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participantes en el examen único de residencias médicas confrontan dificultades
Santo Domingo, R.D.-Mucho estrés tuvieron más de 5,000 profesionales de la salud que se dieron cita en la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en busca de obtener una de las 1,259 plazas disponibles que se repartirán en el examen único de residencias médicas y permitir que estos realicen una especialidad.
Con frases como “Que sea lo que Dios quiera”, “Creo que me fue mejor que el año pasado”, “Pedirle a Dios que todo salga bien” y “Ojalá que haya pasado”, los profesionales salían de las aulas con la esperanza de ser uno de los ocupantes de las plazas disponibles.
Katerine Veras era una de las profesionales en el área que se aprestaban a tomar el examen una segunda vez, aplicando por una especialidad en ortopedia, ya que había concursado el año pasado, pero no alcanzó los puntos suficientes para poder quedarse con una de las plazas disponibles.
“La vez pasada saque 60 y eso me dejó allá atrás, porque generalmente para esa especialidad aplican de 18 a 20 personas”, manifestó Veras a la salida del examen, confiando en que en esta ocasión lograría su cometido.
En los alrededores de las aulas, así como Katerine, los miles de médicos y odontólogos se mantenían compartiendo respuestas y debatiendo su desempeño en el examen.
“Esto es como una licitación pública, pero estudiantil. Todo el que está aquí es médico, pero quiere hacer una especialidad entonces tiene que tomar el examen”, dijo Alberto Rodríguez, mientras narraba lo agotador de tener que trasladarse desde Santiago, batallar con el tránsito y luego pasar alrededor de dos horas contestando las preguntas del examen único de residencias médicas.
DESDE OTRAS PROVINCIAS
Así como Rodríguez, fueron muchos los profesionales de la salud que se trasladaron desde alguna provincia en el interior del país hasta el campus central de la UASD buscando continuar sus estudios en el área.
Un caso similar lo representa Andry Antonio Taveras, quien tuvo que trasladarse desde La Vega para poder tomar su examen y aplicar para una plaza en el área de cirugía.
De 5,810 participantes que recibieron el examen 4,215 fueron mujeres, representando con esto el 72.54% de los concursantes, mientras que 1,595 pertenecen al género masculino ocupando el 27.45%.
Estas informaciones fueron ofrecidas por el decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la UASD, el doctor Mario Ufre, quien señaló que del total de los evaluados, un 99.14% corresponden a médicos generales y un 0.89% son odontólogos.
Sin embargo, la realidad es que no hay espacio disponible para todos, por lo que del total de participantes de las distintas universidades del país, solo aquellos que hayan alcanzado los mayores puntajes podrán ocupar los puestos vacantes.
Cuevas Ramírez agregó que es difícil que el sistema de salud pueda tener plazas disponibles para todos los médicos egresados que la reclamen, “porque son demasiados y no hay dónde ubicarlos”.
“Nosotros siempre queremos que pase el mayor porcentaje, pero hay que entender que este es un examen para elegir a un grupo de aspirantes médicos graduados que van a ocupar plazas de residencias médicas en nuestros hospitales a aprender especialidades, entonces en ese sentido entendemos que deben escogerse los mejores”, acotó el director de residencias médicas de la alta casa de estudios.
A PARTIR DE MAÑANA ESTARÁN LOS RESULTADOS
Zelandia Matos, vicedecana de la facultad de Ciencias de la Salud, aseveró que una vez que los participantes culminan el examen se hace una publicación de un examen corregido para que los concursantes puedan autoevaluarse.
Luego a partir de las siguientes 24 horas los profesionales podrán visualizar sus exámenes corregidos y saber si quedaron o no.
“Se aprueba con 60, pero uno que saco esa puntuación no va a quedar por encima de alguien que quiera ocupar esa misma plaza y haya sacado una calificación más alta”, dijo la vicedecana.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó este viernes que ya son 46 las personas físicas y jurídicas acusadas en el expediente de corrupción Operación Calamar.
El expediente de 3,162 páginas fue depositado de manera formal el jueves e involucra a varios exministros de la pasada gestión de gobierno del expresidente Danilo Medina.
«Hay más de dos mil medios de prueba, que servirán para que se produzca una apertura a juicio y cuando se de ese juicio, nosotros vayamos a procurar las sanciones correspondientes.
Tras recibir el documento, la Coordinación de los Juzgados de Instrucción deberá determinar qué juzgado será apoderado en el caso.
En el expediente Calamar el Ministerio Público imputa a los exministros José Ramón Peralta (Administrativo 2012-2020), Donald Guerrero (Hacienda 2016-2020) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas 2012-2020).
Además de los exministros Peralta y Guerrero se involucra en la supuesta estafa al Estado al excandidato presidencial del PLD, Castillo, a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por alegadamente sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020.
El alegado fraude contra el Estado también involucra al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.
Asimismo, se cita en el expediente al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.
Santo Domingo, R.D.-Siete expedientes conoció este viernes el Tribunal Constitucional (TC) que atacan la Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Los documentos fueron conocidos durante una audiencia que se realizó en la sala de audiencias de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La misma estuvo encabezada por el presidente de la alta corte, Napoleón Estévez Lavandier. Además, de los jueces que integran el organismo constitucional.
A través de una nota de prensa, el TC indicó que los mismo quedaron pendiente de ser fallados.
En el desarrollo de la audiencia, se conoció el expediente TC-01-2024-0005 que tuvo como accionante a Cirilo de Jesús Guzmán López, quien atacó los artículos 9, 10, 11 y 26 de esta norma. Y en el TC-01-2024-0006, el Partido Generación de Servidores (GENS) y Carlos Peña también se opusieron a esta ley.
Asimismo, ocurrió con el expediente TC-01-2024-0007, en el que el Instituto de Capacitación y Formación Política Jurídica y Social (ICAP) atacó el artículo 9, numerales 2, 4, 6 y 15; y los artículos 11, 26 y 29 de la referida ley.
TC deja en estado de fallo quince expedientes
Acuerdo con la nota, la institución dejó en estado de fallo quince expedientes de acción directa de inconstitucionalidad.
Entre estos, el expediente TC-01-2023-0047, en el que Edward Ureña Ureña atacó el artículo 73.5 de la Ley 821-27 de Organización Judicial y sus modificaciones, de fecha 21 de noviembre de 1927.
Igualmente, el expediente TC-01-2023-0048, interpuesto por Manuel Samil Segura de la Cruz, quien refutó la Ley Nacional de Vacunas de la República Dominicana.
De igual manera, el expediente TC-01-2023-0049, con el que Darío Antonio Cueto Leonardo impugnó los artículos 145, párrafo II de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, del 17 de febrero de 2023; y el décimo sexto de la Resolución núm. 38-2023, del 15 de agosto de 2023, que regula la participación de funcionarios públicos en el período de la precampaña y en la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2024.
También los magistrados dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2023-0050, con el cual Johannatan Loanders Medina Reyes atacó el artículo 291 del Código Procesal Penal.
También quedó pendiente de fallo el expediente TC-01-2024-0001, en el que Identidad Dominicana (IDEDOM), impugnó la Ley número 391, del 20 de septiembre de 1943, que establece penas correccionales para las personas que practiquen los espectáculos de «Voudou» o «Luá».
Asimismo, el expediente TC-01-2024-0002, igualmente interpuesto por Identidad Dominicana (IDEDOM), Inc, que atacó el artículo 130, párrafo II del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, del 7 de marzo de 2023.
En la audiencia, además, se conoció y quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0003, cuyo accionante Jean Carlos Machuca de la Mota atacó las actuaciones e informes provenientes de la Policía Nacional y de los señores Ramón O. Hernández Peralta, Roberto A. Albino Filpo, Miguel Cuevas Cuevas y Flavia D. Montero Romero.
Los magistrados también dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0008, con el que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y el licenciado Miguel Alberto Surún Hernández refutaron los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24, 26 y 27 de esta misma ley.
Igualmente, el expediente TC-01-2024-0009, interpuesto por Ruddys Antonio Mejía Tineo, quien impugnó la ley, y el expediente TC-01-2024-0010, donde Identidad Dominicana (IDEDOM), Inc., y los señores María Ysabel Jerez Guzmán y Rudys Odalis Polanco Lara atacaron específicamente sus artículos 9, 11 13, 15, 26 y 30.
Finalmente, los jueces de esta alta corte vieron el expediente TC-01-2024-0013, que tuvo como accionantes al Colegio de Abogados de la República Dominicana, seccional de San Pedro de Macorís y la señora Josefina Guerrero, quienes atacaron los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24, 26 y 27 de la mencionada ley promulgada el 15 de enero de 2024.
SANTO DOMINGO.-El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, informo que el Ministerio Público presentó acusación formal en contra de los implicados en el caso Calamar.
La instancia con los encartados y nuevas pruebas, fueron depositadas ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los fiscales de la dirección de Persecución y del Pepca.
La magistrada hará un inventario de las piezas y mediante un sorteo aleatorio computarizado, apoderará a uno de los juzgados de instrucción que conocerá el juicio preliminar.
El apoderamiento de la acusación se producirá luego de que el Ministerio Público interrogue al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo; y al exministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario.
El 8 de abril, la jueza Franchesca Potentini, intimó a la procuradora Miriam Germán a presentar acusación en contra de los implicados, en un plazo de 15 días.
IMPUTADOS
En el caso figuran como imputados el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo.
También Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos, de Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola.
Igualmente, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
mpv