Editorial
Las consecuencias de la enexistencia del Estado.
Es una verdadera tragedia para cualquier sociedad donde el Estado no existe, lo cual también implica que no hay institucionalidad y mucho menos estado de derecho y como vía de consecuencia democracia.
La República Dominicana está en el contexto de esta deficiencia, cuyos gobiernos y sus funcionarios se creen que están por encima de la voluntad del pueblo y de la ley.
Peor aun cuando el Poder Ejecutivo descansa en una persona que simula cosas, pero que su conducta está fundamentada en otras.
Es realmente molestoso tener que tocar este tema en medio del ataque de una pandemia que ya le ha dado muy duro al mundo y al país.
Pero dejarlo pasar es mucho peor, porque los malos dominicanos se aprovechan de la pandemia para incurrir en la comisión de todo lo indebido…
Exactamente eso es lo ocurre con las compras que tiene que hacer el Gobierno para enfrentar el coronavirus, cuyas empresas contratadas están vinculadas a sectores oficiales o cuando menos a familiares de sus más altos funcionarios.
Ya lo había advertido la Organización de las Naciones Unidas de que había que tener ojos muy abiertos con los gobiernos para que no se disparara el lastre más pesado que tiene Latinoamérica como es la corrupción.
Han salido a la superficie una serie de intentos por depredar al Estado con la compra de una serie de utensilios médicos que se convierten en una fuente de acumular grandes fortunas sobre la base de la corrupción.
Lo peligroso del fenómeno es que se forman grandes cadenas de complicidad para estafar al Estado, las cuales comienzan en el Palacio Nacional y se convierten en un cometa, porque nadie sabe dónde terminan.
Las empresas mafiosas creadas al vapor para engañar al Estado y en consecuencia al pueblo dominicano ya comienzan a hacer de las suyas.
Es preocupante que el dominicano tenga que estar atento de que la pandemia no lo mate, que le quite la vida, y al propio tiempo estar al acecho para que el país no quede en la peor de las pobrezas, que no se pueda valer ni por sí mismo.
El agravante de todo esto es que no hay forma de convencer a estos grupos de lo contrario y que sólo los buenos dominicanos podrán parar sus intenciones.
La República Dominicana vive momentos de extrema gravedad, cuyas amenazas no sólo implican la muerte de la mayoría de nuestra gente, sino de quedar como dice el vulgarismo ¨con una mano alante y otra atrás¨, que es lo mismo que de limosna.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.