Análisis Noticiosos
Las emisiones de CO₂ de China bajan un 8%, la mayor caída en una década
Los confinamientos de la política de covid cero, el parón inmobiliario y la inversión en energías renovables están detrás del descenso
Pekin.-Una buena noticia en medio de tanto catastrofismo: las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) de China —el mayor emisor del mundo de este gas causante del cambio climático (en cifras globales, no per capita)—, descendieron un 8% en el segundo trimestre de 2022. El dato supone una reducción de 230 millones de toneladas de CO₂, la mayor caída en al menos una década. El descenso se encuentra en parte relacionado con fenómenos poco o nada ligados a la lucha contra el cambio climático, como la estricta política de covid cero del país, las estrecheces de liquidez en el sector de la construcción (que suma en torno a un tercio de la economía china) y el bajo crecimiento de la demanda de electricidad. Pero en el recorte también ha influido el aumento de la energía procedente de tecnologías renovables, según afirma un estudio publicado en septiembre en Carbon Brief, un medio digital con sede en el Reino Unido especializado en política climática.
El informe, que parte de cifras oficiales y datos comerciales, muestra que las emisiones de China han disminuido en términos anuales durante cuatro trimestres consecutivos. Y desgrana en detalle los componentes de esa caída. Entre otros: “El consumo de petróleo para el transporte se redujo significativamente debido a las medidas de control de covid”, señala el artículo, firmado por Lauri Myllyvirta, analista principal del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).
En primavera, con la llegada de la variante ómicron a China, Pekín decretó el cierre de megaurbes como Shanghái, paralizando los movimientos y también la economía. El confinamiento en esta ciudad se prolongó más de dos meses, y se extendió a otras localidades y provincias, provocando entre otras cosas que el rendimiento de las refinerías de petróleo cayera entre abril y junio un 11% y contribuyendo a una reducción de la demanda de gas del 5%, un tijeretazo “notable”, señala el informe, “porque la demanda de este combustible ha estado aumentando de forma continua desde principios de la década pasada″. Mientras gran parte del mundo ha decidido convivir con el virus, China sigue siendo la única de las grandes potencias que persiste en la política de mantener a cero los casos positivos de coronavirus, mediante testeos masivos de la población y confinamientos en cuanto se detectan unas pocas infecciones.
Además, la crisis inmobiliaria que zarandea al gigante asiático y mantiene numerosas obras paralizadas provocó una caída del 18% en la producción de acero y cemento. “Los inicios y las finalizaciones de la construcción inmobiliaria cayeron un 44% y un 33% en el segundo trimestre, hasta el nivel más bajo desde 2009, al intensificarse las dificultades financieras del sector”, señala el artículo.
Y cayó también un 6% el uso del carbón en la producción de energía, como resultado del lento crecimiento del consumo eléctrico y del fuerte aumento de la generación mediante tecnologías renovables. Pero fue solo un espejismo: en verano sufrió un repunte, cuando China se enfrentó a la peor ola de calor en seis décadas, lo que provocó una dura sequía en el sudeste del país. Se interrumpió el suministro de agua y de la energía hidroeléctrica y obligó a las autoridades a quemar más carbón para garantizar el abastecimiento de luz. Esta sequía, sugiere el artículo, podría reavivar el interés por las fuentes de generación no renovables, como el carbón y el gas, cuyo suministro no corre el mismo riesgo ante fenómenos similares.
China aspira, en cualquier caso, a que en 2030 un cuarto de su consumo energético provenga de fuentes no fósiles, según los compromisos climáticos presentados por este país en octubre antes de la última cumbre del clima de la ONU en Glasgow. Para entonces, Pekín pretende contar con una capacidad eólica y solar de 1.200 gigavatios, casi el doble de la cifra de finales de 2021 (306 gigavatios de capacidad de energía solar y 328 gigavatios de capacidad eólica, según Reuters). El país tiene previsto alcanzar la neutralidad climática en 2060.
La segunda economía del planeta y el país más poblado es también el mayor inversor en energías limpias del globo. Su apuesta verde alcanzó en 2021 los 380.000 millones de dólares (una cantidad casi equivalente euros), seguida de la Unión Europea (260.000 millones de dólares) y de Estados Unidos (215.000 millones de dólares), según la Agencia Internacional de la Energía. Este organismo augura, además, el liderazgo mundial de Pekín en la expansión de “capacidad renovable” en sus proyecciones a 2026, con una contribución del 43% al crecimiento global de la producción energética mediante tecnologías limpias; es decir: más que EE UU, la UE, India y los países del sudeste asiático juntos.
El carbón es uno de sus talones de Aquiles en esta carrera. Pese a que Pekín ha fijado que su pico de consumo debería alcanzarse antes de 2030, en los primeros seis meses de este 2022 ya ha concedido permisos para poner en marcha proyectos de este combustible equivalentes a 21 gigavatios, la mayor cantidad desde 2016, según Carbon Brief. Esta medida, aparentemente contradictoria, sigue una lógica habitual del Gobierno del país, opina Christoph Nedopil Wang, director del Centro de finanzas y desarrollo verde de la Universidad de Fudan, en Shanghái: “China invierte fuertemente en renovables, pero también en carbón”, señala. “Trata de equilibrar ambas cosas”.
La reciente ola de calor es un ejemplo de la paradoja, que este analista suele atribuir a las dos caras de China, “el panda y el dragón”, lo llama él. Por un lado, el fenómeno de clima extremo, que ha provocado sequías, drenado reservas de agua, dañado cosechas y provocado cortes y racionamientos energéticos, se asocia al cambio climático y supone una llamada a que las autoridades inviertan en tecnologías verdes; por otro, los cortes de suministro hacen pensar que algunas tecnologías renovables, como la hidroeléctrica, no son tan fiables. El resultado, resume el artículo de Carbon Brief: “Es probable que la respuesta a estos cortes implique más proyectos de energía de carbón en el centro de China y podría allanar el camino para los proyectos de energía nuclear en el interior, estancados durante más de una década”.
La apuesta atómica es otra de las baldosas con las que China proyecta el camino a la descarbonización: el país tiene en funcionamiento 53 reactores nucleares y otros 23 en fase de construcción. Desde 2021, se han puesto en marcha cinco nuevas unidades de energía nuclear y se ha iniciado la construcción de otras nueve, según ha recogido este viernes un artículo del diario oficialista China Daily. En 2022, Pekín ha dado luz verde a cinco proyectos, impulsados por 10 reactores nucleares, un récord desde 2011. Los planes de Pekín pretenden elevar la capacidad de generación nuclear de los 51 gigavatios de 2020 a 70 gigavatios en 2025.
El analista de la Universidad de Fudan alerta además de que la creciente tensión geopolítica podría entorpecer la agenda climática. En agosto, tras la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Pekín respondió de forma enfurecida sacando al Ejército de Liberación Popular al Estrecho de Formosa y suspendiendo la colaboración con Washington en temas clave, como la lucha contra el cambio climático. Gran parte de la reducción de emisiones globales, apunta Nedopil Wang, tiene mucho que ver con un diálogo más bien rutinario, en el que se acuerdan estándares en campos como las finanzas verdes o los cargadores de los coches eléctricos. Esa cooperación ha saltado por los aires y podría suponer “un paso atrás en las negociaciones” entre las dos potencias.
elpais.com
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.