Santo Domingo, RD.-El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el presidente Luis Abinader desde el comienzo de su gestión ha acostumbrado a la gente a“echar para atrás” disposiciones que han generado un gran revuelo en la población, lo cual proyecta la idea de mucha improvisación o de que el ciudadano se ha empoderado.Nacionales
Es una norma en el Gobierno recular o rectificar errores cometidos.
Santo Domingo, RD.-El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el presidente Luis Abinader desde el comienzo de su gestión ha acostumbrado a la gente a“echar para atrás” disposiciones que han generado un gran revuelo en la población, lo cual proyecta la idea de mucha improvisación o de que el ciudadano se ha empoderado.La más reciente de todas ellas se produjo por la resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Presupuesto (Digepres) que restringe el ingreso o movimientos de personal, y reajustes salariales que representen incrementos en el renglón de remuneraciones en las instituciones que componen la administración pública.
La comunicación establece que el cumplimiento de la norma se realizará salvo aquellos entes u órganos que, por su naturaleza, lo ameriten, y que cuenten con la debida autorización tanto del MAP como de la Digepres.
Esa disposición causó una serie de reclamos y quejas, principalmente de parte de los miembros de las bases del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que aún están a la espera de ingresar al tren gubernamental, y justo al día siguiente el titular del MAP, Darío Castillo Lugo, tuvo que enviar un documento a los medios de comunicación para “aclarar” que la circular no limita los nombramientos si son para cubrir vacantes o sustituir personal activo.
El ministro explicó que no está restringido el ingreso de nuevo personal a la administración pública bajo esas condiciones porque estos estarían incluidos en el presupuesto vigente y no representarían incrementos en el reglón de remuneraciones.
“Tampoco se limita el ingreso de nuevo personal a los órganos y entes de la administración pública que tengan planificada la instalación y apertura de nuevas oficinas, sucursales, dependencias, etc.”, establece la misiva.
Las tarifas eléctricas
Esas circunstancias ocurrían casi al unísono con las quejas en los medios por el aumento de las tarifas y las facturas eléctricas y que junto con los apagones, se había convertido en el principal dolor de cabeza del gobierno.
Debido a los reclamos, los hashtags y las convocatorias a marchas multitudinarias, Abinader expresó ante varios reporteros que el gobierno había determinado “detener próximas alzas de la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la República Dominicana”.
Un día después de esas declaraciones, mediante la Resolución SIE-068-2022-TF, la Superintendencia de Electricidad (SIE) anunció que modificaría la disposición emitida el 30 de junio, en la que se establecieron las tarifas de transición para el trimestre julio-septiembre de 2022, dejando las mismas sin efecto y manteniendo en vigencia las aplicadas en el trimestre abril-junio de 2022.
“Luego de emitida la Resolución No. SIE-061-2022-TF, esta Superintendencia ha verificado que las condiciones extraordinarias actuales de la situación mundial, ha generado un incremento desmesurado de los precios de los combustibles, insumos indispensables para la generación térmica de nuestra matriz energética, los cuales impactan el costo de generación de electricidad; el proceso de abastecimiento de las Empresas de Distribución Eléctrica y el cálculo tarifario”, señala la SIE en la resolución.
El vocero de la Presidencia Homero Figueroa, reafirmó que las empresas distribuidoras de electricidad deberán refacturar a los usuarios del servicio público de electricidad la factura emitida en el mes de julio.
El retiro del proyecto ciberdelincuencia
Unas semanas antes, a mediados del mes de junio, el jefe del Estado instruyó el retiro del Congreso Nacional del proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que podría sancionar a un ciudadano con hasta cuatro años de prisión por publicaciones discriminatorias.
“Por instrucción del presidente de la República estoy procediendo a retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de legislación sobre libertad de expresión”, expresó Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Abinader, mediante el mensaje número 13818 del 14 de junio de 2022, remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que tiene por objeto “lograr la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como la prevención, persecución y sanción de dos tipos de delitos.
Las reacciones a favor de esa medida tomada por el jefe del Estado no se hicieron esperar y la comisión consultiva para revisar legislación sobre libertad de expresión, designada por el propio Poder Ejecutivo, saludó la decisión del mandatario de retirar ese proyecto legislativo.
Mediante un comunicado de prensa, la Presidencia agregó que la decisión fue tomada a fin de facilitar el trabajo de la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de la legislación sobre libertad de expresión.
Fideicomiso de Punta Catalina
El 11 de enero de este año, la Cámara de Diputados aprobó un fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) el cual había sido depositado por el Poder Ejecutivo unas semanas antes.
El mismo se trataba de un fideicomiso público integrado por dos instituciones del Estado Dominicano: la Fiduciaria Banreservas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE).
Según la carta de motivación remitida por el presidente al Congreso, la finalidad del fideicomiso CTPC consiste en la creación de una estructura de gestión independiente para la administración del patrimonio fideicomitido con el fin de “asegurar la operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina”.
De inmediato, las críticas desde varios sectores de la sociedad no se hicieron esperar y en medio de los dimes y diretes entre el oficialismo y la oposición, el 30 de enero Abinader anunció que solicitaba al Congreso aplazar el conocimiento del contrato de fideicomiso, hasta tanto el Consejo Económico y Social (CES) reciba las opiniones de quienes quieran aportar “para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas”.
El contrato fue depositado en los primeros días del mes de febrero a las autoridades del CES y dos meses después abrieron el proceso de consultas públicas, que es el estado donde se encuentra hoy.
Los carnets de habitantes fronterizos
La Dirección General de Migración (DGM) tenía pautado comenzar a implementar la iniciativa de expendido de los carnets de “Habitante Fronterizo”, a los ciudadanos extranjeros que residen en zonas fronterizas y que ingresan al país durante el día sin intención de quedarse; sin embargo, la medida nunca llegó a cumplirse debido al rechazo de la población a la misma.
En febrero, durante una visita al LISTÍN DIARIO, el director General de Migración, Enrique García, dijo que la medida fue suspendida debido a la situación socioeconómica que vive Haití.
García agregó en esa oportunidad que no se tiene una fecha de cuándo se iniciaría con el plan piloto de la entrega de ese carnet, pero sí enfatizó que a su entender, el mismo es un “primer intento” para controlar esa zona fronteriza con los mercados binacionales.
Los carnets fronterizos están establecidos en la resolución número 09-2021, que a su vez fue emitida según la Ley General de Migración. Su objetivo es establecer el diseño y la implementación del “Plan Piloto de Ejecución de la Subcategoría Migratoria del Habitante Fronterizo”, para los extranjeros de nacionalidad haitiana, con el fin de colaborar con el buen desenvolvimiento de las actividades socio comerciales que se realizan en esa zona del país.
Un segundo intento de reforma fiscal
Justo cuando en el país se sentaban las bases de iniciar el “dialogo por las Reformas”, en octubre de 2021, la conversación rondaba acerca de si el presidente intentaría por segundo año consecutivo implementar una reforma fiscal para el año siguiente. En esas semanas circuló entre economistas y líderes de opinión un proyecto de reforma fiscal que se atribuyó al gobierno, con el que se procuraba aumentar las recaudaciones sobre la base de incrementar las tasas de Impuesto sobre la Renta, gravar productos exentos con el Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (Itbis), subir el impuesto a la propiedad inmobiliaria y eliminar exenciones fiscales.
De acuerdo con el mandatario, su propuesta de reforma estaba supuesta a ser debatida durante el marco del diálogo de las reformas convocado por el Poder Ejecutivo, sin embargo, durante una de las primeras reuniones, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que por “razones de tiempo” el Gobierno no contemplaba que el tema de la reforma fiscal sea debatido CES y que la idea que se manejaba era de que Abinader se la presentaría a los principales actores políticos y sociales con el fin de socializar las medidas que proponen.
Las críticas no cesaron desde el momento en que los miembros del gabinete e incluso varios empresarios expresaron públicamente su desacuerdo hacia la imposición de la misma.
La noche de ese 27 de octubre, el gobernante anunció que no aumentaría impuestos, y no sometió una reforma tributaria.
“No vamos a aumentar impuesto. Y hoy quiero anunciarles que no someteremos ninguna reforma tributaria. Ahora nuestra única prioridad es consolidar la recuperación económica”, dijo el mandatario en una alocución al país.
El presidente expresó que había llegado a un acuerdo con el sector financiero y con la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, de modo que recibirán “adelantos de sus compromisos con el Estado”.
Esa decisión del Poder Ejecutivo fue aplaudida por varios dirigentes de la oposición, quienes compartieron la narrativa de que no “era el momento” debido a que el país se encuentra en un proceso de “recuperación económica”, tras el embiste de la pandemia del coronavirus (Covid-19).
Los primeros traspiés
El primero de este tipo de casos fue con la situación de los escoltas militares que estaban asignados al periodista y ahora excónsul del país en Brasil, Melton Pineda, de los que curiosamente dos de ellos eran sus hijos.
En las redes sociales se viralizó el memorándum 23771 del Ministerio de Defensa, con fecha 3 octubre de 2020, donde se le asignaba a Pineda cuatro militares por “motivos de seguridad”.
La decisión generó un gran rechazó por parte de usuarios de la red social Twitter que llegaron a leer el documento oficial, mientras otros solo esperaban que el mismo fuera falso ya que preferían creer que era una broma de “mal gusto”.
Esa información fue confirmada cuando la Presidencia de la República informó que el Ministerio de Defensa había dejado sin efecto la medida.
El documento, con fecha del 6 de octubre de ese año, fue dirigido al primer teniente médico Maricarly Pineda Medina, al sargento mayor Melton Junior Pineda Medina, al sargento Ramón Olivo Medina Contreras y al sargento Cristian Bello Pineda. Horas antes salió el decreto donde Abinader destituía del puesto a Melton Pineda.
Ese mes de octubre del 2020, se hizo de conocimiento público el contenido del proyecto de ley de presupuesto que el mandatario se proponía aplicar en el 2021 y que ya se encontraba en el Congreso Nacional, en el cual se contemplaba una carga impositiva al sueldo doble de Navidad, las compras en monedas extranjeras, entre otros nuevos impuestos.
Eso de inmediato causó una reacción adversa a esas posibles nuevas medidas por parte de la población que trajo consigo volver a instaurar entre las primeras tendencias la etiqueta #SeVan, que hicieron popular los perremeístas para desalojar del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.
Santo Domingo. El Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de reconocimiento y autorización de pago de deuda por obras ejecutadas desde el año 1996, iniciativa presentada por el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reconoció la realidad de muchos contratistas, recordando que muchas de las obras ejecutadas en su provincia hace años no han recibido el reconocimiento económico por parte del Estado.
Al motivar la aprobación de dicha legislación, el senador Franklin Romero aclaró que la misma honra la memoria de muchos contratistas —algunos presentes durante la sesión y otros ya fallecidos— que construyeron y entregaron obras al Estado poniendo en riesgo su futuro económico, y cuyos trabajos no han sido reconocidos.
“Esta solicitud responde a una realidad humana de contratistas que hace años ejecutaron obras sin recibir una respuesta del Estado, habiendo cumplido con su trabajo. Es un proyecto que le devuelve la dignidad a quienes han cargado con el costo de una irregularidad; busca que se pueda verificar lo que ha pasado durante más de 30 años con obras que fueron ejecutadas y no han sido pagadas”, destacó el legislador.
El presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado, Félix Bautista, presentó al pleno un informe detallado sobre el proyecto y solicitó que la iniciativa fuera acogida de urgencia en los trabajos legislativos de este sábado. La normativa se conoció en sesión extraordinaria con la asistencia de 25 senadores.
La iniciativa tiene por objeto autorizar a las entidades de la administración pública, de manera excepcional y restrictiva, a eximir el cumplimiento de los procesos de selección establecidos en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Esto permitirá reconocer trabajos realizados sin suscripción de contratos o adendas, y constituir los balances adeudados como deuda pública interna contraída por el Estado dominicano.
El reconocimiento involucra obras del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Educación (MINERD), el Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Asimismo, se incluyen el INAPA, la CPADP, la JCE, la CAASD y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).
En el caso de la OISOE y el INVI, las obligaciones serán asumidas por su continuador jurídico, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED). Los pagos se realizarán tras las validaciones dispuestas en la ley.
OTROS TEMAS APROBADOS
El Pleno aprobó una resolución que reconoce al baloncestista Karl-Anthony Towns por su destacada trayectoria en la NBA y sus aportes al baloncesto dominicano, iniciativa de los senadores Eduard Espiritusanto y Omar Fernández.
Además, se sancionó en única lectura el proyecto que declara el 25 de octubre como Día del Cooperativismo en la República Dominicana, presentado por el senador Julito Fulcar.
Durante la sesión extraordinaria de este sábado, se ratificó a Ysset Caridad Román Maldonado como embajadora concurrente en el Reino Hachemita de Jordania (con sede en Egipto).
Primera Lectura
El Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley sobre los Actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de los ministerios correspondientes al año 2020.
Previo al inicio de la sesión los senadores rindieron un minuto por el fallecimiento del viceministro Demetrio Antonio Paulino.
Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, asumió directamente la investigación sobre la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años, un caso que ha generado profunda conmoción a nivel nacional.
La información fue confirmada por la senadora Ginette Bournigal, quien explicó que la decisión busca garantizar el uso de todos los recursos tecnológicos, técnicos y forenses del Estado para esclarecer los hechos.
Mientras avanzan las indagatorias, el abuelo paterno de la menor, Braulio González, confirmó la noche de este viernes que los dos tíos de la niña, quienes figuraban como sospechosos en el proceso, fueron puestos en libertad por las autoridades.
González relató que durante este sábado acudió a la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, en Puerto Plata, donde fue informado de manera oficial de que Rafael Rosario Núñez (52 años) y Reyes Núñez Rosario (43 años) habían sido liberados la noche del jueves.
Al solicitar detalles, indicó que representantes del Ministerio Público le comunicaron que el caso continúa bajo investigación reservada y que las labores de búsqueda y análisis siguen en curso.
Visiblemente afectado, el abuelo de la menor expresó entre lágrimas su angustia ante la falta de respuestas por parte de las autoridades.
- «Yo solo quiero que las autoridades me den un voto de fe. Si esas personas son culpables, que paguen. Yo no duermo, estoy viviendo una pesadilla. Todavía albergo la esperanza de que mi niña esté con vida, pero si no es así, por lo menos quiero que aparezca su cuerpecito para poder enterrarla y tener un poco de paz», manifestó González.
Medida de coerción pendiente
Fuentes ligadas a la investigación informaron que el Ministerio Público aún no ha depositado la solicitud de medida de coerción, ya que se encuentra en proceso de validación de las evidencias recopiladas.
Las autoridades aseguran que la demora responde a la necesidad de presentar un expediente sólido y bien sustentado.
Antecedentes del caso
La niña Brianna Genao Rosario fue reportada como desaparecida la tarde del 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 p. m., cuando se encontraba en el patio de la vivienda de su bisabuela paterna, en la comunidad rural de Barreros, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.
Desde el 1 de enero de 2026, las autoridades mantienen un amplio operativo de búsqueda en la zona montañosa y áreas aledañas, con la participación de organismos de seguridad y rescate, sin resultados positivos hasta el momento.
Por el hecho fueron detenidos e investigados los tíos de la menor, Rafael Rosario Núñez y Reyes Núñez Rosario, quienes posteriormente fueron liberados mientras continúan las investigaciones. De acuerdo con reportes preliminares, ambos habrían ofrecido declaraciones contradictorias sobre el paradero de la niña.
Organismos de socorro como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y unidades especializadas de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) han realizado operativos en zonas boscosas, cañadas y vertederos de Imbert y comunidades cercanas, sin lograr dar con el paradero de la infante.
El caso mantiene en vilo a la comunidad y a los familiares de la menor, quienes claman por respuestas y por el esclarecimiento de este doloroso hecho.