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Comunidades del Exterior Tabla de Salvación para la Economía Nacional con Grandes Sacrificios en favor del País.
Por Elba García
Stacks and sheet of US one hundred dollar bills, elevated view
Desde hace muchos años los dominicanos que viven fuera del país, principalmente en los Estados Unidos, son los que más divisas ingresan a la República Dominicana, naturalmente después del turismo, que es el principal renglón de exportación y de la economía nacional.
Los cálculos dejan claro que los dominicanos del exterior financian alrededor de un 40 por ciento de sus familias que viven en el país, cuyos aportes se constituyen en un gran soporte para la deteriorada economía, sobre todo ahora en que la pandemia ha impactado a todos y cada uno de los dominicanos y fundamentalmente a las finanzas públicas de la nación.
Los criollos que han huido del país por las condiciones socio-económicas suyas y de sus familias entendiero que no podían vivir dignamente en la República Dominicana y por eso son cerca de tres millones los que han decidido irse a buscar mejor suerte en otros lugares del mundo.
La huida de los dominicanos está explicada en el hecho de que las dos principales fuentes de ingresos del Estado, como son los impuestos y el endeudamiento público, son utilizadas para enriquecer a una serie de personajes que van a la administración gubernamental a buscar acumular fortunas sobre la base del contrabando, el lavado de activos y con cualquiera otra acción ilegal.
Este fenómeno prácticamente elimina la posibilidad de que el Estado invierta en el sector productivo nacional y que propicie la satisfacción de necesidades y una cierta movilidad social que permita que muchos dominicanos pasen de la pobreza a clase media, sobre todo después de haber cursado una carrera universitaria, lo cual ha sido prácticamente imposible.
Sobre la base de la gran injusticia en la distribución de las riquezas nacionales, muchos dominicanos deciden buscar oportunidades en otros territorios como Europa y los Estados Unidos, donde encuentran una serie de escollos que van desde el idioma hasta asuntos culturales que los marca para siempre, ya que generalmente son golpeados por una aberración como la discriminación racial.
Sin embargo, los dominicanos han sabido sobreponerse a esas dificultades y una gran cantidad de ellos que son inmigrantes en esos países de primera generación han logrado insertarse en estas sociedades de forma impresionante con una gran capacidad de adaptación, quienes hacen esfuerzos sobre humanos para mejorar las condiciones de vida de sus familiares que aún viven en el país.
En este escenario de las comunidades del exterior el país tiene también a los inmigrantes de segunda, tercera y hasta cuarta generación que hablan el idioma de sociedades como la norteamericana, pero que muchas veces están más distanciados de sus familiares en el lar nativo, pero también juegan algún papel en este proceso de financiación de la economía nacional.
El gran problema con este capital social que tiene el país en el exterior es que los gobiernos nacionales nunca han tenido una política de su fortalecimiento con la creación de una serie de puentes para que ellos impacten en el país no sólo a través de las remesas, sino también de una serie de culturas asimiladas en sociedades con un alto desarrollo.
Los dominicanos que viven fuera son ahora mismo como una especie de instrumento vital para la vida nacional, pero ellos no cuentan con el diseño de planes oficiales que les beneficie y de ese modo tanto los que se han ido como los que viven en el territorio nacional no son favorecidos con políticas publicas que mejora sus condiciones de vida y oportunidades para que tengan movilidad social.
Los consulados en su misión recaudadora para el fisco nacional se han convertido en una forma de exprimir al criollo con tarifas realmente abusivas para enriquecer al que ha tenido el privilegio, por ejemplo, de ser designado como cónsul en esas localidades del exterior.
Todavía es la fecha de que a pesar de todo lo que se ha hablado de planes para favorecer al que vive fuera, el asunto no es más que una demagogia por parte de los diferentes gobiernos que han desfilado por el Estado dominicano.
Los aportes económicos de los dominicanos del exterior en estos momentos de pandemia han jugado un papel mucho más importante, porque se ha caído el turismo, mientras las remesas han aumentado en una proporción sin precedentes, lo que quiere decir que la llamada diáspora hace esfuerzos indefinibles para ayudar a sus familias y al propio tiempo hacer sus aportes para que la economía nacional no colapse totalmente.
El último informe del Banco Central indica que las remesas aumentaron en más de ocho mil, doscientos diecinueve millones de dólares, con un incremento de un 16 por ciento por encima del pasado año 2019, el cual se observó en el mes de diciembre que fue de 872.3 millones con una alza de 215.6 para un puntaje de 32.8, superior a las llegadas al país en el mes de noviembre que fue de 656.7., constituyéndose en la principal fuente de divisas de la economía nacional.
Pero mientras esto ocurre el turismo prácticamente se ha reducido a cero por razones muy entendibles como es la pandemia, sin que existan esperanzas por ahora de cambiar esa realidad a menos que no sea mediante la eficiencia de las diferentes vacunas anunciadas en el mundo.
Los dominicanos del exterior deben ser una prioridad de los gobiernos dominicanos, incluido el que preside en la actualidad el presidente Luis Abinader, el cual parece trillar el mismo camino que los anteriores con la carencia de una política a mediano o a largo plazo en favor de los criollos en el exterior, la cual ha consistido en el envío de personeros y politiqueros que sólo buscan enriquecerse sobre la base del sacrificio económico de las comunidades radicadas fuera del país.
Son muchos los sectores que esperan que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) contemple cambiar el curso que ya lleva de no pagar una serie de deudas sociales pendientes con las comunidades del exterior, las cuales ya también juegan un papel muy importante en el mapa político nacional.
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Simbolismos que envuelven muerte de chofer de camion recolector de basura entrañan que el Estado no es viable y fallido.
Por José Cabral
La incursión violenta para quitarle la vida a un ciudadano en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago revela el poco respeto que tiene el Estado dominicano frente a la ciudadanía.
La mala reputación de fiscales, policías y jueces, cuyos protagonistas no merecen la más mínima confianza para combatir problemas como la delincuencia y la violencia social generalizada que impacta a la sociedad dominicana, queda al descubierto con el presente caso.
Uno de los escenarios en el que se observa un total irrespeto por la autoridad es el tránsito, pero ello es el resultado de que la Policía más que a imponer la ley se ha dedicado a cobrar un peaje a todo aquel que viola norma sobre la materia.
Pero peor ocurre con los fiscalizadores de tránsito, los cuales son parte del Ministerio Público, quienes llegan al colmo de obstaculizar muchas veces hasta la presentación de una querella por parte de familiares de quien ha sido una víctima mortal de un accidente entre vehículos de motor, no sólo por negligencia e incapacidad, sino por intervenir algún soborno.
No deja espacio para las dudas de que el tránsito vehicular es el que acumula una mayor cantidad de tensiones y conflictos sociales, porque ciudadanos de diferentes procedencias, cuyas formaciones son muy disímiles e impactados por problemas familiares, de negocios y de otros tipos, van diariamente a las calles del país y si no hay una autoridad con la competencia y la responsabilidad necesarias entonces viene la violencia y la muerte.
En este contexto se inscribe el ataque violento en contra del chofer del camión recolector de basura de Santiago, pero el caso tiene otras aristas que revelan hasta dónde el Estado dominicano ha perdido totalmente su credibilidad, ya que el hecho se produce dentro del perímetro del Palacio de Justicia de Santiago, donde ejercen sus funciones los principales actores del sistema de aplicación la ley.
El acontecimiento trágico es propio de las naciones con una gran debilidad institucional, ya que difícilmente se produzca en un país donde el Estado juega mínimamente su papel, porque el que se inclina por este tipo de acciones ilegales cuando llega frente a los símbolos de la justicia o del poder público contiene sus impulsos porque de lo contrario tiene que acogerse a su fuerte régimen de consecuencias.
Sin embargo, en el caso de la República Dominicana hay una serie de escenarios que son una antesala de la violencia y la muerte, entre los que se pueden mencionar, el tránsito, pero además los préstamos informales, los cuales generalmente están avalados por un título auténtico falso o que no llena las formalidades de ley, pero que muchas veces terminan en una vía de ejecución al margen de la norma sobre la materia.
Otro escenario, aunque son muchos más, son las viviendas que se crean a través de las Leyes 5038 y la 108-05, cuyos condóminos viven lo que muy bien se puede llamar como un verdadero drama, en los que extraños toman el control de los mismos y se apropian del dinero que proviene de las reparaciones menores y mayores, así como del mantenimiento, quienes se apoyan en la violencia y el no respeto de derechos fundamentales como es el de la propiedad inmobiliaria.
Pero la lista de las razones de la violencia social que todavía no ha detonado totalmente es muy amplia, porque en lo que respecta a este fenómeno hay que incluir las instituciones sin fines de lucro, cuyo lugar protagónico lo tienen las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales han captado grandes recursos económicos, pero que también están impactadas por la ilegalidad y en consecuencia por la violencia.
La muerte del chofer del camión recolector de basura permite medir la credibilidad del Estado y en el que el ciudadano no está seguro en ninguno de sus entornos y cuya situación justifica la visión de que el dominicano es uno totalmente colapsado, no viable.
La lectura dada a ese hecho que tiene una enorme cantidad de simbolismos e interpretaciones que no distancian al Estado dominicano del haitiano, donde las bandas armadas son las que tienen el control de las calles y no sienten ningun tipo de respeto por las entidades públicas, sobre todo de las que tienen la responsabilidad de imponer el orden y el respeto a la ley como la Policia Nacional, el Ministerio Público y el sistema de justicia.
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Irresponsabilidades fiscal, policial y judicial son causas determinantes de la violencia social que azota a la sociedad dominicana.
Por Elba García
La ola de violencia social tiene que ver con la irresponsabilidad por omisión de los órganos que tienen la misión de combatirla, los cuales no hacen caso a situaciones en las que se puede advertir que terminarían en una desgracia. La ola de violencia por conflictos sociales, que son manejados irresponsablemente por el Ministerio Público, la Policía Nacional y los tribunales del sistema de justicia, cuyo desenlace en Santiago ha dejado como resultado un chofer de un camión recolector de basura muerto, tiene como estímulo la dejadez, la negligencia y la incapacidad de fiscales, policías y jueces
Desde hace algún tiempo se observa un aumento preocupante de los actos de violencia por conflictos sociales, entre cuyos resultados está la muerte del chofer de un camión recolector de basura, identificado como Deivi Carlos Abreu Quezada, de 40 años de edad, quien recibió heridas punsantes de arma blanca propinadas por un grupo de motoristas que lo alcanzaron dentro del Palacio de Justicia de Santiago.
Los conflictos sociales, muchos de los cuales tienen que ver con problemas de tránsito y los que se producen en el entorno de los condominios, ya que este tipo de vivienda comunitaria son una fuente permanente de tensiones y de graves violaciones a la ley.
La muerte de Abreu Quezada es sólo una muestra de la increpación social que genera la violencia que regularmente termina con confrontaciones trágicas, pero que los órganos que deben afrontar la situación se hacen de la vista gorda.
El caso del chofer del vehículo recolector de basura, que intentó pedir ayuda en un cuartel de la Policía Nacional y nadie le hizo caso, por lo que se vio obligado a seguir su marcha mientras sus asesinos lo perseguían hasta herirlo para perder la vida.
Otros conflictos que podrían terminar con la via de hecho, hacer justicia con sus propias manos por la defiencia del sistema legal y generar muertes son aquellos que se producen en los condominios de viviendas y comerciales, sobre todo porque la fiscalía maneja estos asuntos desde una perspectiva que nunca se ve el carácter criminal y penal de los casos.
El problema de la violencia toma mayor impulso cuando la autoridad competente no cumple con su rol y los que se inclinan por este tipo de conducta no reciben una respuesta que detenga sus acciones que lesionan la paz y armonía sociales.
En los actuales momentos los conflictos que provienen del tránsito vehicular, los condominios. y muchos otros de diferntes variedad, que son los que revisten mayor peligro, dado que los mismos son vistos y manejados incorrectamente por los fiscales, la Policía Nacional y los tribunsales competentes.
Sin bien en las calles del país hay una serie de conductores desaprensivos y violentos, lo mismo puede decirse de los lugares donde operan los complejos habitacionales que se rigen por las leyes 5038 y 108-05, cuyos residentes son estafados mediante los gastos menores y mayores, así como con el dinero que se paga por concepto de mantenimiento.
Sin embargo, la ilegalidad también tiene el alcance de personas que se atribuyen una calidad que no tienen, pero que se insertan en este tipo de complejo habitacional y asumen roles que no les corresponden, lo que motiva conflictos que podrían terminar en una desgracia con pérdidas de vidas humanas, todo ello frente la indiferencia y el mal manejo de los fiscales ordinarios y especializados del sistema.
El hecho de la muerte del chofer del camión recolector de basura parece constituir un llamado a las autoridades para que asumen su papel para parar una ola de violencia que tiene perfiles muy preocupantes en razón de que provienen de conflictos sociales que pueden ser resueltos con una intervención más responsable e idónea de los órganos creados por el Estado para ese propósito.
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La colegiación profesional otro fiasco nacional como parte de todo el desastre que afecta a la sociedad dominicana.
Por Elba García
Los colegios profesionales, que nacen en el mundo desde años muy remotos, se han convertido en otro gran fracaso en la República Dominicana, tal vez porque son el resultado de una cultura anárquica, caracterizada por la improvisación y el poco respeto por la institucionalidad.
Frente a este cuadro, el cual está explicado por un asunto profundamente cultural, puede decirse que esta figura jurídica representa un gran fracaso para los profesionales académicos que cifraron sus esperanzas en que los colegios serian una vía de solución de sus grandes problemas de seguridad social y ético-moral.
Pero en realidad los mismos son parte de un sueño que parece que no se concreta, ya que por lo que se ve no hay uno solo de los colegios profesionales que opere en función de la ley que lo crea, sobre todo por ser entes mediante los cuales el Estado se desplaza para que los profesionales del sector de que se trate se auto-regulen y al propio sean un soporte de la precaria institucionalidad que caracteriza al país.
Los colegios profesionales que proyectan mayor fortaleza en el país no es verdad que así sea, ya que los mismos son controlados por grupos que operan a lo interno de ellos, a los fines de satisfacer intereses particulares y no de la profesión que representan.
Los colegios profesionales, los cuales tuvieron un mayor proceso de constitución en la década de los ochenta, pese a que su nacimiento data de los 40 e incluso de la tiranía trujillista, son una expresión de lo que de manera integral constituyen los países que cuentan con un Estado no viable.
Entre los surgidos en el año 1983 están el Colegio de Abogados y el de periodistas, aunque éste último se desnaturalizó y en los actuales momentos no pasa de ser una asociación creada mediante una ley especial que está más en el contexto del derecho privado que del público, cuyo nivel de regulación es prácticamente nulo, aunque igual ocurre con los que tienen la facultad de hacerlo.
Hay otros colegios como el de Ingenieros y Agrimensores (CODIA) que data de la que se podría definirse como la tercera etapa de la creación de este tipo de organización en el país, pero prácticamente ninguno de ellos ha podido cumplir con el rol ético que está llamado a jugar este modelo de entidad que cuenta con poder público para regular la profesión.
Este tipo de institución ha corrido la misma suerte de aquellas impactadas por el fenómeno como el grupismo que se ha apropiado de ellas para desnaturalizarlas y no dejarlas cumplir con su rol, muchas veces por la politización que impacta negativamente a toda la sociedad dominicana.
E incluso el propio legislador ha cometido serios errores al momento de aprobar las leyes para la creación de cada uno de los colegios profesionales, ya que, por ejemplo, el de médico parece ser un hibrido de una organización gremial y las particularidades que tienen este tipo entidad, que rompe con los principios de igualdad y de razonabilidad que han sido muy trabajado en el proceso de constitucionalización del derecho en el país tras la entrada en el 2010 del neo-constitucionalismo.
Hay otros colegios que en las leyes que los crean el legislador se preocupó de establecer literalmente que no tienen carácter gremial, lo cual impacta de forma positiva el principio de igualdad y de razonabilidad, pese a que de ninguna manera se cumple con el mandato de la ley, máxime en lo que respecta al rol ético de este tipo de modelo institucional.
La cuestión es que el aspecto más importante de los colegios profesionales, como es el ético, porque impacta positivamente a la sociedad, es muy poco el aporte de esta figura jurídica, la cual debe velar de que los egresados universitarios exhiban una conducta acorde con ese valor en el ejercicio de la profesión para beneficio de la sociedad.
Los colegios profesionales son parte de un problema nacional que está muy ligado a la cultura nacional, la cual parte de la improvisación y el poco respeto de la ley y de la conducta ética de todos los ciudadanos para conformar una mejor sociedad.
Uno de los mejores ejemplos en este campo es el Colegio Dominicano de Notarios, cuyos miembros, que son oficiales con fe pública, con el aval del Estado, porque son nombrados por la Suprema Corte de Justicia, emiten una serie de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de la Ley 140-15, Orgánica de la entidad, pero se conocen muy pocas las sanciones impuestas en contra de los que distorsionan sus funciones y ponen en peligro la seguridad jurídica.
Igual ocurre con los abogados, los médicos, los ingenieros y muchos otros profesionales colegiados, pero que todo es parte de un fenómeno general que explica la esencia de una sociedad no viable y carente de un régimen de consecuencia.