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participantes en el examen único de residencias médicas confrontan dificultades
Santo Domingo, R.D.-Mucho estrés tuvieron más de 5,000 profesionales de la salud que se dieron cita en la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en busca de obtener una de las 1,259 plazas disponibles que se repartirán en el examen único de residencias médicas y permitir que estos realicen una especialidad.
Con frases como “Que sea lo que Dios quiera”, “Creo que me fue mejor que el año pasado”, “Pedirle a Dios que todo salga bien” y “Ojalá que haya pasado”, los profesionales salían de las aulas con la esperanza de ser uno de los ocupantes de las plazas disponibles.
Katerine Veras era una de las profesionales en el área que se aprestaban a tomar el examen una segunda vez, aplicando por una especialidad en ortopedia, ya que había concursado el año pasado, pero no alcanzó los puntos suficientes para poder quedarse con una de las plazas disponibles.
“La vez pasada saque 60 y eso me dejó allá atrás, porque generalmente para esa especialidad aplican de 18 a 20 personas”, manifestó Veras a la salida del examen, confiando en que en esta ocasión lograría su cometido.
En los alrededores de las aulas, así como Katerine, los miles de médicos y odontólogos se mantenían compartiendo respuestas y debatiendo su desempeño en el examen.
“Esto es como una licitación pública, pero estudiantil. Todo el que está aquí es médico, pero quiere hacer una especialidad entonces tiene que tomar el examen”, dijo Alberto Rodríguez, mientras narraba lo agotador de tener que trasladarse desde Santiago, batallar con el tránsito y luego pasar alrededor de dos horas contestando las preguntas del examen único de residencias médicas.
DESDE OTRAS PROVINCIAS
Así como Rodríguez, fueron muchos los profesionales de la salud que se trasladaron desde alguna provincia en el interior del país hasta el campus central de la UASD buscando continuar sus estudios en el área.
Un caso similar lo representa Andry Antonio Taveras, quien tuvo que trasladarse desde La Vega para poder tomar su examen y aplicar para una plaza en el área de cirugía.
De 5,810 participantes que recibieron el examen 4,215 fueron mujeres, representando con esto el 72.54% de los concursantes, mientras que 1,595 pertenecen al género masculino ocupando el 27.45%.
Estas informaciones fueron ofrecidas por el decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la UASD, el doctor Mario Ufre, quien señaló que del total de los evaluados, un 99.14% corresponden a médicos generales y un 0.89% son odontólogos.
Sin embargo, la realidad es que no hay espacio disponible para todos, por lo que del total de participantes de las distintas universidades del país, solo aquellos que hayan alcanzado los mayores puntajes podrán ocupar los puestos vacantes.
Cuevas Ramírez agregó que es difícil que el sistema de salud pueda tener plazas disponibles para todos los médicos egresados que la reclamen, “porque son demasiados y no hay dónde ubicarlos”.
“Nosotros siempre queremos que pase el mayor porcentaje, pero hay que entender que este es un examen para elegir a un grupo de aspirantes médicos graduados que van a ocupar plazas de residencias médicas en nuestros hospitales a aprender especialidades, entonces en ese sentido entendemos que deben escogerse los mejores”, acotó el director de residencias médicas de la alta casa de estudios.
A PARTIR DE MAÑANA ESTARÁN LOS RESULTADOS
Zelandia Matos, vicedecana de la facultad de Ciencias de la Salud, aseveró que una vez que los participantes culminan el examen se hace una publicación de un examen corregido para que los concursantes puedan autoevaluarse.
Luego a partir de las siguientes 24 horas los profesionales podrán visualizar sus exámenes corregidos y saber si quedaron o no.
“Se aprueba con 60, pero uno que saco esa puntuación no va a quedar por encima de alguien que quiera ocupar esa misma plaza y haya sacado una calificación más alta”, dijo la vicedecana.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.