Editorial
Las Garras de la Partidocracia en el DR-CAFTA
La desgracia generada por la partidocracia en la República Dominicana es medible en cualquier terreno que se analice.
Lo primero es que los actores de la vida política nacional, los cuales son encontrados en los partidos políticos que han hecho trizas el Estado dominicano, porque lo han controlado sin una agenda de cambios y progreso nacional, han creado una distorsión que repercute muy perjudicialmente en la sociedad.
Lo segundo es que la partidocracia ha consolidado la cultura de la improvisación y la falta de planificación estratégica en la sociedad dominicana, porque a través del Estado sólo imponen antivalores, pese a que también se puede lo contrario.
Lo tercero es que la partidocracia ha impuesto la cultura del robo en el seno de la sociedad dominicana, a tal punto que la principal presión que tiene un funcionario público para que tome lo que no es suyo es su propia familia que no le perdona que salga pobre del puesto.
Lo cuarto es que los partidos políticos a través de sus funcionarios en la administración pública han robado tanto dinero del patrimonio nacional que, sin lugar a dudas, con esos recursos se podrían construir varias republicas dominicanas con mejores estándares de vida.
Lo quinto es que así como el país tiene años en una permanente lucha para cambiar ese comportamiento de vida, la realidad es que esa forma de controlar el Estado ha entrado en un proceso de consolidación que no es tan fácil romper con ella.
Ahora una de la gran preocupación de los dominicanos es el asunto del DR-CAFTA, el cual advierte que el país podría atravesar por momentos muy difíciles, ya que como resultado de la improvisación y de la falta de planificación estratégica las autoridades nacionales firmaron un tratado que representa un gran peligro nacional.
Si no se produce una renegociación del DR-CAFTA el país sería inundado por el arroz de los Estados Unidos, donde se financia al productor, lo cual romperá la columna vertebral del arrocero dominicano, por decirlo de alguna manera, porque será sacado del mercado.
Otro elemento que se agrega a lo que ocurriría con el arroz en el 2025 es el hecho de que también va a predominar la vocación especuladora del importador dominicano, cuyos dos factores provocarán que en la nación se consuma el cereal a precios sumamente altos.
A pesar de que no existen muchas esperanzas de que esa realidad pueda cambiar, pero se ha asumido como una buena actitud la asumida por el presidente Luis Abinader sobre el tema, pero también hay que decir que la misma es una audacia que luce ser el resultado de la incapacidad para medir las consecuencias que esa posición podría traerle al país.
De cualquiera manera, lo importante ahora, amén de las consecuencias para el país por el DR-CAFTA, es tener presente que la improvisación y la falta de una planificación estratégica por parte de la partidocracia y del Estado, constituye un peligro igual o peor que la corrupción y otras distorsiones que se encuentran en la clase política nacional, por lo que se impone promover y restablecer valores para que el país camine por el sendero de la racionalidad, la lógica y la prevención para que estos sirvan para la defensa del interés nacional.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.