Opinión
Las izquierdas ayer, hoy y siempre: Perspectivas
Por Narciso Isa Conde
Las izquierdas han dado enormes aportes al país. Aquí no hay un solo avance político, social, cultural…una solo conquista donde las izquierdas no hayan sido determinantes.
No pasa así con las derechas de ayer y de hoy, responsables de todos los males acumulados.
Hemos tenido ascensos y descensos, momentos estelares como el de la resistencia antitrujillista de los años 40, la expedición de junio del 59, la formación del Movimiento 14 de junio, MPD y PSP-PCD, la Revolución de abril de 1965 y los combates en los doce años.
Los últimos lustros han sido muy difíciles para las fuerzas revolucionarias por múltiples causas incluso muy superiores a los individualismos, a las pugnas personales y a las competencias sectarias, que ciertamente han tenido impactos muy negativos.
A la dispersión post-abril del 65, a las afiliaciones a corrientes internacionales en pugnas, se le sumaron los desgarrantes impactos del derrumbe del llamado “socialismo real” y de la larga hegemonía neoliberal, junto a diferencias políticas y conceptuales muy importantes previas y posteriores.
Las debilidades de las izquierdas partidistas -expresadas sobretodo en su marginalidad en el campo electoral- ha tenido mucho que ver con una suma de factores: la forma como fue diezmada por el terrorismo de Estado en época de Balaguer, la imposición de un sistema político altamente excluyente y antidemocrático, el oligopolio electoral conformado; las traiciones del PRD y el PLD y sus deserciones del campo antiimperialista y progresista; la fuerte gravitación imperialista en nuestro Caribe y en nuestra isla; las herencias dogmáticas, euro-céntricas y seguidistas; los déficits organizativos y logísticos acumulados mezclados con prácticas divisionistas e individualistas enraizadas.
Ha tenido que ver con errores en las políticas de alianza, con la gravitación en su seno de corrientes reformistas e inclinaciones a aliarse con una parte de las derechas (o a parecerse a ellas no impugnando vigorosamente sus reglas de juego), y con déficits significativos en la formulación de alternativas al capitalismo neoliberal, en el programa de transición hacia una nueva democracia y en la nueva propuesta socialista a partir del derrumbe del denominado socialismo real.
Las debilidades, pues, no han sido ni son exclusivamente electorales, menos podrían referirse solamente a decisiones propias de las izquierdas, sin tener en cuenta los regímenes políticos impuestos, la fuerza de la contrarrevolución e intervención externa en esta zona del mundo, las características de las fuerzas opresoras y las mutaciones negativas del PRD y el PLD (renegando incluso de todo progresismo).
Las izquierdas han sido diversas y siguen siéndolo, los procesos también. Y existió una izquierda, que aun llamándose así, dejó de serlo, lo que siembra desconfianza en el pueblo. Todo eso influye y debe ser tenido en cuenta para no meter a todo el mundo en la misma funda.
Las izquierdas no solo son los agrupamientos políticos que se formaron en el siglo pasado. Hoy debemos hablar de izquierdas y de fuerzas transformadoras de carácter social, ambiental, cultural, socio-política muy diversas, entre las que debe incluirse la izquierda histórica partidista que ha perdurado en el combate al sistema de dominación y otros sujetos políticos en procesos de gestación muy propios de la era neoliberal y de la multi-crisis capitalista.
De un tiempo acá se viene produciendo un lento pero sostenido proceso de recomposición y fenómenos interesantes en el proceso de gestación de una nueva izquierda social, medio-ambiental, política y cultural.
En nuestro caso después de resquebrajarse el proceso de fusión del Partido Comunista Dominicano (PCD) con otras tres organizaciones marxistas –proceso que creó la Fuerza de la Revolución (FR)– la mayoría de los que integramos ese proyecto fallido y otros camaradas sin partido, formamos el Movimiento Caamañista (MC), que asume la lucha por una nueva democracia y un nuevo socialismo..
Recientemente, desde hace apenas dos año, el MC forma parte de la Izquierda Revolucionaria (IR), integrada por el Frente Popular Aniana Vargas (FEPAV), el Movimiento Caamañista, el Movimiento Popular Dominicano (MPD), la Fuerza Popular Duartiana (FPD), la Liga Socialista de los Trabajadores/Congreso/Unitario de Revolucionarios y Revolucionarias (LST-CURR), además por un conjunto movimientos juveniles, estudiantiles, comunitarios.
Este proceso unitario sigue avanzando, confrontando con las derechas de todos los colores (PLD-los PRD-PRSC y grupos satélites) y diferenciándose de una parte de la izquierda que tiende a dejarse absorber por el sistema y a pactar o con el PLD o con una de las facciones del PRD, por seguir aferrada a una línea unilateralmente electoralista y no entender que a nivel de Estado todo ha cambiado para peor, entronizándose una dictadura institucional.
Esa realidad exige más que antes ejercer la democracia de calle para crear fuerza propia, enfrentar la dictadura institucional, cambiar esa JCE, las llamadas altas cortes y desbrozar el camino de una Constituyente Popular y Soberana… al compás del impulso a las luchas por las demandas nacionales vitales a laque se resiste el gobierno y el gran capital: Loma Miranda-parque nacional, nacionalización de la mina de Pueblo Viejo-Barrick Gold, anulación de las concesiones mineras destructivas, fin de la impunidad, combate a la carestía, salarios dignos, alto a la violencia de género, superación de la crisis del sistema de salud, acción pública contra la inseguridad ciudadana y el estado delincuente, ampliación de las libertades y los derechos laborales…
Específicamente, el gran acierto en la asunción del tema Loma Miranda-Parque Nacional (frente a la Xstrata Niquel-FALCONDO, la Cámara Minera, la Cámara Americana, el CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA-CONEP y el Gobierno del PLD-Danilo Medina), la manera consecuente con la democracia de calle como ha asumido esa lucha, la línea de la unidad en la diversidad social, cultural y política desplegada, su vinculación con otros sectores en lucha y otras demandas vitales, el papel desempeñado en la EXPEDICIÓN y en el CAMPAMENTO, la combatividad demostrada por el MOVIMIENTRO CAAMAÑISTA-MC y por la IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR de la cual forma parte… han determinado un crecimiento de su autoridad e influencia de esta original coalición revolucionaria en dirección a contribuir a crear contra-poder popular frente al poder del gran capital transnacional y local y el régimen vigente.
Las izquierdas electoralistas-reformistas lucen rezagadas, con bajísimo perfil en la luchas socio-políticas actuales. Es el caso del llamadoFrente Amplio-FA que apuesta a ser satélite del denominado Partido Revolucionario Mayoritario-PRM en busca de cuotas institucionales y el de la Alianza País de Guillermo Moreno-AP, que sin propiciar esa relación subordinada, está impregnada de una posición conservadora que la desvincula de las grandes luchas en desarrollo.
Ahora el chance para una izquierda renovada y ampliada con nuevos actores políticos, sociales y culturales, es mayor (por la situación crítica del dividido PRD y todo el sistema tradicional de partidos), sobretodo si se prioriza la impugnación de estas instituciones y se procura crear otra situación política, que posibilite resquebrajar los amarres de la dictadura política peledeísta y su sistema de trampas, desde una opción nítidamente alternativa, anti-neoliberal, antiimperialista, anticorrupción y transformadora, como en su momento y con sus peculiaridades simbolizaron las corrientes lideradas por Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa…
La IR está llamada a jugar un papel relevante en ese proceso de acenso de las luchar, de reagrupamientos de las fuerzas transformadoras y reconformación de la nueva vanguardia en el contexto de una creciente rebeldía socio-ambiental y popular de nuevo tipo.
ACORRALAR AL REGIMEN CREANDO CONTRAPODER POPULAR
Hay que desechar la concepción del que el éxito político se relaciona exclusivamente con las victorias o avances electorales, sin menospreciar esa perspectiva.
El PRD, en algunos casos, perdió ganando elecciones (en 1982 y en 2000), y el país perdió mucho. El PLD en todos los casos lo ha empeorado todo. Ambos se convirtieron en instrumentos de una partidocracia corrompida y de un capitalismo neoliberal. Sus cúpulas se enriquecieron y sus estructuras se infectaron de lo peor. Eso indica que más importante que ganar unas elecciones es lo que se hace desde el gobierno y otros resortes de Estado y, sobre todo el poder popular que lo sustente.
A mi entender, en las actuales circunstancias, primero hay que encabezar la lucha de calles y acorralar el régimen apuntando contra el gran capital que lo atrapa y lo usa a su favor, crear poderes paralelos, para luego –si es preciso y oportuno- catapultar en un sufragio medianamente democrático todo lo acumulado y disponerse a transformar este infierno de país. No hay de otra para avanzar sustancialmente.
Si el fracaso o el éxito se miden por el grado de bienestar para el pueblo que pueda garantizar el ejercicio político, hay que decir que el fracaso del PRSC, PRD, PLD y aliados ha sido estrepitoso y trágico, aunque ciertamente en diferentes aspectos y magnitudes en cada caso.
La derecha originaria y las derechas adoptivas son las responsables del drama de nuestra nación y nuestra sociedad.
A las izquierdas que no han claudicado se le puede crucificar por sus reducidas mediciones electorales pasadas dentro de este ordenamiento jurídico-político excluyente y antidemocrático, pero nadie puede negarles su extraordinaria contribución –a contracorriente del tipo de dominación– a todos los logros políticos, sociales y culturales del país; así como su liberación de culpas en la sangre derramada, libertades truncadas, la corrupción desplegada, la soberanía mancillada, el empobrecimiento expandido y las penurias sufridas por el pueblo. En estas vertientes las derechas, los renegados de la izquierda tienen todas las medallas habidas y por haber.
Nuestras culpas se relacionan con nuestras incapacidades en la necesaria contribución para la creación del poder del pueblo, para sembrar socialismo. Pero estamos dedicados a superar a superar esos límites históricos.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.