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Iniciativas legislativas de la JCE han sido muy cuestionadas durante gestión de Abinader.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) ha sido uno de los órganos del Estado más cuestionados por el sometimiento de algún proyecto de ley durante la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader, pese a que han hecho uso también del privilegio el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, los senadores y los diputados.
De esos marcos jurídicos (dos de la Suprema y tres de la Junta), dos lograron ser ley, uno está en trámite y los dos restantes están estancados.
El órgano superior del Poder Judicial y la entidad extrapoder presentaron las piezas haciendo uso del derecho a iniciativa legislativa establecido en el artículo 96 de la Constitución.
El 12 de octubre de 2021, el pleno de la SCJ depositó en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el proyecto de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial, cuyo propósito es establecer los principios y lineamientos que permitan el uso de los medios digitales en el entorno judicial, sin afectar las normas procesales vigentes. Esta fue la primera vez que el alto tribunal utilizó su facultad de iniciativa de ley reconocida por la Carta Magna.
La pieza fue convertida en ley y promulgada en julio de 2022, con el número 339-22.
El marco jurídico permite la tramitación en línea para abogados y ciudadanos, realizar audiencias virtuales con excepción de la materia penal, uso de la firma digital para jueces, juezas y servidores judiciales, la creación y disposición al público del expediente electrónico y otras facilidades y ventajas que la transformación judicial ha hecho posible.
La opción de los medios electrónicos para tramitar en el Poder Judicial amplía los canales de servicio, permite observar el funcionamiento de los tribunales y la trazabilidad desde la entrada de los expedientes hasta su entrega.
Cuatro años después de que el pleno judicial sometiera la propuesta de ley en el Congreso, introdujo otra pieza en el Senado para modificar los artículos 5, 12 y 14 de la ya Ley 339-22, que habilita y regula el uso de los medios digitales y procedimientos administrativos en el Poder Judicial. Esto fue el 28 de octubre de 2025, en la pasada legislatura.
Las cambios se centran en dos aspectos fundamentales: por un lado, consolidar la digitalización como regla general para todos los trámites judiciales, incorporando herramientas como la firma digital y un sistema georreferenciado que garantice la trazabilidad y seguridad de las diligencias; y, por otro, establecer un marco más claro para el uso de audiencias virtuales, permitiendo a las partes optar por esta modalidad y otorgando al juez la facultad de decidir en caso de desacuerdo.
El proyecto se encuentra en estudio en la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Alta y no hay informe sobre la pieza hasta el momento.
En abril de 2022, el pleno de la Junta Central Electoral sometió en el Senado y en la Cámara de Diputados dos proyectos legislativos de modificación de la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y de la entonces Ley 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, con la finalidad de corregir vacíos legales, fallas detectadas luego de las elecciones de 2020 y fortalecer el sistema electoral, mediante la modificación de artículos, exclusión e inclusión de textos.
De las dos piezas, solo prosperó la segunda, que fue aprobada y promulgada en febrero de 2023, con el número 20-23. El Congreso dio prioridad a esta legislación, entre otras razones, por la proximidad de los comicios (más operativa y urgente que la otra normativa).
La Cámara Alta designó una comisión especial, presidida por Ricardo de los Santos –hoy presidente del Senado-, la cual se centró en la actualización de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Aunque las normativas estaban en ambas cámaras, los diputados se enfocaron en el trabajo de los senadores.
La Ley 20-23 regula el ejercicio del derecho de la ciudadanía de elegir y ser elegibles; el procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la elección de las autoridades municipales; así como el funcionamiento y competencias de la Junta Central Electoral como máximo ente responsable de la organización de comicios.
El proyecto de modificación de la Ley 33-18 busca reorganizar los artículos sancionadores (modificaciones a los arts. 78, 79 y 81 y eliminación del 80); redefinir con claridad las infracciones administrativas de los partidos; diferenciar las faltas administrativas de delitos penales; establecer sanciones más proporcionales y aplicables. El marco de ley perimió la noche del 12 de enero de 2023 y desde entonces no ha sido reintroducido en el Senado.
En la Cámara Baja hay una versión sometida el 29 de octubre de 2025 por el diputado Elías Wessin (PQDC), presidente de la Comisión Permanente de Junta Central Electoral.
La tercera y más reciente iniciativa introducida al Congreso Nacional por la Junta Central Electoral durante el gobierno del presidente Luis Abinader es “el proyecto de ley para asociaciones cívicas constituidas para la postulación de candidaturas independientes”.
La controversial pieza fue elaborada en consenso con los partidos políticos, pero perimió al cierre de la pasada legislatura sin que la comisión a cargo, presidida por Wessin, presentara en el hemiciclo el informe no favorable sobre la misma.
El pliego de ley fue una respuesta a la sentencia TC/0788/24, del Tribunal Constitucional (TC), que declaró no conformes con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, que establecen requisitos para las candidaturas independientes.
El alto tribunal ordenó al Congreso una nueva redacción de los citados artículos, para permitir las candidaturas fuera de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, a través de agrupaciones cívicas legalmente reconocidas.
La comisión especial de la Cámara de Diputados concluyó en su informe que, para aplicar tales candidaturas en la República Dominicana, habría que modificar la Carta Magna.
Nacionales
Procuradora ordena investigar actuación de Violencia de Género tras feminicidio en Alma Rosa
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República lamentó el asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, de 33 años, quien fue ultimada a tiros por su expareja tras haber acudido a denunciarlo el mismo día del crimen.
Reynoso informó que ha dispuesto una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del hecho y, de manera crítica, verificar si la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género de Santo Domingo Este agotó los protocolos de protección correspondientes tras recibir la denuncia de la víctima.
Según el informe preliminar, el trágico suceso ocurrió la tarde del miércoles en el sector Alma Rosa. Moronta de los Santos había acudido esa misma mañana, acompañada de una amiga a la unidad del Ministerio Público ubicada en la calle Puerto Rico para buscar auxilio ante las amenazas de su agresor.
La investigación interna tiene el objetivo de determinar si hubo fallas en el sistema de protección que debió garantizar la integridad de Moronta, quien deja en la orfandad a dos menores de 10 y 3 años.
«El caso será investigado con el rigor que exige la gravedad del hecho», afirmó la procuradora, quien además manifestó su solidaridad con el dolor de los familiares ante la pérdida.
Santo Domingo, R.D.-Un anteproyecto para modificar el articulo 1 del Codigo Civil trabaja la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo con el objetivo de que las leyes entren en vigencia al mismo tiempo en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
La iniciativa procura eliminar la diferencia existente en la actualidad sobre el momento en que las normas se consideran obligatorias en ambos territorios. Actualmente, el Código Civil establece que las leyes se reputan conocidas al día siguiente de su publicación en el Distrito Nacional, mientras que en el resto de las provincias ocurre el segundo día.
Con la reforma, el Poder Ejecutivo busca adecuar esa disposición a la realidad territorial e institucional surgida tras la creación de la provincia Santo Domingo mediante la Ley 163-01, ya que dicho territorio anteriormente formaba parte del Distrito Nacional, indica un documento.
- La Consultoría Jurídica considera que mantener plazos distintos carece de sentido jurídico, tomando en cuenta que hoy ambos territorios conforman el Gran Santo Domingo y mantienen una estrecha integración administrativa, económica y social.
El anteproyecto también persigue fortalecer la seguridad jurídica y garantizar mayor coherencia normativa en la aplicación de las leyes, evitando diferencias en el inicio de su obligatoriedad entre territorios que históricamente estuvieron unificados.
La propuesta forma parte del proceso de actualización del ordenamiento jurídico nacional impulsado por el Poder Ejecutivo, en respuesta a los cambios institucionales y territoriales experimentados por el país en las últimas décadas.
Santo Domingo, R.D.-Yirbety Polanco, jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, ordenó la libertad de diez personas acusadas de integrar una presunta red vinculada a posesión ilegal de armas y sustancias controladas, tras ser arrestadas durante un operativo realizado en una villa de San José de las Matas, provincia Santiago.
Como parte de la decisión judicial, la magistrada impuso medidas de coerción consistentes en el pago de una garantía económica de 500 mil pesos mediante una compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país para los imputados.
Entre los señalados en el expediente figuran Yapur Ramian Díaz, alias “Shampoo”, y Leury Damián Mata Castillo, ambos identificados por las autoridades como presuntos prófugos de la justicia. Asimismo, fue detenido Carlos José Troche, conocido como “Nino Dólar”, quien supuestamente estaría vinculado a la alegada estructura criminal, según informaciones oficiales.