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Editorial

Las Garras de la Partidocracia en el DR-CAFTA

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La desgracia generada por la partidocracia en la República Dominicana es medible en cualquier terreno que se analice.

Lo primero es que los actores de la vida política nacional, los cuales son encontrados en los partidos políticos que han hecho trizas el Estado dominicano, porque lo han controlado sin una agenda de cambios y progreso nacional, han creado una distorsión que repercute muy perjudicialmente en la sociedad.

Lo segundo es que la partidocracia ha consolidado la cultura de la improvisación y la falta de planificación estratégica en la sociedad dominicana, porque a través  del Estado sólo imponen antivalores, pese a que también se puede lo contrario.

Lo tercero es que la partidocracia ha impuesto la cultura del robo en el seno de la sociedad dominicana, a tal punto que la principal presión que tiene un funcionario público para que tome lo que no es suyo es su propia familia que no le perdona que salga pobre del puesto.

Lo cuarto es que los partidos políticos a través de sus funcionarios en la administración pública han robado tanto dinero del patrimonio nacional que, sin lugar a dudas, con esos recursos se podrían construir varias republicas dominicanas con mejores estándares de vida.

Lo quinto es que así como el país tiene años en una permanente lucha para cambiar ese comportamiento de vida, la realidad es que esa forma de controlar el Estado ha entrado en un proceso de consolidación que no es tan fácil romper con ella.

Ahora una de la gran preocupación de los dominicanos es el asunto del DR-CAFTA, el cual advierte que el país podría atravesar por momentos muy difíciles, ya que como resultado de la improvisación y de la falta de planificación estratégica las autoridades nacionales firmaron un tratado que representa un gran peligro nacional.

Si no se produce una renegociación del DR-CAFTA el país sería inundado por el arroz de los Estados Unidos, donde se financia al productor, lo cual romperá la columna vertebral del arrocero dominicano, por decirlo de alguna manera, porque será sacado del mercado.

Otro elemento que se agrega a lo que ocurriría con el arroz en el 2025 es el hecho de que también va a predominar la vocación especuladora del importador dominicano, cuyos dos factores provocarán que en la nación se consuma el cereal a precios sumamente altos.

A pesar de que no existen muchas esperanzas de que esa realidad pueda cambiar, pero se ha asumido como una buena actitud la asumida por el presidente Luis Abinader sobre el tema, pero también hay que decir que la misma es una audacia que luce ser el resultado de la incapacidad para medir las consecuencias que esa posición podría traerle al país.

De cualquiera manera, lo importante ahora, amén de las consecuencias para el país por el DR-CAFTA, es tener presente que la improvisación y la falta de una planificación estratégica por parte de la partidocracia y del Estado, constituye un peligro igual o peor que la corrupción y otras distorsiones que se encuentran en la clase política nacional, por lo que se impone promover y restablecer valores para que el país camine por el sendero de la racionalidad, la lógica y la prevención para que estos sirvan para la defensa del interés nacional.

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Editorial

Un debate que se queda en las buenas intenciones de sus organizadores.

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El debate presidencial entre los tres principales candidatos en las elecciones del próximo 19 de mayo del 2024 representa un escenario que por sí solo no constituye ni genera ningún tipo de esperanza en una democracia con niveles muy alto de descredito.

No importa que hermosos sean los discursos de figura como Leonel Fernández, Abel Martínez y del presidente Luis Abinader, porque hay una expresión que dice por sus hechos los conoceréis.

Habrá alguien que se atreva a decir que aparte de lo que ellos puedan prometer estos tres personajes tienen algo tangible en favor de la democracia dominicana, máxime en el tema más delicado de la vida nacional que es el que tiene que ver con un comportamiento ético.

Este periódico entiende que ello sería vender una mentira que tarde o temprano se confirma una vez más, ya que son tantas sus falencias que no hay forma de que lo dicho por ellos pueda servir para mejorar los niveles de credibilidad de la democracia.

En realidad, es como si se tratara de un circo, donde sus protagonistas no es verdad que motivan una reacción saludable para que se puedan vender muchas boletas y aumentar la asistencia a ese entretenimiento.

Y el problema no radica en la edad, para específicamente hablar de Leonel Fernández, sino con lo que ha sido su conducta, ya que es muy poco lo que se puede creer de lo que dice, aunque lo propio se puede decir de los relativamente jóvenes que están en el mismo entorno como Abel Martínez o Luis Abinader, lo cual lo hace viejos de pensamientos y en consecuencia representantes de la misma cosa.

Es decir, que la juventud de Abel Martínez significa lo mismo, dado que su comportamiento en el escenario político nacional y su vida pública son más contundentes que cualquier otra cosa y que de todo lo que se pueda decir.

El presidente Abinader tampoco tiene la credibilidad suficiente para mejorar  la democracia nacional, entonces siendo así el debate es una herramienta que en este caso sirve de poco.

Y no es que el mismo no sea idóneo siempre y cuando cambien los referentes de los personajes que intervienen en él, sino que su efecto sólo será posible si quienes exponen sus ideas avalan éstas con una conducta que haga creíble lo que dicen.

De otro modo, es como nadar en el mar, dado que el color de la pluma del pájaro no descansa en pintarlo del color que más puede gustar en el escenario donde vuela, sino de aquella que es la natural y que sin importar lo fea que sea no distorsiona  el mensaje fundamentado en la verdad, la originalidad, la transparencia y la formalidad que reclaman las circunstancias.

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Editorial

Policías y militares dominicanos no difieren mucho de los haitianos.

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Si una cosa debe preocupar a la sociedad dominicana tiene que ser el comportamiento de sus policías y militares, porque la gran mayoría no exhibe una buena conducta.

Si se revisa la participación policial y militar en los atracos y robos a mano armada que ocurren en el territorio nacional,  siempre se encontrará la sombre de miembros de los cuerpos armados.

Y si se analizara el problema a partir de lo que ocurre en la frontera, las cosas se complican, porque aparte de que son los militares destacados allí los que permiten la entrada de los haitianos, también fácilmente va a quedar al descubierto que por ahí entra mas que seres humanos, sino  droga,  trata de blanca y miles de actividades ilegales.

Lo complicado del asunto es que el lenguaje que se habla en esa parte del pais es el del dinero dinero, cuyo involucramiento de los militares destacados allí  proviene de los partidos políticos, en los que todo tiene un precio y sólo las cosas caminan cuando cada uno recibe los suyos.

Es decir, que pedir un comportamiento ético y mística en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es una quimera que no parece tan fácil de lograr.

El país está inmerso en la fiesta de los cuartos y el que no tiene la audacia para buscarlo y repartir se queda fuera de la misma, porque nadie lo quiera a su lado y precisamente así están los cuerpos armados de la nación.

Ahí está la explicación del comportamiento de los miembros de la Dirección Nacional de Migración, quienes están más atentos de las propiedades de los haitianos que de su documentación y si son o no ilegales.

Lo grave del problema es que, aunque muchos superiores hablan todo lo que les viene a la boca cuando se produce un escándalo, lo cierto es que nadie está fuera del botín, cuyos beneficiarios no les importa otra cosa que acumular dinero sin importar las consecuencias e incluso aunque tengan que poner en peligro los intereses de la patria.

Si este comportamiento no es detenido al precio que sea, la República Dominicana va a sufrir un deterioro en su imagen que llegará un momento que el mal va ser muy difícil revertir.

El problema toma cuerpo, porque se profundiza la crisis de valores, pero no parece que el mal pueda ser detenido porque es la mayoría de la gente que anda en la misma onda.

Solo queda observar.

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Editorial

Un hecho que hiere la conciencia nacional.

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La violación sexual de una adolescente haitiana durante un operativo de la Dirección General de Migración representa una afrenta en contra de toda familia sin importar en qué lugar del mundo ocurra y la nacionalidad de la víctima.

Puede producirse en cualquiera de los continentes que conforman el mundo y no hay forma de justificar semejante aberración.

Todo el que tiene algún sentimiento paternal tiene que indignarse con semejante aberración, la cual constituye la que más heridas psicológicas y físicas produce en sus víctimas.

Esa es una forma de arruinarla la vida un ser que apenas comienza a vivir, cuyos traumas la acompañarán durante el resto de su existencia.

No hay forma de concebir semejante crimen, porque en realidad la violación sexual es uno de los peores recursos de cualquier degenerado en contra de sus víctimas.

Cualquier buen ciudadano, no importa que tan poca o muy civilizada sea su nación de procedencia, no puede sentirse cómodo con que un degenerado sobre la base del poder público cometa semejante agresión, pero peor aun en contra de una persona que todavía se puede definir como una niña.

Ya el Gobierno ha reaccionado al respecto, pero el asunto no permite dilaciones, porque el remedio tardío puede ser mucho peor que la enfermedad y la sociedad dominicana no puede darse el lujo de proyectarse ante la comunidad internacional como una nación de salvajes y de perversos que se escudan en la ley para cometer sus atrocidades.

No hay forma de justificar semejante acción, sin importar las diferencias migratorias y a otros niveles con los haitianos, porque el crimen cometido por miembros de la Dirección General de Migración trasciende todas las fronteras.

El que viola a una haitiana de igual lo hace con una dominicana o con cualquier otra persona, porque se habla de un enfermo que merece tratamiento clínico y de la sanción que dispone la ley para este tipo de conducta.

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