CARACAS. La liberación esta Navidad de 44 críticos con el presidente Nicolás Maduro en Venezuela es, según el Gobierno chavista, una demostración de su “firme voluntad” de diálogo, y supone la materialización del “gesto” humanitario que pedía la oposición antes de que se reanuden las reuniones.

“Nosotros lo pedimos como un acto de buena voluntad para sentarnos a dialogar, pero nosotros no hemos tenido control sobre las liberaciones ni sobre los nombres de los liberados”, dijo a Efe Ana Leonor Acosta, abogada de varios activistas presos, que participa con la oposición en las negociaciones.

Un grupo de 13 de los 44 encarcelados por motivos políticos que serían liberados horas después fueron llevados el 23 de diciembre a la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, donde la presidenta de este suprapoder instaurado por el chavismo, Delcy Rodríguez, les anunciaba medidas alternativas a la prisión en un acto televisado.

Sin dejar de ser custodiados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el alcalde opositor Alfredo Ramos, el estudiante Dany Abreu o la maestra Betty Grossi cambiaban por unos minutos las sucias paredes de sus celdas en El Helicoide de Caracas por las alfombras y los retratos históricos de la Casa Amarilla.

De noche, después de un acto visto por muchos como una “humillación”, los prisioneros que comparecieron ante Rodríguez y algunos de sus compañeros de reclusión eran recibidos por sus familiares a las puertas de El Helicoide después de meses e incluso años de prisión.

Las excarcelaciones -que también se dieron en la Navidad pasada- se produjeron también en otros centros de detención del país donde, según abogados de quienes son considerados presos de conciencia por Gobiernos extranjeros y grupos pro derechos humano, aún permanecen entre 200 y 300 privados de libertad por razones políticas.

Pese a que vuelven a dormir en sus casas, los excarcelados no sabrán hasta la reapertura de los tribunales en enero las restricciones con las que llega su salida de prisión.

Con las emociones de los reencuentros aún en el ambiente, los líderes opositores inmersos en el diálogo celebraron unas liberaciones que consideran consecuencia del proceso de diálogo emprendido con el Gobierno en diciembre en República Dominicana, sin olvidar que los beneficiados por la medida “nunca debieron estar presos”.

“La forma en que hoy el régimen ha liberado a algunos presos políticos a través del fraude ANC (Constituyente) es la mayor prueba de lo que hemos denunciado (…): los presos políticos son tratados como rehenes del régimen totalitario”, dijo en Twitter Patricia Gutiérrez, dirigente antichavista y esposa del exalcalde encarcelado Daniel Ceballos.

Según dijo Rodríguez durante su recepción en los salones de la Casa Amarilla a los presos de El Helicoide, unos 80 prisioneros por “violencia política”, como les llama el chavismo, se beneficiarán de medidas de gracia de la Constituyente, por lo que se espera que alrededor de 40 personas más salgan de prisión en los próximos días.

Durante las conversaciones con la oposición, el Gobierno cifró en 170 el número de presos por “hechos de violencia política”, según pudo saber Efe de un participante en las dos reuniones celebradas en diciembre entre las dos partes.

Los dos próximos encuentros están previstos para el 11 y el 12 de enero también en Santo Domingo, donde se desarrolla este nuevo proceso de negociación, que está auspiciado por los cancilleres de Chile, México y Paraguay (designados por la oposición a tal efecto)

y Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas (Gobierno).

Entre las demandas de la oposición destacan la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de manipular las tres últimas elecciones-, la restitución de los poderes del Parlamento -despojado de sus competencias tras la victoria opositora en las pasadas legislativas- y la liberación de todos los “presos políticos”, así como la apertura de un canal humanitario.

El Gobierno, por su parte, busca reconocimiento nacional e internacional a una Asamblea Nacional Constituyente calificada de ilegítima por la oposición y por las principales democracias de Europa y América.

El chavismo espera además llegar a un acuerdo que lleve a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea a levantar las sanciones que han dictado contra el Gobierno de Maduro, que han complicado aún más el acceso de Caracas a una financiación externa vital para no caer en bancarrota.

Marcel Gascón Barberá