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participantes en el examen único de residencias médicas confrontan dificultades
Santo Domingo, R.D.-Mucho estrés tuvieron más de 5,000 profesionales de la salud que se dieron cita en la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en busca de obtener una de las 1,259 plazas disponibles que se repartirán en el examen único de residencias médicas y permitir que estos realicen una especialidad.
Con frases como “Que sea lo que Dios quiera”, “Creo que me fue mejor que el año pasado”, “Pedirle a Dios que todo salga bien” y “Ojalá que haya pasado”, los profesionales salían de las aulas con la esperanza de ser uno de los ocupantes de las plazas disponibles.
Katerine Veras era una de las profesionales en el área que se aprestaban a tomar el examen una segunda vez, aplicando por una especialidad en ortopedia, ya que había concursado el año pasado, pero no alcanzó los puntos suficientes para poder quedarse con una de las plazas disponibles.
“La vez pasada saque 60 y eso me dejó allá atrás, porque generalmente para esa especialidad aplican de 18 a 20 personas”, manifestó Veras a la salida del examen, confiando en que en esta ocasión lograría su cometido.
En los alrededores de las aulas, así como Katerine, los miles de médicos y odontólogos se mantenían compartiendo respuestas y debatiendo su desempeño en el examen.
“Esto es como una licitación pública, pero estudiantil. Todo el que está aquí es médico, pero quiere hacer una especialidad entonces tiene que tomar el examen”, dijo Alberto Rodríguez, mientras narraba lo agotador de tener que trasladarse desde Santiago, batallar con el tránsito y luego pasar alrededor de dos horas contestando las preguntas del examen único de residencias médicas.
DESDE OTRAS PROVINCIAS
Así como Rodríguez, fueron muchos los profesionales de la salud que se trasladaron desde alguna provincia en el interior del país hasta el campus central de la UASD buscando continuar sus estudios en el área.
Un caso similar lo representa Andry Antonio Taveras, quien tuvo que trasladarse desde La Vega para poder tomar su examen y aplicar para una plaza en el área de cirugía.
De 5,810 participantes que recibieron el examen 4,215 fueron mujeres, representando con esto el 72.54% de los concursantes, mientras que 1,595 pertenecen al género masculino ocupando el 27.45%.
Estas informaciones fueron ofrecidas por el decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la UASD, el doctor Mario Ufre, quien señaló que del total de los evaluados, un 99.14% corresponden a médicos generales y un 0.89% son odontólogos.
Sin embargo, la realidad es que no hay espacio disponible para todos, por lo que del total de participantes de las distintas universidades del país, solo aquellos que hayan alcanzado los mayores puntajes podrán ocupar los puestos vacantes.
Cuevas Ramírez agregó que es difícil que el sistema de salud pueda tener plazas disponibles para todos los médicos egresados que la reclamen, “porque son demasiados y no hay dónde ubicarlos”.
“Nosotros siempre queremos que pase el mayor porcentaje, pero hay que entender que este es un examen para elegir a un grupo de aspirantes médicos graduados que van a ocupar plazas de residencias médicas en nuestros hospitales a aprender especialidades, entonces en ese sentido entendemos que deben escogerse los mejores”, acotó el director de residencias médicas de la alta casa de estudios.
A PARTIR DE MAÑANA ESTARÁN LOS RESULTADOS
Zelandia Matos, vicedecana de la facultad de Ciencias de la Salud, aseveró que una vez que los participantes culminan el examen se hace una publicación de un examen corregido para que los concursantes puedan autoevaluarse.
Luego a partir de las siguientes 24 horas los profesionales podrán visualizar sus exámenes corregidos y saber si quedaron o no.
“Se aprueba con 60, pero uno que saco esa puntuación no va a quedar por encima de alguien que quiera ocupar esa misma plaza y haya sacado una calificación más alta”, dijo la vicedecana.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.