Editorial
Pesan las Diferencias en Tiempo de Pandemia entre el Norte y el Sur.
Nadie puede discutir las diferencias del impacto que producen los diferentes fenómenos, ya sean naturales o de cualquier otro tipo, como por ejemplo la pandemia del Covid-19, en las naciones pobres y en aquellas de economías altamente desarrolladas.
Sólo basta con conocer el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual revela que de los 70 millones de dosis aplicadas en el mundo, sólo 20 mil han sido en el Continente Africano, lo cual revela los niveles de desigualdad prevalecientes entre los países del Norte y los del Sur.
Es un problema tan profundo que si se analizan los ingresos per cápita de los países de economías en vías de desarrollo y los de aquellos altamente desarrollados, los resultados dejan a cualquiera estupefacto, sin respiración.
Y en tiempo de pandemias esas diferencias entre el Norte y el Sur constituyen un ejemplo de las desventajas de los ciudadanos de ambos litorales hasta para la adquisición de vacunas frente a una pandemia que trata a todo el mundo por igual, es decir, que les puede arrebatar la vida sin importar el status económico o social de las víctimas.
Lo grave del asunto es que mientras los más poderosos adquieren hasta el doble o el tiple de las vacunas que necesitan, los países pobres tienen que hacer turnos desesperantes para salvarle la vida a su gente sin que prevalezca una pica de solidaridad.
La República Dominicana está atrapada en medio de esta gran desigualdad y muy probablemente las vacunas contratadas las reciba en un periodo de tiempo que haga trizas la economía y que se traduzca en la perdida de miles de vidas.
Los países del Sur también tienen la desventaja, aparte de sus débiles economías, el hecho de que no tienen tecnologías para fabricar una vacuna, de manera que mientras esto ocurre en los países altamente desarrollados se da una situación completamente diferente en las naciones del llamado tercer mundo.
Las proyecciones que se derivan de la flexibilidad de los contratos firmados con las farmacéuticas fabricantes de las vacunas y de la agresividad para la adquisición de las mismas por parte de los países altamente desarrollados, permiten deducir que el país podría sufrir severamente las consecuencias de la pandemia hasta a mediados del año 2023.
Este periodo de tiempo constituye un gran peligro para la República Dominicana, sobre todo si se analiza la forma poco metódica como se enfrenta la Covid-19 por parte de las autoridades del sistema sanitario nacional, cuyas consecuencias podrían ser una alta positividad y de igual modo de letalidad, lo cual podría ser catastrófico para la economía nacional.
En la medida en que se conocen más detalles del tipo de contrato con que cuenta la República Dominicana para la adquisición de las vacunas, la lentitud en que se harán las entregas, así como el cuadro que se presenta en la Unión Europea para que las farmacéuticas cumplan con su compromiso, lo cual aumenta la preocupación de todos los sectores de la vida nacional, principalmente del productivo, el cual constituye la columna vertebral de la salud económica de la nación.
Sólo queda frente al cuadro descrito más arriba la imposición de medidas drásticas a mediano y largo plazo, la precaución y la prevención para detener los contagios y las muertes como consecuencia del coronavirus, porque parece que la espera para neutralizar la enfermedad no será corta en el tiempo.
Dios que nos proteja!
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.