Análisis Noticiosos
Las emisiones de CO₂ de China bajan un 8%, la mayor caída en una década
Los confinamientos de la política de covid cero, el parón inmobiliario y la inversión en energías renovables están detrás del descenso
Pekin.-Una buena noticia en medio de tanto catastrofismo: las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) de China —el mayor emisor del mundo de este gas causante del cambio climático (en cifras globales, no per capita)—, descendieron un 8% en el segundo trimestre de 2022. El dato supone una reducción de 230 millones de toneladas de CO₂, la mayor caída en al menos una década. El descenso se encuentra en parte relacionado con fenómenos poco o nada ligados a la lucha contra el cambio climático, como la estricta política de covid cero del país, las estrecheces de liquidez en el sector de la construcción (que suma en torno a un tercio de la economía china) y el bajo crecimiento de la demanda de electricidad. Pero en el recorte también ha influido el aumento de la energía procedente de tecnologías renovables, según afirma un estudio publicado en septiembre en Carbon Brief, un medio digital con sede en el Reino Unido especializado en política climática.
El informe, que parte de cifras oficiales y datos comerciales, muestra que las emisiones de China han disminuido en términos anuales durante cuatro trimestres consecutivos. Y desgrana en detalle los componentes de esa caída. Entre otros: “El consumo de petróleo para el transporte se redujo significativamente debido a las medidas de control de covid”, señala el artículo, firmado por Lauri Myllyvirta, analista principal del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).
En primavera, con la llegada de la variante ómicron a China, Pekín decretó el cierre de megaurbes como Shanghái, paralizando los movimientos y también la economía. El confinamiento en esta ciudad se prolongó más de dos meses, y se extendió a otras localidades y provincias, provocando entre otras cosas que el rendimiento de las refinerías de petróleo cayera entre abril y junio un 11% y contribuyendo a una reducción de la demanda de gas del 5%, un tijeretazo “notable”, señala el informe, “porque la demanda de este combustible ha estado aumentando de forma continua desde principios de la década pasada″. Mientras gran parte del mundo ha decidido convivir con el virus, China sigue siendo la única de las grandes potencias que persiste en la política de mantener a cero los casos positivos de coronavirus, mediante testeos masivos de la población y confinamientos en cuanto se detectan unas pocas infecciones.
Además, la crisis inmobiliaria que zarandea al gigante asiático y mantiene numerosas obras paralizadas provocó una caída del 18% en la producción de acero y cemento. “Los inicios y las finalizaciones de la construcción inmobiliaria cayeron un 44% y un 33% en el segundo trimestre, hasta el nivel más bajo desde 2009, al intensificarse las dificultades financieras del sector”, señala el artículo.
Y cayó también un 6% el uso del carbón en la producción de energía, como resultado del lento crecimiento del consumo eléctrico y del fuerte aumento de la generación mediante tecnologías renovables. Pero fue solo un espejismo: en verano sufrió un repunte, cuando China se enfrentó a la peor ola de calor en seis décadas, lo que provocó una dura sequía en el sudeste del país. Se interrumpió el suministro de agua y de la energía hidroeléctrica y obligó a las autoridades a quemar más carbón para garantizar el abastecimiento de luz. Esta sequía, sugiere el artículo, podría reavivar el interés por las fuentes de generación no renovables, como el carbón y el gas, cuyo suministro no corre el mismo riesgo ante fenómenos similares.
China aspira, en cualquier caso, a que en 2030 un cuarto de su consumo energético provenga de fuentes no fósiles, según los compromisos climáticos presentados por este país en octubre antes de la última cumbre del clima de la ONU en Glasgow. Para entonces, Pekín pretende contar con una capacidad eólica y solar de 1.200 gigavatios, casi el doble de la cifra de finales de 2021 (306 gigavatios de capacidad de energía solar y 328 gigavatios de capacidad eólica, según Reuters). El país tiene previsto alcanzar la neutralidad climática en 2060.
La segunda economía del planeta y el país más poblado es también el mayor inversor en energías limpias del globo. Su apuesta verde alcanzó en 2021 los 380.000 millones de dólares (una cantidad casi equivalente euros), seguida de la Unión Europea (260.000 millones de dólares) y de Estados Unidos (215.000 millones de dólares), según la Agencia Internacional de la Energía. Este organismo augura, además, el liderazgo mundial de Pekín en la expansión de “capacidad renovable” en sus proyecciones a 2026, con una contribución del 43% al crecimiento global de la producción energética mediante tecnologías limpias; es decir: más que EE UU, la UE, India y los países del sudeste asiático juntos.
El carbón es uno de sus talones de Aquiles en esta carrera. Pese a que Pekín ha fijado que su pico de consumo debería alcanzarse antes de 2030, en los primeros seis meses de este 2022 ya ha concedido permisos para poner en marcha proyectos de este combustible equivalentes a 21 gigavatios, la mayor cantidad desde 2016, según Carbon Brief. Esta medida, aparentemente contradictoria, sigue una lógica habitual del Gobierno del país, opina Christoph Nedopil Wang, director del Centro de finanzas y desarrollo verde de la Universidad de Fudan, en Shanghái: “China invierte fuertemente en renovables, pero también en carbón”, señala. “Trata de equilibrar ambas cosas”.
La reciente ola de calor es un ejemplo de la paradoja, que este analista suele atribuir a las dos caras de China, “el panda y el dragón”, lo llama él. Por un lado, el fenómeno de clima extremo, que ha provocado sequías, drenado reservas de agua, dañado cosechas y provocado cortes y racionamientos energéticos, se asocia al cambio climático y supone una llamada a que las autoridades inviertan en tecnologías verdes; por otro, los cortes de suministro hacen pensar que algunas tecnologías renovables, como la hidroeléctrica, no son tan fiables. El resultado, resume el artículo de Carbon Brief: “Es probable que la respuesta a estos cortes implique más proyectos de energía de carbón en el centro de China y podría allanar el camino para los proyectos de energía nuclear en el interior, estancados durante más de una década”.
La apuesta atómica es otra de las baldosas con las que China proyecta el camino a la descarbonización: el país tiene en funcionamiento 53 reactores nucleares y otros 23 en fase de construcción. Desde 2021, se han puesto en marcha cinco nuevas unidades de energía nuclear y se ha iniciado la construcción de otras nueve, según ha recogido este viernes un artículo del diario oficialista China Daily. En 2022, Pekín ha dado luz verde a cinco proyectos, impulsados por 10 reactores nucleares, un récord desde 2011. Los planes de Pekín pretenden elevar la capacidad de generación nuclear de los 51 gigavatios de 2020 a 70 gigavatios en 2025.
El analista de la Universidad de Fudan alerta además de que la creciente tensión geopolítica podría entorpecer la agenda climática. En agosto, tras la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Pekín respondió de forma enfurecida sacando al Ejército de Liberación Popular al Estrecho de Formosa y suspendiendo la colaboración con Washington en temas clave, como la lucha contra el cambio climático. Gran parte de la reducción de emisiones globales, apunta Nedopil Wang, tiene mucho que ver con un diálogo más bien rutinario, en el que se acuerdan estándares en campos como las finanzas verdes o los cargadores de los coches eléctricos. Esa cooperación ha saltado por los aires y podría suponer “un paso atrás en las negociaciones” entre las dos potencias.
elpais.com
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.