Editorial
Las cosas en el país no caminan en la dirección correcta.
Este periódico es del criterio de que muy difícilmente la República Dominicana tome el sendero de corregir las distorsiones de que adolece su democracia.
Este cambio sólo podría llegar en la medida en que el empoderamiento ciudadano contrarreste la visión de hacer política en el país, porque crea el riesgo de que la nación se convierta en otro Haití, no porque haya muchos haitianos, sino porque nuestras debilidades institucionales nos lleven a tener lo que ocurre en la hermana nación donde hay un estado de derecho, pero no de hecho.
Nadie debe poner en duda de que la República Dominicana cuenta con un Estado que existe de hecho y de derecho, lo cual la ubica transitoriamente en una categoría diferente a Haití, pero su nivel de contaminación con los intereses del bajo mundo, la corrupción administrativa y otros males, advierten que su colapso sólo depende del transcurrir del tiempo con la persistencia en los mismos errores o visiones equivocadas de los partidos políticos y en última instancia del ciudadano.
El asunto reviste tal gravedad que el problema sistémico del país se sustenta en la venta de una percepción que no se corresponde en nada con la realidad, entre cuyos actores que contribuyen con esta distorsión están las altas cortes, entre ellas el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, cuyos jueces no hay forma de que tomen en serio el necesario castigo que deben imponer a los partidos políticos que son los responsables de todos los males nacionales.
Es realmente decepcionante que el Tribunal Constitucional no tenga forma de emitir una sentencia condenatoria en contra de la llamada partidocracia y para cuyo propósito se apoya en la mora judicial y cuando no en una interpretación muy pobre de los delitos que cometen este tipo de organizaciones.
Por esta razón cada día son muchos más los que quieren sumarse a la actividad política no para sanear la vida nacional, sino para buscar acumular fortunas sobre la base del fraude y de apropiarse de recursos que no son propios, que salen del esfuerzo del pueblo dominicano.
En décadas mientras la democracia se hace más vulnerable por la conducta de sus actores, los mecanismos de supuesto combate del mal se vuelven impracticables y aumentan las posibilidades de que este modelo político fracase.
El país es un escenario de negación de un verdadero reforzamiento de los valores cívicos y democráticos y está muy latente la amenaza de que todo el andamiaje estatal colapse y que su recuperación se vuelva realmente imposible, cuyo mejor espejo es lo que ocurre en Haití.
Lo más preocupante del fenómeno dominicano es que aun aquellos partidos que mantenían una actitud crítica con la partidocracia, ahora se han sumado a la fiesta de la corrupción administrativa, porque se han dado cuenta que es más rentable que sostener principios éticos y morales.
Ese retroceso en que han caído partidos como Alianza País de Guillermo moreno y Opción democrática de Minú Tavárez Mirabal indica que son propuestas irrecuperables porque han perdido la moral para hablar de cambios en el país, dado que ahora andan de la mano de los que son responsables del gran desastre nacional.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.