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Las escenas de robos en medio de accidentes de tránsito dejan claro cómo se han perdido valores humanos y morales.
Por Elba García
El accidente ocurrido en la cañada seca de la carretera Sánchez en el distrito municipal de Quita Sueño del municipio de Haina, donde ya está confirmado que murieron diez personas y otras 17 resultaron heridas, así como que hay varias desaparecidas, ha sido el escenario para reconfirmar una conducta que se ha vuelto recurrente cuando se producen acontecimiento de este tipo.
El asunto tiene que ver con que decenas ciudadanos del lugar se han dedicado a promover el país de tan mala manera, ya que el camión que iba cargado de cemento y cuyo producto quedó esparcido en el lugar donde ocurrió lo que muy bien podría llamarse una tragedia, se han dedicado a apropiarse del mismo de forma que llama a la atención de los que todavía en el país tienen algún tipo de sensibilidad y de honestidad.
Hombres y mujeres dotados de cubetas, sacos y otros instrumentos se han sumergido como verdaderos buzos en la zona que se ha vuelto gris por la gran cantidad de cemento esparcido en el lugar como resultado del accidente del camión que cargaba el producto con un minibús de pasajeros.
Las expresiones en el lugar donde ciudadanos desaprensivos recogen el cemento pueden parecer graciosas, pero en realidad se trata de un retrato fiel de la pérdida de los valores nacionales, ya que el asunto ya se ha vuelto tan común que ha pasado a formar parte de la vida de la población dominicana.
El sólo hecho de pensar que un ser humano le ponga mayor atención a sustraer algo que no es suyo en medio de un accidente de tránsito y que muy poco le importe que allí hayan muertos y heridos, que tal vez necesitan de su ayuda para salvar la vida, causa una sensación de tristeza y dolor, porque podría ser que ello sea una proyección de lo mal que anda la sociedad.
De acuerdo a los reportes, bolsas de cemento del tamaño de un tinaco cayeron en una cañada seca de la carretera Sánchez, lo que ha sido aprovechado por ciudadanos sin escrúpulos para dedicarse a recoger ese producto para venderlo y buscar resolver parte de su miseria.
Entre las expresiones de los insensibles ciudadanos está aquella que dice “Es a quinientos que esta la funda”, refiriéndose naturalmente a lo que caro que está el cemento en el mercado, cuyos audaces individuos se veían salir del hoyo donde cayó el camión con todo su cuerpo embarrado del material de construcción con un saco en sus hombros.
Entre muchas de las cosas que se escuchaban en el lugar donde se movían los atrevidos están aquellas que hacían alusión a lo que harían con el cemento recogido en el entorno de la tragedia, que lo utilizarían para pegar algunos bloques o sencillamente para buscarse algún dinero”.
Evidentemente que la escena de dolor por la tragedia también sirve para medir la miseria que impacta a mucha gente, pero lo peor de todo es que también proyecta un panorama de poca sensibilidad y de la desaparición de una serie de valores humanos y morales que anteriormente se observaban en el país.
Este fenómeno, que muy bien podría ser común a otras naciones latinoamericanas, pero que en realidad parece único, aunque no lo es, en un país como la República Dominicana, donde incluso la impunidad permite que el mismo ocurra, ya que constituye parte del diario vivir de los dominicanos.
Este tipo de comportamiento se ha vuelto tan común, que de alguna manera es una expresión de que la gente del pueblo ya ha asimilado profundamente el antivalor de preguntar dónde está lo mío, actitud y frase proveniente de la actividad político-electoral.
Este tipo de conducta ocurre regularmente en las carreteras nacionales, pero muchas veces con perfiles aún peores, como aquellos que todo el que acude ante la ocurrencia de un accidente es para sustraer hasta las prendas de vestir de las víctimas.
Y en realidad no se trata de cantidades pequeñas de personas las que lo hacen, sino de grupos significativos de ciudadanos, que muy poco les importa la vida del que yace en el pavimento en un estado agónico y que demanda la asistencia de alguien para garantizar permanecer con vida.
Pero en medio de ese cuadro de sangre, muerte y dolor los que se dedican a estos menesteres, que no son pocos, no miran hacia el herido que necesita de su ayuda, sino hacia sus zapatos, camisas, anillos y cadenas para convertirlos en un deshonesto e insensible negocio sobre la base de la ocurrencia de una tragedia por un accidente de tránsito.
Lo peligroso de esta conducta es que nadie se sonroja de lo que hace e incluso hacen alardes de su audacia y de la pérdida de su sensibilidad humana.
El fenómeno amerita de un estudio profundo de la psicología de las personas que se dedican a estos menesteres para entender la metamorfosis que se observa en el pueblo dominicano y de la causa que la genera, cuyas razones podrían tener los mismos orígenes de lo que ocurre en el mundo de la política partidista nacional, donde prevalece el famoso “dónde está lo mío”.
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Institucionalidad del país cuestionada con caso Camaleón porque ha sido permeada por el crimen organizado.
Aunque la mayoría de los casos de corrupción administrativa han implicado la penetración del crimen organizada en los órganos y entes del Estado, el caso Camaleón plantea más seria y profundamente hasta dónde la nación debe poner atención a esta debilidad institucional.
El Ministerio Público con su anuncio del desmantelamiento de una supuesta red denominada “Operación Camaleón”, ha determinado como los cabecillas de la misma se dedicaban al desfalco y estafa contra el Estado., pero además al espionaje ilegal
En esta organización criminal han sido imputados, entre otros, José Angel Gómez (Jochy) y Hugo Beras, este último exdirector del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), quienes munipularon un contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
La más grave del asunto es que Jochy Gómez, hijo del periodista Guillermo Gómez, a través de la empresa Transcore Latam, después que se le adjudicó el concurso, usó las instalaciones semafóricas para un fin distinto para el que fue contratada.
En la solicitud de la medida de coerción que se conocerá este martes, el Ministerio Público afirma que el imputado instaló equipos diferentes a los ofertados y además 55 cámaras de video que eran parte de un esquema ilegal de espionaje que no tenían nada ver con las necesidades y con la contrata con el Intrant.
Entre los otros equipos instalados de forma ilegal están fibras ópticas, nodos de concentración y kits de Starlink, los cuales no eran parte de la propuesta técnica original.
El Ministerio Público sostiene que las cámaras y su acceso al tráfico formaban parte de un esquema ilegal de espionaje para la manipulación de datos y la vigilancia encubierta de ciudadanos sin su consentimiento que ponen en peligro la privacidad y la seguridad, configurándose un delito contra la seguridad pública y otros crímenes conexos.
Los fiscales indicaron que este tipo de actividades significarían una amenaza para la seguridad pública, lo cual no sólo representa la comisión de ese ilícito, sino también la utilización de la tecnología para actos de extorsión.
El órgano persecutor estableciٕó durante la auditoría, que estas cámaras tenían funciones de conteo de tráfico y captura de imágenes en tiempo real y de igual manera almacenaban un “volumen significativo” de datos.
Sin embargo, Transcore Latam no pudo explicar adecuadamente dónde ni cómo se procesaba esta información, sin especificar cuáles fueron las excusas presentadas por la compañía.
Entre otras cosas no tuvieron una explicación lógica el hecho de que los servidores que revisaron “resultaban insuficientes” para manejar la cantidad de información generada.
Lo más grave de este grupo que operaba desde dentro del Gobierno es que vendía información de inteligencia sobre la base del uso del Ministerio de Defensa y de otras instancias del Estado.
Este caso refleja lo que significa el manejo irresponsable del Estado por parte de las actuales autoridades, cuya incapacidad resulta más peligrosa que la sustracción de los fondos públicos por parte de depredadores que históricamente han estado insertados en las diferentes instancias públicas.
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Abinader conocía andanzas de Jochy Gómez, pero razones políticas estrechaban lazos entre el imputado y el Gobierno.
Se ha establecido que el presidente Luis Abinader conocía con detalles las irregularidades cometidas por el hijo del periodista de Guillermo Gómez, ya que todos los días recibía un informe de inteligencia privado desde el centro de operación de éste y que ahora es acusado de haber cometido una serie de fraudes, desfalcos, y sustracción de dinero público a través de una asociación de malhechores desde el mismo corazón del Gobierno.
El apresamiento de José Angel Gómez Canaán (Jochy), hijo del periodista Guillermo Gómez, quien es de los dueños de la empresa Transcore Latam, beneficiaria del contrato para la colocación de los semáforos en el Gran Santo Domingo, es una figura controversial y que ahora aparece envuelto en hechos seriamente comprometedores por un contrato con el Estado totalmente viciado.
Esta modalidad del hijo de Guillermo Gómez es muy común en la República Dominicana, donde una serie de personajes, que tienen vínculos muy estrechos con el Gobierno, buscan beneficiarse de contratos públicos que al final se convierten en una gran estafa en perjuicio de la sociedad.
Todo el mundo sabe que el periodista Guillermo es una ficha de primer orden del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aunque el contrato contraído con el Ministerio de Defensa por parte de su hijo, proviene del Gobierno de Danilo Medina, pero evidentemente que por la razón que sea en la continuación del mismo juega un papel importante el padre de Jochy Gómez, quien tiene otro vástago como cónsul en Panamá y que sale ahora también en defensa del imputado.
El asunto es que este caso de alguna manera proyecta la idea de que la independencia del Ministerio Público juega un papel que va mucho más allá del derecho, porque pese a que no luce que se trate de un plan político de las autoridades de turno, pero al final de cuentas se traduce en el ataque a un acto de corrupción que proviene del entorno del PRM a través del periodista Guillermo Gómez.
De cualquier modo, no se trata de una casualidad o de una coincidencia que, por ejemplo, el mismo Jochy Gómez también apareciera con un contrato con el Ministerio de Defensa para fines de asuntos de inteligencia, ya que deja claro que manos muy poderosas se mueven en el entorno del polémico personaje, lo cual no ha estado al margen del presidente Luis Abinader, quien recibía un informe de inteligencia diario de la oficina del imputado.
De acuerdo a lo establecido, en el proceso de contratación de la referida empresa y el Intrant se emitieron documentos sin la debida aprobación, todo como resultado de un trato privilegiado al oferente.
La red semafórica en cuestión que se proporcionaba sobre la base de los servicios de modernización de la misma del Gran Santo Domingo a cargo de la empresa Transcore Latam S.R.L., experimentó un aumento del valor original presentado de 104 a 1,200 millones de pesos y luego a 1,317 millones 350 mil 997 pesos, emitiéndose documentos que no contaron con la aprobación de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones e igualmente se produjeron modificaciones mediante actos administrativos de manera extemporánea y sin el debido procedimiento.
La auditoría especial del “Proceso que iba desde febrero del 2023 hasta junio del 2024 sirvió para detectar la mayoría de las irregularidades en perjuicio del Estado.
El trabajo de investigación establece que “se observaron debilidades e inobservancias procedimentales en el examen del proceso llevado a cabo, las cuales son minuciosamente abordadas en el informe, lo que provocó la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, cuyo órgano dispuso la suspensión del proceso de adjudicación.
La Contraloría General de la República para avalar la auditoría hizo un levantamiento físico de los equipos instalados y almacenados, entrevistas a los actores principales, entre los que se encuentran Hugo Beras y su abogada; Pedro Padovani, Jochy Gómez, Carlos Zabala, miembros del comité de compras del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de la Dirección de Tecnología, entre otros.
La Unidad Antifraude en sus conclusiones estimó que se observan “violación al debido proceso que está consignado en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su reglamento de aplicación, ya que se comprobó la emisión de documentos que no tenían la aprobación de los miembros del Comité que tiene la competencia en estos casos, modificación del pliego de condiciones con actos administrativos extemporáneo y sin el aval del órgano, así como respuestas parciales a los inquietudes presentadas por los oferentes. Hubo otras modificaciones al pliego de condiciones que flexibilizaban los requerimientos técnicos exigidos, además la emisión de informes periciales definitivos aprobados por el Comité de Compras a partir de datos incongruentes, deficientes y decisiones unilaterales que revelaban un trato privilegiado al oferente.
Otro de un gran valor en lo que parece un plan bien concebido para engañar al Estado es que, aunque la empresa Transcore Latam entregó una factura en la indicaba que el proyecto estaba en un 90 por ciento de ejecución, la auditoria comprobó que no era cierto y que apenas llegaba un 20 por ciento.
Se detalla en el informe que sólo de agotó un 40 % de la ejecución de la fibra óptica en el Distrito Nacional y en lo referente a los reguladores semafóricos, sólo se habían instalado 80 de los 335 contratados, es decir, 1,245 de 1,340 cámaras para la recolección, cuya manipulación también impacta el cableado de red en algunas intersecciones, el cual no estaba completo o los dispositivos estaban desconectados.
Lo otro es que sólo se instalaron 1,172 de 1,550 semáforos de 300mm y 320 de 470 semáforos led flecha, según una publicación del periódico Diario Libre.
El trabajo de investigación llegó a la conclusión de que los porcentajes generales de terminación del proyecto no superaba más allá de un 20 % de ejecución del contrato, ya que los elementos estaban incompletos y con pocas garantías de una buena y eficiente operatividad”.
En ese contexto la Contraloría decide que, “lo más conveniente sería disolver la contratación para evitar un daño irreparable e irreversible, y entonces procede en consecuencia con una nueva licitación que incluyera al consorcio de empresas internacionales asociadas con nacionales, o empresas individuales que cumplieran los requerimientos para tales fines y en esa virtud procura que el control de la base de datos semafórica esté bajo control exclusivo. A partir de lo ocurrido es que el Intrant, por seguridad nacional”. pide que “se ejecuten las acciones pertinentes a fin de que quienes hayan incurrido en actos reñidos con las leyes tengan las consecuencias que se derivan de las irregularidades detectadas.
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El dinero que entra a las campañas electorales de los candidatos a los cargos de elección popular tiene un enigma complicado.
Los cargos en contra del alcalde de Nueva York ponen sobre la mesa el espinoso tema de las contribuciones económicas ilegales a los candidatos que terminan con la acumulación de grandes riquezas porque tienen mucha posibilidad y vocación de poder.
Es innumerables la cantidad de aspirantes a cargos políticos electivos en diferentes lugares del mundo que quedan en medio de la tentación de enriquecerse sobre la base del recibimiento de donaciones económicas ilegales.
El alcalde de la ciudad de Nueva York fue acusado el jueves de cargos federales por supuestamente aceptar sobornos y aportes de campaña ilegales de fuentes extranjeras.
Este tipo de casos son muy comunes en el escenario político electoral y las razones son muy diversas en razón de que el que aporte de dinero mal habido se hace regularmente para buscar protección de la autoridad pública.
Un caso que ha generado muchas sospechas al respecto es la fortuna declarada por el presidente Luis Abinader, quien había dicho al periodista Jorge Ramos que sólo tenía un millón y tanto de dólares, pero que al final termino con una declaración de bienes que alcanza los miles de millones de pesos, es decir, cerca de ochenta o noventa millones de dólares.
Pero el tema no es exclusivo de la República Dominicana, sino de todos los países del hemisferio y no hay quién se atreva a negar que el fenómeno tiene un alcance mundial.
El caso del principal ejecutivo de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, toca muy de cerca al país porque él desde que obtuvo el triunfo visitó a la República Dominicana y los promotores de su traslado hasta aquí fueron activistas que están muy cerca del funcionario.
La atención que generó su aspiración entre los políticos de la comunidad criolla en la gran urbe, sirvió de base para que se produjera una visita al país del mandatario municipal, el cual fue llevado donde figuras muy cuestionables de la República Dominicana.
El hecho de que Adams tenga entre los cargos que pesan en su contra aceptar sobornos y aportes de campaña ilegales de fuentes extranjeras, como que parece una repetición de lo que ocurre con otros que se mueven en escenarios diferentes, pero con la misma conducta de los que persiguen hacer fortunas a través de la política.
Dicen las autoridades que él abultó sus ganancias mediante las contribuciones ilegales al abusar del programa municipal de igualación de fondos, que ofrece un generoso aporte equivalente a una donación pequeña y agrega la acusación de que recibió en campaña más de diez mil dólares como resultado de certificaciones falsas.
Dicen que Adams solicitó y demandó sobornos, incluidos viajes lujosos gratis o con un gran descuento por parte de un funcionario turco que buscaba la ayuda del ejecutivo municipal y cuya cuestión está vinculada con el consulado en Manhanttan del país del personaje.
En el proceso de investigación agentes del FBI entraron a la residencia oficial de Adams y le incautaron hasta su teléfono en busca de pruebas para sustentar la acusación que pesa en su contra, cuyos cargos federales cuentan con el aval de algunos de los personajes involucrados.
Las acusaciones en contra de Adams pica y se extiende y luce que quien fuera el hombre más importante de Nueva York podría terminar con la total ruina de su carrera política y vida personal.
Sin embargo, Adams ha advertido que todo lo que ocurre con su persona parte de mentiras y que al final todo quedará aclarado.
Este caso que, de acuerdo a los informes de prensa, no involucra hasta el momento grandes cantidades de dinero, cuyos montos no se acercan ni remotamente a los sustraídos por políticos de los países latinoamericanos, donde los robos involucran sumas millonarias que sirven para medir hasta dónde los niveles de regulación y de fiscalización son deficiencias muy marcadas y que además es un arma muy poderosa para no combatir uno de los flagelos que más golpea las economías de las naciones pobres y del tercer mundo.
Las citaciones y pesquisas en lo que tiene que ver con el escándalo continúan y en el proceso habría que determinar si lo dicho por el ejecutivo municipal es parte de la misma arma de defensa que usa el candidato presidencial Donald Trump, la cual consiste en calificar los procesos en su contra como una retaliación política.
Este caso representa un precedente muy importante para todos los que van a la política con el fin de hacer riquezas económicas, máxime en los llamados países del tercer mundo, pese a que el fenómeno en menor o mayor medida tiene una connotación mundial.