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Editorial

Las cosas en el país no caminan en la dirección correcta.

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Este periódico es del criterio de que muy difícilmente la República Dominicana tome el sendero de corregir las distorsiones de que adolece su democracia.

Este cambio sólo podría llegar en la medida en que el empoderamiento ciudadano contrarreste la visión de hacer política en el país, porque crea el riesgo de que la nación se convierta en otro Haití, no porque haya muchos haitianos, sino porque nuestras debilidades institucionales nos lleven a tener lo que ocurre en la hermana nación donde hay un estado de derecho, pero no de hecho.

Nadie debe poner en duda de que la República Dominicana cuenta con un Estado que existe de hecho y de derecho, lo cual la ubica transitoriamente en una categoría diferente a Haití, pero su nivel de contaminación con los intereses del bajo mundo, la corrupción administrativa y otros males, advierten que su colapso sólo depende del transcurrir del tiempo con la persistencia en los mismos errores o visiones equivocadas de los partidos políticos y en última instancia del ciudadano.

El asunto reviste tal gravedad que el problema sistémico del país se sustenta en la venta de una percepción que no se corresponde en nada con la realidad, entre cuyos actores que contribuyen con esta distorsión están las altas cortes, entre ellas el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, cuyos jueces no hay forma de que tomen en serio el necesario castigo que deben imponer a los partidos políticos que son los responsables de todos los males nacionales.

Es realmente decepcionante que el Tribunal Constitucional no tenga forma de emitir una sentencia condenatoria en contra de la llamada partidocracia y para cuyo propósito se apoya en la mora judicial y cuando no en una interpretación muy pobre de los delitos que cometen este tipo de organizaciones.

Por esta razón cada día son muchos más los que quieren sumarse a la actividad política no para sanear la vida nacional, sino para buscar acumular fortunas sobre la base del fraude y de apropiarse de recursos que no son propios, que salen del esfuerzo del pueblo dominicano.

En décadas mientras la democracia se hace más vulnerable por la conducta de sus actores, los mecanismos de supuesto combate del mal se vuelven impracticables y aumentan  las posibilidades de que este modelo político fracase.

El país es un escenario de negación de un verdadero reforzamiento de los valores cívicos y democráticos y está muy latente la amenaza de que todo el andamiaje estatal colapse y que su recuperación se vuelva realmente imposible, cuyo mejor espejo es lo que ocurre en Haití.

Lo más preocupante del fenómeno dominicano es que aun aquellos partidos que mantenían una actitud crítica con la partidocracia, ahora se han sumado a la fiesta de la corrupción administrativa, porque se han dado cuenta que es más rentable que sostener principios éticos y morales.

Ese retroceso en que han caído partidos como Alianza País de Guillermo moreno y Opción democrática de Minú Tavárez Mirabal  indica que  son propuestas irrecuperables porque han perdido la moral para hablar de cambios en el país, dado que  ahora andan de la mano de los que son responsables del gran desastre nacional.

 

 

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Editorial

Un debate que se queda en las buenas intenciones de sus organizadores.

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El debate presidencial entre los tres principales candidatos en las elecciones del próximo 19 de mayo del 2024 representa un escenario que por sí solo no constituye ni genera ningún tipo de esperanza en una democracia con niveles muy alto de descredito.

No importa que hermosos sean los discursos de figura como Leonel Fernández, Abel Martínez y del presidente Luis Abinader, porque hay una expresión que dice por sus hechos los conoceréis.

Habrá alguien que se atreva a decir que aparte de lo que ellos puedan prometer estos tres personajes tienen algo tangible en favor de la democracia dominicana, máxime en el tema más delicado de la vida nacional que es el que tiene que ver con un comportamiento ético.

Este periódico entiende que ello sería vender una mentira que tarde o temprano se confirma una vez más, ya que son tantas sus falencias que no hay forma de que lo dicho por ellos pueda servir para mejorar los niveles de credibilidad de la democracia.

En realidad, es como si se tratara de un circo, donde sus protagonistas no es verdad que motivan una reacción saludable para que se puedan vender muchas boletas y aumentar la asistencia a ese entretenimiento.

Y el problema no radica en la edad, para específicamente hablar de Leonel Fernández, sino con lo que ha sido su conducta, ya que es muy poco lo que se puede creer de lo que dice, aunque lo propio se puede decir de los relativamente jóvenes que están en el mismo entorno como Abel Martínez o Luis Abinader, lo cual lo hace viejos de pensamientos y en consecuencia representantes de la misma cosa.

Es decir, que la juventud de Abel Martínez significa lo mismo, dado que su comportamiento en el escenario político nacional y su vida pública son más contundentes que cualquier otra cosa y que de todo lo que se pueda decir.

El presidente Abinader tampoco tiene la credibilidad suficiente para mejorar  la democracia nacional, entonces siendo así el debate es una herramienta que en este caso sirve de poco.

Y no es que el mismo no sea idóneo siempre y cuando cambien los referentes de los personajes que intervienen en él, sino que su efecto sólo será posible si quienes exponen sus ideas avalan éstas con una conducta que haga creíble lo que dicen.

De otro modo, es como nadar en el mar, dado que el color de la pluma del pájaro no descansa en pintarlo del color que más puede gustar en el escenario donde vuela, sino de aquella que es la natural y que sin importar lo fea que sea no distorsiona  el mensaje fundamentado en la verdad, la originalidad, la transparencia y la formalidad que reclaman las circunstancias.

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Editorial

Policías y militares dominicanos no difieren mucho de los haitianos.

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Si una cosa debe preocupar a la sociedad dominicana tiene que ser el comportamiento de sus policías y militares, porque la gran mayoría no exhibe una buena conducta.

Si se revisa la participación policial y militar en los atracos y robos a mano armada que ocurren en el territorio nacional,  siempre se encontrará la sombre de miembros de los cuerpos armados.

Y si se analizara el problema a partir de lo que ocurre en la frontera, las cosas se complican, porque aparte de que son los militares destacados allí los que permiten la entrada de los haitianos, también fácilmente va a quedar al descubierto que por ahí entra mas que seres humanos, sino  droga,  trata de blanca y miles de actividades ilegales.

Lo complicado del asunto es que el lenguaje que se habla en esa parte del pais es el del dinero dinero, cuyo involucramiento de los militares destacados allí  proviene de los partidos políticos, en los que todo tiene un precio y sólo las cosas caminan cuando cada uno recibe los suyos.

Es decir, que pedir un comportamiento ético y mística en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es una quimera que no parece tan fácil de lograr.

El país está inmerso en la fiesta de los cuartos y el que no tiene la audacia para buscarlo y repartir se queda fuera de la misma, porque nadie lo quiera a su lado y precisamente así están los cuerpos armados de la nación.

Ahí está la explicación del comportamiento de los miembros de la Dirección Nacional de Migración, quienes están más atentos de las propiedades de los haitianos que de su documentación y si son o no ilegales.

Lo grave del problema es que, aunque muchos superiores hablan todo lo que les viene a la boca cuando se produce un escándalo, lo cierto es que nadie está fuera del botín, cuyos beneficiarios no les importa otra cosa que acumular dinero sin importar las consecuencias e incluso aunque tengan que poner en peligro los intereses de la patria.

Si este comportamiento no es detenido al precio que sea, la República Dominicana va a sufrir un deterioro en su imagen que llegará un momento que el mal va ser muy difícil revertir.

El problema toma cuerpo, porque se profundiza la crisis de valores, pero no parece que el mal pueda ser detenido porque es la mayoría de la gente que anda en la misma onda.

Solo queda observar.

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Editorial

Un hecho que hiere la conciencia nacional.

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La violación sexual de una adolescente haitiana durante un operativo de la Dirección General de Migración representa una afrenta en contra de toda familia sin importar en qué lugar del mundo ocurra y la nacionalidad de la víctima.

Puede producirse en cualquiera de los continentes que conforman el mundo y no hay forma de justificar semejante aberración.

Todo el que tiene algún sentimiento paternal tiene que indignarse con semejante aberración, la cual constituye la que más heridas psicológicas y físicas produce en sus víctimas.

Esa es una forma de arruinarla la vida un ser que apenas comienza a vivir, cuyos traumas la acompañarán durante el resto de su existencia.

No hay forma de concebir semejante crimen, porque en realidad la violación sexual es uno de los peores recursos de cualquier degenerado en contra de sus víctimas.

Cualquier buen ciudadano, no importa que tan poca o muy civilizada sea su nación de procedencia, no puede sentirse cómodo con que un degenerado sobre la base del poder público cometa semejante agresión, pero peor aun en contra de una persona que todavía se puede definir como una niña.

Ya el Gobierno ha reaccionado al respecto, pero el asunto no permite dilaciones, porque el remedio tardío puede ser mucho peor que la enfermedad y la sociedad dominicana no puede darse el lujo de proyectarse ante la comunidad internacional como una nación de salvajes y de perversos que se escudan en la ley para cometer sus atrocidades.

No hay forma de justificar semejante acción, sin importar las diferencias migratorias y a otros niveles con los haitianos, porque el crimen cometido por miembros de la Dirección General de Migración trasciende todas las fronteras.

El que viola a una haitiana de igual lo hace con una dominicana o con cualquier otra persona, porque se habla de un enfermo que merece tratamiento clínico y de la sanción que dispone la ley para este tipo de conducta.

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