas como aquellas que cuidan, las encargadas de la reproducción, personas a las que se nos veda el impulso para la participación política”, dijo en una entrevista en La Tercera.
Incluso, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, de la UDI, la principal carta presidencial de la derecha tradicional, quien según las encuestas supera ampliamente en las preferencias al líder repuiblicano José Antonio Kast, ha levantado la voz: “A mi juicio, no tiene ningún sentido tocar el aborto en tres causales”. Lo ha dicho en dos entrevistas que concedió hace una semana, en las que, además, advirtió que el proceso constitucional “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”, pero que, aún así, dice que desea que se apruebe.
La aprobación de otra norma también ha suscitado una discusición jurídica, técnica y política en Chile. Es “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas, a transmitirlas, y a la objeción de conciencia individual e institucional. Se garantizará su ejercicio, debido respeto y protección”.
La controversia de la enmienda está en la ampliación a la conciencia institucional, que en Chile hasta ahora solo se aplica en la ley de aborto tres causales. “Habilita que las farmacias se nieguen a distribuir la píldora del día después”, dijo que el comisionado socialista Flavio Quezada, quien advirtió también otros efectos que, señaló, podrían afectar a las diversidades sexuales. “Afecta en forma desproporcionada a las mujeres. Fuera del ámbito clásico de la objeción en el ámbito militar, típicamente las objeciones de conciencia buscan evitar la prestación de servicios de salud y reproductivos para las mujeres. Se objeta a prescribir anticoncepción, a esterilizar y a la interrupción legal de embarazos”, agregó en el debate del pleno Verónica Undurrgaga.
Y, en una columna en el EL PAÍS, de Luis Eugenio García-Huidobro, abogado e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), alertó que la objeción de conciencia institucional “no se circunscriben únicamente al aborto y son sumamente difíciles de anticipar”, sino que “consagra el derecho de las instituciones (personas jurídicas o morales) a oponer una objeción de conciencia para eximirse del cumplimiento de mandatos jurídicos, prerrogativa que se reconoce como parte del núcleo esencial de la libertad de pensamiento, conciencia y religión”.
El proceso constitucional chileno culmina el 17 de diciembre, cuando el texto final sea sometido a un plebiscito.
elpais.com
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.