Editorial
Las Garras de la Partidocracia en el DR-CAFTA
La desgracia generada por la partidocracia en la República Dominicana es medible en cualquier terreno que se analice.
Lo primero es que los actores de la vida política nacional, los cuales son encontrados en los partidos políticos que han hecho trizas el Estado dominicano, porque lo han controlado sin una agenda de cambios y progreso nacional, han creado una distorsión que repercute muy perjudicialmente en la sociedad.
Lo segundo es que la partidocracia ha consolidado la cultura de la improvisación y la falta de planificación estratégica en la sociedad dominicana, porque a través del Estado sólo imponen antivalores, pese a que también se puede lo contrario.
Lo tercero es que la partidocracia ha impuesto la cultura del robo en el seno de la sociedad dominicana, a tal punto que la principal presión que tiene un funcionario público para que tome lo que no es suyo es su propia familia que no le perdona que salga pobre del puesto.
Lo cuarto es que los partidos políticos a través de sus funcionarios en la administración pública han robado tanto dinero del patrimonio nacional que, sin lugar a dudas, con esos recursos se podrían construir varias republicas dominicanas con mejores estándares de vida.
Lo quinto es que así como el país tiene años en una permanente lucha para cambiar ese comportamiento de vida, la realidad es que esa forma de controlar el Estado ha entrado en un proceso de consolidación que no es tan fácil romper con ella.
Ahora una de la gran preocupación de los dominicanos es el asunto del DR-CAFTA, el cual advierte que el país podría atravesar por momentos muy difíciles, ya que como resultado de la improvisación y de la falta de planificación estratégica las autoridades nacionales firmaron un tratado que representa un gran peligro nacional.
Si no se produce una renegociación del DR-CAFTA el país sería inundado por el arroz de los Estados Unidos, donde se financia al productor, lo cual romperá la columna vertebral del arrocero dominicano, por decirlo de alguna manera, porque será sacado del mercado.
Otro elemento que se agrega a lo que ocurriría con el arroz en el 2025 es el hecho de que también va a predominar la vocación especuladora del importador dominicano, cuyos dos factores provocarán que en la nación se consuma el cereal a precios sumamente altos.
A pesar de que no existen muchas esperanzas de que esa realidad pueda cambiar, pero se ha asumido como una buena actitud la asumida por el presidente Luis Abinader sobre el tema, pero también hay que decir que la misma es una audacia que luce ser el resultado de la incapacidad para medir las consecuencias que esa posición podría traerle al país.
De cualquiera manera, lo importante ahora, amén de las consecuencias para el país por el DR-CAFTA, es tener presente que la improvisación y la falta de una planificación estratégica por parte de la partidocracia y del Estado, constituye un peligro igual o peor que la corrupción y otras distorsiones que se encuentran en la clase política nacional, por lo que se impone promover y restablecer valores para que el país camine por el sendero de la racionalidad, la lógica y la prevención para que estos sirvan para la defensa del interés nacional.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.